Detenido por robar cobre de la estación de tren de Pontecesures.

El presunto ladrón, que cuenta con antecedentes policiales, cometió el hurto dos veces en un mismo día.

La Guardia Civil ha detenido por un delito continuado de robo a un vecino de Pontecesures de 39 años, que supuestamente robó dos veces en el mismo día cable de cobre y componentes de electrificación en la estación de tren del municipio.

Según ha informado el Instituto Armado, a principios del pasado mes de junio un responsable de Adif denunció en el puesto de la Guardia Civil de Valga que habían sido sustraídos de la estación de Pontecesures cable de cobre y diversos componentes del sistema de electrificación.

El hombre indicó que fruto del robo, que fue cometido en la mañana y la tarde del pasado 2 de junio, se había visto afectado el funcionamiento del paso a nivel ubicado en la calle Sagasta de la localidad pontevedresa y valoró los daños en un total de 11.500 euros.

Los agentes iniciaron una investigación, a raíz de la que pudieron detener al presunto autor de estos hechos, T.A.D.V., quien cuenta con antecedentes policiales anteriores y fue puesto en libertad en dependencias oficiales con la obligación de presentarse ante el Juzgado de Instrucción número uno de Caldas de Reis cuando le sea requerido.

Diario de Pontevedra

Maneiro lleva a la Diputación al juzgado por retirar la ayuda al centro de discapacitados.

El alcalde acusa a Carmela Silva de pretender dejar sin servicio a treinta usuarios del Codi.

El Concello de Valga llevará a la Diputación de Pontevedra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por retirar la ayuda financiera que desde hace cuatro años, con el PP al frente de la administración provincial, venía prestando al Centro Ocupacional de Discapacitados (CODI). La reclamación que presentó el Ayuntamiento contra la supresión de la subvención fue rechazada por el organismo que preside Carmela Silva, de ahí que el alcalde acuse a la institución de “pretender dejar en la calle a nueve trabajadores y dejar de prestar servicio a más de treinta personas discapacitadas de la comarca” . El regidor anuncia, por tanto, que acudirá al Contencioso para “seguir atendiendo a este grupo de personas y defender los puestos de trabajo”. Maneiro echa mano de la ironía y da “las gracias” a Carmela Silva y a todo el gobierno provincial por “su sensibilidad con las personas con discapacidad, por sus formas y su atención”. De no ser por el Concello y su esfuerzo económico para asumir la financiación que no le concede la Diputación, “desde el pasado mes de enero las más de 30 personas de Caldas, Catoira, Pontecesures y Valga que reciben atención en este centro desde hace más de diez años, se verían abandonadas y sus familias desamparadas”, incide Bello Maneiro.

Hace tiempo que el regidor viene denunciando públicamente la “lamentable” y drástica bajada de los fondos provinciales para “un servicio que es único y del que estamos muy orgullosos”. La subvención pasó de 110.000 euros que el Concello recibía anualmente desde 2012 a poco más de 43.000 en este año. Pero la Diputación no se da por aludida y rebota a la Xunta de Galicia la responsabilidad de financiar el Codi de Valga. Así, Carmela Silva exigió recientemente a la administración autonómica que “cumpla sus competencias en cuanto a los servicios sociales municipales”. La presidenta provincial explicó que, “cuando íbamos a poner en marcha todas las partidas dedicadas a políticas sociales, le pedí al secretario que elaborase un informe para aclarar la situación” del Centro de Discapacitados valgués. Este informe de carácter técnico y “basado en la legislación”, establece que “la obligación de las diputaciones es clara en tanto que su asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se refiere únicamente a su modalidad de servicios comunitarios básicos, excluyendo los específicos que son competencia exclusiva de la Xunta”. Añadió Silva que ya “remitimos una carta a la Xunta para exigir que se hagan cargo de estos servicios específicos, porque son su obligación. Nos encantaría poder cubrir este tipo de servicios, pero la ley lo impide, razón por la cual la Diputación no puede prestar ayuda al Codi de Valga”.

La presidenta compara la demanda de Bello Maneiro con la de otros regidores de la comarca del Ulla-Umia, como los de Caldas de Reis o Cuntis. Estos dos ayuntamientos “ya recibieron una carta de Augas de Galicia comunicando que se va a proceder a la limpieza de los caudales de sus ríos”, después de que “la Diputación llevase más de dos meses demandándole a la Xunta que se hiciera cargo”.

Por eso, reitera Silva, “no voy a parar de pedir a la Xunta que cumpla con sus competencias, ahora con el caso de Valga.

