juzgado

El juzgado condena al Concello valgués por comprar terrenos a un hombre incapacitado.

Los terrenos cuya compraventa ha sido anulada están situados al lado de una rotonda.

La parcela objeto de litigio está en Coto y se utilizó para obras de seguridad vial

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha declarado «nulo» el contrato privado de compraventa de una parcela situada en el lugar de Coto, formalizado entre un vecino de Valga y el Concello. El motivo es que el propietario firmó el documento sin tener bien sus facultades mentales y, en consecuencia, el Concello ha sido condenado a pagar a la familia la cantidad de 5.043 euros ya que resulta imposible restituir el bien a sus propietarios. El terreno en cuestión está al lado de una rotonda construida dentro del proyecto de seguridad vial de los pasos a nivel existentes en el municipio.
La hija del propietario, Elena López Iglesias, denunció al Concello por estos hechos pero sus demandas fueron desestimadas en primera instancia en el juzgado de Caldas. Tras la presentación de un recurso, el caso se trasladó a la Audiencia de Pontevedra que revocó la sentencia anterior y estimó parcialmente los planteamientos de los demandantes.
La parcela objeto del litigio mide 114 metros cuadrados y fue adquirida por el Concello el 19 de febrero del 2009 por valor de 783 euros, a razón de seis euros metro cuadrado y 18 euros la unidad de árbol maderable. El documento aparece firmado por el alcalde y el propietario, que lo hace con una huella dactilar en vez de con la firma manuscrita.
Su hija -el hombre ya falleció- asegura que su padre sabía escribir y que en el momento de la compraventa ya estaba en trámite un expediente de incapacidad.
El tribunal acepta este extremo pues, aunque la sentencia en primera instancia no considera probada la situación de incapacidad, el informe forense acredita que el sujeto «sufría un padecimiento incurable y progresivo y un delírium que determinaban su desorientación en el tiempo y el espacio, falta de memoria y déficit cognitivo». El informe forense también alude a que el hombre no conocía el dinero ni tampoco el nombre de sus hijos.
El Concello valgués ya ha pagado los cinco mil euros que establece la sentencia pero el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y esta familia continúa por otros derroteros.

LA VOZ DE GALICIA, 14/03/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

«Un hombre normal y una familia normal»

El vecino de Catoira detenido por cuatro presuntos atracos es muy conocido en la localidad

El catoirense C.L.G., de 42 años, es muy conocido en la localidad vikinga. Sus vecinos lo definen como «un hombre normal, de una familia normal». No obstante, otros apuntan que «su afición a las tragaperras puede ser el detonante de los robos que comete». Se trata del presunto autor de los atracos cometidos en sucursales bancarias de Caleiro (Vilanova), A Pobra, Pontecesures y Valga, por lo que fue detenido el jueves. De clase media, trabajador durante mucho tiempo como comercial o vendedor, reside con sus padres, su mujer y sus dos hijos, de corta edad.

«Va y viene», decían ayer algunos vecinos de Catoira refiriéndose a las entradas y salidas de la cárcel de C.L.G., un hombre de 42 años con antecedentes delictivos por atracos a sucursales bancarias que cumplió su última pena en 2007, y que el jueves pasado volvió a ser detenido, esta vez por su presunta relación con asaltos cometidos en Caleiro (Vilanova), A Pobra, Pontecesures y Valga.
A los vecinos catoirenses consultados ayer no parece sorprenderles demasiado la detención practicada por la Guardia Civil, aunque también es cierto que apuntan que «se trata de un hombre muy conocido y totalmente normal, salvo por su afición al juego y esos atracos, en los que suele llevarse pequeñas cantidades de dinero».
«Parece que ya está libre de nuevo después de prestar declaración en el juzgado de Caldas», apuntaba ayer otro de los catoirenses consultados.
C.L.G. fue detenido por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. «Entraba en las entidades bancarias en el momento de su apertura al público, camuflado con una peluca y portando bajo la cazadora un arma de fuego, y una vez dentro se dirigía al empleado de la sucursal y, tras intimidarlo con el arma que portaba, exigía que le entregara el dinero que hubiera en ese momento en caja, logrando apoderarse del dinero en efectivo y huyendo a pie», explica la Guardia Civil. Empleando ese modus operandi en los cuatro atracos consiguió un botín de unos 14.000 euros.

FARO DE VIGO, 27/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La Guardia Civil achaca cuatro atracos al hombre de Catoira detenido el jueves.

