Los grupos de la oposición de Padrón acusan al gobierno local de contratar «a dedo».

El pleno de Padrón aprobó ayer con los únicos votos a favor del gobierno local el primer reconocimiento extrajudicial de crédito de este año, por el que el Concello abonará 306.000 euros en facturas pendientes. PSOE, CIPa y Alternativa por Padrón se abstuvieron mientras que BNG y Veciños votaron en contra.

Los grupos de la oposición coincidieron en achacar una mala gestión económica y «falta de planificación» al gobierno local. No obstante, el alcalde, Antonio Fernández, defendió la «boa xestión», en base, sostuvo, a las propias cifras aprobadas ayer. Explicó que, de los 306.000 euros del reconocimiento extrajudicial, 233.000 corresponden a facturas que entraron en el Concello fuera de plazo, es decir, a partir del 29 de diciembre del año pasado. Y señaló que, de los casi 73.000 restantes, menos de 24.000 son de gastos sin consignación presupuestaria, y el resto, financiados por otras administraciones, como los relativos a los Servicios Sociales, además de otro en una obra que se cubrió con la garantía depositada en el Concello.

También recordó el regidor que PSOE y CIPa tiraron del reconocimiento extrajudicial de crédito cuando formaron gobierno. No obstante, todos los grupos de la oposición fueron muy críticos con la gestión económica de PP y PGD. Reprobaron que cada vez hay más gasto en el Concello y más empresas que trabajan para el mismo, con lo que «imos a peor», en palabras del edil del BNG Xoán Santaló, que echó en falta que esté en marcha un procedimiento para licitar servicios.

Eloi Rodríguez, de CIPa, advirtió de que «hai facturas que rozan a ilegalidade», y pidió que se «controle o gasto». Por su parte, Teresa Rey, de Veciños de Padrón, incidió en la «nefasta xestión do goberno». Recordó que, en siete años de Antonio Fernández y su equipo en el Concello, incluido ahora el PGD, no ha tomado medidas para acabar con la «contratación ilegal», por lo que continuamente «hai facturas reparadas suspensivamente» por el servicio de Intervención. Por ello, la edila no dudó en asegurar que la política económica del gobierno de Padrón está basada «na contratación a dedo de amigos e familiares», frente a la necesidad de licitar servicios.

Reparos de Intervención

Precisamente son esas contrataciones «a dedo» lo que más preocupa al grupo de Alternativa por Padrón (AxP), que pidió al gobierno municipal que dé la oportunidad a más empresas de presentar presupuestos cuando se trate de los trabajos que están por debajo de los 18.000 euros.

Camilo Forján (PSOE) cargó contra PP y PGD por no ser capaces, en mayoría, de aprobar un presupuesto para el Concello. Dijo que hay más empresas que trabajan para el Ayuntamiento cuyas facturas son reparadas por el servicio de Intervención. También llamó la atención sobre el hecho de que el Concello está abonando horas extra a empresas, cuando no puede hacerlo, tal y como corroboró en el pleno el servicio de Intervención. No obstante, el edil que dio la conformidad a esas facturas, Javier Guillán, explicó que corresponden a «traballos puntuais» de limpieza que se realizaban cuando no estaban los servicios del Concello.

Pese a no votar a favor del reconocimiento extrajudicial de crédito, la oposición coincidió en que el gasto está realizado y, por tanto, el Concello debe abonarlo. La oposición puso deberes económicos al gobierno: aprobar el presupuesto, regularizar contratos y licitar servicios, algunos de los cuales se abonan con facturas reparadas por Intervención.

306.000 ?

Facturas

Están sin liquidar y el pago se autorizó en el pleno de ayer.

233.000 ?

Fuera de año

Es el importe de las facturas presentadas fuera de plazo.

23.900 ?

Sin dotación

Es la cantidad gastada sin asignación presupuestaria.El Ayuntamiento destina 50.000 euros para la Banda y la Escuela de Música

La concejala de Cultura, Lorena Couso, se reunió con la directiva de la Banda de Música Municipal de Padrón para reiterarle el «compromiso» del gobierno local con esta formación, de modo que el Concello le destinará 50.000 euros. De esa cantidad, 30.600 euros corresponde a retribuciones por las diferentes actuaciones programadas a lo largo de la temporada, que será igual que la del año pasado, salvo el concierto del día de San Xoán do Raio, 6 de mayo, que se cambiará por otra en el verano. A mayores, el Concello respaldará la actividad docente de la Escuela de Música, aportando 19.700 euros para la contratación de varios profesores.

La Voz de Galicia

Implantación de las cercanías ferroviarias.

Corregir la pertinaz discriminación que padecen los usuarios gallegos del ferrocarril frente a los ciudadanos de otras comunidades se sitúa en la base de la iniciativa que el pleno de Vilagarcía adoptó el jueves por unanimidad. Se trata de una moción que, propuesta a debate por el grupo de gobierno, insta a la Xunta a gestionar la creación en Galicia de un tren de cercanías similar a los que funcionan en Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, el País Vasco, Madrid o Alicante y Murcia. El ámbito que la capital arousana propone para ello es el del eixo atlántico, una de las líneas más rentables de cuantas opera Renfe. La reclamación será planteada ante los grupos parlamentarios del PP, En Marea, PSdeG-PSOE y BNG. Los socialistas, en concreto, anuncian la presentación de una iniciativa en el Parlamento de Galicia.

