juzgado

La jueza nombra un perito para investigar el consumo de gasoil del Patrol cesureño.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis ha nombrado un perito para practicar la prueba pericial solicitada en su día por el Ministerio Fiscal para comprobar el gasto real del Patrol de Obras del Concello de Pontecesures entre los años 2003 y 2006, después de la querella presentada contra el alcalde de esta época, el nacionalista Luis Álvarez Angueira (candidato a la alcaldía el próximo 22 de mayo) quien está imputado por malversación de caudales públicos. Los querellantes, los ediles no adscritos Luis Sabariz y Alfonso Diz ya comunicaron en la instancia judicial su interés para que se emita dicho informe lo antes posible.
El motivo, dicen, es que «nos consta que se ha acreditado» que el consumo imputado al Parol de obras objeto de la investigación según los tickets emitidos due de 4.396,54 litros en 2003; 4.673, 28 en 2004; 3.826,13 litros en 2005 y de 1.970,08 litros en 2006. Estas cifras haen un total de 14.866,03 litros.
«Sorprende que en 2006, de los 1.970,08 litros, 1.143,65 correspondan al primer trimestre, y sólo 826,43 correspondan a los otros tres trimestres. Pensamos, obviamente, que ocurrió al conocerse la denuncia por los consumos en los medios de comunicación al finalizar el primer trimestre. Eso lo explica todo», subraya Sabariz.
Asimismo afirma que también está acreditado que hay una factura de reparación de este Nissan Patrol (21 de octubre de 2003) en la que figuran 199.900 kilómetros en el cuentakilómetros y otra (31 de marzo de 2006) en la que figuran 218.915 en dicho cuentakilómetros. «Sabemos que el vehículo recorrió en ese tiempo 19.015 kilómetros, para los que hicieron falta 10.369,87 litros de gasoil en ese período según los tickets. El consumo a los 100 kilómetros durante esos casi dos años y medio fue así de 54,35 litros, cifra que estimamos imposible».
Sin embargo, «conocida la denuncia, el descenso fue impresionante». De los 218.915 kilómetros del 31 de marzo de 2006, se pasó a los 223.649 kilómetros que figuran en la factura de reparación del Patrol del 27 de noviembre. «Para esos 4.734 kilómetros entre ambas fechas, se precisaron 649,91 litros. El consumo a los 100 kilómetros, durante esos casi ocho meses, bajó a a 13,72 litros a los 100. Sobran más palabras».

DIARIO DE PONTEVEDRA, 25/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La jueza de Caldas nombra a un perito para continuar con la instrucción del caso del gasoil.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Caldas de Reis, Encarnación Dasi Dorelle, ha nombrado a un perito para practicar la prueba interesada en su día por el Ministerio Fiscal en relación con el caso del gasoil de Pontecesures en el que están implicados el ex alcalde cesureño, Manuel Luis Álvarez Angueira y el ex responsable local del BNG, Xurxo Gerpe. Ambos está imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos a través de los repostajes de uno de los vehículos del departamento municiapl de Obras, un Nissan Patrol que actualmente ya no forma parte del parque móvil del concello.
Luis Sabariz y Alfonso diz, concejales no adscritos de Pontecesures que se querellaron contra el ex alcalde al entender que pudo cometer un supuesto delito, ya han trasladado al juzgado su interés porque el perito emita su informe y lo haga «lo antes posible», teniendo en cuenta que consideran que está «acreditado», que el consumo de gasoil imputado al Patrol fue, según los tickets emitidos de, 4.396 euros en 2003; 4.673 en 2004; 3.826 litros en 2005 y de 1.970 litros en 2006. «Sorprende», dicen ambos ediles, que del consumo de 2006, 1.143 litros correspondan al primer trimestre, mientros que en los restantes nueve meses del año únicamente se consumieron 826 litros. Esto lo achacan los no adscritos a que entonces de hizo pública la denuncia por los consumos en los medios de comunicación y en órganos de la administración local como el Pleno.
Tambie´n consideran «acreditado», en base a las facturas de reparación del Patrol (que incluyen datos del cuantakilómetros) que entre octubre de 2003 y marzo de 2006 el Nissan Patrol recorrió 19.015 kilómetros, para los que hicieron falta, según los tickets de repostaje, 10.369 litros de gasoil. El consumo a los 100 kiloémtros durante esos casi dos años y medio fue del 54,35 a los 100, advierten Sabariz y Diz, que califican este consumo de «imposible». Especialmente si se pone en relación con los datos posteriores. Una vez se hizo pública la denuncia «el descenso fue impresionante». Así entre marzo de 2006 y noviembre de 2006 el Patrol recorrió 4.734 kilómetros para los que precisó 649,91 litros de combustible. El consumo a los 100 kilómetros bajó al 13,72. cons estos datos, concluyen Luis Sabariz y Alfonso Diz, «sobran más palabras».

