La minera que quiere reactivar Touro no duda de que “se va a aprobar” .

Niega todas las acusaciones de “iluminados” // Afirma que “no va a haber suficiente gente” en los pueblos de los alrededores para los 400 empleos que prevé crear, indefinidos “al 90%”.

Atalaya Mining está segura de que conseguirá os permisos para reabrir a mina de Touro. Na visita coa prensa, onte, Alberto Lavandeira, conselleiro delegado, destacou que se crearán catrocentos empregos directos cun investimento de douscentos millóns, e que o proxecto será ambientalmente modélico, con verteduras cero.

“No tengo la más mínima duda de que se va a aprobar”, ha afirmado el consejero delegado de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, quien este jueves ha sido el encargado de presentar el proyecto a un grupo de periodistas, en un contexto de contestación social que a su juicio es “ideológica” y no responde al “apoyo” que están recibiendo de los vecinos de la zona.

Atalaya Mining (que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza) y Explotaciones Gallegas (propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes) son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.

Y Lavandeira, máximo representante de Atalaya Mining, es un gallego (de O Carballiño, Ourense) ingeniero de minas con casi 40 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico que, entre otros lugares, ha trabajado en el Congo. Desde 2014 lidera el proyecto de reactivación de la mina de cobre de Riotinto, en Huelva.

200 MILLONES EN 15 A?OS
“Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control”. Así ha comenzado su exposición, trufada de reproches a los críticos con la mina, a los que ha querido responder con “hechos”.

Así, sin “nada que ocultar”, Alberto Lavandeira ha asegurado haber trasladado el proyecto a colectivos ecologistas, de ahí que vea “curioso” que “la oposición viene de grupos ideológicos”. “Deben pensar que los metales nacen en los árboles”, ha ironizado.

Ha reivindicado, en este sentido, los grandes números de la iniciativa: 200 millones de euros de inversión en 15 años de vida (“ojalá sean más”) y la creación de “al menos” 400 puestos de trabajo directos.

Sobre el empleo, ha rechazado que sea “precario”. Por el contrario, ha garantizado que será de vecinos de la zona e indefinido en un 90%, aproximadamente. “No va a haber suficiente gente” en los pueblos de los alrededores, ha incidido.

Cobre San Rafael no ha pedido subvención alguna “ni se van a pedir” y será una industria “con tecnología”, que ha contado para el diseño de su desarrollo con la colaboración de universidades y consultoras, según ha añadido.

CASI 600 SONDEOS SOBRE EL TERRENO
Por el momento y durante los últimos dos años y medio, ha destinado ya unos 5 millones en investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares.

Y es que la empresa dispone ya de unas 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras casi 300, la mayor parte de bosque de eucalipto, pero también prado y cultivos (que representan un 6% según las cifras de la minera).

Cuestionado sobre si la mina, en un futuro, se extenderá hacia otros municipios, como Boqueixón, ha señalado que “para eso” está la investigación (con permisos diferentes a los de la explotación), pero que por ahora “no se sabe”. No afectará al Camino de Santiago, ha garantizado.

En lo que entiende “una oportunidad para Galicia” (y reconoce que “es rentable” ya que el precio del cobre está al alza en medio de una demanda creciente), Lavandeira ha recalcado la intención de su equipo de “hacer las cosas bien”. “Minería sostenible. Está muy de moda. A mí me gusta más llamarle minería moderna, de calidad, con las mejores técnicas”, ha incidido.

“NO SOMOS DELINCUENTES”
Al respecto, ha comprometido “hacer un gran proyecto” con sus centros de dirección en España, y ha cargado contra los que advierten de consecuencias medioambientales, con las aguas de los ríos de la comarca en el punto de mira. “¡Dicen que vamos a acabar hasta con la merluza del gran Sol!”, ha exclamado, antes de defender los requisitos que implica una industria “moderna”.

“No somos delincuentes sino todo lo contrario”, ha resuelto, antes de lamentar que se les tilde de ser “sospechosos” de distintas cuestiones. “De crear 4.000 o 5.000 puestos de trabajo”, ha apostillado.

De este modo, ha entrado en la gestión de lo que en jerga técnica se denominan “estériles”, que son las rocas que “no valen”. Hay dos tipos: la de escombrera, que no se procesa y se utiliza para recubrir los “huecos” previamente creados para extraer el material; y la que es resultado del procesamiento en planta, que es la que mezclada con agua da lugar a lo que comúnmente se denominan lodos.

El consejero delegado de Atalaya Mining ha negado que su voluntad sea hacer “megaminería” al explicar que la actividad se hará en varios espacios equivalentes a lo que sería una cantera grande, “nunca de más de 100 metros”.

