Recogen firmas para “salvar” la vivienda en O Rial sobre la que pesa orden de derribo.

Hojas para la recogida de firmas que se repartieron por establecimientos de varios municipios. A la derecha, Isabel Eitor ante su vivienda.

La familia formada por Gerardo Carou, Isabel Eitor y su hijo Hugo, de ocho años, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar que la ??presión social? consiga lo que hasta el momento parece inevitable: el derribo de su vivienda, situada en el número 5 de O Rial y sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que había fijado como fecha límite para cumplir el fallo el pasado 31 de enero.
La casa sigue en pie, de momento, y con sus tres inquilinos dentro porque el Concello ha solicitado al juzgado una prórroga mientras se redacta y tramita el proyecto de derribo, que ya fue encargado al Colegio de Arquitectos, y a la espera de que el tribunal fije una nueva fecha para la demolición. ??Cada vez son menos as posibilidades? de legalizar la vivienda, comenta desesperanzado el abogado del matrimonio Carou-Eitor, Xosé Barreiro.

La única forma de conseguirlo sería que algún vecino vendiese a esta familia una franja de terreno para alcanzar los 12 metros de entrada con frente a terreno público, tal y como exige el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Pontecesures. Necesitan adquirir poco más de tres metros. Han sido varios los intentos, pero todos infructuosos. ??O único veciño que está disposto a vender pide un prezo desorbitado, 60 millóns de pesetas por unha franxa duns trescentos metros, que é máis do que valen a construcción e máis a vivenda xuntas. ? unha chantaxe en toda regla?, comenta el representante legal. Añade que otros propietarios se niegan a vender ya que estarían ??amedrentados? por Juan José Llerena Orgaz, un vecino de la zona que denunció la situación irregular de la vivienda e inició este conflicto. ??Hai outras casas que tamén están ilegais, polo que os veciños temen que este home tamén os denuncie e néganse a vender?, explica Xosé Barreiro.

Apoyo social.
En vista de que las posibilidades no son muchas, Gerardo Carou e Isabel Eitor iniciaron hace un par de días una recogida de firmas en Pontecesures y en municipios próximos como Valga, Padrón o Rois. En muchos establecimientos comerciales y de hostelería de estas localidades están a disposición de la gente las hojas para que estampen su rúbrica y se solidaricen con la situación por la que atraviesa esta familia. ??Axúdanos a parar esta inxustiza?, puede leerse en estos papeles. Internet es otra de las vías a través de la que intentan recabar apoyos.

Gerardo Carou ve ??moi inxusto? su caso. ??Vanme deixar sen casa, co neno na rúa, coa miña muller de baixa por depresión e unha hipoteca?, lamenta a la vez que carga las tintas contra el Concello, ya que considera que ??o único que quere é eludir responsabilidades. Estamos rodeados de ilegalidades e só a min me van tirar a casa?. Sostiene en este sentido que el propio Juan José Llerena ­que dio pie a esta situación con la interposición de una denuncia en relación a un camino de servidumbre­ ??non cumpre a lei. Nos últimos anos presentamos varias denuncias contra este señor no Concello, pero non moven un dedo contra el?.

La incertidumbre se ha apoderado de esta familia cesueña. ??Non podemos aguantar máis isto?, afirma Carou Alcalde. ??O que máis sinto é que o meu neno o está pasando muoi mal. ? moi triste que no colexio lle estean a dicir que lle van tirar a casa. Ata tivemos que ir falar cos mestres, porque pasou de sacar sobresaíntes e notables a nin sequera cubrir os exames?, comenta el afectado, que no se cansa de reclamar que se le permita legalizar la vivienda.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Una prórroga para adjudicar el proyecto de derribo da vida a una casa cesureña.

Los propietarios de la vivienda, sita en O Rial, recogen firmas para “parar esta inxustiza”.

