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El juzgado investiga si el gobierno del PP en Valga cometió un delito de malversación.

Hace casi cuatro meses el grupo municipal del PSOE de Valga, abanderado por María Ferreirós, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía presuntos cobros irregulares por parte de los concejales del gobierno conservador que dirige José María Bello Maneiro. Ahora se anuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas admite a trámite la demanda de los socialistas con base en presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Explican en las filas del PSOE valgués que la juez titular “acordó iniciar diligencias previas por los presuntos delitos derivados del cobro por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas ‘Comisiones de Coordinación’, las cuales no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello”.

Se trata, según los socialistas, de un supuesto uso indebido de dinero público. Hablan incluso de que los concejales populares habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales “Comisiones de Coordinación”, un órgano creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro.

María Ferreirós ya denunció hace meses estos hechos y reclamó al alcalde toda la información relativa a dichas comisiones, alegando que “suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares”.

La líder socialista aseguró haber consultado a tres abogados y dos interventores que coincidirían con ella en que no existe normativa legal “que ampare el pago económico con fondos públicos las asistencias de los concejales del PP a estas reuniones”, pues se trataría de un órgano no colegiado, sin presencia de funcionario público.

Esto, a su juicio, es tanto como decir que se trata de “reuniones del PP de Valga” que estarían siendo pagadas con fondos municipales.

Eso es lo que investiga ahora el juzgado de Caldas, basándose para ello en la demanda de los concejales socialistas que dice que “lo grave de la celebración de las ‘Comisiones de Coordinación’ no es su celebración, sino que los asistentes a las mismas cobren por ello, de forma totalmente irregular, percibiendo una cantidad fija que es incluso superior a lo que se abona a los ediles del gobierno y la oposición por la asistencia a órganos colegiados reglados como la Junta de Gobierno o las sesiones informativas”.

Ni que decir tiene que en esa demanda María Ferreirós y su equipo hacen constar que el alcalde “puso todo tipo de trabas e impedimentos cuando empezamos a solicitar información por escrito sobre esas reuniones y los pagos por asistencia a las mismas”.

Faro de Vigo

Por Redacción, fai

El juzgado abre diligencias contra el PP de Valga por supuesta malversación.

La denuncia del PSOE de Valga ha surtido efecto. El juzgado de primera instancia número 1 de Caldas ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el grupo socialista de Valga contra los concejales del PP por cobros percibidos por asistencia a las denominadas comisiones de coordinación. Estas comisiones se convocan una vez a la semana y de ellas solo forman parte concejales del gobierno local (PP), a la que no asiste ningún funcionario, según informa el PSOE. Cada concejal cobra 60 euros por asistencia lo que suma alrededor de 25.000 euros anuales de gasto para las arcas públicas.

Los socialistas consideran que estos cobros son ilegales y el juzgado acordó abrir diligencias previas por presuntos delitos de malversación y prevaricación por este motivo.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

O grupo do PSOE de Pontecesures critica o reparto partidista de fondos pola Xunta segundo a cor política.

O grupo municipal socialista de Pontecesures denuncia o reparto partidista e discriminatorio dos cartos de todos os galegos entre os concellos, segundo a cor política de das súas alcaldías.
Ante a nova da inversión por parte da Xefatura provincial de Educación no acondicionamento na zona de xogos do CPI Pontecesures, cun novo solo de caucho e a instalación de xogos, cabe lembrar que dita actuación xa foi requerida polo anterior equipo de goberno.
Daquela, o tenente alcalde Roque Araújo, e a concelleira de Educación Conchi Gómez, foron recibidos polo Xefe Territorial de Educación o pasado 13 de outubro. Ante a posibilidade de renovar o parque infantil do recinto, o representante da Xunta só se comprometeu a aportar os elementos de xogo, obrigando ao Concello a aportar o solo de caucho nun terrreo que, hai que lembrar, non é de titularidade municipal.
Esta situación repítese coa intervención realizada nas instalacións portuarias de Pontecesures, solicitada en varias ocasións a Portos de Galicia polo equipo de goberno anterior e sempre rexeitadas por ??falta de presuposto?; pois ben, aos poucos días da moción de censura levouse a cabo.
E para rematar, uhna última nova, a sinatura dun convenio por valor de 50.000 ? coa Consellería de Medio Ambiente para obras de mellora da rede de abastecemento e saneamento; outra actuación reclamada insistentemente polo equipo de goberno anterior.
Evidentemente, non nos opoñemos a realización de inversións no Concello, máxime cando xa foron solicitadas por nós, e polo tanto consideradas prioritarias. O que é incrible, e que agora sexan consideradas e antes non, que agora sexan importantes e antes non, que agora haxa cartos para levalas a cabo e antes non.
De xeito descarado, a Xunta de Galicia ten un trato discriminatorio con aqueles concellos que non son da súa cor política, e polo tanto cos seus veciños e veciñas.
E todo isto, a poucos días dunhas eleccións autonómicas? seguen as xeitos caciquís na xestión dos cartos públicos por parte do Partido Popular.

