El Concello elabora los nuevos pliegos para la Escuela Infantil y el SAF e informes económicos sobre el coste de la recogida de basuras y el saneamiento.
En política municipal, hay una gran cantidad de trabajo que, pese a no verse, es necesario realizar. Son trámites, procedimientos y burocracias varias que exigen un gran esfuerzo a administraciones normalmente cortas de medios. Como su invisibilidad de cara al público puede hacer olvidar su relevancia, hay muchas de esas tareas que se van demorando inexplicablemente. Y así se plantean situaciones como la que se está viviendo en el Concello de Pontecesures, donde el gobierno local trabaja a marchas forzadas para desatascar la situación en la que se encuentran varios servicios esenciales cuyos contratos están vencidos desde hace años.
Empecemos por el área de Servicios Sociais, en concreto por la escuela infantil y por el servicio de ayuda en el hogar. Explica la alcaldesa Maite Tocino (BNG) que se están redactando los pliegos para sacar a licitación la escuela infantil municipal, cuya concesión está en precario desde que hace siete u ocho años venció el contrato con la empresa que ofrece el servicio. Señala la alcaldesa que con esa firma la comunicación es buena y fluida, pero que dada la situación de precariedad en la que se está prestando el servicio, este se ha visto muy mermado en cuanto, por ejemplo, a la dotación de personal y de material del centro. «A nosa idea é sacar adiante este asunto canto antes e comezar xa o novo curso co contrato renovado», explica Tocino.
En cuanto se haya avanzado un poco en la redacción de este pliego, el gobierno local deberá meterle el diente a otro servicio que funciona, desde hace años, también en precario. Y que resulta tan fundamental como la escuela infantil: ayuda en el hogar. La prestación del servicio está realizándose de acuerdo a un contrato y unos precios completamente desfasados que el Concello quiere actualizar cuanto antes.
«Estamos falando de dous servizos fundamentais para prestar coidados, para axudar ás familias. Estamos falando de servizos que atenden a maiores e persoas dependentes e á cativada de cero a tres anos», explica la alcaldesa nacionalista, quien indica que estar funcionando con los contratos vencidos afecta, para mal, tanto a las personas usuarias, como a sus familias y también a las plantillas, que suelen estar mayoritariamente integradas por mujeres.
Pero los problemas con los contratos van más allá de la cartera de Servizos Sociais: afectan a otros ámbitos que tienen también una gran incidencia en la vida y en la calidad de vida de quienes residen en Pontecesures. Es el caso del servicio de recogida de basuras, que en esta localidad se presta a través de la Mancomunidade Serra do Barbanza. «O contrato entre a mancomunidade e a empresa FCC tamén está vencido», dice Tocino. De hecho, lleva veinte años vencido y ahora, mientras no se resuelve esa situación, se ha acordado actualizar los precios del servicio de recogida y tratamiento de los residuos urbanos, una medida que va a generar problemas —y serios— en las localidades que forman parte de esa entidad, sea como asociadas, sea —como en el caso de Pontecesures— en calidad de clientes. Y es que el recibo de la basura para los nueve concellos que envían sus residuos a la planta de Servia se encarecerá este año en 4,5 millones de euros. En el caso cesureño, eso supondrá doblar la cantidad que mensualmente se abona, que pasará de 15.000 a 30.000 euros.
El incremento ha llevado al Concello de Pontecesures a tomar la decisión de elaborar un estudio económico del servicio, a fin de «saber realmente o que costa a recollida». ¿Cuál es el objetivo? Maite Tocino indica que, de momento, lo único que se busca es tener datos que permitan al Concello tomar la mejor decisión posible, sin que haya ninguna alternativa —la recuperación de la gestión pública del servicio incluida— que esté descartada de antemano.
Un estudio similar se va a realizar sobre el servicio de saneamiento, según explicó la alcaldesa Maite Tocino, que considera fundamental tener sobre la mesa todos los datos para poder garantizar la gestión más eficiente del dinero público.
La Voz de Galicia
