El Juzgado de Padrón debe decidir si abre juicio oral por el despido del gerente de la Fundación Cela.

El Juzgado número dos de Padrón ha escuchado esta mañana en audiencia a las partes personadas en el procedimiento abierto por el abono de una indemnización de 150.000 euros por el despido en el año 2010 del director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Iria-Flavia, por el que están investigadas cuatro personas por un presunto delito de malversación de caudales públicos: el propio Tomás Cavanna, la que entonces era presidenta de la entidad Marina Castaño, el expatrono Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de la entidad cultural.

La cita judicial, a la que solo han asistido los representantes legales de los investigados, tenía como finalidad formular si el Juzgado abre juicio oral por los hechos denunciados y si este se celebra en un juzgado ordinario o en la Audiencia Provincial, en este último caso con un Tribunal del Jurado, tal y como ha explicado el abogado Xosemaría Rodríguez, que ejerce la acusación particular en nombre de Lola Ramos, la vecina de Iria de la que parte de la denuncia.

Tanto Xosemaría Rodríguez como el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado han solicitado a la jueza la apertura de juicio oral y con jurado, según ha dicho el abogado. Este también se ha referido al «afán dilatorio» del procedimiento por parte de una de las defensas de los acusados, que solicitó nuevas pruebas para que se llame a declarar a los patronos que estaban en la fundación cuando se acordó el despido y la cantidad de la indemnización.

Por su parte, Evaristo Nogueira, representante legal de Dositeo Rodríguez y de su hija Covandonga Rodríguez, se ha ratificado en lo que viene diciendo en todo el procedimiento, de que «non hai indicios para a apertura do xuízo oral» y de que la operación del despido de Tomás Cavanna se hizo con «total e absoluta transparencia».

Para ello, el abogado se ha referido a dos «feitos positivos que corroboral a nosa tese», en alusión a que los «hipotéticos prexudicados» por el despido, la Xunta y la propia Fundación Cela, según ha dicho, no se personaron en la causa como acusación porque «non se sinten prexudicados», según Evaristo Nogueira, para quien ello avala la tesis de las defensas de que el despido se hizo «con total e absoluta transparencia e legalidade».

A mayores, el representante de Dositeo Rodríguez y de su hija, ha asegurado que esta causa no cumple con los requisitos de la Ley del Tribunal del Jurado por lo que ha solicitado el sobreseimiento de la misma y, de forma subsidiaria, que, de seguir adelante, lo haga en un jurado ordinario.

Esta defensa solicitó, además, que el Juzgado de Padrón llame a declarar a los patronos que estaban en la fundación cuando se hizo el despido, pero la jueza lo rechazó por lo que está recurrido en la Audiencia y pendiente de respuesta por parte de la misma. De aceptarlo, anularía la audiencia preliminar de hoy.

Evaristo Nogueira también ha explicado que tienen hecha una prueba «pericial moi municiosa» de un catedrático de Derecho Laboral que avala la cuantía de la indemnización abonada a Tomás Cavanna y que esta incluso podría ser «moito máis grande» si se decidiera en un Juzgado de lo Social.

A la espera de la resolución de ese último recurso de apelación presentado en la Audiencia, el Juzgado de Padrón deberá decidir en los próximos día si abre juicio oral o no y si el procedimiento sigue con Tribunal del Jurado o en un juzgado ordinario.

La Voz de Galicia

Una discusión por la poda de unos árboles acaba en el juzgado y el fiscal pide 21 meses de cárcel.

Un año y nueve meses de cárcel y una indemnización de 3.080 euros es la pena a la que se enfrenta el acusado de un delito de lesiones que juzgará el próximo miércoles la Audiencia en Santiago, un caso derivado de una discusión entre vecinos en Padrón por la poda de unos árboles.

Los hechos se produjeron hace ahora un año, sobre las 16.30 horas del 7 de abril del 2016. C. G. O. estaba en una finca situada en la padronesa parroquia de Herbón cuando se le acercó J. M. P. G. para recriminarle que las ramas de los árboles que estaba cortando estaban dentro de su terreno. Según la Fiscalía, tras intercambiar unas palabras, el acusado le propinó varios puñetazos en el rostro y en el pecho, por lo que el agredido cayó al suelo.

Como consecuencia de los golpes, J. M. P. G. sufrió traumatismo y fractura de la nariz, heridas de las que tardó 35 días en curar, de los que ocho estuvo de baja. Además, le ha quedado como secuela un ligero hundimiento en el tercio medio de la cara lateral izquierda de la pirámide nasal.

El juzgado toma hoy declaración a los testigos de las comisiones que se investigan en Valga.

A pesar de que las declaraciones en calidad de investigados del alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y seis concejales populares han sido pospuestas, si pasarán por el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, como testigos, el interventor y el secretario del concello. Lo harán a lo largo de esta mañana, al fin de esclarecer la legalidad de las comisiones de coordinación que los populares llevan realizando, a razón de una reunión por semana, desde 1992.

La declaración de los populares, por su parte, se verá pospuesta hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. Más concretamente, la acusación pública ha pedido un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local sobre la legalidad de la constitución de las comisiones que se investigan.

Además, la causa también se ha declarado compleja, lo cual garantiza contar con un plazo de 18 meses para su instrucción. La denuncia fue puesta por el PSOE local, que calcula que lo cobros de estas dietas ascienden hasta el medio millón de euros.

La Voz de Galicia

Un hombre se enfrenta a 30 meses de cárcel por romper una cerveza en la cara a otro en un pub de Pontecesures.

