Esa reforma que prepara el Gobierno para fusionar a la brava municipios es la constatación de un desengaño. Si alguien pensó que el poder local lo haría de forma voluntaria, agrupándose todos como reza la Internacional, pecó de ingenuidad. Unos apelaron a una especie de patriotismo municipal, según el cual los vecinos se sentirían huérfanos al ser privados de su consistorio. Otros, el presidente de la Diputación ourensana mismamente, alegaron que no hay mejor unión consistorial que la que establecen las corporaciones provinciales con su providencial manto protector.
Detrás de todas las excusas, los intereses creados de cualquier establishment. Retocar la cartografía local supone privar de poder a mucha gente, y eso siempre genera resistencias. Los haraquiri no son habituales en política. El fracaso de los matrimonios consistoriales, que iniciaron de forma prometedora los regidores de Oza y Cesuras, constata que esa parte de la cultura nipona carece de arraigo por estos pagos.
Curiosamente, hay un general consenso sobre la necesidad de acondicionar el rompecabezas de la administración local, en el que participan expertos de todo tipo y políticos de diferente extracción. Nadie o casi nadie sostiene la tesis de que haya que dejar las cosas como están, pero a la hora de la verdad esas buenas intenciones se estrellan con la realidad y se evaporan en el aire. Ocurre lo mismo con otras ideas tendentes a unir o coordinar aeropuertos o universidades. Junto a una Galicia que exterioriza su apoyo, hay otra callada que boicotea sibilinamente la iniciativa hasta que sus promotores se cansan y desisten.
En materia municipal, esta Galicia que se aferra al inmovilismo y en la que participan elementos de todos los partidos, vuelve a imponerse, lo cual hace inviable la fusión voluntaria. Como al parecer esta situación no es una característica del carácter galaico, sino que se extiende por todas las tierras de España, el Gobierno prepara una reforma del Régimen Local, según nos desvela el presidente de la Diputación de Pontevedra. El criterio a seguir es elemental pero seguramente provocará un ardiente debate: aquellos municipios que no puedan garantizar sus servicios no seguirán solteros. En lugar de convertirse en entidades dependientes que subsisten de la caridad de otras administraciones, aunar las fuerzas con otras.
Existe sin embargo una sospecha, derivada de la forma en que se está afrontando la crisis bancaria. ¿Habrá responsables, habrá responsabilidades, habrá gestores en el banquillo dando cuenta de lo que hicieron? El crac financiero se está saldando sin que aparezcan culpables por ninguna parte. Los causantes de la ruina se retiran plácidamente, dejando que el Estado arregle el estropicio con el dinero de todos. De la “mano invisible” de Adam Smith, al “banquero invisible” de ahora. ¿Pasará lo mismo con el crac municipal? Los causantes tienen nombre y apellido. ¿También saldrán de puntillas?.
Columna “A bordo”. Carlos Luis Rodríguez
EL CORREO GALLEGO, 13/05/12
