Padrón aún no cerró de forma definitiva el conflicto de la basura.

El alcalde firmó en julio un preacuerdo que modifica las condiciones del servicio pero que debe ser ratificado en pleno

Cuatro meses se cumplen la próxima semana desde que el alcalde de Padrón, Antonio Fernández, firmó el preacuerdo con la empresa concesionaria de la recogida y transporte de basura que propició la suspensión del paro en el servicio, que iba camino de los tres meses de duración. No obstante, la entrada en vigor de ese preacuerdo, que modifica considerablemente las condiciones del servicio, quedó supeditado a su aprobación en pleno.
Por ello, tanto los grupos de la oposición como la representación sindical de los trabajadores del servicio, ejercida por UGT, se preguntan para cuándo se convocará dicha sesión. De la aprobación del preacuerdo depende, además, que los trabajadores puedan cobrar los incrementos salariales pactados con la empresa.
El asunto se presenta polémico una vez que más de un concejal de la oposición reconoció de forma informal que el preacuerdo firmado contempla importantes recortes en el servicio. Así, el documento recoge una reducción en el número de días de recogida de basura que, en el casco urbano, es menos de la mitad de modo que pasaría de los siete actuales (es diaria) a tres. En la zona rural, quedaría en dos días, frente a los tres actuales.

Precio estable
A mayores también hay un recorte en el apartado personal, de modo que la empresa prescindiría de un chófer y de una de las siete personas que recoge la basura generada por el mercado dominical. En este punto también hay un recorte puesto que, de aprobarse el preacuerdo, la recogida los domingos se ceñiría solo a la zona del mercado mientras que ahora abarca todo el casco urbano.
Pero no todo son datos negativos, ya que el preacuerdo también elimina la gravosa fórmula polinómica por la que se rige la revisión de precios del contrato y que, al finalizar el período de diez años, situaría el coste del servicio en un millón de euros. Frente a ello, el alcalde negoció un precio estable de 310.000 euros anuales, IVA incluido. Antonio Fernández tiene ahora en su mano convencer a la oposición de que lo que firmó es bueno para el Concello o buscar una alternativa que cierre definitivamente el conflicto de la basura.

LA VOZ DE GALICIA, 01/11/11