La corporación del Concello de Valga respaldó el pasado lunes la reclamación de los vecinos de la parroquia de Setecoros de reclamar mayor seguridad en la carretera N-550. Los propios vecinos presentaron un escrito al pleno y lo apoyaron con más de 500 firmas de residentes en esta parroquia, que es atravesada por una carretera nacional.
La plataforma de afectados por la seguridad vial y peatonal en la N-550 solicitaron por escrito al Concello su apoyo, ya que los vecinos se ven obligados a cruzar constantemente una carretera con una alta intensidad de tráfico y con límites de velocidad elevados, a lo que se une que no hay ningún tipo de paso seguro. En la zona existe un albergue de peregrinos y múltiples establecimientos que no disponen de paso de peatones. Los afectados plantean que el Ministerio de Transporte, titular de la vía, reduzca a 50 kilómetros por hora la velocidad en las zonas de Outeiro, O Pino y As Cernadas; señalice pasos de peatones en varios puntos; un acceso en el kilómetro 89,400 que reduzca uno de los tres carriles existentes en ese punto.
A mayores de la petición vecinal, el Concello lleva años reclamando al Gobierno la ejecución de obras de mejora viaria en toda la N-550.
El vial entre A Estrada y Pontecesures es uno de los grandes puntos negros en el municipio.
La transitada carretera de O Chedón, que comunica A Estrada con Pontecesures, es uno de los viales del municipio en peor estado. Así lo han reconocido en muchas ocasiones las diferentes administraciones, que sin embargo no han logrado encontrar una solución a los diferentes problemas de esta carretera. Ahora, y después de años de lucha, el alcalde de A Estrada, José López Campos, espera que haya llegado el momento de darle solución.
El rayo de esperanza mostrado por el regidor local llega tras la reunión que mantuvo en la jornada de ayer con el responsable de carreteras de la Xunta de Galicia, Manuel Ángel González Juanatey, para analizar varios puntos negros en el Concello en materia de seguridad vial, destacando entre ellos la puesta en marcha de un proyecto para esta carretera. javascript:false
Cabe recordar que uno de los grandes problemas de este vial, al margen de su sinuoso recorrido, es su firme, muy deteriorado a causa de las raíces de los árboles de grandes dimensiones que lo circundan. En 2014 se sacó a concurso sin éxito la poda de los árboles más cercanos al vial y en 2016 el pleno municipal se unió para reclamar medidas. Ahora, la Xunta ha planteado al gobierno local que tendrían una solución al problema, que contemplaría el cierre al tráfico del vial durante unos dos meses. Este cierre es necesario debido a la dificultad técnica de talar los árboles de grandes dimensiones.
Contarían ya para ello con el visto bueno de la agencia de infraestructuras. El alcalde señaló sin embargo que deben trabajar ahora en alternativas para el tráfico que pasa a diario por este vial.
El conductor del vehículo, además, obtuvo positivo indiciario en el test de drogas.
Radar móvil de la Guardia Civil en Pontecesures.
La Guardia Civil interceptó el pasado fin de semana en la localidad
de Pontecesures a un vecino del municipio de Ribeira cuando circulaba a 129 kilómetros por hora en una zona limitada a 50.
Además, su desplazamiento no respetaba las restricciones de movilidad
de la orden de confinamiento debida a la crisis sanitaria.
Según
ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado
viernes, sobre las 16,30 horas, en el kilómetro 85,500 de la carretera
N-550, «un punto especialmente peligroso para la seguridad vial»,
ha matizado, situado en las proximidades del casco urbano de la
localidad de Pontecesures, en el transcurso de un control de velocidad
establecido por efectivos del Destacamento de Tráfico de Pontevedra.
El
vehículo que, «por razones de seguridad» no pudo ser interceptado por
en el punto de notificación avanzado «debido al notorio exceso de
velocidad», han destacado las mismas fuentes, fue alcanzado momentos
después en el casco urbano de Pontecesures.
El conductor del vehículo resultó ser un vecino de Ribeira que, además de haber dado positivo indiciario en el consumo de sustancias psicoactivas,
«estaba alterando las restricciones de movilidad establecidas para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, al no
argumentar otra causa que no fuese la de ir a visitar a su novia«, ha subrayado la Guardia Civil.
«La
presencia de alcohol o drogas y el exceso de velocidad son
circunstancias concurrentes en gran parte de los accidentes con heridos
graves o fallecidos en las carreteras de Galicia», advierte la
Benemérita.
Multas
Por
este motivo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil compatibiliza
este tipo de controles con los específicos para la vigilancia del
cumplimiento de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis
sanitaria.
En este caso el conductor ha sido denunciado por quebrantar el confinamiento establecido por las autoridades sanitarias. Como consecuencia de los hechos el vehículo fue inmovilizado y el individuo retornó a su lugar de origen.