Faro de Vigo

Carmela Silva rebota a la Xunta la responsabilidad de financiar el Centro de Discapacitados de Valga.

disva

Ana Pastor durante la visita que hizo esta semana al Centro de Discapacitados de Valga.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, exigió ayer a la Xunta que “cumpla sus competencias en cuanto a los servicios sociales municipales”. Silva se refería así a las críticas vertidas por el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y la candidata del PP al Congreso, Ana Pastor, sobre el recorte en la financiación del Centro Ocupacional para Discapacitados. La ayuda de la Diputación pasó de 110.000 euros a apenas 43.000, un drástico descenso que pone en riesgo la actividad del CODI. La presidenta de la administración provincial explica que, “cuando íbamos a poner en marcha todas las partidas dedicadas a políticas sociales, le pedí al secretario del Pleno que elaborase un informe para aclarar la situación” del Centro de Discapacitados valgués. Este informe de carácter técnico y “basado en la legislación”, establece que “la obligación de las diputaciones es clara en tanto que sus asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se refiere únicamente a su modalidad de servicios comunitarios básicos, excluyendo los específicos que son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia”.

Carmela Silva asegura que ya “remitimos una carta a la Xunta para exigir que se hagan cargo de estos servicios específicos, porque son su obligación”. Añade que “nos encantaría poder cubrir este tipo de servicios, pero la ley lo impide, razón por la cual la Diputación no puede prestar ayudas al CODI de Valga”. La presidenta compara la demanda de Bello Maneiro con la de otros regidores de la comarca del Ulla-Umia, como los de Caldas de Reis o Cuntis. Estos dos ayuntamientos “ya recibieron una carta de Augas de Galicia comunicando que se va a proceder a la limpieza de los caudales de sus ríos”, después de que “la Diputación llevase más de dos meses demandándole a la Xunta que se hiciera cargo”. Por eso, reitera Silva, “no voy a parar de pedir a la Xunta que cumpla con sus competencias, ahora con el caso de Valga”.

Ana Pastor, en una visita electoral al propio Centro de Discapacitados, aseguraba el jueves que “es tremendo que” la Diputación “no priorice los gastos y se hagan inversiones superfluas y folclóricofestivas antes de atender las necesidades más importantes, como las familias con personas con discapacidad”. El Concello de Valga, añadía la ministra de Fomento en funciones, “tiene un presupuesto limitado y está haciendo un esfuerzo muy importante para dar este servicio”. Por eso pidió a la presidenta de la Diputación, que “por favor, reconsidere” este recorte de más del 60% en la aportación al CODI porque “no hay nada mejor que trabajar por las personas que tienen capacidades diferentes”.

Mejoras en caminos

Por otra parte, también en relación a Valga, la Xunta de Goberno de la Diputación dio ayer el visto bueno a una inversión cercana a los 249.000 euros para la mejora de caminos municipales e n Valga. Esta actuación “es la primera que demanda el Concello” que preside José María Bello Maneiro, afirma Carmela Silva, ya que “no solicitó ninguna ayuda para gasto corriente, actividades o empleo”.

Faro de Vigo

El Camino Portugués afronta en mal estado la época de más peregrinos.

Usuarios y ayuntamientos urgen el arreglo de baches y el desbroce de la ruta.

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Unos 45.000 peregrinos hicieron el Camino Portugués a Santiago el pasado año. De ellos, 43.000 se sacaron la Compostela -certificado que otorgan las autoridades eclesiásticas y que acredita haber completado al menos cien kilómetros a pie o a caballo-. Este mes de mayo fueron 6.500. Pero esa tarjeta de visita parece no ser suficiente a la vista del estado que ofrece hoy en día la ruta en el tramo que discurre entre Pontevedra y Pontecesures.

A nueve días del inicio oficial del verano, el Camino sigue con múltiples baches tras los daños que dejaron los temporales del invierno y prácticamente sin desbrozar en los municipios que atraviesa. Usuarios y ayuntamientos, en especial los de Barro y Caldas de Reis, urgen a la Xunta que se ponga manos a la obra, subrayando que ellos no pueden hacer nada sin autorización de Patrimonio y de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), recuerda que en febrero la Xunta solicitó a los concellos un informe de los daños. «O aparellador fixo un informe exhaustivo porque o Camiño cruza Barro de sur a norte. ? un tramo longo con pistas de terra e tamén algunha asfaltada que están cheas de buratos», remacha. Más tarde, en abril, se trató el tema en la Mesa do Camiño de la Diputación, en la que también está la Xunta. Pero todavía no se actuó.

Transitar por una ruta plagada de socavones es molesto para los peregrinos que la recorren andando, pero es «mortal» para los que lo hacen en bicicleta. En cuanto a la limpieza, en Barro se quejan de que solo desbrozaron alrededor de los mojones de los kilómetros. El resto nada. «Hai quince días fíxemolo co noso persoal porque xa son moitos os peregrinos que pasan cada día», subraya el regidor.

Si en Barro los peores tramos son los de la parroquia de A Portela y la zona de Carballal, en Perdecanai, en Caldas ya no se puede llamar Camino al trecho de Ameal, en Arcos da Condesa. El jueves, el alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), se comprometió a arreglarlo con fondos del Concello si la Xunta no mueve ficha. «La competencia es clara y aquí, a pesar de las promesas que se lanzaron, no se hizo nada», apunta el regidor. Quejas que comparte la Entidad Menor de Arcos da Condesa. En Ameal los vecinos que viven al pie de la ruta llevan desde febrero exigiendo con una recogida de firmas una solución. También presenta deficiencias una zona de Carracedo.