Socialistas de Pontecesures

Por Redacción, fai

Los vecinos de San Miguel de Valga piden que se inicie la parcelaria.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP), se entrevistó ayer con la conselleira de Medio Rural para trasladarle la petición de los vecinos de San Miguel para que se inicie una concentración parcelaria en varios lugares de la parroquia. Sobre ese asunto se habló en el próximo pleno. En aquella sesión, el PSOE votó en contra de respaldar a los vecinos de Martores, Vilares, Laceiras e Raxoi en este asunto. La portavoz socialista ha explicado a los vecinos su voto: en primer lugar, porque carecían de información sobre esa cuestión ya que el gobierno no quiso facilitársela y, en segundo término, por las dudas sobre el proceso administrativo realizado por el Concello.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

Padrón sancionará al vendedor que no ayude a limpiar el recinto del mercado.

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El Concello de Padrón deberá hacer un control minucioso todos los domingos del estado en el que queda el recinto del mercado ambulante tras su celebración. Así lo ha acordado por mayoría el pleno de la corporación, a propuesta del grupo independiente. La iniciativa va más allá y se insta al gobierno local a requerir incluso a los vendedores para que recojan la basura su puesto y a darles medios para que lo hagan y cumplir así la normativa.

Todo ello con el fin de evitar la imagen que cada domingo se produce al finalizar el mercado, con plástico y cartón esparcido por todo el recinto, y hasta por las orillas del río Sar. El grupo independiente denuncia que «o estado que presenta o Paseo do Espolón, o Campo do Souto e a Travesía da Feira tras a celebración do mercado dominical resulta penosa para a imaxe dunha vila que recibe milleiros de visitantes e máis en época estival».

Este grupo considera que esa situación «non pasa noutros concellos con mercados» e incluso habla de que, en Padrón, «o vendedor xa non se preocupa de recoller o lixo que xera». Por ello, insta a adoptar medidas como el reparto de bolsas y la instalación de contenedores en isletas que se puedan retirar. Este grupo y el resto de la oposición piden al gobierno local que actúe ya, con más control y vigilancia, y si es necesario que aplique la normativa e imponga sanciones. En el grupo independiente consideran que no se van cambiar los hábitos de los vendedores de golpe, pero sí poco a poco. Y con sanciones y, en caso de ser necesario, hasta con la retirada de la licencia para vender en el que es mercado más grande al aire libre que se celebra de Galicia.

El alcalde, Antonio Fernández, explica que la Policía Local tiene orden de fotografiar todos los puestos de venta, para ver en cuáles queda basura. El Concello requirió a todos los vendedores para que dejen el puesto recogido e incluso les dio bolsas para meter los residuos e impuso alguna sanción. A la tercera multa, el Concello podría expulsar al infractor, según explicó el regidor, que considera que acabar con el problema de los restos esparcidos tras el mercado «pasa por sanción ou concienciación». El PSOE defiende que dar las bolsas para recoger la basura «non vale para nada», ya que los vendedores «non as usan ou as levan».

