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El PSOE de Valga reclama contra el informe del Presupuesto.

El Partido Socialista de Valga presentó una reclamación formal ante el Concello de Valga sobre el documento de los Presupuestos aprobados por el grupo de gobierno de Bello Maneiro el pasado 2 de marzo. La portavoz socialista de Valga, María Ferreirós, insiste en su reclamación en varias cuestiones que ya fueron reseñadas en la sesión plenaria en la que se debatió el documento económico. El PSOE entiende que se trata de un Presupuesto continuista y que solo perpetúa la línea de trabajo del PP “centrada en asfalto, festas e nos pagos das Comisións de Coordinación”. Dice el PSOE que el Presupuesto “non mellora as partidas que consideramos prioritarias, como poden ser o fomento do emprego, as axudas sociais e a educación”. Creen que el Presupuesto debe ser declarado “nulo de pleno dereito”.

Diario de Arousa

Por Redacción, fai

Los arousanos se quejan poco ante el Valedor do Pobo.

La oficina del Valedor do Pobo registró el año pasado más de 60.000 quejas. De ellas, solo 65 tenían su origen en los municipios que dan forma a la comarca de O Salnés y del Baixo Ulla. El número de protestas emanadas de Arousa durante el 2016 fue ligeramente inferior al del 2015 (entonces fueron 80) y suponen casi la mitad de las del 2014 (121).

Así que, si atendemos al informe elaborado por la oficina del Valedor do Pobo, el pasado fue un año de pocos conflictos en la comarca. Aunque haberlos, los hubo. En más de una veintena de casos, fueron problemas con las administraciones más próximas a los vecinos: los ayuntamientos. En este capítulo merece una atención especial el Concello de Valga, donde la tensión entre el partido del gobierno (PP) y el de la oposición (PSOE) no ha hecho más que crecer. De hecho, la Valedora do Pobo ha mantenido reuniones con las dos partes para abordar las «cuestiones de organización» y funcionamiento municipal que habían motivado las quejas de los socialistas: desde falta de espacios para la reunión de los grupos de la oposición, hasta la «limitación do dereito de réplica no debate de sesións plenarias».

Contra el Concello de Valga se presentó una queja más, relacionada en este caso con unas pruebas de selección que se realizaron sin garantizar el anonimato de quienes las firmaban. En ese sentido, la oficina del Valedor «recomendou ao Concello que utilice os mecanismos precisos para garantir de maneira completa e eficaz o anonimato dos aspirantes que concorren aos procesos selectivos, a condición de que sexa posible pola natureza e características do exercicio». La recomendación fue aceptada. Aunque no siempre encuentra la Valedora esa buena disposición de las Administraciones a las que se dirige.

Necesidad de insistir

De hecho, en muchas ocasiones las administraciones públicas interpeladas por la Valedora do Pobo no atienden con la diligencia debida las peticiones de información cursadas desde esta oficina. En estos casos, quienes desatienden su obligación de colaborar, reciben llamadas de atención «contundentes». Tirones de orejas se ganaron, por ejemplo, Cambados y Vilagarcía por dos asuntos desatendidos por ambos ayuntamientos, mientras que en Pontecesures fue uno el rapapolvo llegado del departamento de Milagros Otero. También se ha tenido que quejar el alto comisionado del Parlamento por la falta de prontitud de las administraciones locales a la hora de enviar la información que le había sido solicitada. En este caso, han tenido que pedir las cosas más de una vez a los ayuntamientos de Cambados, Pontecesures, Ribadumia, Vilagarcía y Vilanova.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

Posponen la declaración del gobierno de Valga investigado por malversación.

El PSOE considera que el aplazamiento “entra dentro de la normalidad” y apunta que los citados para el 5 de abril tendrán que rendir cuentas

Los integrantes del gobierno conservador de Valga y los integrantes de la pasada lista electoral del PP que figuran como investigados en un presunto caso de malversación por participar en las llamadas “Comisiones de coordinación”, tendrán que esperar para prestar declaración. La mayor parte de los implicados en este proceso iban a hacerlo mañana en el Juzgado de Caldas, pero su comparecencia se ha pospuesto.