De hecho, los promotores denominan este tipo de minería de transferencia, que es la que va extrayendo y cubriendo de manera simultánea. Sus cálculos en Touro-O Pino sitúan en 85 los millones de toneladas de mineral y estériles secos en el periodo de 15 años (ya que la ratio de mineral-estéril es 1/1).

LOS LODOS
También ha desmentido que haya “metales pesados” en los lodos, porque no los tiene la roca, según ha argumentado, y ha agregado que el proceso químico para obtener el cobre tampoco aporta “para nada” elementos tóxicos.

Los lodos acaban en un depósito que ha equiparado a un vertedero industrial, antes de mostrar una fotografía suya en Huelva caminando por encima de ellos. La “desgracia” de Aznalcóllar ocurrió “hace 20 años”, ha subrayado, sobre el desastre producido por un vertido de residuos tóxicos en el parque de Doñana, por la rotura de la presa de la balsa de decantación de la mina.

Precisamente, acerca de la balsa de decantación ubicada en la parroquia de Bama, en Touro, que con las últimas lluvias torrenciales se desbordó, ha asegurado que “está diseñada para que rebose”, ya que es, ha indicado, “un humedal”.

En resumen, ha dicho que “no existe riesgo”, si bien ha admitido que hay “un pasado” y “un pasivo” que la empresa asume y del que tendrá que “hacerse cargo”. “Vamos a tener que arreglarlo y dejarlo mejor”, ha destacado, preguntado por la detección de niveles altos de acidez en aguas de la zona.

Con anterioridad puso como ejemplo de recuperación una actuación en Asturias en la que una mina fue regenerada y actualmente en esos terrenos se cultivan manzanos y kiwis. También recordó que hace años la normativa no contemplaba exigencias como las que están vigentes a día de hoy.

Preguntado por el momento en el que se encuentra la tramitación con la Xunta, ha explicado que se están recibiendo alegaciones e intentan “mejorar” el proyecto, que se presentó y puso a información pública en 2017. Esto, según ha precisado, “no altera el proyecto”, sino que “lo mejora”.

VALORIZACI?N
También ha roto “una lanza” a favor de Explotaciones Gallegas, que afrontó “un pasivo gigantesco” y se dedicó desde entonces a producción de áridos y restauración de terrenos.

En lo que se autodenomina como centro de valorización de Touro-O Pino también desarrollan sus labores Tratamientos Ecológicos del Noroeste, centrada en el compostaje y que fabrica tecnosoles; Tecnología y Reciclaje de Materiales, especializada en reciclaje de plásticos, y el centro de valorización ambiental del norte, dedicado a la investigación, desarrollo e innovación en materia medioambiental. En un momento de su intervención, el consejero de Atalaya Mining ha informado de que “dos se van a trasladar”, aludiendo a plásticos y tecnosoles.

El Correo Gallego

Comienzan las obras para instalar la nueva pasarela sobre el Sar, en Padrón.

La empresa Copcisa inició esta semana los trabajos para construir los pilotes sobre los que se instalará la pasarela metálica sobre río Sar que comunicará dos zonas de Padrón: el Bordel y el Campo de A Barca. Una vez construidas las bases en hormigón armado, una en cada orilla, será necesario esperar 28 días para que el material fragüe, según explicó ayer el alcalde de Padrón, Antonio Fernández.

Pasado ese tiempo, con la ayuda de grandes grúas se instalará la estructura metálica, que ya está finalizada, aseguró el regidor. La pasarela tendrá una longitud de 30 metros y el ancho del tablero será de 2,5 metros. En medio irá colocado un pivote para impedir el paso de vehículos, ya que por la estructura solo podrán circular peatones, bicicletas y motocicletas, según recordó ayer Antonio Fernández, quien justificó el retraso en la obra en el hecho de que uno de los permisos necesarios para su ejecución tardó un año.

Madera para integrar el puente

La actuación está financiada por la Consellería de Medio Ambiente, con un presupuesto de adjudicación de 121.000 euros, aportados a través del llamado plan Hurbe. Este departamento de la Xunta explicó en su día que la pasarela «cubrirá a falta de conexións entre ambas as marxes do río Sar na zona de augas arriba (cara ao norte) da ponte de Santiago; mentres que augas abaixo existen dúas pasarelas peonís que conectan o paseo do Espolón e a contorna do campo da feira coa outra marxe».

Para integrar la infraestructura y aligerar también su percepción visual, la Consellería de Medio Ambiente ha optado por que en la obra se empleen tablas de madera maciza y, como sistema de protección, una barandilla de vidrio con pasamanos de acero.

La Voz de Galicia

Más de una treintena de colectivos piden explicaciones sobre la vieja mina de Touro.

Afirman que sigue contaminando el río Ulla y, a través de este, la ría de Arousa.