La oposición denuncia el estado en el que queda el Espolón y el Souto tras la venta

El alcalde sostiene que erradicar el problema requiere «sanción ou concienciación»

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

PSOE y BNG se niegan a financiar el CODI y dejan a afectados de Valga fuera del pleno.

Familiares de los usuarios protestaron contra la retirada de fondos para el centro de discapacitados – “Son personas que necesitan atención, no una fiesta”, dice el alcalde.

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La asociación desplegó una pancarta en señal de protesta en la sede de la Diputación.

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El alcalde José María Bello Maneiro acompañó a la asociación en su reivindicación.

Miembros de la asociación de discapacitados de Valga y familiares de usuarios del CODI se quedaron ayer sin asistir al debate de las dos mociones sobre la financiación del centro de día y ocupacional que se debatieron en el pleno de la Diputación. Por “seguridad” ya que al parecer caía arenilla del techo, el gobierno provincial cambió el emplazamiento de la sesión a una pequeña sala de comisiones en la que, según transmite molesto el PP, prefirieron sentar a concejales y miembros del Partido Socialista que a los afectados que iban a plantear sus reivindicaciones y a escuchar las intervenciones de los diferentes grupos. Solo quedaban cinco asientos libres y, ante la imposibilidad de acceder todos, la expedición valguesa, a la que acompañaba el alcalde, José María Bello Maneiro, decidió quedarse fuera en señal de protesta, portando una pancarta con el lema “Tenemos derechos. Necesitamos seguir siendo partícipes de la sociedad”. La presidenta de la asociación, que tenía previsto intervenir en el transcurso del pleno, declinó también hablar en solidaridad con sus compañeros. El tema a debate era la financiación del Centro de Día y Ocupacional para Discapacitados, que atiende a una treintena de usuarios de Valga, Caldas, Pontecesures y Catoira. Desde el año 2012 la Diputación financiaba el CODI, cosa que dejó de hacer tan pronto entraron PSOE y BNG en el gobierno provincial, lo que obliga al Concello a asumir los costes y, tal y como apunta el alcalde, pone en riesgo la prestación futura del servicio. “No estamos hablando ni de una fiesta ni de folclore, estamos hablando de personas que necesitan una atención especial”, incide Bello Maneiro, que considera “increíble que se limiten los asientos (del pleno) a personas que no están afectadas y que los perjudicados tengamos que quedar fuera. No tiene sentido que tengan preferencia alcaldes y concejales socialistas antes que los propios afectados”.

El PP defendió en la sesión una moción en la que instaba a la Diputación a retomar la aportación económica al centro, mientras que el PSOE contrarrestó este texto con una segunda moción en la que traslada a la Xunta las competencias de financiación. Solo prosperó esta última, con los votos de socialistas y sus socios del BNG. La diputada de Cohesión Social, Digna Rivas, afirmó que “es necesario que la Xunta asuma el pago de las ayudas que sean necesarias para mantener las dependencias de Valga, sino también el resto de centros de servicios básicos específicos de la provincia”. Acusó al anterior presidente de la Diputación, Rafael Louzán, de pagar este servicio “solo a dos municipios, Valga y Meaño”, acusándolo de “discriminar” al resto. Insistió en que, según la ley, la entidad que preside Carmela Silva solo puede subvencionar los servicios comunitarios básicos en ayuntamientos de 20.000 habitantes, quedando en manos de la Xunta la financiación de los servicios específicos, dentro de los que incluye al centro de discapacitados. Digna Rivas acusó al PP de “politizar” un tema que genera “sensibilidad social” y de “utilizar a los familiares” de los usuarios del CODI para “hacerse una foto y provocar ruido”.

El PP replicó que seguir financiando el servicio es solo cuestión de “voluntad política”. Ángel Moldes recordó que los fondos que otorgaba la Diputación permitían la contratación de ocho profesionales asistenciales, censurando la “irresponsabilidad” de Carmela Silva al “eliminar el 100% de las ayudas sin ninguna explicación y sin interesarse por si estaba o no garantizada la continuidad del centro”. Moldes afirma que “la situación es extrema” y que “no se puede asegurar la supervivencia del servicio”.

Faro de Vigo

Por Redacción, fai