La magistrada encargada del caso retrasa la toma de declaraciones al alcalde José María Bello Maneiro y su equipo a la espera de que el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra emita un informe sobre la legalidad de las “Comisiones de Coordinación” desarrolladas y pagadas durante los últimos años.

El PSOE valgués, liderado por María Ferreirós e impulsor de la denuncia que dio pie a este proceso, aclara que la toma de declaraciones “no fue suspendida, sino simplemente pospuesta, porque el Ministerio Fiscal considera que es precisa la práctica de diligencias de investigación penal y, por tanto, solicita más información sobre la legalidad, proporcionalidad y cobro de las comisiones”.

Los testigos que estaban llamados a declarar para el 5 de abril parece que tendrán que hacerlo de todos modos.

Los socialistas también quieren dejar constancia de que el Ministerio Fiscal se opone a la solicitud de sobreseimiento libre de la causa planteada por dos de los investigados y que la juez acepta lo propuesto por fiscalía en el sentido de declarar la causa como “compleja”, ampliando el plazo de instrucción desde los seis a los dieciocho meses.

Reacciones del PSOE

Por todo ello, en el PSOE de Valga aseveran que “estas diligencias entran dentro de la normalidad más absoluta en un proceso judicial de esta importancia”.

En el grupo de María Ferreirós muestran sus deseos de que la justicia “sea ágil y todo se aclare lo antes posible”.

Asimismo, “en caso de determinarse que existió un delito, los importes económicos cobrados deberán ser reingresados en las arcas municipales”, sentencian los socialistas.

Faro de Vigo

Por Redacción, fai

La petición de más información aplaza el paso por el juzgado del gobierno valgués.

El fiscal se ha opuesto a que el caso sea sobreseído como pedían los acusados

El alcalde de Valga y seis de sus concejales tendrían que pasar esta semana por el juzgado de Caldas para, en calidad de investigados, despejar todas las dudas que envuelven las comisiones de organización que funcionaron en el Concello valgués, a razón de una reunión por semana, desde 1992. Pero esas declaraciones han sido aplazadas. Tras escuchar al Ministerio fiscal, la jueza ha decidido «dejar sin efecto las citaciones libradas para las declaraciones de los denunciados en calidad de investigados» hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. En concreto, la acusación pública ha solicitado un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local, «sobre la legalidad de la constitución de las comisiones de coordinación de delegados realizada por el Concello de Valga».

La solicitud de esa prueba fue planteada por el fiscal en un escrito firmado el 15 de marzo. Un documento en el que se oponía «a la solicitud de sobreseimiento libre del proceso penal efectuada por la representación procesal de los investigados». Justificaba esa postura en el hecho de que la documentación entregada por los propios acusados, si bien «arroja dudas razonables sobre la consistencia y la contundencia de la denuncia formulada [por el PSOE] por la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, no excluye de forma total la ilicitud penal». De hecho, esa documentación genera dudas y hace preciso informes que, como el solicitado al colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, aclaren «la legalidad de la constitución de las comisiones», así como «la legalidad de la percepción de dietas de asistencia» a las mismas.

Consciente de que se enfrenta a un caso largo, denso y lleno de complejidades y tecnicismos, el Fiscal también ha solicitado «que se declare la complejidad de la causa». Esta, razona, «garantiza contar con un plazo de instrucción de la causa de 18 meses, que parece suficiente», según señala el escrito en el que se formulaba esta petición, que también ha sido aceptada por la jueza que lleva el caso.

Así que, de momento, queda aplazada la declaración de los concejales acusados de cobrar ilícitamente las comisiones de coordinación que se celebraban en el Concello de Valga. Quienes en principio deberán declarar en la fecha prevista son los testigos, convocados para abril.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

El PSOE acusa al gobierno de Valga de delegar en los padres el mantenimiento de las unitarias.