Aprender de los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir. Ese parece ser el espíritu que alienta el paso dado por una treintena de colectivos gallegos, desde cofradías a organizaciones ecologistas, desde plataformas de defensa de las rías hasta agrupaciones de mejilloneros, que se han dirigido a la Xunta para reclamar información sobre el estado actual de la mina de cobre que se explotó en Touro entre 1973 y 1986. Ahora que se plantea la reactivación de la explotación en esa zona, consideran prioritario saber si, como ellos sospechan tras observar el «antigo emprazamento da mina e dos regatos afectados», «non se realizaron actividades de restauración para previr ou reducir na medida do posible os efectos adversos sobre o medio ambiente». «A mina non foi clausurada, foi abandonada», asegura en Carril la portavoz de la plataforma O Pino-Touro, Ana Pardo. Por eso, «os lixiviados desta actividade abandonada seguen na actualidade drenando cara o río Ulla, e polo tanto, cara a ría de Arousa».

Los colectivos quieren que la Xunta de Galicia les informe sobre las exigencias de restauración de la zona que se debían realizar en la vieja mina tras su cierre; de los requerimientos realizados «para que se acometese calquera tipo de actuación encamiñada á restauración dos danos ambientais», y de los informes o actas de inspección realizados por las autoridades encargadas de velar por la ejecución de dichos trabajos, entre otra mucha documentación. Un mejillonero, Francisco Oubiña, de Illa de Arousa, insistía en que «a administración debería cumprir a lei e rexenerar unha mina que en teoría debería levar trinta anos pechada», y el sector parece tener muchas dudas al respecto de esa cuestión.

Esta iniciativa forma parte de la campaña contra las intenciones de reapertura de la mina, un proyecto que se ha encontrado de frente con el rechazo de vecinos de los dos municipios afectados, O Pino y Touro, pero también de colectivos ecologistas de toda Galicia y de los sectores productivos de la ría de Arousa. Estos últimos han intentado mantener encuentros con la Administración para abordar esta cuestión, pero no parece que esas reuniones hayan permitido acercar posturas. «Pídennos calma; parece que non se dan de conta de que estamos falar dun proxecto que pon en perigo unha das empresas máis importantes de España, se cadra de Europa, a ría de Arousa», explicaba Alfredo Otero, representante del Consello Regulador do Mexillón de Galicia.

Otros portavoces del sector incidieron, durante la rueda de prensa celebrada en Carril, en la desconfianza existente hacia el papel que está jugando la Administración y, sobre todo, hacia las informaciones que se les ha hecho llegar. «Parece que nos toman por tontos», se lamentaba Benigno Yáñez, de una organización de mejilloneros de A Pobra.

En el encuentro, los portavoces de todos estos colectivos agradecieron el apoyo recibido de las corporaciones municipales de la zona, en donde la oposición al proyecto de la mina de Touro está cosechando un rechazo unánime «como non podía ser doutra maneira; os políticos teñen que estar coa súa xente».

La empresa pide “tranquilidad” y compromete un plan de vigilancia ambiental.

La rueda de prensa dada por la mañana por los colectivos contrarios a la mina de Touro tuvo respuesta por la tarde, cuando Cobre San Rafael emitió un comunicado para «transmitir una total tranquilidad a la sociedad gallega, incidiendo en que el escenario alarmista dibujado por determinados grupos es muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI». Aseguran que su propuesta «garantiza vertidos cero: las instalaciones mineras trabajarán en circuito cerrado, lo que garantiza al 100% la ausencia de cualquier salida al exterior». Y eso que «ni los minerales extraídos, ya presentes en el subsuelo de manera natural, ni los productos utilizados en su procesado contienen sustancias peligrosas».

Insisten, por lo demás, en que la nueva mina llevará aparejado un «Plan de Vigilancia Ambiental que, siguiendo la legislación vigente, instalará puntos de control de la calidad de las aguas en todo el entorno de la mina. El resultado de este control está fiscalizado por las administraciones competentes y organismos de control independientes».

Por lo demás, desde Cobre San Rafael quieren «ponerse a disposición de todas las partes interesadas para ofrecer toda la información sobre el proyecto con el objetivo de que conozcan los datos a nivel medioambiental y de seguridad».

El GES de Valga estrena embarcación para salvamentos en el río Ulla.

Los servicios de emergencias del Concello de Valga cuentan con una nueva embarcación neumática aportada por la Xunta de Galicia con el objetivo de mejorar la respuesta ante eventuales emergencias acuáticas y reforzar, de esta forma, la labor fundamental que realizan, dotándolos de más medios y recursos.

La embarcación semirrígida cuenta con cinco metros de eslora y un motor de 60 caballos, además de con un remolque para su transporte por tierra.

