Un cesureño recibe una factura de 11.000 euros por hacer llamadas a un 806 para pedir trabajo.

El hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo a cambio de unos códigos que conseguía realizando una serie de llamadas.

Corren malos tiempos para casi todo el mundo. Con el paro encaramado a cumbres históricas y con los sueldos encogiéndose al mismo ritmo que se encogen las empresas, encontrar un puesto de trabajo que permita meter algo de dinero en casa se ha convertido para muchos en una necesidad acuciante. Tanto que en ocasiones los demandantes de empleo se aferran a la más mínima oportunidad, y en algunos casos no toman las prevenciones debidas. Eso es lo que parece haberle ocurrido a D.A.C., un cesureño que ha denunciado ante la Guardia Civil que ha sido víctima de una estafa.

Según explica en la denuncia presentada el miércoles en el cuartel de Valga, a principios de este mes el hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo. Haciéndose con unos códigos (22 en total), el nombre de la supuesta víctima de la estafa entraba en una especie de bolsa de empleo, a través de la cual se pondría en contacto con empresas que contratarían sus servicios.

¿Cómo se conseguían esos códigos? Al parecer, realizando una serie de llamadas a una línea de teléfono que comienza por los dígitos 806. Esto es, una línea de pago cuyas tarifas alcanzan los tres euros por minuto. Para poder hacerse con todos los números que necesitaba para optar al empleo, el ahora denunciante tuvo que realizar numerosas llamadas y rellamadas, que eran atendidas por dos personas que, ante las dudas que iban surgiendo en el denunciante, insistían en que el procedimiento era legal y que en él no había ni trampa ni cartón. En conseguir los códigos que ya obran en su poder consumió un gran número de horas de teléfono. Tantas que ha acumulado facturas que superan los 11.000 euros. Del trabajo prometido, de momento, no hay noticias.

Juzgado de Caldas

El asunto de esta estafa ya ha sido trasladado al juzgado de Caldas, que será el que dirija la investigación sobre lo ocurrido. El protagonista de esta historia no quiso ayer hacer declaraciones al respecto de lo que le ha sucedido. Simplemente, mostró su preocupación por el problema al que se ha visto abocado «por intentar mejorar un poco mi situación». Al sentirse víctima de una estafa, ha llevado el asunto a la Guardia Civil, que deberá retrotraer sus pesquisas a casi un mes, cuando este hombre, en la Red, creyó haber encontrado una puerta hacia un futuro un poco mejor.

LA VOZ DE GALICIA, 23/11/12

Un conductor que circulaba por Valga quintuplicaba la tasa de alcohol.

La Guardia Civil realizó en la madrugada del viernes al sábado un control de alcoholemia en la EP-8502, en el término municipal de Valga. En el transcurso de ese operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo Seat Ibiza que conducía un vecino de Caldas de Reis nacido en el año 1968 y pensionista.

En la primera prueba que se le realizó, el resultado fue de 1,30 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. En el segundo análisis, el nivel de alcohol había bajado hasta 1,26. Quintuplicaba, por tanto, la taxa máxima permitida por la ley, que en conductores no noveles es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado y 0,5 en el caso de que la prueba consista en un análisis de sangre.

Al caldense se le imputa un delito contra la seguridad vial y su caso será visto por el juzgado de Caldas en los próximos días.

LA VOZ DE GALICIA, 11/11/12

Un hombre admite que robó en un bar de Pontecesures, pero alega que lo hizo para cobrar una deuda

Un hombre de Valga, de iniciales D.F.V. fue identificado por la Guardia Civil de esta localidad como supuesto autor de un hurto que se produjo el pasado día 15 en el bar A Pía, de Pontecesures. Cuando los guardias acudieron a tomar declaración a D.F.V., éste manifestó, al parecer, que sí era el autor del hurto, pero que lo había hecho para cobrarse una deuda que según su versión el propietario del bar contrajo con él por un trabajo de soldadura. Se recuperaron parte de los objetos sustraídos, y las diligencias se mandaron a los juzgados de Caldas de Reis.

FARO DE VIGO, 31/10/12

Pontecesures y Valga son los concellos de Ulla/Umia menos favorecidos en las subvenciones de AGADER.

La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) ha concedido 603.075,09 euros en subvenciones para once proyector respartidos entre los siete concellos de la comarca Ulla/Umia, según la resolución del 8 de octubre tras el proceso de selección realizado entre las propuestas presentadas.
El concello más beneficado de la comarca es Catoira, que recibirá 150.000 euros para la rehabilitación y ampliación del Club de Piragüismo. Caldas recibirá 122.186,50 euros para la construcción de dos pozas termales en A Tafona. Portas recibirá 99.127,96 euros para acondicionar un local de uso cultural en el edificio de la Azucreira. Cuntis percibirá 93.216,85 euros para crear un espacio recreativo y de ocio en el ámbito fluvial del río Gallo (55.438 euros) y para humanizar la plaza de la capilla de Santa Magdalena en Meira 37,778,80 euros). Moraña recibirá 83,597,91 euros para otras dos inciativas que son la urbanización de la plaza de O Buelo (31.057 euros) y una ruta biosaludable (el resto).
A Pontecesures le corresponden 34.887 euros en total para paneles solares en el Club Náutico y en el campo de fútbol y también para el aula TIC en el semisótano de la Casa Consitorial (tres proyectos). y a Valga 20.058 euros para un aula de naturaleza en Vilarello.

