Los propietarios de la vivienda, sita en O Rial, recogen firmas para “parar esta inxustiza”.
Isabel Eitor, su marido, Gerardo Carou, y su hijo. Lucas continúan con el alma en un puño ante la inminente demolución de la vivienda unifamiliar en la que residen, en O Rial, aunque la fecha señalada por el Juzgado para el desalojo y derribo, el pasado 31 de enero, pasó sin que actuase la piqueta. Sobre el inmueble pesa una orden judicial de derribo del TSXG por incumplir las directrices urbanísticas del Plan Xeral, por lo que la licencia concedida en el jaño 2000 fue anulada por este tribunal.
El motivo de este tiempo extra, según explicó el abogado de la familia, Xosé Barreiro, es que el Concello de Pontecesures solicitó al Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra una prórrogar para adjudicar la redacción del proyecto de demolición. Esta medida servirá para posponer la orden judicial, siempre que el juez la conceda. “Contestará este mes, seguro”. De hecho, el próximo martes, se cumplen los cinco días de plazo para que las partes implicadas se posiciones respecto a la solicitud”.
El letrado explicó que la familia solicitó licencia municipal para construir la vivienda y “sempre se seguiron os parámetros do Concello e da dirección de obra”. Sin embargo, un vecino, José Llerena, denunció al matrimonio porque la edificación no se ajustaba a derecho. El pleito continuó hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo le dió la razón. En 2008 el TSXG dictó que la licencia había sido mal otorgada y que, o se legalizaba la construcción, o habría que restituir la legalidad.
La cuestión es que mientras se sucedieron las citas judiciales entró en vigor el PXOM (2003), que exige que la casa tenga una entrada por el frente de 12 metros de anchoi hacia el terreno público, una norma que se incumple en este caso, ya que tiene sólo nueve. “Estamos falando de xente que pediu unha licenza e fixo la casa conforma a ela. Ademais están pagando unha hipoteca” por lo que el derribo les dejará en la calle y con una gran deuda.
A pesar de celebrar “moitas reunións” con el Concello, no se encontró una fórmula jurídica para evitar la piqueta.
“A única opción”(señala el abogado) es que los propietarios de las fincas colindantes le vendan o permuten el terreno necesario para ampliar la entrada, apenas tres metors de longitud. El problema es que los vecinos se sienten atemorizados por el denunciante “e tamén teñen problemas coas súas licenzas. Saben que se lle venden unha franxa pequeniña os pode denunciar a eles tamén”.
Otras fuentes apuntan que la única persona que se prestó a vendersuperficie necesaria pidió un precio muy elevado.
Mientras tanto, la familia ha puesto en práctica una medida para recabar el apoyo popular a través de la recogida de firmas, aunque su eficacia es dudosa frente a la orden judicial. Desde esta semana los pliegos se encuentran en numerosos comercios y establecimientos hosteleros no solo de Pontecesures, sino también de Valga, Padrón y Rois. “Pedimos axuda e a vosa colaboración para evitar o derrubo da vosa casa. Axúdanos para poder parar esta inxustiza”.
DIARIO DE PONTEVEDRA, 05/02/11