La rebelión por los recortes en el servicio del hogar llega al PP.

A la hora de hablar de dinero, las ideologías se difuminan. El recorte impuesto por la Consellería de Traballo e Benestar al Plan Concertado (que financia servicios como el de ayuda en el hogar y atención a los dependientes) ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Especialmente a los del PSOE y el BNG, pero no exclusivamente. El alcalde de Meaño y diputado provincial del PP, Jorge Domínguez, se ha sumado a quienes han presentado un recurso de reposición solicitando a la consellería que reconsidere su decisión. En este concello, el recorte es de un 75 %, lo que suponen 26.000 euros. Domínguez explica el recurso en el hecho de que el tijeretazo se anuncie casi a año vencido. «Se nos din que o ano que vén non van subvencionar xa teriamos que arranxarnos como fora, pero non teriamos motivo para protestar. Pero se nos din en novembro que non nos dan a subvención do 2011, non o vexo xusto», indicó el alcalde meañés.
De momento, es el único concello de la comarca gobernado por el PP que ha reclamado, pero no son los únicos populares que se quejan. Otros mandatarios, aunque no lo exteriorizan por escrito, sí reconocen que el recorte del Plan Concertado ha supuesto un varapalo importante.

Valga y Ribadumia
En Valga, por ejemplo, aún recibiendo este año 500 euros más respecto a lo percibido en el 2010, su alcalde se lamenta del déficit de 22.000 euros que acumula el servicio como consecuencia de las nuevas altas de dependientes que incorporó la Xunta de Galicia. Y la alcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña, también manifestó ayer su «malestar» por el hecho de que el recorte se haya comunicado en noviembre, sin tiempo para reaccionar.
Los concellos de Vilagarcía, Cambados, Meis y O Grove tampoco prevén de momento presentar recurso alguno y anuncian que seguirán prestando los servicios de ayuda en el hogar y apoyo a dependientes igualmente, aunque haya que retirar dinero de otras partidas. No será el caso en Vilagarcía. Según explicó la concejala delegada de esta área, Elena Suárez, la reducción es «pequeña» y, en todo caso, Ravella dispone de fondos para afrontar esta diferencia en virtud de la prórroga de los presupuestos municipales.
Por su parte, el PP de A Illa apoyó en pleno una iniciativa del PSOE para recurrir este recorte ante la Xunta, que supone pasar de 38.000 a 19.397 euros, solo en lo que respecta al servicio de ayuda en el hogar. Este ayuntamiento también se ha quedado sin la ayuda de 4.000 euros para la tercera edad y la del Plan sobre drogas.
El más contundente a la hora de afrontar la reducción de fondos del Plan Concertado ha sido el alcalde de Catoira. El socialista Alberto García no solo ha presentado el correspondiente recurso ante la Xunta sino que anuncia que está dispuesto a ir a los tribunales. De momento, ha enviado una carta a cada uno de los 19 beneficiarios de estas prestaciones para informarles de que a partir del 2012 tendrán que asumir de su bolsillo el coste de los servicios como consecuencia del recorte de las ayudas en un 80 %.
Pontecesures, gobernado por la coalición BNG-PSOE-Tega, está entre los que han pedido a la Xunta que reconsidere la financiación del Plan Concertado. En este concello, el recorte ronda el 90 % respecto a la ayuda obtenida en el 2010.

LA VOZ DE GALICIA, 22/11/11