La sucesión de Extrugasa deriva en una petición de cárcel por forzar al fundador a retirar una querella.

Andrés Quintá, fundador y antiguo dueño del grupo Gestión Corporativa Quintá, en sus instalaciones en una foto de archivo. 

La Fiscalía acusa a una familiar y a otras dos personas cercanas a Andrés Quintá de aprovecharse de su deterioro cognitivo.

La Fiscalía de Pontevedra reclama dos años y nueve meses de prisión para una familiar directa y otras dos personas cercanas a Andrés Quintá, fundador y hasta hace unos años socio mayoritario de Gestión Corporativa Quintá S. L., grupo empresarial de Valga referencia en el sector del aluminio que integra a Extrusionados Galicia S. A. U. (Extrugasa), Galipán S. A. y Extrugasa Transformación S. A. U., con 750 empleados y 164 millones de facturación el año pasado. La petición, que incluye una reclamación de 18 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros a cada acusado y otros 1.200 euros por el perjuicio moral o psicológico ocasionado a Andrés Quintá, responde a la presunta comisión de un delito de obstrucción a la justicia y se incardina en el que ahora se dibuja como un tortuoso proceso de relevo en la propiedad del grupo empresarial, con las tres personas señaladas por el Ministerio Fiscal acusadas de aprovecharse de su relación de confianza para que Quintá firmase la retirada de una querella contra tres de sus hijos.

El fiscal expone que Andrés Quintá había presentado en agosto del 2024 una querella contra su asesor personal y tres de sus descendientes atribuyéndoles haberse apropiado de sus empresas y de la posición dominante que ostentaba en ellas. El Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis incoó diligencias previas el 21 de agosto del 2024, acordando más adelante la toma de declaración el 14 de abril del 2025 a las cuatro personas querelladas como investigados. Cuatro días antes de la fecha, el 10 de abril del año pasado, el Ministerio Fiscal relata que el que había sido abogado y hombre de la máxima confianza en el ámbito jurídico durante años en sus empresas, una familiar directa y una tercera persona «presionaron con su presencia utilizando sus relaciones personales y de confianza» a Andrés Quintá «para conseguir la firma de la renuncia a la querella».

La Fiscalía expone en sus escrito: «Sabedores de la existencia del procedimiento que se tramitaba y conociendo el deterioro cognitivo que padece [Andrés Quintá], aprovechándose también de la confianza del mismo, puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta lograr convencerlo para que firmase un escrito de renuncia a las acusaciones penales que había emprendido». Con tal fin, «y para evitar que pudiera cambiar de idea o pudiera buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia, lo llevaron en su vehículo de motor a la sede del Juzgado de Caldas y lo privaron del uso del teléfono móvil». Ya en el juzgado de Caldas, «le insistieron para que firmara de forma apresurada un escrito de renuncia a las acciones penales derivadas de los hechos denunciados», con uno de los tres acompañantes entregándole al funcionario judicial el escrito de renuncia firmado, y «con los tres acusados a su alrededor» y Quintá firmando el recibí. Ese mismo día, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada en el año 2024.

La Voz de Galicia