Acusan a dos empleados de banca en Pontecesures de quedarse con más de 700.000 euros de clientes.
La Audiencia de Pontevedra acogerá la semana que viene el juicio, en el que se enfrentan a una posible pena de cinco años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida.
![El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO](https://www.diariodepontevedra.es/asset/thumbnail,1280,720,center,center/media/diariodepontevedra/images/2024/07/13/2024071313232982430.jpg)
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo jueves la vista oral contra dos personas, una mujer y un hombre, acusados de un delito de falsedad documental en concurso con otro de apropiación indebida, ambos cometidos de forma continuada.
Se les atribuye el hecho de aprovechar su condición de empleados en una entidad bancaria en Pontecesures (ella agente y él responsable de seguros) para engañar a numerosos clientes hasta hacerse con un botín que superaría los 700.000 euros. Una pequeña parte ha sido devuelta por parte de la firma en cuyas instalaciones desarrollaron el presunto delito, el Banco Santander, que, a su vez, figura como responsable civil subsidiario, en el caso de que los acusados sean condenados y no afronten la devolución de los fondos sustraídos.
Según la acusación, la investigada, «con ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio ajeno, se aprovechó de forma habitual de su condición de agente colaboradora del Banco Santander de Pontecesures para lograr la contratación de diversos productos financieros de amigos, conocidos y allegados y una vez conseguida esta contratación realizó actos de disposición patrimonial en detrimento económico de los clientes».
Además, su entonces compañero sentimental, «con la misma intención (…) dado que trabajaba como responsable de la contratación de seguros en la misma oficina bancaria, utilizó de una forma habitual la documentación de los productos bancarios y de los seguros contratados por los clientes de D para realizar actos de disposición patrimonial en claro perjuicio de estos».
Ambos se exponen a penas de cinco años y medio de cárcel.
Diario de Pontevedra
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