El gobierno pontecesureño pretende dar ayudas para alquiler o hipoteca a los afectados por desahucios.

Publicado por Luis Angel Sabariz Rolán en

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Desde la izquierda, los miembros del tripartito Ángel Manuel Souto Cordo (Terra Galega), Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG), Roque Luis Araújo Rey (PSOE) y Cecilia Tarela Barreiro (BNG)-

Se trata de un reglamento que llevará a pleno – La cuantía máxima sería de 175 euros al mes

El equipo de gobierno de Pontecesures ha aprobado en la comisión de Asuntos Xerais llevar a pleno un reglamento de prestaciones económicas específicas del programa básico de inserción social del Concello. En esta nueva normativa destaca el apartado dedicado a las ayudas para pagar la vivienda, que servirán para financiar al alquiler o un crédito hipotecario de la residencia destinada a domicilio cuando los ingresos de la unidad familiar se vean reducidos en más de un 50% y los solicitantes cumplan una serie de requisitos.

La cuantía máxima será de 175 euros al mes, que se prolongará durante un máximo de cinco meses. Desde el Ejecutivo pontecesureño (formado por el BNG, PSOE y Terra Galega) destacan que estas subvenciones «plasman el apoyo a las familias afectadas por los desahucios».

Otras novedades

El nuevo reglamento también articula ayudas referentes a casos de emergencia social, gasto farmacéutico, transporte para tratamientos en unidades asistenciales y becas de apoyo a la escolarización. Además, presenta como novedades la beca de apoyo a la participación en actividades destinadas a menores, como los campamentos de verano, por ejemplo, o la reducción en los precios públicos de servicios y actividades municipales, como la piscina.

El Concello de Pontecesures espera contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Corporación para sacar adelante en la próxima sesión plenaria y por unanimidad, este reglamento, puesto que entiende que es una forma de «solucionar los problemas de urgencia que tiene mucha gente que se vio en situaciones de desahucio y porque las administraciones públicas, y en especial los ayuntamientos, tenemos que implicarlos en la resolución de estos problemas».

FARO DE VIGO, 25/01/13


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