Ante o elevado número de inscritos na XXIV Carreira Popular de Pontecesures,𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥í𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐚 𝐨𝐩𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐫𝐬𝐚𝐢𝐬 á𝐬/ó𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐨 𝐬á𝐛𝐚𝐝𝐨 𝟏 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎 𝐚 𝟐𝟎:𝟎𝟎 nas instalacións do edificio do Concello.
𝐔𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧:
Concello de Pontecesures, Av. Vigo, 2, 36640 Pontecesures, Pontevedra
Recoméndamos a aquelas persoas que poidan, acercarse o sábado a recollida, 𝐦𝐚𝐧𝐭é𝐧𝐝𝐨𝐬𝐞, 𝐭𝐚𝐦é𝐧 𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝟐 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐬 𝟎𝟗:𝟑𝟎 𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐳𝐮𝐞𝐥𝐚.
La Fiscalía pide para Luis Álvarez Angueira 15 años de cárcel
El juicio contra el exalcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, por supuesta agresión sexual a su sobrina ha arrancado este miércoles en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Tal y como recoge el escrito del Ministerio Fiscal, se le acusa de un delito continuado de agresión sexual entre, “aproximadamente, 1996 y 2001”, cuando la víctima era menor de edad. La víctima, su sobrina política, fue además concejala en el municipio de Rianxo (A Coruña).
La Fiscalía pide para el acusado una pena de cárcel de 15 años, además de la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante 10 años. Asimismo, solicitan libertad vigilada también durante 10 años.
Por ltimo, piden una indemnización para la víctima de 30.000 euros por daños morales.
Antes de que se iniciase la vista de esta mañana -el juicio continuará este jueves- y tal y como habían anunciado en redes sociales, algunas mujeres miembros de organizaciones feministas, entre ellas Marcha Mundial das Mulleres, se han concentrado a las puertas del juzgado para mostrarle su apoyo a la víctima. “Nin un agresor sexual sen condena social”, han reivindicado.
“É responsabilidade das políticas públicas establecer os mecanismos necesarios para a protección das persoas que sofren agresións e, disponibilizar as ferramentas necesarias para que as denuncias sigan canles que se sintan como seguras”, defendieron en un comunicado posterior.
Diario de Pontevedra
La Audiencia de Pontevedra acogerá la semana que viene el juicio, en el que se enfrentan a una posible pena de cinco años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo jueves la vista oral contra dos personas, una mujer y un hombre, acusados de un delito de falsedad documental en concurso con otro de apropiación indebida, ambos cometidos de forma continuada.
Se les atribuye el hecho de aprovechar su condición de empleados en una entidad bancaria en Pontecesures (ella agente y él responsable de seguros) para engañar a numerosos clientes hasta hacerse con un botín que superaría los 700.000 euros. Una pequeña parte ha sido devuelta por parte de la firma en cuyas instalaciones desarrollaron el presunto delito, el Banco Santander, que, a su vez, figura como responsable civil subsidiario, en el caso de que los acusados sean condenados y no afronten la devolución de los fondos sustraídos.
Según la acusación, la investigada, “con ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio ajeno, se aprovechó de forma habitual de su condición de agente colaboradora del Banco Santander de Pontecesures para lograr la contratación de diversos productos financieros de amigos, conocidos y allegados y una vez conseguida esta contratación realizó actos de disposición patrimonial en detrimento económico de los clientes”.
Además, su entonces compañero sentimental, “con la misma intención (…) dado que trabajaba como responsable de la contratación de seguros en la misma oficina bancaria, utilizó de una forma habitual la documentación de los productos bancarios y de los seguros contratados por los clientes de D para realizar actos de disposición patrimonial en claro perjuicio de estos”.
Ambos se exponen a penas de cinco años y medio de cárcel.
Diario de Pontevedra
Concello de Pontecesures
Los dos agentes bancarios de Pontecesures acusados por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida alcanzaron ayer un acuerdo con parte de los afectados tras una negociación que se prolongó durante toda la mañana. Pese a ello, el juicio tendrá que celebrarse ya que no todas las víctimas han suscrito este pacto. De hecho la Audiencia de Pontevedra había fijado para ayer el inicio de la vista oral.
La pareja, que colaboraba con una entidad bancaria fijada en la localidad, está acusada de estafar con reintegros fraudulentos o la contratación de productos casi un millón de euros a más de cuarenta clientes, tanto particulares como empresas.
Dicha negociación, llevada a cabo entre la defensa de los procesados y las acusaciones de 19 particulares y la Fiscalía, se prolongó durante cuatro horas, alcanzando un acuerdo de conformidad para esta causa, que seguirá adelante a través de las acusaciones del resto de afectados.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge a más de 40 afectados, de los que más de la mitad reclaman la devolución de los importes sustrados. En total, solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión, una multa de 4.400 euros y la devolución de más de 620.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Cabe señalar que el Banco Santander, entidad con la que colaboraban los acusados, ya abonó a los perjudicados una cantidad de 482.625 euros.
El escrito de acusación recoge que la acusada era agente colaboradora de la oficina, mientras que su pareja operaba como responsable de contratación de seguros en esta entidad. Ambos emplearon esta posición, y el acceso a datos de los clientes, para ordenar retiradas y reintegros en efectivo o contratar productos como tarjetas de crédito, que posteriormente empleaban para retirar dinero.
Diario de Arousa
Ambos imputados serán juzgados la semana que viene en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Un hombre y una mujer se sentarán la semana próxima en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una serie de estafas en cadena que, según la Fiscalía, ambos urdieron aprovechando su condición de trabajadores de una sucursal bancaria que abría sus puertas en Pontecesures. El escrito de acusación detalla un proceder sistemático que se desarrolló entre los años 2008 y 2010 y supuso la desaparición de 796.650 euros de las cuentas de una veintena larga de clientes en la oficina en la que operaban.
El ministerio público pide para cada uno de los imputados una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de once meses y quince días de multa a razón de doce euros diarios por la responsabilidad personal subsidiaria en la que habrían incurrido los dos integrantes de la pareja.
Además, de ser condenados deberán reintegrar a sus víctimas las cantidades que les defraudaron, descontando el importe de las devoluciones que la entidad bancaria satisfizo a algunas de ellas. Aunque en su mayor parte son particulares, entre los fondos saqueados se encuentran los de una empresa, a la que presuntamente sustrajeron 231.005 euros.
Acusados de falsificar las firmas de los verdaderos titulares de las cuentas, responderán de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y otro de apropiación indebida.
La Voz de Galicia