DIARIO DE AROUSA, 25/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Un cargo copado por los hombres en el que se gana de 100 a 300 euros al mes.

La mayoría de los jueces de paz lo son por devoción porque las retribuciones que perciben no son para echar cohetes. Varían en función de la entidad poblacional del municipio. Así por ejemplo, en los de menos de 5.000 habitantes, como Catoira, rondan los cien euros al mes; en los de más de 5.000, como Meis, unos doscientos euros; y en los de más de 7.000 habitantes, como puede ser Vilanova, las retribuciones no llegan a los trescientos euros.
Los jueces de paz suelen ser vecinos del municipio y casi siempre hombres. En Arousa son siete de diez y la mayoría repiten en el cargo. En algunas ocasiones hasta por quinta vez, pues acumulan más de 20 años en ejercicio, como es el caso de Vilanova.
En cuanto a su grado de formación, varía mucho. La jueza de Meis, por ejemplo, estudió Derecho y el de Catoira llegó a tercero de carrera, pero otros son legos en la materia. En todo caso, todos están asesorados por el personal del juzgado que vela por que se cumplan los procedimientos según la legalidad vigente.

Atención al público
Los horarios de atención al público también varían en función de la entidad del juzgado. Los pequeños, que dependen de los ayuntamientos tienen horarios más restringidos. En Catoira, por ejemplo, el juez solo atiende al público tres horas a la semana, de 10.30 a 12.00 horas, los martes y jueves; en Ribadumia, de 9.00 a 11.00 horas, de lunes a viernes; y en Meis cierran la puerta a las 12.30 horas. Los juzgados dependientes de la Administración de Justicia, como O Grove, Vilanova, Valga, Pontecesures y Meaño, están abiertos toda la mañana.
También hay disparidad en el perfil de los trabajadores de los juzgados. Los hay funcionarios dependientes de la Administración de Justicia y los hay que no tienen este rango y forman parte de las plantillas de los ayuntamientos.
En Vilanova por ejemplo hay cuatro funcionarios de plantilla aunque, actualmente, hay una plaza sin cubrir. Allí han perdido población tras la segregación de A Illa mientras que en Pontecesures atienden a más gente de la que figura en el censo por ser este un concello con mucha población flotante dado su carácter de ciudad dormitorio.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La mujer que denunció al marido por no quedar embarazada.

El trabajo en los juzgados de paz está lleno de rutina: registrar nacimientos y defunciones, realizar notificaciones, tramitar exhortos del juzgado y, en casos más contados, la celebración de actos de conciliación y juicios de faltas. Pero los juzgados no están exentos de un nutrido anecdotario. En Pontecesures, por ejemplo, se dieron hace muchos años dos casos de esos que no dejan de sorprender. El de un hombre que fue a registrar a su hijo y declaró que era de madre desconocida y el de una mujer que denunció a su marido porque no la dejaba embarazada. Hoy el matrimonio tiene varios hijos.
En una ocasión también acudió una mujer que estaba a punto de separarse de su marido y quiso cambiarle el apellido del hijo alegando que su esposo no era el padre. Este se negó y hubo que recurrir a la prueba de paternidad. Finalmente, el vástago cambió su apellido.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La orden de derribo sobre una casa de Pontecesures se aplaza hasta mayo.