Recurren la legalización de la casa con orden de derribo.

Vivienda que acaba de ser legalizada por el Concello.

Carlos Lorenzo ­vecino de Pontecesures que reclama la titularidad del terreno en base al cual el Concello acaba de dar licencia a la vivienda de O Rial sobre la que pesa una orden de derribo­ ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Xunta de Goberno Local de legalizar el inmueble. Este acuerdo fue adoptado por el Ejecutivo municipal el pasado 12 de septiembre y notificado al afectado cinco días más tarde, pudiendo interponerse en su contra un recurso de reposición ante el mismo órgano o un contencioso-administrativo en los tribunales de justicia. Carlos Lorenzo ha optado, inicialmente, por la primera opción y el pasado sábado dio entrada en el Concello a su recurso, en el que insiste en ??reclamar a miña propiedade. Non se pode legalizar unha vivenda a costa dos terreos dos lindantes?, afirma.

La polémica envuelve a la vivienda número 5 de O Rial desde hace años. El PXOM de 2003 la dejó fuera de ordenación y un juzgado anuló la licencia que le había otorgado el Concello, ordenando su demolición. Sus propietarios intentaron que algún vecino les vendiese terrenos anexos con los que poder cumplir los requisitos que marca la normativa urbanística, fundamentalmente tener un mínimo de 12 metros de fachada hacia terreno público. Los intentos de compra fracasaron, pero en mayo de 2011 la familia titular del inmueble presentó en el Concello un proyecto de legalización aportando un documento que acreditaría que una parcela colindante sería también de su propiedad, lo que no ha hecho más que añadir polémica y conflictos al proceso.

Carlos Lorenzo presentó en los juzgados de Caldas a finales del pasado año una denuncia por la supuesta usurpación de esa parcela, reclamando su titularidad y aportando documentación que respaldaría su versión. Esta cuestión está todavía pendiente de resolución por vía judicial, sin embargo el Concello ha optado por no aguardar a que se aclare el litigio y el pasado 12 de septiembre aprobó la concesión de la licencia a la vivienda, solicitando además al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra que anule la orden de demolición que pesa sobre la edificación. La legalización de la casa llegó tan solo unos días antes de que finalizase el último de los plazos fijado por el juzgado para que el Concello procediese a la demolición de la casa. Este plazo remataba el pasado domingo, 30 de septiembre. El alcalde cesureño, Luis Álvarez Angueira, ya fue multado con 1.200 euros por haber incumplido en una ocasión la orden de derribo, advirtiéndole además la jueza sobre nuevas sanciones e incluso su posible imputación por desobediencia.

Carlos Lorenzo afirma que ??non se pode entender como o Concello, sabendo que todo isto está en litixio, outorga licenza á casa sen esperar a que os tribunais resolvan?. El concejal de Obras, Ángel Souto, argumentó hace unos días que legalizaron el inmueble porque ??cumpre todos os requisitos?, los informes técnicos ??son favorables? y, de no hacerlo, podrían incurrir ??nun caso de prevaricación?.

El próximo 31 de octubre en el Juzgado de Caldas se celebrará un interdicto para dirimir, de forma provisional, quién es el propietario de la finca, después de que los dueños de la casa ejecutasen en la zona obras de urbanización que eran imprescindibles para lograr la licencia.

DIARIO DE AROUSA, 02/10/12

Recurren la legalización de la casa de O Rial por el litigio de los terrenos.

Carlos Lorenzo Grela, el vecino de Pontecesures que se atribuye la propiedad de una parcela utilizada por la familia Carou/Eitor para regularizar la situación de su vivienda en O Rial, ha recurrido la decisión de la Xunta de Goberno Local de legalizar el inmueble. De hecho, el litigio sobre la titularidad del terreno ya está en los tribunales.
La última palabra sobre el futuro del edificio, cuyo plazo de derribo finalizaba el pasado 30 de septiembre, la tiene el Juzgado Contancioso Administrativo número 3 de Pontevedra.
Sin embargo, antes de que esta decisión se haya conocido, el Concello deberá resolver el recurso de reposición interpuesto por Lorenzo Grela. El acuerdo data del 12 de septiembre, aunque no le fue notificado hasta el 17. Un día después comenzó el plazo para recurir y este vecino no esperó más para realizar el trámite.
«Fágoo para reclamar a miña propiedade. Non se pode legalizar unha vivenda a costa dos tereos dos lindantes», manifestó.
Asimismo, se pregunta por qué los propietarios de la vivenda llevan nueve años sin poder legalizarla, «se sabían que a finca era deles». La misma cuestión se plantean los vecinos de la villa.

POR QU? AHORA.
Casi una década después de la construcción de la casa, no fue hasta este año que la familia Carou/Eitor pudo adaptar la entrada de la finca a las exigencias del PXOM, mostrando una documentación sobre la parcela utilizada que contrasta con la aportada por Lorenzo Grela.
Este tampoco entiende «como o Concello, sabendo que todo está en litixio, da unha luicenza sen esperar a que resolvan os tribunais».
El próximo 31 de octubre tendrá lugar en el Juzgado de Caldas un interdicto. El afectado llevó el caso a los tribunales cuando los propietarios de la vivienda metieron las máquinas en la finca que, afirma aportando documentación, es de su propiedad, para urbanizar la zona.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 02/10/12