Además, señalan las mismas fuentes, podría enfrentarse a una multa de mil euros si se confirmase el resultado indiciario en drogas por el laboratorio y a otra multa de 600 euros por el exceso de velocidad. Ambas infracciones «de carácter muy grave» tienen aparejada, además, la pérdida de seis puntos del permiso de conducción, concluyen las mismas fuentes.
El grupo criminal actuaba bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de la luz o el gas.
Imagen del dinero que le fue incautado al grupo criminal detenido en Santiago y Teo.
La Guardia Civil ha desmantela un grupo criminal especializado en la
comisión de robos con violencia y de hurtos en el interior de viviendas
en Galicia, bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de
la luz o gas tras la detención de cuatro personas en Santiago y Teo.
Según ha informado el Instituto Armado, las víctimas siempre eran
personas de la tercera edad y que residían solas en viviendas aisladas
de ámbitos rurales.
La denominada ‘Operación Kingarma’ se inició a raíz de un robo con
violencia e intimidación perpetrado en la localidad lucense de Palas de
Rei a mediados de mayo de este año, donde dos varones, mediante el uso
de violencia y de un arma tipo pistola, le sustrajeron 500 euros en
efectivo a una persona mayor que residía sola.
A raíz de ello se inició una investigación dirigida por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Mixto de Chantada (Lugo), en el marco
de la que se logró identificar a los miembros de un grupo criminal
formado por cuatro personas de nacionalidad española y residentes en las
localidades coruñesas de Santiago de Compostela y de Teo.
Además, los investigadores constataron que desde su base de
operaciones en Santiago de Compostela salían a las diferentes
poblaciones rurales de las cuatro provincias gallegas para cometer
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los cuales
realizaban largos desplazamientos y podían llegar a recorrer en un mismo
día más de 500 kilómetros.
Durante los desplazamientos el grupo tomaba medidas de seguridad a
fin de no ser detectados por las fuerzas del orden, fruto de su
especialización y la estabilidad en el tiempo con la que llevaban
operando, han señalado las mismas fuentes.
La mayoría de los miembros habían trabajado durante unos años de
forma legal para diferentes empresas energéticas, lo que aprovecharon
para conocer perfectamente el sistema de funcionamiento de las mismas, y
utilizaban dichos conocimientos para llevar a cabo su actividad
criminal, así como para formar al resto de componentes del grupo.
‘MODUS OPERANDI’
Su modus operandi consistía en desplazarse por diferentes aldeas de
Galicia, en algunas ocasiones utilizando información obtenida de cuando
realizaron sus trabajos de forma legal, han relatado las mismas fuentes,
y buscar viviendas donde residieran personas mayores y solas, a las
cuales abordaban y engañaban diciendo que eran revisores de la luz o del
gas, o que venían a mejorar la oferta del bono social de la luz y
emitían una falsa factura de la luz.
Este paso «era la clave para, a continuación, sustraer el dinero en
efectivo que había en la vivienda», destaca el Instituto Armado, «ya que
obligaban al morador a ir a buscar el efectivo para hacer el pago,
acompañándolo uno de ellos para ver donde lo cogía y el siguiente paso
era mientras uno se encargaba de entretenerlo bajo todo tipo de
artimañas» (acompañándolo al exterior a revisar los postes de la luz o a
comprobar los interruptores del resto de estancias de la vivienda). El
segundo acudía a la habitación donde había recogido el propietario el
dinero y sustraía el resto que guardaba.
La Benemérita destaca la «situación de indefensión en la que dejaban a
muchos ancianos», los cuales «solían tener altas cantidades de efectivo
en sus viviendas por no disponer de bancos cerca», añaden, así como en
muchas ocasiones ni podían desplazarse a dependencias policiales a
denunciar lo ocurrido por no disponer de los medios para ello.
El grupo criminal supuestamente obtuvo en los cuatro meses que ha
durado la investigación unos 20.000 euros en efectivo, «todo ello de su
lucrosa actividad criminal como falsos revisores de la luz», ha
subrayado la Benemérita.
DETENCIONES Y REGISTROS
Los agentes han practicado cuatro detenciones y cuatro registros
domiciliarios (dos en Santiago de Compostela y dos en Teo) donde se han
aprehendido más de 6.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas
SIM y joyas, así como carpetas de empresas eléctricas y carnés
acreditativos, medios que utilizaban para el engaño.
También se han intervenido cuatro vehículos, dos de ellos de gama
alta, los cuales utilizaban los miembros del grupo para recorrer las
largas distancias por las demarcaciones rurales gallegas y llevar a cabo
su actividad criminal.
DELITOS
Con este operativo se ha esclarecido un robo con violencia e
intimidación en Palas de Rei (Lugo), así como seis delitos de hurto
distribuidos en las localidades lucenses de Sarria, Abadín, Castroverde,
Muras, Ribadeo y Vilalba.