El derribo de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de O Rial (Pontecesures) se aplazará, al menos, hasta finales de mayo. El Ayuntamiento cesureño, al que le corresponde realizar los trámites administrativos y la redacción del proyecto de demolición, no ha completado los trámites en plazo y el juzgado le ha concedido una prórroga para poder hacerlo.
Esto le da mayor margen de maniobra a la familia Carou-Eitor que desde hace meses se enfrenta a la situación de poder quedarse sin vivienda. La única manera de salvar su casa es legalizándola y esto pasa por conseguir darle a su propiedad 13 metros de fachada a la vía pública -actualmente solo tiene 8,25 metros-, tal y como exige el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en el 2003. La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia otorgada por el Concello pero la entrada en vigor del PXOM la dejó fuera de ordenación.
La única manera de obtener los metros que le faltan es mediante la compra de terrenos lindantes, pero, hasta la fecha, no consiguieron llegar a acuerdo con ninguno de los posibles vendedores.

Recogida de firmas
No es la única vía que ha explorado este matrimonio cesureño. Hace semanas iniciaron una recogida de firmas por municipios de dentro y fuera de la comarca con el fin de ejercer una presión social que consiga evitar la demolición de su vivienda, ordenada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Llevan recogidas más de 4.000 signaturas y también acudieron al Valedor do Pobo, entre otras instancias.

LA VOZ DE GALICIA, 17/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

El Juzgado concede una prórroga de cuatro meses para la demolición de la casa de O Rial.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha concedido un nuevo plazo de cuatro meses para completar los trámites administrativos de cara a ejecutar la orden de derribo que pesa sobre la vivienda situada en el número 5 del lugar de O Rial y que fue dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Inicialmente, el TSXG había fijado como fecha límite para la demolición el día 31 de enero, un plazo que no se cumplió puesto que el Concello solicitó una prórroga para poder tramitar el proyecto, que fue encargado al Colegio de Arquitectos con un coste de unos tres mil euros.
La concesión de este nuevo plazo por parte del Juzgado de lo Contencioso no sólo amplía el margen para concluir los trámites, sino que también otorga un nuevo período para que la familia propietaria de la vivienda ­el matrimonio formado por Gerardo José Carou e Isabel Eitor, que habitan en la casa unifamiliar junto a su hijo Lucas­ pueda buscar una solución a la situación de ilegalidad del inmueble. La alternativa más factible es conseguir que alguna de las personas que tienen propiedades en las inmediaciones les vendan una franja de terreno para cumplir con la normativa urbanística vigente, que exige 12 metros de frente a terreno público. Son poco más de tres metros los que necesitan estos cesureños, si bien hasta el momento todos los intentos por adquirirlos han sido en vano.

Esto ha hecho que la situación de la familia sea de desesperación. Tal es así que a comienzos del mes de febrero pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de hacer presión social y que esto ayude a que no se ejecute la orden de demolición. Las rúbricas se recogen en la comarca del Ulla-Umia, en otros municipios próximos como Padrón o Rois e incluso en la Costa da Morte o en la zona de O Barbanza. Gerardo Carou confirmaba ayer que el número de firmas que han conseguido hasta el momento superan las 5.000, por lo que la implicación social con su problemática está siendo muy elevada.

La campaña no cesará a pesar de que la concesión por parte del juzgado de un nuevo plazo, que concluye a finales de mayo, abre una pequeña puerta a la esperanza. Y es que, cuanto más se demore la demolición más tiempo tienen para intentar la legalización de la vivienda. Si en estos cuatro meses de margen que ha dado el Juzgado entra por registro en el Concello una solicitud de legalización conforme al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el derribo podría quedar sin ejecutar. De lo contrario, el Concello estará obligado a cumplir la orden del TSXG ya que, de no hacerlo, se impondrían a la alcaldesa multas periódicas que debería abonar personalmente y, en ningún caso, con dinero público.

Gerardo José Carou culpabiliza al Ayuntamiento de la situación en la que se encuentra su familia. La licencia concedida por el Concello en el año 2000 fue anulada por los tribunales tras la denuncia de un vecino. Posteriormente, en 2003, se aprobó el Plan Xeral ??e non tiveron en conta que a nosa casa xa estaba feita. Deixáronnos fóra de ordenación?. Incide, además, en que ??todos os que construiron arredor nosa están ilegais e ninguén fai nada?.

DIARIO DE AROUSA, 15/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace