La conselleira de Mar pide no prejuzgar un proyecto que solo verá la luz si es viable.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, fue puesta ayer en la tesitura de tener que responder ante el Parlamento por un asunto del que no tiene ningún tipo de competencias: el proyecto de reactivación de la mina de cobre que abarca terrenos situados en los municipios coruñeses de Touro y O Pino. La proximidad de este yacimiento a la cuenca del río Ulla, que vierte sus aguas en esa despensa marisquera de Galicia que es la ría de Arousa, es lo que levantó suspicacias en el sector pesquero y lo que motivó que el BNG interpelara a Quintana por este asunto. Y pese a no tener competencias, la conselleira no escurrió el bulto. Dijo que el proceso de autorización, si es el caso, de la explotación minera está siendo «garantista e rigoroso», por lo que si sale adelante el proyecto será solo porque es viable y no daña el entorno ambiental.
La diputada nacionalista Montse Prado explicó en su intervención que había una «alarma xustificada» de mariscadores, bateeiros y pescadores ante la posible reapertura de una explotación minera a cielo abierto para la extracción de cobre, que puede acabar vertiendo materiales «contaminantes» a la cuenca del Ulla. Por esa razón, y ante la presencia de miembros de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, Prado pidió que Mar hiciera un informe vinculante sobre la mina, en que se hagan prevalecer los intereses del sector pesquero.
Rosa Quintana pidió que no se hagan apriorismos «catastrofistas», y que se actúe conforme a la ley impulsada en su día por el bipartito del PSOE y el BNG, en virtud de la cual se autorizaron con el apoyo de Montse Prado, que era delegada provincial de Industria, «catro proxectos de investigación mineira e once proxectos de explotación».
La alusión provocó un sonoro pataleo en la bancada del BNG, pero Quintana reaccionó sin salirse del guion para explicar que la minería es también una actividad económica «moi importante» para Galicia, pero que solo es viable manteniendo las correspondientes garantías y el respeto al medio ambiente.
Insistió en que la autorización está sujeta a la emisión de 15 informes sectoriales y declaración de impacto ambiental. En tanto no se haga ese trabajo, Quintana cree que no cabe prejuzgar. Así que pidió «prudencia» y «tranquilidade» al sector porque se actuará conforme a la ley.
La Voz de Galicia
