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Jaime Maiz durante el juicio por asesinato en la Audiencia de Pontevedra.

La Audiencia Provincial de Pontevedra envió la semana pasada el informe de petición de indulto de Jaime Maiz, el exguardia civil que fue condenado a 19 años de cárcel por asesinar a su expareja, la valguesa Mari Luz Posse. La familia de la víctima ha rechazado con vehemencia la petición, de hecho, presentó el correspondiente recurso que ahora va adjunto a la documentación que los magistrados acaban de remitir al Ministerio de Justicia pues, cabe recordar, el indulto es una medida de gracia concedida únicamente por el Consejo de Ministros.
Uno de los abogados de la familia de Posse, Laureano Barreiro, confirmaba ayer este extremo y trasladaba el pesar de los padres, hermanos e hijos de la fallecida por que su asesino siga insistiendo en conseguir la libertad cuando existe una sentencia condenatoria y firme, ratificada incluso por el Tribunal Supremo.

El exguardia civil, que en 2007 mató de un tiro en la cabeza a la que había sido su pareja, no desiste en su empeño de abandonar la prisión militar de Alcalá de Henares donde ha cumplido algo más de año y medio de prisión de una condena de 19. Es más, su abogado llegó a solicitar la libertad en tanto no se resolviera su petición de indulto que una vez instruída queda en manos del poder ejecutivo.

Según Barreiro, la familia no puede hacer más que esperar a que el Consejo de Ministros aborde la solicitud y en caso de concedérsela no cabe ningún tipo de recurso más que el rechazo personal hacia la decisión. Para ello, sus componentes deberán tener en cuenta los argumentos en contra expuestos por este letrado, así como la postura del Ministerio Fiscal, al que también se dio traslado del inicio del expediente.

El jurista de la familia Posse Fernández explicó que no existen plazos concretos, no obstante, si las autoridades estatales no dan contestación en un año se consideraría que existe un silencio administrativo negativo, es decir, la no concesión de este perdón. Este es el fin deseado por los familiares de la víctima para un proceso que, consideran, se está prolongando más de lo necesario, y que necesitan sobre todo para evitar la angustia que les embarga con cada movimiento de Maiz, siempre dirigido a librarse de la condena. De hecho, esperan que el Estado tenga en cuenta la exposición de motivos en contra reflejados en ese informe que ahora está en sus manos.

En él, Barreiro desmonta uno por uno los argumentos expuestos por la defensa del ferrolano como que está estudiando la carrera de Derecho en prisión, una hoja de servicios como guardia civil limpia, que no intentó eludir la prisión cuando quedó en libertad, a causa de un error judicial, o que la concesión del indulto es �??fundamental�?� par a su reinserción social, familiar y laboral. En primer lugar, el letrado rechazó que el hecho de que Maiz curse estudios universitarios �??non é sinónimo de que existan posibilidades reais de reinserción�?�. Asimismo expuso que el hecho por el que fue condenado es �??sumamente grave�?� y subrayó que, lejos de comportarse como una agente de la ley, �??se prevaleceu da súa condición para impedir a denuncia que a vítima pretendía facer contra el no cuartel, intimidándoa e gritándolle�?�. En este sentido, el jurista también insistió en que el condenado continúa invirtiendo dinero en alimentar procesos como este y, sin embargo, aún no ha retribuido ni un euro, dice, de las indemnizaciones estipuladas por el juez para la familia de Posse.

DIARIO DE AROUSA, 20/03/12