Por su parte, la Asociación Amigos do Camiño alude a un «problema de coordinación» entre Administraciones. «Dijeron que hay fondos y la limpieza tendría que estar hecha ya, pero aún estamos a tiempo», señala su presidente, Celestino Lores, que hace hincapié en la importancia de cuidar la imagen del Camino. «Necesita mantenimiento, es algo lógico», reitera.

«Dijeron que hay fondos y la limpieza tendría que estar hecha ya, pero aún estamos a tiempo»

«La competencia es clara y aquí, a pesar de las promesas que se lanzaron, no se hizo nada»

La Voz de Galicia

El GDR de O Salnés incorpora a los concellos del Ulla Umia y a 40 socios privados.

La asamblea del GDR de O Salnés aprobó la incorporación al proyecto de los ayuntamientos del Ulla-Umia, así como el cambio de denominación del organismo que, tras esta fusión, pasará a llamarse de forma oficial GDR Salnés-Ulla-Umia.

De este modo, los municipios que forman parte del GDR son Cambados, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova y Vilagarcía, así como Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga.
Durante el transcurso de la reunión se expuso la necesidad de permitir la entrada de nuevos socios y, de hecho, dieron cuenta de que se sumaron al proyecto otras cuarenta entidades privadas, a través de la asistencia técnica Estratexia Plus.
Asimismo, procedieron a la elección de los directivos que se encargarán de gestionar de forma más directa el día a día de este programa, resultando elegida presidenta la alcaldesa de Meaño, Lourdes Ucha, mientras que el regidor de Sanxenxo, Gonzalo Pita, ejercerá como vicepresidente.
Lourdes Ucha expuso que desde el primer momento la nueva directiva del ya GDR Salnés-Ulla-Umia se pondrá a trabajar para presentar el próximo 2 de julio la candidatura al programa Leader. El objetivo es lograr la mayor subvención posible para los ayuntamientos integrados en el GDR, que se destinarán a ayudas a los emprendedores que favorezcan el desarrollo económico del territorio y la creación de empleo.
El anterior programa, gestionado solo por la comarca de O Salnés, reportó una inversión de 3,9 millones de euros para la ejecución de proyectos y otros 12,5 para reforzar inversiones ya ejecutadas que permitieron crear 280 puestos de trabajo.

Diario de Arousa

Los problemas de financiación ponen en jaque la continuidad del Codi de Valga.

La Diputación rechaza asumir un servicio que, afirma, es competencia de la Xunta.

El Centro ocupacional de discapacitados de Valga (Codi) atiende a 18 usuarios de varios municipios de la zona. Vecinos de Valga, Catoira, Caldas y Pontecesures acuden a unas instalaciones construidas por el Concello valgués y que durante años se han sostenido gracias al apoyo de varias administraciones. Desde el 2012, la Diputación participaba en la financiación de este servicio a través de una partida de «algo menos de cen mil euros». Una cantidad que este año no ha sido liberada por el organismo provincial. Explican desde Montero Ríos que «a Deputación non pode, sen infrinxir competencias, seguir sostendo axuda algunha nesta materia».

La Diputación ya se ha dirigido a la Xunta para pedirle que deje de «ponerse de perfil» en esta cuestión, echando sobre los hombros de concellos y otras administraciones los llamados servicios sociales específicos. En el último pleno de la corporación, celebrado el pasado lunes, el PSOE presentó también una moción en la que instaba al gobierno autonómico a asumir el coste de este servicio.

Fue ese texto el que colmó la paciencia del alcalde de Valga, que «estaba disposto a apoiar esa moción se retirasen a carga política que contiña ao principio».

José María Bello Maneiro (PP) asegura llevar semanas intentando encontrar una solución que garantice el futuro del Codi. Las explicaciones dadas por la Diputación de Pontevedra no le satisfacen. «Atopámonos de repente con que, dende o 31 de decembro, o Concello ten que asumir os custes de persoal», señala. «Dende o ano 2012 foi esa administración a que colaborou para manter este servizo. Queren cambialo porque din que é ilegal… Teño as miñas dúbidas, pero o mínimo é que se senten a falar para buscar unha solución», dice el regidor. Y es que entiende que hay servicios «cos que non se pode nin xogar, nin facer política», y el Codi es uno de ellos.

«Somos o único municipio da provincia que ten un servizo así», asegura el alcalde, quien está dispuesto a presentar un contencioso administrativo si no logra un acuerdo con la Diputación. No parece que vaya a ser posible, porque el organismo provincial señala que todos los informes realizados señalan que esta institución «só ten competencias para apoiar o desenvolvemento e atención dos servizos básicos comunitarias dos concellos».

La Voz de Galicia