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Llevan el registro civil, tramitan conciliaciones y celebran juicios de faltas

Los juzgados de la comarca, como casi todos los juzgados españoles, están colapsados. A estas alturas ya nadie se sorprende si tiene que esperar diez años por un juicio. Pero esa demora podría ser todavía mayor de no ser por los jueces de paz, una figura a medio camino entre el reconocimiento social y la carrera judicial que se encarga de todos los trámites del registro civil y los conflictos vecinales en aquellas localidades pequeñas que carecen de juzgados. Su labor, escasamente reconocida, impide que esa saturación de las salas ordinarias llegue a cifras insostenibles.
En la comarca hay diez jueces de paz. Ejercen esa labor vecinos o expertos en leyes que trabajan en dependencias municipales o en locales cedidos para esa función. Los hay en Vilanova, A Illa, O Grove, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo, Catoira, Valga y Pontecesures. El primero, a cargo en la actualidad de Pablo Ventoso, es el más antiguo de la comarca.
Su funcionamiento lo regula la Ley de Enjuiciamiento del año 1855. Desde esa fecha, con altibajos, hubo jueces de paz en muchos ayuntamientos gallegos. Las dificultades que antaño tenían los vecinos para desplazarse a los escasos juzgados y la necesidad, en el presente, de acercar la justicia al ciudadano, y a la vez quitar carga de trabajo a las salas ordinarias, justifican que siga en pie una institución que data de mediados del siglo XIX.

Elegidos por la corporación
Es la corporación municipal la que elige al juez de paz. Tradicionalmente era un vecino muy respetado, alguien que contaba con el reconocimiento de sus parroquianos. Ahora sigue siendo así en muchos casos, aunque cada vez más son personas con conocimientos en leyes, licenciados en Derecho, procuradores o abogados que adquieren así una valiosa experiencia para el posterior ejercicio de su profesión.
Su principal misión es el registro de los matrimonios, nacimientos y defunciones que se producen en el municipio en el que ejercen su labor. Pero también se encargan de actos de conciliación, es decir, de mediar entre los vecinos para evitar que sus diferencias acaben en los juzgados. No siempre lo logran, pero al menos en A Illa, donde Pablo Iglesias es juez de paz desde hace ocho años, el 65% de los casos se resuelven satisfactoriamente.
También se celebran juicios de faltas, aquellos estipulados por el Código Penal con sanciones que van de los 4 a los 400 euros por persona y día. Generalmente son por conflictos vecinales, casi siempre por calumnias e insultos, aunque también se pueden juzgar pequeños hurtos.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11