Esta misma semana, el cuadro eléctrico del aula del CRA de Ferreirós (Valga) ardió, obligando a desalojar a los alumnos. No fue más que un susto, afortunadamente. Pero ha servido al PSOE de esta localidad para denunciar que “o goberno local elude as súas responsabilidades e rexieta esixir á Xunta que manteña e financie as obras de mantemento das escolas unitarias”. Los socialistas recuerdan que en enero del año pasado presentaron una moción al pleno alertando del “estado de deterioro que sufrían as escolas unitarias do noso concello. Advertiamos que algunhas delas tiñan problemas serios cas instalacións de electricidade e calefacción, así como as carpinterías moi pouco eficientes. Esixiamos que se fixese un estudio de todas as edificacións para determinar as necesidades de cada unha delas e, posteriormente, acondicionalas”, reclamando a la Xunta que asuma las responsabilidades que tiene en esa materia.

Según el PSOE, nada de eso se hizo. “O PP nin sequera permiteu o debate daquela moción”, y eso pese a que “o goberno local non pode permitir que os escolares estean en locais deficientes e carentes dunhas mínimas condicións de hixiene, habitabilidade e accesibilidade”.

Según los socialistas, el gobierno local no solo no se ha dirigido a la Xunta para pedirle que actúe en esta materia, sino que “para máis inri, hai uns meses obrigou a pais e nais dos nenos usuarios destas escolas a pagar a man de obra dunhas obras de instalación de acumuladores eléctricos”. “? gravísimo que o goberno local eluda as súas responsabilidades e as da Xunta, e pretenda que os pais resolvan problemas que claramente son da administración”. En todo caso, consideran completamente injusto que se “deixe a carga econónima nas mans de pais e nais”, algo que consideran inaceptable, aunque sea “un procedemento moi empregado polo goberno local, carece de toda base legal”.

Desde el Concello aclaran, sin embargo, que antes del inicio del curso se mantiene una reunión de trabajo con padres y dirección de todos los centros para fijar las obras de mantenimiento prioritarias, y que todas esas actuaciones se hicieron puntualmente. La idea de colocar los acumuladores surgió más tarde y fueron los propios padres quienes ofrecieron hacerse cargo de su instalación.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

Castiñeiras se personará en nombre del Concello Valga en la causa de las comisiones.

La nueva representante que el Concello de Valga propondrá para comparecer en las actuaciones que se están realizando por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas de Reis en el marco de la investigación abierta sobre las Comisiones de Coordinación será la segunda teniente de alcalde, Mª Carmen Castiñeiras. El cambio se produce después de que la magistrada requiriese al Concello que designase a un representante distinto del alcalde, José María Bello Maneiro, al tratarse de uno de los nueve populares investigados.

Castiñeiras aparece así como una persona no vinculada en una causa en la que el Concello se presenta en calidad de perjudicado. «A Administración Local é a que sufriría na súa esfera patrimonial os efectos da acción delictiva en caso de que esta se producise», señala en el alcalde sobre la intención del Concello de personarse. Con estos motivos difiere la parte denunciante, el PSOE. Su portavoz, María Ferreirós señala que «é unha estratexia para ter acceso á información que se manexe dende o xulgado».

El PSOE dijo sí a la creación

La providencia de la magistrada también recoge que dará traslado a la Fiscalía del escrito y la documentación presentada en nombre de Bello Maneiro y María del Carmen Gómez para solicitar el sobreseimiento de la causa. Señala, además, que la documentación «podría derivar en la necesidad de practicar diligencias de investigación no acordadas». El hecho de que uno de los concejales socialistas, Javier Carballo, votase a favor de la aprobación de las comisiones en el mandato iniciado en 2011, hace sospechar al alcalde que los tiros van en esa línea. «No pueden votar a favor y luego denunciar», señala. Por su parte, Ferreirós indica que «fue a favor de crearlas y no de cobrarlas, y Castaño se acababa de incorporar».

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai