Presentación de la I Festa da Caza e do Rural Galego.
Valga celebrará este domingo, 19 de julio, en el Parque Irmáns Dios Mosquera la I Festa da Caza e do Rural Galego. En la presentación del evento participaron tanto el alcalde, José María Bello Maneiro, como el presidente de la Mesa Galega pola Caza, Manuel Martínez; el presidente de la Sociedad de Caza San Huberto de Valga, Javier Sánchez; y representantes de otras sociedades: Francisco Rial, de Caldas, y David Landín, de Portas.
Actividades previstas
Durante la celebración el público podrá asistir a una muestra de perros de caza, exhibiciones de rastro, exposición de aves de cetrería, degustación de carne de caza, campo de tiro virtual, taller de iniciación a la pesca para niños, mercado con artesanías, y un “tardeo” con mucha música. El recinto abrirá a las 9:00 horas y, sobre las 11:30, está prevista la inauguración. Habrá también un pregón a cargo de Michel Coya y una entrega de trofeos a entidades y personas de relevancia para el sector.
La organización coincidió durante la presentación en destacar la caza como “un sector fundamental para o rural galego” y en la necesidad de cambiar su imagen social.
Otros concellos de Ulla-Umia rechazan esta alternativa por las dificultades para topar personal cualificado
Un operario forestal durante los trabajos de extinción de un fuego.
Con la llegada del verano y el aumento de la incidencia de incendios forestales en la comarca, los concellos de Ulla-Umia trabajan para conformar sus brigadas forestales que, durante tres meses, prestarán apoyo en la prevención, vigilancia y defensa contra las llamas. Concretamente, se trata de los municipios de Pontecesures, Moraña y Valga, que, un año más, optan por adherirse a un convenio con la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, para que esta sufrague prácticamente la totalidad de la brigada.
Por su parte, Cuntis, Catoira, Portas y Caldas de Reis se inclinan por recurrir a otros métodos, como un Programa Rural Activo en el caso de Catoira, o un servicio municipal de emergencias activo las 24 horas, como en Cuntis, al alegar problemas para topar personal cualificado.
Brigadas antes del 15 de agosto
Así, ya en el mes de junio muchos concellos comienzan a tramitar la contratación de esta brigada que, tal y como establece Medio Rural, debe estar constituida antes del 15 de agosto. En el caso de Moraña, el concurso sigue abierto y la previsión es que en el mes que viene comience a trabajar el equipo. “Hai moitos concellos que non queren asumir esta responsabilidade, pero nos intentamos adherirnos a este convenio todos os anos”, explica el regidor, Sito Gómez.
Por su parte, en Cesures esta misma semana estaba previsto realizar las baremaciones para, ya la próxima semana, realizar los reconocimientos médicos y conformar la brigada. Lo mismo en el caso de Valga, que continúa con las gestiones para su contratación.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anuncia la adjudicación de tres contratos de emergencia por un importe de 6.899.767 euros para reparar firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, de los cuales, 2,5 millones irán destinados a tramos de las carreteras N-550 y la N-640 a su paso por los municipios de Pontecesures, Valga y Caldas de Reis.
Las actuaciones responden a la necesidad de actuar con urgencia en vías que han experimentado un notable deterioro tras los meses de invierno. El desgaste de los pavimentos y la aparición de socavones en el firme han hecho necesaria una intervención extraordinaria para preservar la seguridad vial.
Los tres contratos cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá iniciar de inmediato unas actuaciones consideradas prioritarias para reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en la Red de Carreteras del Estado.
Tras máis de 80 anos, a fábrica de Nestlé é un emblema en Pontecesures, mais os seus veciños lanzáronse hoxe á rúa para apoiar masivamente a unha plantilla preocupada após o anuncio dun ERE en negociación con 27 despidos, mais «co ánimo moi arriba, dispostos a pelear ata o último momento» ante este «mazazo inesperado».
E non comprenden os plans da compañía á vista do que saben: «anos de produción estable», «dificultades para gozar os descansos acumulados» e extensión de xornada neste verán.
«Todo isto demostra que non sobra xente, polo contrario, fai falta máis», clamou a presidenta do comité de empresa, Sandra Seoane, ao termo dunha marcha que, ao seu paso, desde a praza de Pontevedra ata as mesmas portas da empresa, sumou apoios incluso desde as ventás.
Participantes da manifestación de Pontecesures. / Iñaki Abella
Tamén doutras localidades próximas, como Caldas, Padrón, Vilagarcía… E que uniu a PP, BNG e PSOE. De feito, a Corporación municipal portaba unha pancarta co sentir dun pobo de 3.000 habitantes sobre o seu futuro, pois trata dunha plantilla nova.
De case 200 empregados, a gran maioría non chega aos 50 e, de feito, a presenza de familias novas con nenos pequenos era un continuo nesta camiñata de «rexeito absoluto» a medidas «injustas e desproporcionadas» para unha empresa con «miles de millóns de beneficios económicos».
Os mensaxes contra o presidente do grupo, Pablo Isla, foron continuos e incluso lle pegaron a súa cara a un monicote que rematou decapitado.
O comité, no que están CIG, CCOO e UGT, reúnese este luns para estudiar novas mobilizacións porque «non o vamos a permitir», «non somos números, somos familias», gritaban os manifestantes entre ruído de petardos e silbos deixando un rastro de bombas de fume.
La jornada de este sector, que en la zona atañe a unos 3.000 trabajadores, se salda sin incidencias.
Los piquetes cerraron una empresa caldense y los sindicatos lamentan «registros en Cambados.
CIG, CCOO y UGT calificaron de «éxito» la convocatoria de huelga en el sector del metal, que hoy se tradujo en el cierre de empresas y una manifestación central en Vilagarcía con cortes de tráfico en exigencia de un convenio «digno» para un sector que, en Caldas y O Salnés, atañe al futuro de unos
Los sindicatos se levantaron hace unos días de la mesa de negociación abierta en diciembre ante la «cerrazón» de la patronal, a la que hoy le gritaron: «Escoita, o metal está en loita. Se isto non se amaña, caña, caña, caña». Y es que los paros seguirán en las próximas semanas para reclamar una subida salarial anual del 5%, subrogaciones sin límites y reducción de jornada, como las demandas más relevantes.
El responsable de CIG Industria en Pontevedra, O Salnés y Deza, Anxo Lúa, aseguró que la participación «fue del cien por cien» en estas zonas y también en Vigo.
La jornada comenzó con los piquetes informativos recorriendo las diferentes empresas y según la Subdelegación del gobierno en Pontevedra, no se produjeron incidentes más allá de «alguna rueda pinchada en O Porriño».
Según los convocantes, los únicos contratiempos ocurrieron en Caldas de Reis, donde «tuvimos que acudir en dos ocasiones porque un empresario se puso amenazante, pero la segunda vez ya éramos más y accedió a que mantuviéramos una asamblea para explicarles a los trabajos su derecho a ir a la huelga y finalmente se sumaron y cerró».
Además, en Castrelo (Cambados) «la Guardia Civil registró el coche de varios compañeros, maleteros y tal, suponemos que por si portaban petardos, pero no somos terroristas ni maleantes, solo estamos defendiendo nuestros derechos», lamentó Lúa.
Para el mediodía, y no sin discrepancias sobre el recorrido, que finalmente quedaron solventadas, la manifestación partió de As Carolinas entre ruido de petardos y bombas de humo, desembocando ante la Casa Consistorial, donde los asistentes hicieron una sentada al grito de consignas como «se sube o IPC, os salarios tamén», «se os salarios non suben, lume, lume, lume».
Un momento de la manifestación de Vilagarcía.
Representantes de CCOO, UGT y CIG mantienen la convocatoria de huelga para los próximos días 13 y 14 y 19,20, 21 y creen que la respuesta de hoy envía un mensaje claro. «Si solo en el primer día hemos sido capaces de parar el cien por cien de las empresas… Ahora la pelota está en su tejado, para que convoquen una reunión y escuchen realmente nuestras demandas», expuso el responsable de la central gallega.
Según el sindicalista, rompieron las negociaciones ante la postura «inamovible» de la patronal y una propuesta que ven «insuficiente», como un convenio a cuatros años con una subida anual del 3,5%.