Isabel Eitor, su marido, Gerardo Carou, y su hijo. Lucas continúan con el alma en un puño ante la inminente demolución de la vivienda unifamiliar en la que residen, en O Rial, aunque la fecha señalada por el Juzgado para el desalojo y derribo, el pasado 31 de enero, pasó sin que actuase la piqueta. Sobre el inmueble pesa una orden judicial de derribo del TSXG por incumplir las directrices urbanísticas del Plan Xeral, por lo que la licencia concedida en el jaño 2000 fue anulada por este tribunal.
El motivo de este tiempo extra, según explicó el abogado de la familia, Xosé Barreiro, es que el Concello de Pontecesures solicitó al Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra una prórrogar para adjudicar la redacción del proyecto de demolición. Esta medida servirá para posponer la orden judicial, siempre que el juez la conceda. “Contestará este mes, seguro”. De hecho, el próximo martes, se cumplen los cinco días de plazo para que las partes implicadas se posiciones respecto a la solicitud”.
El letrado explicó que la familia solicitó licencia municipal para construir la vivienda y “sempre se seguiron os parámetros do Concello e da dirección de obra”. Sin embargo, un vecino, José Llerena, denunció al matrimonio porque la edificación no se ajustaba a derecho. El pleito continuó hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo le dió la razón. En 2008 el TSXG dictó que la licencia había sido mal otorgada y que, o se legalizaba la construcción, o habría que restituir la legalidad.
La cuestión es que mientras se sucedieron las citas judiciales entró en vigor el PXOM (2003), que exige que la casa tenga una entrada por el frente de 12 metros de anchoi hacia el terreno público, una norma que se incumple en este caso, ya que tiene sólo nueve. “Estamos falando de xente que pediu unha licenza e fixo la casa conforma a ela. Ademais están pagando unha hipoteca” por lo que el derribo les dejará en la calle y con una gran deuda.
A pesar de celebrar “moitas reunións” con el Concello, no se encontró una fórmula jurídica para evitar la piqueta.
“A única opción”(señala el abogado) es que los propietarios de las fincas colindantes le vendan o permuten el terreno necesario para ampliar la entrada, apenas tres metors de longitud. El problema es que los vecinos se sienten atemorizados por el denunciante “e tamén teñen problemas coas súas licenzas. Saben que se lle venden unha franxa pequeniña os pode denunciar a eles tamén”.
Otras fuentes apuntan que la única persona que se prestó a vendersuperficie necesaria pidió un precio muy elevado.
Mientras tanto, la familia ha puesto en práctica una medida para recabar el apoyo popular a través de la recogida de firmas, aunque su eficacia es dudosa frente a la orden judicial. Desde esta semana los pliegos se encuentran en numerosos comercios y establecimientos hosteleros no solo de Pontecesures, sino también de Valga, Padrón y Rois. “Pedimos axuda e a vosa colaboración para evitar o derrubo da vosa casa. Axúdanos para poder parar esta inxustiza”.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 05/02/11

La licencia del año 2000 fue anulada.

Fue en enero del año 2000 cuando el Concello de Pontecesures otorgó a Gerardo Carou e Isabel Eitor licencia para construir una vivienda unifamiliar. Tanto los propietarios como su abogado sostienen que la edificación se ejecutó en base a la legalidad. “A casa cumpre coa normativa e así o di un escrito do aparellador municipal de hai uns anos”, apunta Carou. Sin embargo, un vecino, Juan José Llerena, interpuso un contencioso administrativo contra la pareja y loigró quke los tribunales le dieran la razón. “O que quere é abrir un camiño cando nos tiren a casa”, asegura el afectado. En base a aquella denuncia, un juez anuló la licencia que el Ayuntamiento había concedido para la vivienda y se ordenó la reposición de la legalidad, un período durante el cual se aprobó, en 2003, el nuevo Plan Xeral de Ponteceures. Según esta normativa urbanística la casa necesita tener, como mínimo, doce metros de entrada hacia terreno público.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Maribel Castro: ??Yo no quiero ejecutar la sentencia, pero me obliga el juzgado? .

La alcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro Barreiro, es extremadamente comedida al referirse a la problemática urbanística que rodea a la vivienda de O Rial con orden derribo. Pide la máxima cautela al tratar el tema, dado lo delicado del mismo. ?nicamente se limita a decir que ??yo no quiero ejecutar esa sentencia, pero me obliga el juzgado?.
Para ningún alcalde debe ser plato de buen gusto llevar a cabo la demolición de una vivienda y que esto suponga dejar a una familia sin hogar. Sin embargo, la resolución judicial insta al Concello a ejecutar el derribo de forma subsidiaria ­el coste de las obras correrá a cargo de los propietarios de la casa­ ya que, de lo contrario, el juzgado le impondrá a la alcaldesa sanciones económicas con periodicidad mensual. Estas multas tendrían que ser pagadas por Maribel Castro a título personal, y en ningún caso podría sufragarlas el Concello de Pontecesures.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Gerardo Carou: “Cambiaron o Plan Xeral despois e deixaron a miña casa fóra de ordenación”.

Gerardo Carou responsabiliza al Concello de su actual situación porque les concedieron la licencia para construir su vivienda y, además, “nunca nos pararon as obras. Dixéronnos que seguiramos para adiante”, Recuerda Carou que el actual Plan Xeral de Pontecesures se aprobó con posterioridad en 2oo3, “e deixáronme a casa fóra de ordenación”, critica. Desde su punto de vista, el Concello debía haber adpatado el PXOM “ás casa que xa estaban construídas”, de manera que no quedase ninguna en estado irregular.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Critica en parón de las obras del albergue cesureño.

El BNG de Pontecesures ha criticado la actuación del grupo de gobierno respecto a la paralización de las obras del albergue. El Bloque mantiene que en el pasado pleno se le preguntó a la alcaldesa por este tema y que ella negó tal paralización. “Dous días despois vimos que sacaban na prensa que a obra estaba parada”, por lo que denuncian la falta de información y la división existente en el tripartito.

EL CORREO GALLEGO, 05/02/11