También se han esclarecido dos delitos de hurto en la provincia de
Pontevedra, uno en A Estrada y otro en Pontecesures, además de cuatro
delitos de hurto en la provincia de A Coruña, otros dos en Arzúa, uno en
Laracha y uno en As Pontes de García Rodríguez.
A ellos se suman delitos de estafa en las localidades de Ribadeo, A
Estrada, Castroverde, Vilalba y Pontecesures, además de otros dos
delitos continuados contra la seguridad vial.
Los cuatro detenidos, de entre 25 y 50 años y de nacionalidad española, tenían antecedentes por hechos similares. Serán puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Chantada en la mañana de este miércoles.
Los residentes en Infesta se movilizan contra una obra de humanización que, dicen, les resta servicios.
Las obras son un engorro. Un engorro tan evidente que los políticos
aprendieron, hace ya muchos años, que cuando se enfrentan a un vecino
que está pasando por ese trance lo único que cabe es entonar aquello de
«perdonen las molestias, estamos trabajando por su bienestar». Pero hay
ocasiones en las que ni siquiera esa letanía sirve. Ocurre en la Rúa
Infesta, en Pontecesures, donde los residentes están que trinan con el
proyecto que el Concello está ejecutando en esa pequeña vía, sobre la
que discurre el trazado del Camino Portugués a Santiago. El lunes
presentaron un escrito, firmado por todos ellos, en el que exponían sus
quejas. «Pero xa foramos falar con eles antes, e non nos serviu de nada», explican.
Hablan los vecinos con los pies metidos, casi
casi, en la zona de obras. Porque no hay mucho más espacio en esta
pequeña callejuela. En ella se está ejecutando un plan de humanización
que pretende meter ese rueiro de aldea en el futuro. Pero el diseño
elegido por el gobierno local no convence a los vecinos, convencidos de
que lo único que se va a lograr con esa actuación es recortar servicios y
entorpecer su vida diaria.
Pongámonos en situación. La de Infesta
es una calle estrecha, por la que hasta ahora podían subir y bajar los
coches gracias a una zona «na que orillaban se facía falla». Era un espacio que se había ganado hace unos años. «Uns
veciños cederon terreos para poder anchear a rúa para darlle servizos á
rúa. E agora, ven o Concello, colócanos unhas pedras e achica a rúa
outra vez». La calle mengua por causa de unas piedras que se han
colocado para separar la zona de tránsito de vehículos de la de paso de
peatones. Porque por esta zona suben los peregrinos, y parte del diseño
se ha hecho pensando en ellos y en su seguridad. Así lo reconoce el
concejal de Obras, Ángel Souto Cordo (TeGa), quien considera que la
necesidad de mejorar la seguridad vial en esa zona, «moi transitada tanto por quen fai o camiño como por quen vai levar os nenos ao colexio», tiene que ser una prioridad para el gobierno del que forma parte.
Pero la actuación tiene su coste: la calle
quedará de sentido único de circulación, y algunos vecinos se encuentran
con que, de esa manera, no pueden acceder a sus garajes. Para ello
tendrán que pasar de largo, dar la vuelta más arriba, y deshacer el
camino de vuelta «en dirección prohibida», lo que ocasionará serios
trastornos, especialmente en las horas de entrada y salida al colegio,
cuando muchos conductores usan la calle como ruta hacia el mismo. Los
residentes calculan, además, que no podrá pasar ni el butano, ni
Protección Civil, ni la ambulancia. «O proxecto debería servir para mellorar a accesibilidade á rúa, e vai ser todo o contrario», protestan. Plantean una alternativa, que la calle se quede, únicamente, para uso de residentes.
Al concejal de Obras, esa alternativa no acaba de convencerle. «Que sexa unha rúa so para residentes non me parece adecuado», dice Souto Cordo. Aclara, eso sí, que otras de las peticiones planteadas por los vecinos sí van a ser aceptadas. Pequeños detalles que, a su juicio, no alteran el proyecto. «Obviamente, nós temos informes técnicos que nos din que por aí poden pasar ambulancias, bombeiros e ata o butano. Pero se finalmente viramos que non é así, buscaríamos unha solución chegado o momento».
La Diputación de Pontevedra destina una nueva ayuda económica a Pontecesures. Asciende a 26.831 euros y se encuadra en el Plan Concellos, destinándose a financiar la movilidad y la seguridad vial en las calles de Castro e Infesta.
De este modo el gobierno que preside Carmela Silva eleva a casi 366.000 euros el dinero a disposición del Concello de Pontecesures en el presente ejercicio con el citado Plan Concellos.
El ente provincial destaca otras aportaciones a esta localidad ribereña, como los 80.408 euros concedidos para financiar la contratación de 9 trabajadores.