Mínimos de la parte social
La parte social demanda un acuerdo para tres años, con una subida salarial del 16% para el tiempo de vigencia y el compromiso de revisión anual del IPC «real», para dar «garantías de poder adquisitivo».
También exigen la reducción de jornada, porque «el convenio de Pontevedra es el que tiene más horas de todo el Estado»; la continuada durante los meses de verano en el naval, una demanda «histórica», teniendo en cuenta el estrés térmico al que están sometidos profesionales de la soldadura, «con los trajes de protección, en espacios reducidos y con temperaturas que pueden superar los 35 grados», así como la subrogación en, por lo menos, los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y eólico, los que viven la «situación más sangrante», con el fin de proteger el empleo en caso de cambio de contratas. En su lista de mínimos para firmar un acuerdo también está implantar pluses de peligrosidad y penosidad, así como otros reconocimientos profesionales y mejoras sociales.
Un momento de la sentada cortando el tráfico en Vilagarcía.
Según fuentes de la Subdelegación, la Guardia Civil reportó en esta jornada «tranquila» la presencia de piquetes en Valga (Extrugasa), Caldas de Reis (Indalsu), Vilanova (Calmear), Meis (Sigaltec), Meaño (Talleres Pintos), Cambados (Acernor), Vilaboa (Recambios Ochoa y Calefón), O Porriño (Chorros Naval y Aceros Torres), Mos (Densu), Tui (Pipeworks), Ponteareas (Ganomagoga) y Tomiño (taller La Milagrosa).
La Fiscalía solicita dos años de prisión para cada uno y también para la pareja sentimental de uno de ellos.
El empresario Andrés Quintá en una entrega de premios.
La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para dos hijos del empresario de Valga Andrés Quintá y para la pareja de uno de ellos por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Según su escrito de acusación, influyeron en el fundador del grupo multinacional Extrugasa y se aprovecharon de su deterioro
La Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio por unos hechos que se remontan a 2024, cuando el emprendedor que levantó un imperio en la localidad de Valga interpuso la mentada querella acusando a tres hijos y al asesor de «haberse apropiado de sus empresas y de la posición dominante» que él ostentaba en ellas.
Un juzgado de Caldas de Reis dio trámite a las diligencias y fijó fecha para tomarles declaración a los cuatro en calidad de investigados, para abril de 2025. Sin embargo, unos días antes, los acusados «conociendo el deterioro cognitivo que padece» el empresario valgués de 85 años de edad y «aprovechándose también de la confianza del mismo, puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido».
Siempre según la fiscalía, «para evitar que pudiera cambiar de idea o pudiera buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia, lo llevaron en su vehículo de motor a la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis y le privaron del uso del teléfono móvil durante el trayecto inicial de Pontecesures a Pontevedra» para recoger a uno de ellos, hijo de Andrés Quintá, que es abogado y tiene un despacho en esta ciudad.
Sostiene el Ministerio Público que el fin era evitar que tuviese lugar la declaración judicial y lograr el archivo de la querella que había interpuesto y que por ello «le insistieron de forma apresurada» a firmar la renuncia a las acciones emprendidas. Además, «tanto durante el viaje como durante la estancia en el juzgado no lo dejaron solo en ningún momento ni le permitieron usar el móvil, por lo que no pudo hablar en ningún momento con su actual abogado».
Ya en el juzgado caldense, continúa su relato de los hechos, indicaron a los funcionarios que Andrés Quintá iba a retirar la denuncia y le entregaron el escrito ya firmado por él, teniendo que firmar el fundador de Extrugasa un acta de comparecencia. Así las cosas, la autoridad judicial acordó después el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que había presentado en agosto de 2024, frenando la toma de declaración prevista.
Añade el fiscal que, para conseguir su propósito, los acusados «le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza». Respecto al vástago letrado de profesión detalla que «fue el abogado y su hombre de máxima confianza en el ámbito jurídico durante años en sus empresas». También menciona a una nieta y a la pareja sentimental del otro vástago del empresario valgués.
Además de la petición de dos años y nueve meses de cárcel para cada uno, solicita también una multa de 8.000 euros y el pago de 1.200 euros por el perjuicio moral o psicólogo ocasionado.