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide dos años y medio de prisión para un hombre que golpeó con un botellín de cerveza a otro en la cara en un pub de Pontecesures. Los hechos se remontan al 6 de julio de 2014 de madrugada. Según la acusación el imputado, R.R.G., golpeó a R.M.M. con violencia en el rostro con ??evidente ánimo de menoscabar su integridad corporal?. El acusado lo hizo, según él, después de que R.M.M.
golpease a su sobrino, A.C.R. en la cara minutos antes. A consecuencia del impacto del botellín de cerveza contra su rostro el agredido sufrió profundas heridas tanto en la mejilla izquierda como en la rariz, con un colgajo en la aleta izquierda. También había golpes superficiales en la mejilla derecha y en la región malar de este mismo lado. En total, según apuntan los informes judiciales, las heridas tardaron en curar 96 días. Además, añade la acusación, a R.M.M. le quedaron secuelas como un síndrome de estrés postraumático leve y un ??importante perjuicio estético? por las cicatrices que le quedaron.

El fiscal considera que la agresión, para la que R.R.G. empleó una botella de cristal, constituye un delito de lesiones dolosas cualificadas. De hecho las lesiones están agravadas por el instrumento que se utilizó, que se considera peligroso. A mayores de los dos años y medio de cárcel el fiscal también pide para el imputado una indemnización de 3.198 euros por los días de incapacidad del agredido y 17.800 euros por las secuelas psicológicas y estéticas derivadas de la citada agresión.

Para el agredido
El Ministerio Fiscal apunta a mayores que unos momentos antes de la dura agresión R.M.M. había golpeado en la cara a A.C.R. que, según el informe del fiscal, sufrió una contusión y una inflamación que tardó tres días en curársele. Esta actuación es considerada una falta de lesiones dolosas por la que R.M.M. se enfrenta al pago de una indemnización de casi 1.000 euros.

El juicio, que procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, se celebra este martes en la Audiencia Provincial.

Diario de Arousa

Posponen la declaración del gobierno de Valga investigado por malversación.

El PSOE considera que el aplazamiento «entra dentro de la normalidad» y apunta que los citados para el 5 de abril tendrán que rendir cuentas

Los integrantes del gobierno conservador de Valga y los integrantes de la pasada lista electoral del PP que figuran como investigados en un presunto caso de malversación por participar en las llamadas «Comisiones de coordinación», tendrán que esperar para prestar declaración. La mayor parte de los implicados en este proceso iban a hacerlo mañana en el Juzgado de Caldas, pero su comparecencia se ha pospuesto.

La magistrada encargada del caso retrasa la toma de declaraciones al alcalde José María Bello Maneiro y su equipo a la espera de que el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra emita un informe sobre la legalidad de las «Comisiones de Coordinación» desarrolladas y pagadas durante los últimos años.

El PSOE valgués, liderado por María Ferreirós e impulsor de la denuncia que dio pie a este proceso, aclara que la toma de declaraciones «no fue suspendida, sino simplemente pospuesta, porque el Ministerio Fiscal considera que es precisa la práctica de diligencias de investigación penal y, por tanto, solicita más información sobre la legalidad, proporcionalidad y cobro de las comisiones».

Los testigos que estaban llamados a declarar para el 5 de abril parece que tendrán que hacerlo de todos modos.

Los socialistas también quieren dejar constancia de que el Ministerio Fiscal se opone a la solicitud de sobreseimiento libre de la causa planteada por dos de los investigados y que la juez acepta lo propuesto por fiscalía en el sentido de declarar la causa como «compleja», ampliando el plazo de instrucción desde los seis a los dieciocho meses.

Reacciones del PSOE

Por todo ello, en el PSOE de Valga aseveran que «estas diligencias entran dentro de la normalidad más absoluta en un proceso judicial de esta importancia».

En el grupo de María Ferreirós muestran sus deseos de que la justicia «sea ágil y todo se aclare lo antes posible».

Asimismo, «en caso de determinarse que existió un delito, los importes económicos cobrados deberán ser reingresados en las arcas municipales», sentencian los socialistas.

Faro de Vigo

Un informe pericial retrasa la declaración del alcalde de Valga y los ediles investigados.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y los ediles del PP investigados por el presunto cobro irregular de comisiones y asistencias no declararán mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, como estaba previsto. La Fiscalía de Pontevedra ha requerido de un informe pericial que, en un plazo máximo de 30 días, deberá emitirse desde el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. El objetivo es que se emita una resolución jurídica sobre la ??legalidad?, o no, ??de la constitución de las Comisiones de Coordinación de delegados realizado por el Concello de Valga durante los últimos años?.

La petición de este informe no paraliza el proceso, pero sí incrementa el período de instrucción hasta los 18 meses. De hecho desde el Juzgado de Instrucción han atendido la petición del Ministerio Fiscal y advierten que las declaraciones de los investigados previstas para mañana 29 de marzo y para el próximo 5 de abril quedan ??sin efecto?. Eso sí, ello no implica que, tal y como indican desde el Juzgado, ??puedan volver a ser citados a la vista del resultado de la diligencia?. Una referencia clara al informe pericial que ahora se reclama y que pasaría a engrosar la documentación sobre un asunto que mantiene en vilo al actual regidor y a parte de su equipo.

Los conservadores, con el alcalde a la cabeza, están investigados por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y por la posible comisión de un delito de malversación de caudales o efectos públicos, tal y como reza el informe del Ministerio Fiscal. Los denunciantes entienden que la convocatoria de las citadas ??Comisiones de Coordinación? excedían en todo caso las facultades de autoorganización que pueden tener las corporaciones locales o el propio alcalde. Una composición que, dicen los denunciantes, no se adecúa a la proporcionalidad de las distintas formaciones integradas en el Pleno. La percepción de dietas por asistencia también está en cuestión.

Diario de Arousa