La Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para dos agentes bancarios de Cesures por estafa.

Solicitan el abono de indemnizaciones a una veintena de personas que ascienden a los 623.200 euros.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión para dos agentes bancarios de Pontecesures por los supuestos delitos de estafa y de falsedad de documento mercantil en concurso medial con otro delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, la Fiscalía pide el abono de los costes y las correspondientes indemnizaciones a 26 personas y empresas damnificadas, cuya cantidad total asciende a los 623.200 euros. Cabe señalar que el Banco Santander, entidad con la que colaboraban los acusados, ya abonó a los perjudicados una cantidad de 482.625 euros, lo cual provocó la renuncia de algunos de los perjudicados a la acción civil derivada de estos hechos.

De igual modo, la Fiscalía solicita once meses y quince días de multa, con una cuota diaria de doce euros, lo que puede alcanzar unos 4.140 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Según el relato del fiscal, la acusada, que gestionaba en Pontecesures una oficina de seguros y era también colaboradora del Banco Santander, se habría valido de su condición de agente bancaria “para lograr la contratación de diversos productos financieros de diversos amigos, conocidos y allegados y una vez conseguida esta contratación realizó actos de disposición patrimonial en detrimento económico de los clientes”. Asimismo, la pareja de esta, que trabajaba como responsable de la contratación de seguros en la misma oficina bancaria, “utilizó también de una forma habitual o reiterada en el tiempo la documentación de los productos bancarios y de los seguros contratados por los clientes” de la primera acusada “para realizar actos de disposición patrimonial en claro perjuicio de estos sin su consentimiento o sin la autorización expresa de los clientes”, tras haber llegado a un acuerdo previo con la otra investigada.

La operación se remonta al año 2010, cuando los clientes de la oficina, que se ubicaba en un bajo del número 4 de la calle Sagasta, denunciaron a la mujer por supuestamente haberse quedado con el dinero que habían depositado en su oficina, bien para que se ingresara en cuentas del banco, o bien para operaciones de otro tipo, como fondos de pensiones o de ahorro.

El fraude se sitúa en cerca de un millón de euros. La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha fijado el inicio de la vista oral para el próximo jueves, 30 de mayo, a las 10 horas. 

Diario de Arousa