Aplazan hasta el 7 de marzo el desalojo de los siete miembros de la familia de Porto.

Veinticuatro días de cierto alivio tienen por delante Victoria Santiago Lagares y su familia después de que el juzgado les notificase el aplazamiento hasta el próximo 7 de marzo de la orden de desalojo de la vivienda en la que residen en el Monte de Porto. El lanzamiento estaba previsto para mañana, pero las gestiones realizadas por la Plataforma Stop Desahucios de O Barbanza ante distintas administraciones y organismos han evitado un deselance tan precipitado.
Fue a mediodía de ayer cuando Victoria Santiago recibió la notificación del Juzgado de Paz de Pontecesures. �??Chamáronme por teléfono para que fora coller o papel�?� en el que se indica que el lanzamiento de la vivienda tendrá lugar el día 7 de marzo a las once de la mañana. En la misma providencia se requiere al Juzgado de Caldas de Reis para que �??ordene auxilio al puesto de la Guardia Civil correspondiente para efectuar dicho lanzamiento�?�. De hecho, el Instituto Armado ya estaba requerido para actuar mañana si finalmente se producía el desalojo.

Más margen de maniobra
Stop Desahucios no valora esta resolución como una victoria, sino como un mero aplazamiento del problema. Por eso, la plataforma barbanzana, con el apoyo jurídico del abogado Ignacio Delgado, continuará realizando gestiones para lograr la paralización definitiva de la orden del desalojo. Así, anuncian que en los próximos días presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda solicitando que, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas.
En ella se condena a Victoria Santiago y a otros seis miembros de su familia (entre ellos dos menores de 9 y 12 años) a entregar las llaves de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria y su exmarido, ya fallecido. Este legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Los servicios jurídicos de Stop Desahucios consideran el fallo contrario a derecho, al no estar acreditado quién es el propietario de la vivienda.
José Manuel Pena, portavoz de la plataforma en O Barbanza, tiene �??confianza�?� en que la resolución del Tribunal de Estrasburgo �??sea favorable�?� y consigan evitar que esta familia cesureña se quede en la calle. Pena reconoce la �??implicación ata o último momento�?� del Concello de Pontecesures, que intentó buscar un alojamiento alternativo para estos vecinos topándose con enormes dificultades al tratarse de una familia �??moi numerosa�?� y no estar originado el desahucio por motivos económicos. En los últimos días, ante la cercanía del desalojo, incluso se pidió amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores.

Diario de Arousa