Más de medio millar de personas han firmado ya una petición para que el Ministerio de Fomento dé marcha atrás y revise sus planes para construir la variante a la N-550 a su paso por los municipios de Pontecesures y Valga. La iniciativa, alumbrada por vecinos cesureños, ha resultado todo un éxito. Junto con las firmas recabadas en Internet, figuran los comentarios de quienes han rubricado la carta de protesta. «Me parece absurdo teniendo la AP-9 al lado y unas buenas carreteras nacionales en dicho trazado sin acumulación de trafico», dice una de las firmantes. «Hay otras prioridades…. No son tiempos de invertir en lo que no es absolutamente necesario», recalca otro. Y para la mayoría, los 33,4 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto invertir en los 5,73 kilómetros de trazado es un dispendio.
«Das alternativas que había, esta debe de ser a máis cara de todas», razonaba ayer Cecilia Tarela, concejala del grupo de gobierno cesureño por el BNG. No es fácil comparar el coste de esta carretera con otras: ahora son tan pocas las vías de dos carriles que se construyen, que es complicado hablar de precios medios. En cualquier caso, es evidente que abrir camino para la carretera por el trazado elegido por Fomento exigirá un importante desembolso, ya que el proyecto incluye un nuevo paso sobre el río Ulla, así como dos viaductos más y metros y metros de desmontes y rellenos para lograr suavizar las cotas de la futura carretera.
Entre una cosa y otra, el coste constructivo del proyecto asciende a 5.832.460 euros por kilómetro. Es mucho dinero, pero está dentro de los parámetros de eficiencia establecidos por el Ministerio de Fomento en el año 2010 -cuando la crisis ya estaba aquí- para «las variantes de población con características de carreteras convencionales». Según la tabla que maneja el Gobierno central, cada kilómetro de estas vías no debe superar los dos millones de euros por kilómetro si la orografía es llana; de dos a cuatro millones si es ondulada, y de cuatro a seis millones si el trazado discurre por una zona especialmente accidentada. Y parece que, en el caso de la variante del Baixo Ulla, hablamos de esta última categoría.
El despliegue constructivo es uno de los peros que desde Pontecesures y Valga se pone a esta actuación. En ambos concellos están colgados los planos de la futura variante desde el pasado sábado. Y en ambos casos, el goteo de vecinos que acuden a comprobar si el trazado los afecta o no es constante. «Está pasando moita xente a preguntar», reconocía ayer el alcalde de Valga, el popular José María Bello Maneiro. El regidor explicó ayer que su petición de entrevista con la ministra Ana Pastor ya está en Madrid. «Ademáis tamén lla mandamos por correo», indicaba el alcalde, popular.
Bello Maneiro mira de reojo a los movimientos que se producen en el vecino municipio de Pontecesures. No es que las decisiones del pueblo de al lado vayan a condicionar sus movimientos -«nós non imos parar», advertía ayer- pero sí interesan, porque cuanta más y más organizada sea la oposición al proyecto, más posibilidades habrá de que Fomento aborte sus planes.
Y en Pontecesures, donde los planos están expuestos ya desde el pasado sábado, hoy se dará un nuevo paso: a las siete y media de la tarde se reunirá la corporación municipal para analizar la situación creada por el Gobierno central al elegir para la variante «o peor» de los cuatro trazados que estaban sobre la mesa. «Non se trata dun pleno. ? unha reunión para falar», argumentaba ayer Cecilia Tarela.
La Voz de Galicia
