Más de una treintena de colectivos piden explicaciones sobre la vieja mina de Touro.

Afirman que sigue contaminando el río Ulla y, a través de este, la ría de Arousa.

Aprender de los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir. Ese parece ser el espíritu que alienta el paso dado por una treintena de colectivos gallegos, desde cofradías a organizaciones ecologistas, desde plataformas de defensa de las rías hasta agrupaciones de mejilloneros, que se han dirigido a la Xunta para reclamar información sobre el estado actual de la mina de cobre que se explotó en Touro entre 1973 y 1986. Ahora que se plantea la reactivación de la explotación en esa zona, consideran prioritario saber si, como ellos sospechan tras observar el «antigo emprazamento da mina e dos regatos afectados», «non se realizaron actividades de restauración para previr ou reducir na medida do posible os efectos adversos sobre o medio ambiente». «A mina non foi clausurada, foi abandonada», asegura en Carril la portavoz de la plataforma O Pino-Touro, Ana Pardo. Por eso, «os lixiviados desta actividade abandonada seguen na actualidade drenando cara o río Ulla, e polo tanto, cara a ría de Arousa».

Los colectivos quieren que la Xunta de Galicia les informe sobre las exigencias de restauración de la zona que se debían realizar en la vieja mina tras su cierre; de los requerimientos realizados «para que se acometese calquera tipo de actuación encamiñada á restauración dos danos ambientais», y de los informes o actas de inspección realizados por las autoridades encargadas de velar por la ejecución de dichos trabajos, entre otra mucha documentación. Un mejillonero, Francisco Oubiña, de Illa de Arousa, insistía en que «a administración debería cumprir a lei e rexenerar unha mina que en teoría debería levar trinta anos pechada», y el sector parece tener muchas dudas al respecto de esa cuestión.

Esta iniciativa forma parte de la campaña contra las intenciones de reapertura de la mina, un proyecto que se ha encontrado de frente con el rechazo de vecinos de los dos municipios afectados, O Pino y Touro, pero también de colectivos ecologistas de toda Galicia y de los sectores productivos de la ría de Arousa. Estos últimos han intentado mantener encuentros con la Administración para abordar esta cuestión, pero no parece que esas reuniones hayan permitido acercar posturas. «Pídennos calma; parece que non se dan de conta de que estamos falar dun proxecto que pon en perigo unha das empresas máis importantes de España, se cadra de Europa, a ría de Arousa», explicaba Alfredo Otero, representante del Consello Regulador do Mexillón de Galicia.

Otros portavoces del sector incidieron, durante la rueda de prensa celebrada en Carril, en la desconfianza existente hacia el papel que está jugando la Administración y, sobre todo, hacia las informaciones que se les ha hecho llegar. «Parece que nos toman por tontos», se lamentaba Benigno Yáñez, de una organización de mejilloneros de A Pobra.

En el encuentro, los portavoces de todos estos colectivos agradecieron el apoyo recibido de las corporaciones municipales de la zona, en donde la oposición al proyecto de la mina de Touro está cosechando un rechazo unánime «como non podía ser doutra maneira; os políticos teñen que estar coa súa xente».

La empresa pide «tranquilidad» y compromete un plan de vigilancia ambiental.

La rueda de prensa dada por la mañana por los colectivos contrarios a la mina de Touro tuvo respuesta por la tarde, cuando Cobre San Rafael emitió un comunicado para «transmitir una total tranquilidad a la sociedad gallega, incidiendo en que el escenario alarmista dibujado por determinados grupos es muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI». Aseguran que su propuesta «garantiza vertidos cero: las instalaciones mineras trabajarán en circuito cerrado, lo que garantiza al 100% la ausencia de cualquier salida al exterior». Y eso que «ni los minerales extraídos, ya presentes en el subsuelo de manera natural, ni los productos utilizados en su procesado contienen sustancias peligrosas».

Insisten, por lo demás, en que la nueva mina llevará aparejado un «Plan de Vigilancia Ambiental que, siguiendo la legislación vigente, instalará puntos de control de la calidad de las aguas en todo el entorno de la mina. El resultado de este control está fiscalizado por las administraciones competentes y organismos de control independientes».

Por lo demás, desde Cobre San Rafael quieren «ponerse a disposición de todas las partes interesadas para ofrecer toda la información sobre el proyecto con el objetivo de que conozcan los datos a nivel medioambiental y de seguridad».