El juez rechaza los mínimos decretados por el Concello en la recogida de la basura.

La medida es cautelar mientras no comparezcan las partes el 26//Aplicarán en Padrón lo pactado entre comité y empresa

Tras cinco días de huelga, y pese a la recogida de mínimos, la basura continúa acumulándose en Padrón

El conflicto en la recogida de los residuos sólidos urbanos en Padrón ha dado ayer un nuevo giro. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago no sólo admite a trámite el recurso presentado el pasado lunes, día 18, por UGT, a instancias de los trabajadores de Global Vambrú, impugnando el decreto dictado el pasado 15 de abril por el alcalde padronés, Camilo Forján Seoane, donde fijaba los servicios mínimos que deberían regir durante la huelga indefinida, sino que rechaza cautelarmente dicho decreto.

En el auto, el juez basa su decisión en una serie de sentencias del Supremo que amparan su fallo en «circunstancias de especial urgencia» que exceden la urgencia ordinaria propia de las medidas cautelares. Así, y sin haber oído previamente la parte contraria (el Concello), el auto rechaza el decretazo de la alcaldía de forma cautelar y emplaza a las partes a comparecer el próximo martes, día 26, a las 13.00 horas, en el Juzgado compostelano.

La resolución judicial también especifica que la medida cautelar aplicada consistirá «en acordar que los servicios mínimos que han de regir son los que contiene el acuerdo al que se llegó entre la empresa y los trabajadores, en fecha 14 de abril de 2011».

UGT solicitó la impugnación al señalar que el decreto dictado por el Concello era abusivo, ya que fijaba unos servicios mínimos de recogida que superaban el 80% del servicio. «O decreto da alcaldía impedía o libre exercicio e dereito dos traballadores da empresa Global Vambrú á folga», sostiene el representante sindical David Barrio.

Desde el Concello, el regidor insiste en que le ampara el pliego de condiciones y en que muchos de los mínimos fijados por el comité son «inexistentes».

Por su parte, Sanidade está llevando a cabo una inspección de la zona en conflicto por si hay riesgo para la salud pública.

EL CORREO GALLEGO, 21/04/11