Sindicato y empresas alcanzan un acuerdo para las indemnizaciones de Novo y Sierra.

La plantilla de Novo y Sierra se manifestó contra los despidos.

Sindicatos, representantes de personal, empresarios y administradores concursales de Novo y Sierra alcanzaron ayer un acuerdo sobre las indemnizaciones que recibirá la plantilla por sus despidos. Cobrarán 26 días por año trabajado, con un máximo de quince mensualidades y media.

El acuerdo se alcanzó pese a que no resulta nada satisfactorio ni para los trabajadores ­algunos de ellos votaron en contra de firmar el documento­ ni para los sindicatos, que pretendían lograr unas indemnizaciones algo más elevadas para los 36 empleados que serán despedidos, puesto que la empresa solicitó en el Juzgado de lo Mercantil un expediente de regulación de empleo para echar a toda la plantilla y cesar la actividad de la fábrica de ladrillo.
Juan Fajardo, de Comisiones Obreras, confirmaba que ??o acordo non satisface as nosas expectativas pero, ante a posibilidade de que o xuíz adoptase unha decisión unilateral que fose máis perxudicial para os traballadores, optouse por firmar. O risco era bastante grande en caso contrario?, sostiene. El sindicalista incide en que el acuerdo está ??condicionado por unha lei concursal inxusta, que deixa aos empregados con pouca capacidade de defensa cando unha empresa presenta un concurso de acreedores?.

Debido a estas dudas que suscitaba la oferta planteada por los administradores concursales de Novo y Sierra, durante la reunión se hicieron varios recesos para que los responsables sindicales se comunicaran con la plantilla ??e así debatir os pros e os contras? de aceptar o no la propuesta. Al final, la decisión no fue unánime pero eran mayoría los que respaldaban el ??sí?.

Con este acuerdo los trabajadores de más antigüedad en la empresa cobrarán alrededor de 5.000 euros por encima del mínimo legal. Además, en caso de que la empresa continuara con su actividad, quedó comprometido por escrito que se echará mano de la misma plantilla. Lo que no recoge el acuerdo es ningún plazo para que se haga efectivo el pago de las indemnizaciones, ya que ??iso está suxeito ao proceso de liquidación da empresa?, explica Fajardo.

DIARIO DE AROUSA, 06/06/09

La familia de la valguesa, Mariluz Posse, pretende demostrar que el guardia tenía plenas facultades cuando disparó.

Jaime Maiz Sanmartin, durante una celebración de la familia de su ex pareja.

´Aunque bebiera, no le tembló el pulso´

“Disparó contra mi hermana sin que le temblase el pulso. No le va a servir de nada que la prueba de alcoholemia diese 0,85 gramos por litro de sangre. Vamos a hacer todo lo posible para que cumpla la pena máxima”. Así se expresan los hermanos de María Luz Posse, muerta de un tiro hace casi año y medio a manos de su ex pareja, el agente de la Guardia Civil, Jaime Maiz Sanmartín, que espera en la cárcel de Monterroso, a que se celebre el juicio. La familia le imputa asesinato y pretende que la sentencia establezca una pena de entre quince y veinte años de prisión.