Se empleará en operativos de búsqueda en el río, en el acompañamiento de rutas fluviales y también en labores de apoyo al Sapraga (Plan de Salvamento en Praias) durante el verano, con atención especial a la playa fluvial de Vilarello.

Además, también servirá para otro tipo de intervenciones en el medio acuático, como el control de pruebas deportivas o la supervisión de búsquedas.

Los servicios de emergencias de Valga ya contaban con otra embarcación, aunque del año 2000 y de tan solo tres metros de eslora, con un motor de 25 caballos, por lo que el servicio gana en prestaciones con esta nueva incorporación.

Además de la nueva embarcación, el Grupo de Emerxencias (GES) y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Valga recibieron recientemente de la Xunta de Galicia un desfibrilador.

Estos equipamientos permitirán ofrecer un mejor servicio en beneficio de la seguridad de los vecinos del municipio.

Faro de Vigo

Implantación de las cercanías ferroviarias.

Corregir la pertinaz discriminación que padecen los usuarios gallegos del ferrocarril frente a los ciudadanos de otras comunidades se sitúa en la base de la iniciativa que el pleno de Vilagarcía adoptó el jueves por unanimidad. Se trata de una moción que, propuesta a debate por el grupo de gobierno, insta a la Xunta a gestionar la creación en Galicia de un tren de cercanías similar a los que funcionan en Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, el País Vasco, Madrid o Alicante y Murcia. El ámbito que la capital arousana propone para ello es el del eixo atlántico, una de las líneas más rentables de cuantas opera Renfe. La reclamación será planteada ante los grupos parlamentarios del PP, En Marea, PSdeG-PSOE y BNG. Los socialistas, en concreto, anuncian la presentación de una iniciativa en el Parlamento de Galicia.

Independientemente de la vía parlamentaria, la corporación de Vilagarcía pretende poner su petición directamente sobre la mesa de los responsables del operador ferroviario. En último término, son la empresa estatal y el Ministerio de Fomento, que la tutela, los que deben poner en marcha la creación de una jefatura de cercanías para Galicia. Aunque obviamente no tendría demasiado sentido sin una reivindicación explícita de la Xunta.

Hasta un euro más por billete

La ausencia de un cercanías tiene consecuencias directas para los bolsillos de los viajeros gallegos, obligados a pagar hasta un euro más por billete que madrileños, vascos o asturianos por recorridos equivalentes. Claro que este no es el único sinsentido que sobrevuela el ferrocarril gallego, en general, y el servicio que se presta a la ría de Arousa, en particular. Independientemente de las paradas incluidas en el recorrido A Coruña-Vigo, en estos momentos circulan también seis trenes diarios (a razón de tres en cada sentido) que cubren exclusivamente la distancia entre Vilagarcía y Santiago de Compostela. Pues bien, ni siquiera todos ellos hacen escala en Catoira para recoger y depositar pasajeros.

La línea más antigua de Galicia, que todavía permanece operativa, se antoja particularmente propicia para la implantación de un tren de proximidad. Su puesta en marcha permitiría, por ejemplo, establecer apeaderos en Bamio o Valga, además de potenciar las paradas de Catoira y Pontecesures con frecuencias más baratas y numerosas.

La Voz de Galicia

Feijoo dice que el criterio en el caso de la mina de Touro será «non enganar».

El presidente de la Xunta abordó tras la reunión semanal de su Gobierno la situación social y económica generada en torno al proyecto para retomar la explotación de una mina en Touro. Feijoo aseguró que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental, pero, ante todo, garantizó que su Gobierno va a aplicar el criterio de «non enganar a ninguén». Por eso reclamó a los vecinos y a las plataformas que en los últimos meses han impulsado iniciativas en contra a que estén «tranquilos» siempre que tengan confianza en la ley.

El jefe del Ejecutivo gallego aseguró que la Xunta se va a limitar a «facer cumprir» las normas de un texto que fue aprobado por el bipartito en el 2008 y que siguen en vigor, tratando de limitar cualquier derivación política a los movimientos en contra de la mina. A juicio de Feijoo, su Gobierno ya ha demostrado que «ten criterio» ante este tipo de solicitudes, frase tras la que citó los casos de la mina de Corcoesto o la negativa que le dio a Ferroatlántica.

Por su parte, la firma Cobre San Rafael, que promueve el proyecto, comunicó ayer que está realizando una «intensa labor» de investigación científica en los últimos meses con vistas a aclarar «y reforzar» su propuesta empresarial e incrementar el nivel de confianza de una iniciativa de califican de «puntera» en cuanto a calidad técnica. El proyecto está actualmente en fase administrativa después del período de información pública.

La Voz de Galicia