Sociedade

Llevan el registro civil, tramitan conciliaciones y celebran juicios de faltas

Los juzgados de la comarca, como casi todos los juzgados españoles, están colapsados. A estas alturas ya nadie se sorprende si tiene que esperar diez años por un juicio. Pero esa demora podría ser todavía mayor de no ser por los jueces de paz, una figura a medio camino entre el reconocimiento social y la carrera judicial que se encarga de todos los trámites del registro civil y los conflictos vecinales en aquellas localidades pequeñas que carecen de juzgados. Su labor, escasamente reconocida, impide que esa saturación de las salas ordinarias llegue a cifras insostenibles.
En la comarca hay diez jueces de paz. Ejercen esa labor vecinos o expertos en leyes que trabajan en dependencias municipales o en locales cedidos para esa función. Los hay en Vilanova, A Illa, O Grove, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo, Catoira, Valga y Pontecesures. El primero, a cargo en la actualidad de Pablo Ventoso, es el más antiguo de la comarca.
Su funcionamiento lo regula la Ley de Enjuiciamiento del año 1855. Desde esa fecha, con altibajos, hubo jueces de paz en muchos ayuntamientos gallegos. Las dificultades que antaño tenían los vecinos para desplazarse a los escasos juzgados y la necesidad, en el presente, de acercar la justicia al ciudadano, y a la vez quitar carga de trabajo a las salas ordinarias, justifican que siga en pie una institución que data de mediados del siglo XIX.

Elegidos por la corporación
Es la corporación municipal la que elige al juez de paz. Tradicionalmente era un vecino muy respetado, alguien que contaba con el reconocimiento de sus parroquianos. Ahora sigue siendo así en muchos casos, aunque cada vez más son personas con conocimientos en leyes, licenciados en Derecho, procuradores o abogados que adquieren así una valiosa experiencia para el posterior ejercicio de su profesión.
Su principal misión es el registro de los matrimonios, nacimientos y defunciones que se producen en el municipio en el que ejercen su labor. Pero también se encargan de actos de conciliación, es decir, de mediar entre los vecinos para evitar que sus diferencias acaben en los juzgados. No siempre lo logran, pero al menos en A Illa, donde Pablo Iglesias es juez de paz desde hace ocho años, el 65% de los casos se resuelven satisfactoriamente.
También se celebran juicios de faltas, aquellos estipulados por el Código Penal con sanciones que van de los 4 a los 400 euros por persona y día. Generalmente son por conflictos vecinales, casi siempre por calumnias e insultos, aunque también se pueden juzgar pequeños hurtos.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

La mayoría de los jueces de paz lo son por devoción porque las retribuciones que perciben no son para echar cohetes. Varían en función de la entidad poblacional del municipio. Así por ejemplo, en los de menos de 5.000 habitantes, como Catoira, rondan los cien euros al mes; en los de más de 5.000, como Meis, unos doscientos euros; y en los de más de 7.000 habitantes, como puede ser Vilanova, las retribuciones no llegan a los trescientos euros.
Los jueces de paz suelen ser vecinos del municipio y casi siempre hombres. En Arousa son siete de diez y la mayoría repiten en el cargo. En algunas ocasiones hasta por quinta vez, pues acumulan más de 20 años en ejercicio, como es el caso de Vilanova.
En cuanto a su grado de formación, varía mucho. La jueza de Meis, por ejemplo, estudió Derecho y el de Catoira llegó a tercero de carrera, pero otros son legos en la materia. En todo caso, todos están asesorados por el personal del juzgado que vela por que se cumplan los procedimientos según la legalidad vigente.

Atención al público
Los horarios de atención al público también varían en función de la entidad del juzgado. Los pequeños, que dependen de los ayuntamientos tienen horarios más restringidos. En Catoira, por ejemplo, el juez solo atiende al público tres horas a la semana, de 10.30 a 12.00 horas, los martes y jueves; en Ribadumia, de 9.00 a 11.00 horas, de lunes a viernes; y en Meis cierran la puerta a las 12.30 horas. Los juzgados dependientes de la Administración de Justicia, como O Grove, Vilanova, Valga, Pontecesures y Meaño, están abiertos toda la mañana.
También hay disparidad en el perfil de los trabajadores de los juzgados. Los hay funcionarios dependientes de la Administración de Justicia y los hay que no tienen este rango y forman parte de las plantillas de los ayuntamientos.
En Vilanova por ejemplo hay cuatro funcionarios de plantilla aunque, actualmente, hay una plaza sin cubrir. Allí han perdido población tras la segregación de A Illa mientras que en Pontecesures atienden a más gente de la que figura en el censo por ser este un concello con mucha población flotante dado su carácter de ciudad dormitorio.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11