Los tres hermanos de Mariluz Posse, muerta de un único y certero disparo dentro del cuartel de la Guardia Civil de Cambados cuando iba a denunciar a su ex novio por acoso, están preocupados por la resolución de este caso, especialmente desde que tuvieron conocimiento de que una de las pruebas forenses determina que el guardia civil Jaime Maiz Sanmartín dio positivo en alcoholemia, 0,85 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido si se conduce un vehículo. Pese al informe, creen que existen pruebas suficientes para que este hombre cumpla la pena máxima relativa a delitos de sangre, bien por homicidio o por asesinato.
La indignación de la familia es patente desde el primer momento de la conversación que FARO mantuvo con ellos. “Merece la cadena perpetua” asegura Isabel Posse, mientras que su hermana Pilar quisiera ir más lejos. Pero no por ello piden un cambio de las leyes. Sólo reclaman “justicia” y que se actúe con más celeridad. “No parece normal que se haya tardado tres meses en expulsarle del cuerpo de la Guardia Civil, por mucho que se trate de una actuación de la Administración”, explica con enojo Pilar.
Antonio, por su parte, se queja también de que el caso de su hermana haya quedado en el olvido. “Al principio me ofrecieron ayuda muchas instituciones, pero todo se ha quedado en palabras vacías”, recuerda con dolor.
Ahora aparecen nuevos obstáculos en el camino además de la prueba positiva de alcoholemia. “En el Juzgado han rechazado como testigos al hijo mayor de Mariluz y a una amiga, cuando tienen mucho que decir”, expresa Antonio que espera que prospere la alegación que suscribe su letrado y el Fiscal en contra de dicho criterio.
Pero a la vez tienen un hilo de esperanza de que las aguas vuelvan a su cauce y todas las pruebas se interpreten en su justa medida. “Jaime Maiz no era un bebedor ocasional ni tuvo un arrebato después de tomar diez tazas de tinto en la cena, cuatro cubalibres y varios güisquis, sino que es bebedor habitual”, aseguran. Por ello, insisten, “el día que se produjo el crimen, ni siquiera titubeó al disparar. Subió al tercer piso del cuartel, donde tenía su vivienda, y en menos de tres minutos volvió a la entrada con la pistola cargada, y disparó con todo el coraje del mundo”.
Creen que la acción fue totalmente premeditada y que no fue un arrebato del momento, sino que esperó a obtener de nuevo la licencia de armas para actuar de esa forma.
Insisten en que Maiz se sentía muy dolido porque Mariluz decidió romper la relación, después de varios meses de convivir con indecibles momentos de supuesta tensión y violencia.
El hijo mayor de Mariluz Posse llegó a denunciar al compañero de su madre después de presenciar una acaloradísima discusión. Luego, recuerda la familia, retiró la denuncia porque “así se lo pidió mi hermana”.
La relación se fue enfriando y un día “mi hermana decidió echarlo de casa”. Según afirman, este hecho nunca se lo perdonó. “La acribillaba a mensajes de móvil, la advertía en su puesto de trabajo, delante de sus amigas y el último día en la discoteca en la que coincidieron”, recuerdan las dos hermanas.
Jaime Maiz acaba de reincorporarse al puesto en el cuartel de Cambados tras pasar un año de baja por ansiedad y estrés. Hacía sólo un mes que había recuperado el permiso de armas y la pistola, aquel día, la tenía en su casa, según todos los indicios cargada.
La familia cree que los hechos pudieron haber sido evitados y critican que se haya podido producir dentro del propio cuartel. A su juicio fue una “grave irresponsabilidad” que se haya violado la seguridad de estas instalaciones y, sobre todo, que se haya permitido que “Mariluz y Jaime Maiz se hubieran encontrado en la recepción del cuartel”. “Es como si ponen a una fiera delante de la que puede ser su presa”, explican gráficamente.
En los últimos días han avanzado en parte las diligencias que se instruyen en el Juzgado de Cambados, mientras que Maiz continúa preso en la prisión de Monterroso (Lugo).

FARO DE VIGO, 03/05/09

Otro menor procesado fue absuelto porque no participó en el acto delictivo.

El Ministerio Fiscal también solicitaba condena para un cuarto menor de Pontecesures al que consideraba implicado en los hechos vandálicos descritos. Sin embargo el titular del Juzgado de Menores número 1 de Pontevedra decidió absolverlo al considerar que no participó en la rotura de la balaustrada. En la sentencia se indica que este joven “estaba sentado en frente de donde ocurrieron los hechos, sin haber tomado parte en ellos”. Además, los otros tres menores exculparon a su compañero. En sun declaraciones coincidieron en asegurar que el joven absuelto no estaba implicado en los destrozos, ya que en ningún momento se acercó a la barandilla.

DIARIO DE AROUSA, 14/02/09

Cazado en la autovía del Barbanza a 196 kilómetros por hora.

Las fuerzas de seguridad lo califican de “acto de salvajismo vial” ··Se detectó a las 18,15 horas del pasado martes

La Guardia Civil de Tráfico ha sorprendido al conductor de un turismo Ford Focus circulando a 196 kilómetros hora en un tramo de la autovía do Barbanza limitado a 80.

El hecho, que la propia policía califica de “acto de salvajismo vial”, se detectó a las 18,15 horas del pasado martes día de Reyes y es el primero que se detecta en esta carretera la AG-11 desde su inauguración en diciembre pasado.