Independientemente de la vía parlamentaria, la corporación de Vilagarcía pretende poner su petición directamente sobre la mesa de los responsables del operador ferroviario. En último término, son la empresa estatal y el Ministerio de Fomento, que la tutela, los que deben poner en marcha la creación de una jefatura de cercanías para Galicia. Aunque obviamente no tendría demasiado sentido sin una reivindicación explícita de la Xunta.

Hasta un euro más por billete

La ausencia de un cercanías tiene consecuencias directas para los bolsillos de los viajeros gallegos, obligados a pagar hasta un euro más por billete que madrileños, vascos o asturianos por recorridos equivalentes. Claro que este no es el único sinsentido que sobrevuela el ferrocarril gallego, en general, y el servicio que se presta a la ría de Arousa, en particular. Independientemente de las paradas incluidas en el recorrido A Coruña-Vigo, en estos momentos circulan también seis trenes diarios (a razón de tres en cada sentido) que cubren exclusivamente la distancia entre Vilagarcía y Santiago de Compostela. Pues bien, ni siquiera todos ellos hacen escala en Catoira para recoger y depositar pasajeros.

La línea más antigua de Galicia, que todavía permanece operativa, se antoja particularmente propicia para la implantación de un tren de proximidad. Su puesta en marcha permitiría, por ejemplo, establecer apeaderos en Bamio o Valga, además de potenciar las paradas de Catoira y Pontecesures con frecuencias más baratas y numerosas.

La Voz de Galicia

Cecilia Tarela na mobilización do BNG contra a mina de Touro.

O BNG realizou unha nova mobilización contra a mina de Touro nesta ocasión cunha visita-protesta á propia mina que congregou a unha nutrida representación de concelleiros e concelleiras dos municipios afectados por este proxecto de megaminería, que afecta aos concellos de Touro e O Pino, pero tamén ten efectos directos nos concellos limítrofes e da comarca de Compostela e nos municipios regados polo río Ulla que soportaría de cheo a afectación por metais pesados.

Neste contexto, unha ampla representación de responsables municipais nacionalistas dos municipios afectados realizaron unha visita á propia mina, na que tamén participou o deputado pola Coruña, Xosé Luís Rivas. Ademais, dos portavoces en Touro e O Pino, asistiron representantes dos concellos de Teo, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Arzúa, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Vila de Cruces, A Estrada, Pontecesures, Catoira, Vilagarcía, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Cambados, Sanxenxo e O Grove.

Quintana alega que la mina de Touro solo se autorizará si no daña el entorno.

La conselleira de Mar pide no prejuzgar un proyecto que solo verá la luz si es viable.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, fue puesta ayer en la tesitura de tener que responder ante el Parlamento por un asunto del que no tiene ningún tipo de competencias: el proyecto de reactivación de la mina de cobre que abarca terrenos situados en los municipios coruñeses de Touro y O Pino. La proximidad de este yacimiento a la cuenca del río Ulla, que vierte sus aguas en esa despensa marisquera de Galicia que es la ría de Arousa, es lo que levantó suspicacias en el sector pesquero y lo que motivó que el BNG interpelara a Quintana por este asunto. Y pese a no tener competencias, la conselleira no escurrió el bulto. Dijo que el proceso de autorización, si es el caso, de la explotación minera está siendo «garantista e rigoroso», por lo que si sale adelante el proyecto será solo porque es viable y no daña el entorno ambiental.

La diputada nacionalista Montse Prado explicó en su intervención que había una «alarma xustificada» de mariscadores, bateeiros y pescadores ante la posible reapertura de una explotación minera a cielo abierto para la extracción de cobre, que puede acabar vertiendo materiales «contaminantes» a la cuenca del Ulla. Por esa razón, y ante la presencia de miembros de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, Prado pidió que Mar hiciera un informe vinculante sobre la mina, en que se hagan prevalecer los intereses del sector pesquero.

Rosa Quintana pidió que no se hagan apriorismos «catastrofistas», y que se actúe conforme a la ley impulsada en su día por el bipartito del PSOE y el BNG, en virtud de la cual se autorizaron con el apoyo de Montse Prado, que era delegada provincial de Industria, «catro proxectos de investigación mineira e once proxectos de explotación».

La alusión provocó un sonoro pataleo en la bancada del BNG, pero Quintana reaccionó sin salirse del guion para explicar que la minería es también una actividad económica «moi importante» para Galicia, pero que solo es viable manteniendo las correspondientes garantías y el respeto al medio ambiente.

Insistió en que la autorización está sujeta a la emisión de 15 informes sectoriales y declaración de impacto ambiental. En tanto no se haga ese trabajo, Quintana cree que no cabe prejuzgar. Así que pidió «prudencia» y «tranquilidade» al sector porque se actuará conforme a la ley.

La Voz de Galicia