La investigación comenzó en febrero de 2010, tras el asalto a una sucursal de Vilanova

La Guardia Civil confirmó ayer la noticia avanzada por FARO sobre la detención de un individuo de Catoira al que se considera presunto autor de los atracos a mano armada llevados a cabo en sucursales bancarias de Pontecesures y Valga. Se trata de C.L.G., de 42 años, a quien se considera responsable de cuatro asaltos en otras tantas entidades desde febrero de 2010.
Fue entonces cuando el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, de la Guardia Civil, inició la investigación que finalmente desencadenó la detención de C.L.G. y la recuperación en su domicilio de parte del material que supuestamente empleaba para disfrazarse. Entre ese material había algunas pelucas, sin duda su elemento más característico. Tal es así que la operación policial se bautizó como «Cairel», en alusión a un conocido tipo de pelucas, y este dispositivo se dividió en dos fases.
Así pues, la detención de C.L.G. se produce al amparo de la operación «Cairel II» y sirve para encausar de nuevo a este conocido catoirense, que tiene numerosos antecedentes delictivos relacionados con robos en entidades bancarias, tal y como se informó ayer. Salió de la cárcel en 2007, y habría vuelto a actuar, al menos que sospeche la Guardia Civil, cuando en febrero de 2010 atracó la sucursal del Banco Gallego en Caleiro (Vilanova), donde se hizo con un botín de 4.890 euros.
Posteriormente se produjeron los asaltos a las sucursales de Novacaixagalicia en A Pobra do Caramiñal y Valga, así como a las oficinas de Banesto en Pontecesures. La Guardia Civil aclara ahora que de esos atracos consiguió 14.000 euros.
Las fuerzas del orden confirman, igualmente, que la detención de este catoirense se llevó a cabo en su propio domicilio. Fue registrado, al igual que una zona de monte próxima a su casa, en el Ayuntamiento de Catoira, donde los agentes recuperaron la ropa que había empleado y escondido el atracador, a lo que se suman las pelucas recuperadas y los guantes y la pistola que perdió esta misma semana en su huida de la sucursal de Valga, donde el director se abalanzó sobre él y logró desarmarlo.
Hay que destacar, y así lo hacen desde el Ministerio del Interior, que el individuo detenido y puesto a disposición del Juzgado de Caldas actuaba siempre a primera hora de la mañana, prácticamente en el momento de la apertura al público. Trataba así de evitar la presencia de clientes, procuraba ocultar su rostro y portaba siempre peluca, además de un arma de fuego, que en el caso del atraco frustrado a la sucursal de Valga resultó ser falsa.
Una vez dentro del establecimiento que se marcaba como objetivo, C.L.G. se dirigía al empleado de la sucursal, y tras intimidarlo con el arma que portaba, exigía que le entregara el dinero que hubiera en ese momento en caja, logrando apoderarse del efectivo y huyendo acto seguido a pie, empleando siempre el mismo modus operandi», esgrime la Guardia Civil.
Estaba siendo vigilado
Para dar con este individuo los agentes policiales tomaron declaración a los testigos, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las entidades bancarias y, tras encontrar las primeras pistas sobre la identidad del individuo, lo sometieron «a vigilancias e investigaciones para poder resolver los hechos».
En la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil argumentan que «fruto de una ardua investigación, del estudio y del análisis de las pruebas obtenidas, así como de los datos recabados de las propias víctimas, fue posible intensificar la vigilancia sobre el presunto autor y determinar que se trataba de un conocido atracador de entidades bancarias, con numerosos antecedentes y detenciones anteriores por hechos similares».

FARO DE VIGO, 26/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Los dueños reúnen 4.000 firmas contra el derribo de su casa en Pontecesures.

La campaña continúa en varios municipios de la zona con el objetivo de evitar que se cumpla la sentencia

Los propietarios de la casa afectada por una orden de derribo, en Pontecesures han reunido alrededor de 4.000 firmas en contra de dicha demolición, según informó ayer Isabel Eitor. Y la campaña continúa. Los impresos sobre los que se lee «axúdanos e danos a túa sinatura para poder parar esta inxustiza» todavía se pueden encontrar en numerosos establecimientos de Pontecesures y municipios de su entorno, e incluso en concellos de la Costa da Morte.
Isabel Eitor quiso ayer agradecer el apoyo recibido y apeló a la ciudadanía para seguir reuniendo firmas. Ella y su marido, Gerardo Carou, optaron por recurrir a la recogida de signaturas como medida de presión con el propósito de frenar el cumplimiento de la orden judicial que obliga a demoler su vivienda, situada en la calle O Rial.
La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia del Concello pero la entrada en vigor, posteriormente, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dejó el inmueble fuera de ordenación. La propiedad solo tiene 8,25 metros de ancho de fachada, ocupados por un portal que da acceso al interior de la finca, y la norma exige que sean un mínimo de 12 metros.