El imputado, de 36 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Santa Uxía de Ribeira.

EL CORREO GALLEGO, 09/01/09

Una mujer de Cesures reclama sin éxito una deuda a su ex marido y a ella la condenan por insultarlo.

 muller-ponte.jpg

Marina Durán está decepcionada con la Justicia. Después de años peleando en los juzgados para que su ex marido le devuelva el dinero que dice que le debe, no ha visto un euro, pero a ella sí la han condenado diligentemente a pagar una multa por insultarlo.
El matrimonio vivía en un piso en Marín, y para salir adelante, pusieron un bar. El negocio no iba bien, y las relaciones matrimoniales, tampoco. Un día, la Guardia Civil tuvo que presentarse en el bar tras una fuerte discusión entre ambos. «A él tuvieron que sacarlo a la fuerza, y el juez dictó una orden de alejamiento por malos tratos continuos».
Roto definitivamente el matrimonio, Marina se fue a Barcelona, para trabajar en un hospital. Pero quedaban muchos asuntos judiciales pendientes, y tuvo que volver. Nunca le pagó los 300 euros que le tenía que pasar de pensión hasta que se divorciaron. Había un piso adquirido a medias que se quedó el marido, pero según su ex mujer, no pagó la hipoteca. Además, habían pedido un préstamo personal para pagar el cierre de una finca que era propiedad del cónyuge, «y tuve que pagar yo los 2.800 euros, porque me embargaron el coche. ?l se quedó con la finca y yo, sin mi dinero». Como la hipoteca del piso tampoco se pagaba, Marina Durán acabó firmando para que él pudiese venderlo. «Ni pagaba el piso ni la comunidad, y la seguridad social del bar la tuve que pagar yo, y eso ni siquiera se lo reclamé en el juicio».
A mayores, la mujer entregó los 1.685 euros que debían de una tarjeta de crédito, y todavía están pendientes de pago 9.000 euros más de un préstamo. «?l no lo quiere pagar, ni eso ni nada».
«Moroso»
Marina Durán, que ahora vive en Cesures, se cansó de esperar por la Justicia, y harta de todo, acabó contratando los servicios de una empresa de morosos. Pero ni siquiera los profesionales consiguieron que el hombre soltara un duro, así que un día ella, desesperada, lo insultó por teléfono. «Le llamé moroso y estafador y sinvergüenza, y lo reconocí en el juicio, porque eso es lo que es». ?l la denunció y no tardó mucho en llegarle una multa de 120 euros. «Para eso sí que fueron rápidos los jueces», se queja.
Marina quiere empezar su vida de nuevo, pero liquidar las cuentas del pasado parece misión imposible.

LA VOZ DE GALICIA, 24/10/08

Reclaman la limpieza de la franja de protección en Pontecesures.

tiep15f03159611_186952.jpg

Una de las casas afectadas por la arboleda en la zona de Pontecesures.

Dos familias llevan presentados escritos para que se eliminen maleza y árboles sobre sus viviendas desde hace años sin éxito

Dos familias de Pontecesures han presentado varios escritos al Concello ya desde hace más de dos años reclamando que se haga efectiva la limpieza de la franja de protección de los núcleos estipulada por ley, sin éxito alguno. Los afectados temen que algunos de los árboles que se sitúan en el perímetro caigan sobre sus tejados con los temporales del invierno. “Y en verano rezamos para que no haya incendios, porque esto es un peligro”.
Los afectados recalcan que el Concello hace caso omiso a sus requerimientos. “Se limita a quitar la maleza de unos metros de la franja que dicen está en terreno municipal, pero no obliga a los propietarios a cumplir la ley”. Los eucaliptos se encuentran, en uno de los casos casi sobre el tejado de una de las viviendas. “¿Si pasa algo a quién tenemos que reclamar?”. A una de las dos familias afectadas le quemaron hace 12 años la casa por reclamar la limpieza de maleza y que se respetaran los lindes, “ya que el Concello dejó que unos particulares se apropiaran de terreno público. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos si después la Administración no toma cartas en el asunto y hace cumplir la ley? ¿Tenemos que volver al juzgado? Es injusto”.

TIERRAS DE SANTIAGO, 21/10/08