Serra do Barbanza audita el contrato de la basura.
Decir que la relación entre la mancomunidad Serra do Barbanza, propietaria de la planta de reciclaje de Servia, y la empresa que gestiona estas instalaciones, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), es tortuosa es decir poco. Basta señalar que tienen varios conflictos enquistados y judicializados. En medio de esa maraña de históricos problemas, FCC llegó a pedir la rescisión del contrato alegando que el retraso en los pagos era alarmante -la mancomunidad no le pagaba porque algunos concellos no estaban al día y, por tanto, no tenía fondos-. Según Serra do Barbanza, ahora la situación es distinta, ya que se agilizaron los abonos. Sin embargo, tampoco hay paz. Ahora Serra do Barbanza se defiende atacando. Dice que auditó a FCC y que descubrió que está incumpliendo su contrat
Así lo confirmó ayer el presidente de la mancomunidad y alcalde de Brión, Xosé Luís García, quien dijo que se decidió realizar una auditoría y se descubrió que FCC no cumple lo pactado, por ejemplo, en cuanto a horarios. También indicó que de momento no puede decir si esto va a derivar en la apertura de un expediente u otra acción. De todo ello se hablará en una reunión prevista para el lunes.
En esa cita también se va a desestimar la petición de la empresa de rescindir el contrato por el asunto de los pagos ya que, insistió Xosé Luís García, «agora non se lle deben seis meses, estamos nos tres, polo que o das débedas non pode ser un motivo para que a empresa marche».
En esta reunión también se pretende dar luz verde a las actualizaciones de tres años -desde el 2008 hasta el 2011-.
Las actualizaciones
¿De qué se trata? FCC, en ejercicios sucesivos, le pidió a la mancomunidad que se aumentase el canon que pagan los concellos por la recogida de basuras y por el tratamiento de los residuos.
Como no atendían a su petición, en el caso del año 2006 y 2007 llevó el asunto al juzgado.
Serra do Barbanza, entidad a la que pertenecen Brión y Rois y que mantiene un acuerdo de gestión con Ames entiende ahora que sí debe aprobar actualizaciones. El problema radica en que las cantidades que reclama la empresa son muy superiores a las que la mancomunidad pretende aprobar.
La Voz de Galicia
0 comentarios