Los cuatro metros que faltan
Los propietarios afirman que han hecho múltiples intentos para tratar de adquirir los casi cuatro metros de fachada que le faltan, pero no han logrado que ningún lindante le vendiera terreno.
El asunto se judicializó a raíz de la denuncia de un particular que presentó una demanda por un conflicto surgido con un camino. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a su favor y anuló la licencia municipal, ordenando al Concello reponer la legalidad. Pero la legalidad no se instauró. Ahora, una vez ha expirado el plazo para ejecutar el derribo, el Ayuntamiento cesureño ha solicitado una prórroga al juzgado con el fin de ganar tiempo, pero eso no elimina el problema de fondo.
Ante este panorama, la familia Eitor-Carou optó por dar publicidad a su situación con el fin de encontrar una solución ante alguna instancia, bien sea judicial o institucional. Entre tanto, dicen estar pasando un calvario ante el temor de que su casa caiga bajo la piqueta.

LA VOZ DE GALICIA, 22/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Una pontecesureña insta la primera denuncia por el robo de su hermano en el franquismo.

La mujer compareció ayer ante el juez de Instrucción 3 de Pontevedra para solicitar que se investigue la desaparición en el Provincial, en 1966

Un turbio asunto que permanece en la oscuridad desde hace más de cuarenta años deberá ser investigado por fin por los juzgados de Pontevedra. Una vecina de Pontecesures, María del Carmen Portas, compareció ayer ante el juzgado de guardia de Pontevedra para denunciar la supuesta desaparición de su hermano tras dar a luz su madre en el Hospital Provincial en la ciudad del Lérez en el año 1966.
María del Carmen Portas explicaba a FARO que tomó esta decisión después de que la Fiscalía General del Estado hubiera rechazado abrir una causa general para investigar los casos de «niños robados» e instase a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos. Siguiendo este consejo, esta vecina de Pontecesures acudió ayer a los juzgados de Pontevedra, municipio en el que supuestamente se produjeron estos hechos hace casi medio siglo. Fue la Asociación Anadir la que presentó denuncia ante Conde Pumpido por el supuesto «robo» de 261 bebés en todo el territorio nacional, tres de ellos en la provincia de Pontevedra, dos en hospitales de Vigo y uno en el Provincial.
En este caso, la opción por la que optó Anadir es la de ir recopilando estas denuncias por provincias, trabajo que todavía está desarrollando, por lo que la presentada ayer en los juzgados de Pontevedra por María del Carmen Portas es, con toda probabilidad, la primera de la que se tiene constancia que se presenta ante el juzgado, al menos en la provincia.
Un niño que parecía sano.
Esta vecina de Pontecesures explicaba ayer el caso que vivió su familia. Corría el año 1966. Su madre se había quedado embarazada y llevaba dos días «con dolores del parto». Recuerda que entonces lo habitual era dar a luz en el propio domicilio familiar, pero el doctor del pueblo decidió llevarla al hospital al ver que los dolores persistían y que el parto se retrasaba. «La llevó el propio médico en su coche a Pontevedra y quedó ingresada hasta que esa madrugada finalmente le provocaron el parto utilizando las ventosas», explica. Su madre dio a luz a un bebé de casi cuatro kilos aparentemente sano e inmediatamente «lo sacaron de la habitación, dijeron que para meterlo en la incubadora». Fue la única y última vez que la madre de María del Carmen vio a su pequeño. Pasó la noche y a la mañana siguiente acudieron al Hospital su padre y dos tías suyas para ver al recién nacido. Así fue, el padre y las tías de María del Carmen dieron la bienvenida a su hijo y sobrino en una habitación del Hospital Provincial de Pontevedra en medio de una gran alegría. Luego, tras visitar a la madre, regresaron en el tren a sus casas. «Según lo que ellos vieron y lo que les dijeron, aparentemente quedaban bien tanto la madre como el niño», recuerda esta cesureña.
Al día siguiente el padre regresó a Pontevedra y cuando llegó a la habitación se encontró con su esposa llorando desconsoladamente. Le acababan de comunicar que su hijo había fallecido durante la madrugada. «Mi madre les dijo que si se había muerto que ella quería verlo para despedirse, pero le contestaron que no, que el cadáver ya no estaba en el hospital».
Y entonces fue cuando no le empezaron a cuadrar las explicaciones: «No entiendo por qué no les dejaron ver el cadáver, ni tampoco que ya no estuviera en el hospital a primera hora de la mañana si se murió de noche, ¿cuándo sacaron el cuerpo? ¿en plena madrugada?», dice María del Carmen. «Si se tratase de un niño que tenía alguna deformidad lo entendería, para no impresionar a la madre, pero en este caso no tiene explicación», añade.
María del Carmen Portas afirma sorprendida que hace años descubrió a través de la televisión que centenares de familias en España denunciaban casos similares al suyo y comenzó a investigar. Durante estos años encontró numerosas «anomalías» en torno a la documentación sobre el supuesto fallecimiento de su hermano, como, por ejemplo, que en los registros de los cementerios de Pontevedra no figura ningún soterramiento o que el médico que supuestamente atendió a su madre parece que todavía no figuraba como contratado por el hospital en aquel entonces.
«Que investiguen»
Ahora el juzgado de Pontevedra al que le corresponda estudiar esta denuncia por reparto deberá decidir si la admite o no a trámite. María del Carmen espera respuestas, que «por lo menos acepten investigar», convencida de que su hermano no perdió la vida aquella madrugada de 1966.

FARO DE VIGO, 11/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Una familia cesureña pide firmas contra el derribo de su casa.

La vivienda no reúne los doce metros de fachada a la vía pública que exige el PXOM.

Una familia cesureña pide firmas contra el derribo de su casa
La vivienda, que obtuvo licencia en el 2000, no se ajusta al actual Plan Xeral

La familia formada por Gerardo Carou, Isabel Eitor y su hijo Hugo de ocho años ha iniciado una recogida de firmas con el fin de hacer presión social para evitar el demolición de su vivienda. La casa está ubicada en la calle de O Rial, de Pontecesures, y sobre ella pesa una orden judicial de derribo por no ajustarse a la normativa urbanística vigente.
La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia otorgada por el Concello pero la entrada en vigor, posteriormente, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) la dejó fuera de ordenación. La propiedad solo tiene 8,25 metros de ancho de fachada, ocupados por un portal que da acceso al interior de la finca, y la norma exige que sean un mínimo de 12 metros.
Los propietarios llevan tiempo intentando hacerse con los casi cuatro metros que le faltan pero son incapaces de llegar a un acuerdo con los lindantes lo cual le coarta la posibilidad de poder legalizar su casa.
La familia dice estar en una situación desesperada por eso ha optado por darle publicidad a su caso y recurrir a la recogida de firmas. Empezaron la semana pasada dejando impresos por diversos establecimientos de la localidad y municipios de la zona como Valga, Catoira, Rois y Cuntis. Los impresos circulan hasta por la Costa da Morte, porque Gerardo Carou es camionero y aprovecha sus desplazamientos para darle mayor cobertura a la campaña.

En la biblioteca, no
Ayer, cuando Isabel Eitor acudió a la biblioteca de Pontecesures para recoger el impreso con las firmas se encontró con la desagradable sorpresa de que lo habían retirado, alegando el personal municipal que obedecía a una orden del Concello. «E despois o Concello di que quere colaborar con nós, ¿como se entende isto?», explicó Isabel visiblemente molesta.
En los impresos se puede leer «axúdanos e danos a túa sinatura para poder parar esta inxustiza». La familia se considera víctima de la persecución de un vecino que fue quien, con la interposición de un contencioso administrativo por un conflicto surgido con un camino, logró que hubiera un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulando la licencia concedida por el Concello y ordenando la reposición de la legalidad.
Este expediente no se tramitó en tiempo y forma y, entre tanto, se aprobó un PXOM que impide legalizar la vivienda a no ser que reúna los 12 metros de entrada hacia terreno público.
El 31 de enero pasado expiró el plazo para ejecutar el derribo y, desde entonces, la familia Carou Eitor vive desesperada. El Concello, por su parte, ha solicitado una prórroga al juzgado para redactar y sacar a concurso el proyecto de demolición de la casa con el fin de ganar tiempo, pero no es una solución definitiva. El juzgado insta al Concello a ejecutar el derribo de forma subsidiaria, es decir, el coste de las obras debería ser asumido por los dueños de la casa. De no ejecutar la demolición, la alcaldesa se expone a una multa económica.
La familia no quiere avivar la polémica pero están muy molestos con el papel que está desempeñando el Concello dado que no actuó a tiempo para resolver esta situación. Al contrario, apostillan, siguieron dándole licencias, bien fuera para un vado permanente en el 2007, bien para construir el cierre, en el 2009. «Se nos deron licencia no seu día, será que a casa se podía facer. Que culpa temos nós de que agora o plan xeral non deixe legalizar a casa», según explicó Isabel Eitor.
Dicen los afectados que están dispuestos a llegar a donde sea para evitar perder su casa. De momento, ya se han dirigido al Valedor do Pobo, entre otras instancias, y están volcados con la recogida de firmas. «A ver se coa presión social conseguimos parar isto». Otros opinan que darle publicidad a este tema solo puede acarrear problemas. Es el caso del concejal del gobierno local, Luis Ángel Sabariz, que considera «perjudicial entrar a valorar o a discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación», señala, y aboga por llegar a una solución «de acuerdo con la normativa».

LA VOZ DE GALICIA, 10/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace