Denuncian al ex regidor por el envío masivo de SMS con el móvil de la Alcaldía.

Álvarez Angueira enviaba un SMS el día de la sesión de investidura, en junio de 2007.

El ex alcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira, no solo va a tener que responder ante la Justicia por los «gastos abusivos» de combustibles registrados en un vehículo municipal. Ahora también va a tener que dar explicaciones por la utilización presuntamente irregular de su teléfono móvil, despues de que el análisis de la factura parezca demostrar que nevió desde el teléfono móvil asignado a la Alcaldía miles de mensajes de texto (SMS).
Tanto en lo referido al empleo y pago del gasóleo como en lo concerniente al uso del móvil de la Alcaldía, los denunciantes consideran al ex alcalde responsable de un presunto delito de malversación de caudales públicos, de ahí que reclamen la intervención judicial para esclarecer los hechos.
Ambas denuncias parten de los concejales independientes Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, que durante el mandato de Álvarez Angueira 2003/2007 llegaron a formar parte de su gobierno, y que en las elecciones de 2007 se presentaron al frente del PSdeG-PSOE.
Tras aquella votación, Sabariz y Diz se negaron a dar el apoyo que Angueira necesitaba para seguir gobernando, y lo que hicieron en la sesión de investidura fue arrebatar la Alcaldía al BNG para formar un nuevo gobierno con la independiente María Isabel Castro Barreiro (actual alcaldesa) y tres ediles del PP.
Después de aquello fueron expulsados del PSOE y pusieron en marcha una campaña de fiscalización de la labor de Angueira que los llevó a denunciarlo por el gasto de carburante, y que ahora los lleva a pedir que se investigue por la vía judicial la utilización del teléfono móvil municipal.
En la querella, presentada ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Caldas de Reis, los denunciantes aseguran que «entre el 30 de diciembre de 2006 y el 20 de junio de 2007 aparece reflejado que se enviaron 1.248 mensajes de texto a un solo número», que los querellantes prefieren no hacer público.
Al parecer, «la mayoría de las veces son mensajes consecutivos, en espacio de minutos y en secuencias de 10, 15, 20 o más mensajes».
A modo de ejemplo manifiestan que «el 30 de diciembre de 2006, después de una llamada al número indicado, se enviaron entre las 18:28 y las 20:52 horas, un total de 39 SMS consecutivos», y advierten los denunciantes de que no es el único y «sorprendente» ejemplo.
Dado que la utilización de los mensajes de texto «no es método usual para tratar asuntos municipales»,y teniendo en cuenta que «casi todos fueron enviados en horario de tarde, fuera de la jornada laboral» los concejales no adscritos concluyeron que los SMS podrían no tener relación alguna con la gestión que se presupone a un alcalde.
Por ese motivo, el 31 de marzo de 2008 aprovecharon la presencia del nacionalista Álvarez Angueira en un pleno para pedirle explicación por el empleo de su teléfono cuando era alcalde.
Y el frentista replicó a Luis Sabariz a acudir a la vía judicial si consideraba que existió alguna irregularidad, pero declinó ofrecer más explicaciones ante la corporación.
Ahora Sabariz y Diz hacen caso a las recomendaciones del nacionalista y recurren de nuevo al juzgado. Lo hacen para argumentar también que «entre el 7 de mayo y el 20 de junio de 2007 se enviaron desde el teléfono de la Alcaldía 88 mensajes de texto (a un mismo número), resaltando también que la gran mayoría fueron consecutivos y entremezclados con los enviados al otro número, y todo indica que esos mensajes nada tienen que ver con la gestión municipal».
En la argumentación planteada ante el Juzgado de Caldas se alude a otro período muy concreto, como es el que va desde el 23 de abril al 14 de junio de 2007, pues se enviaron «74 mensajes más a un número, también consecutivos y entremezclados con el mismo número del caso anterior».
Al presentar la querella, que refuerzan adjuntando copia de la facturación total «donde se aprecia el envio de los mensajes», Alfonso Diz y Luis Sabariz pretenden que la justicia tome declaraciones al ex alcalde y que, a través de las operadoras de telefonía, determine la identidad del titular de los números de teléfono a los que Angueira enviaba el grueso de los SMS. Se habla, cabe resumir, de 1.248 mensajes de texto entre diciembre de 2006 y junio de 2007, 88 mensajes más desde el 7 de mayo al 20 de junio de 2007 y 74 SMS enviados desde el 23 de abril al 14 de junio de 2007. Es decir, 1410 mensajes enviados a tres terminales en un período de seis meses.

FARO DE VIGO, 21/09/10

Amplian la querella contra Angueira por supuesta malversación con datos de envíos masivos de SMS.

El ex alcalde Luis Álvarez Angueira ya tuvo que declarar como imputado por un presunto delito de malversación.

Los concejales no adscritos de Pontecesures, Luis Sabariz y Alfonso Diz, ampliaron la pasada semana la querella criminal que tienen presentada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis contra el ex alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Los nuevos datos puestos a disposición del juez se corresponden con el envío masivo de mensajes de texto desde el teléfono de la Alcaldía, durante el período en el que Álvarez Angueira estaba al frente del gobierno municipal.
Parte de estos hechos ya los habían denunciado públicamente los no adscritos tras perder Angueira el bastón de mando del Concello, en 2007, pero ahora se ven concretados en la querella. Los no adscritos hacen referencia, por ejemplo, a que entre el 30 de diciembre de 2006 y el 20 de junio de 2007 ­en los últimos meses de Angueira como regidor­, se enviaron desde el teléfono móvil de la Alcaldía un total de 1.248 SMS a un mismo número. Según se refleja en la facturación, el 30 de diciembre de 2006 se realiza la única llamada registrada al número en cuestión y, a partir de ahí, se suceden los mensajes consecutivos, ??en espacio de minutos y en secuencias de 10, 15, 20 mensajes o más?, explica la ampliación de la querella. Una de las tandas que se especifica es la del propio día 30 de diciembre, cuando se enviaron 39 SMS consecutivos entre las 18:20 y las 20:52 horas.

La querella también recoge envíos de mensajes de texto a otros dos destinatarios diferentes, si bien la cifra total es mas reducida. Así, entre el 7 de mayo y el 20 de junio de 2007 salieron desde el teléfono de la Alcaldía 88 SMS dirigidos todos al mismo número. Igualmente, entre el 23 de abril y el 14 de junio de ese mismo año, se enviaron otros 74 mensajes a un tercer número.

Para los ediles no adscritos todo hace pensar que ??semejante número de SMS no tenían nada que ver con la gestión? del Concello, ya que ??no es el método usual de tratar asuntos municipales? y casi todos los mensajes eran en horario de tarde, ??fuera de la jornada laboral?. Califican la situación de ??disparatada? e incluso en el Pleno de marzo de 2008, cuando Álvarez Angueira ya ejercía como portavoz de la oposición, le pidieron explicaciones. Su respuesta, recogida en el acta, fue que ??se consideran que hai algún tipo de irregularidade, teñen mecanismos para ir a onde consideren, á xustiza ou aos organismos que estimen?.

Y a la justicia es a la que deciden recurrir ahora Luis Sabariz y Alfonso Diz, al entender que estos hechos pueden ser constitutivos, presuntamente, de un delito de malversación de caudales públicos. Como diligencias a practicar para esclarecer lo sucedido solicitan al juez la declaración de Luis Álvarez Angueira y que se hagan gestiones con las compañías de telefonía móvil para conocer la titularidad de los tres teléfonos a los que se enviaron SMS y determinar la relación que pudieran tener con la gestión municipal.

DIARIO DE AROUSA, 21/09/10

Archivan las diligencias contra el guardia civil del caso Grúas Estación.

La jueza concluye que no hay indicios de que tuviera relación con la empresa investigada por fraude fiscal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Padrón ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas para investigar la comisión de un posible delito de cohecho por parte de José Teijeiro Aneiros, capitán de la Guardia Civil, en relación con el caso de presunto fraude fiscal por el que están imputados los administradores de la empresa padronesa Grúas Estación.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jueza padronesa incoó dichas diligencias atendiendo a un auto de la sección sexta de la Audiencia Provincial del 9 de noviembre del 2009, en el que confirmaba la decisión adoptada por el Juzgado número 1 de Padrón de sobreseer provisionalmente las diligencias seguidas contra José Teijeiro por un presunto delito contra la Hacienda Pública debido a su supuesta relación con el Grupo Estación. La Audiencia acordó, no obstante, continuar dichas diligencias de acuerdo con las tesis de la Fiscalía y por un presunto delito de cohecho, dada su condición de capitán de la Guardia Civil. Tras la toma de declaración a diversas personas, la jueza entiende que de las diligencias practicadas «no resulta el más mínimo indicio» de que Teijeiro Aneiros realizase «actividades de comprobación o manipulación de discos tacógrafos ni de que proporcionase a la empresa información relativa a los controles de la Guardia Civil de Tráfico que, por razón de sus funciones, podría conocer».
Sobre la posibilidad de que el mando de la Guardia Civil controlase las horas extras del personal de Estación o que realizase gestiones bancarias para este grupo el auto dice que «dicha conducta, en el caso de haberse realizado realmente, podría ser constitutiva de una falta disciplinaria, por incumplir las normas sobre incompatibilidades, pero no puede integrar el tipo penal de cohecho».
Ante las acusaciones de Serafín Montenegro, ex administrador de Grúas Estación, José Teijeiro había declarado que nunca había trabajado para esta empresa.

LA VOZ DE GALICIA, 29/07/10

El maquinista del tren de Valga elude la cárcel.

Miguel García no cuenta con antecedentes, por lo que se suspenderá la pena de dos años de prisión impuesta por tres homicidios imprudentes

Dos años de cárcel y otros dos y medio de inhabilitación para ejercer la profesión de maquinista como autor de tres delitos de homicidio imprudente. Esta es la pena impuesta por el juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra a Miguel García López, la persona que el 25 de abril de 2007 conducía el tren de media distancia entre Vigo y A Coruña y que arrolló a un turismo en el paso a nivel de Campaña, en Valga, causando la muerte a José García Bejo, Jesús Martínez Senín y el hijo de éste, Roberto Martínez Ríos.
Fuentes consultadas por este periódico señalaron que, en cualquier caso, la pena de prisión impuesta al maquinista del tren será suspendida al no tener antecedentes penales y después de que se hayan abonado las indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
Y es que el fallo establece que los cónyuges y herederos de los fallecidos sean indemnizados con cantidades que suman 590.000 euros y señala a Renfe como responsable civil subsidiario.
Según el fallo, el accidente tuvo lugar después de que se produjera una anomalía en las barreras del paso a nivel tras cruzar este punto anteriormente otros dos trenes. Esta avería impidió que se levantasen las barreras del paso, por lo que se puso en marcha un sistema de rearme con dos temporizadores y se subieron las barreras para permitir el tránsito de los coches. Al mismo tiempo, se activa una señal luminosa amarilla en la vía que indica al maquinista que debe parar su tren al encontrarse el paso desprotegido. Más tarde, esta luz pasará a estar apagada y señala también la obligatoriedad de detener el convoy. El fallo establece que cuando el tren conducido por Miguel García pasó ante la señal esta estaba apagada, lo que indicaba que debería detenerse. Asimismo, otra señal luminosa y acústica en forma de pitido prolongado llegó a la cabina avisando al maquinista de la anomalía en el paso a nivel. El fallo asegura que, a pesar de lo anterior, el acusado «aunque redujo inicialmente la velocidad de 112 a 99 kilómetros por hora, continuó su marcha sin atender al estado de la señalización vertical y desconectando la indicación que recibía de la baliza, de tal forma que no se puso en marcha el sistema automático de frenado y el tren siguió hasta cruzar el paso a nivel, donde, por haberse ya elevado las barreras, habían comenzado a pasar varios vehículos». Fue entonces cuando arrolló al turismo en el que viajaban los fallecidos a pesar de efectuar en el último momento una frenada de emergencia.
La sentencia reduce la pena que solicitaba inicialmente el fiscal (tres años de prisión y 5 de inhabilitación) al aplicar al acusado las atenuantes de reparación del daño y confesión. De hecho, durante el juicio el maquinista se había mostrado muy afectado y reconoció que había cometido «el error más grave de mi vida» al desconectar la baliza en un acto, dijo, casi «automático» al pensar que el paso estaba protegido.

FARO DE VIGO, 17/10/07

La Audiencia ordena al Juzgado de Caldas, por segunda vez, seguir la investigación del gasoil.

Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe cuando declararon como imputados en Caldas.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado en parte el recurso de apelación formulado por los concejales Luis Sabariz y Alfonso Diz y ha dejado sin efecto el sobreseimiento la causa abierta a raíz del elevado consumo de gasoil por parte del vehículo de Obras del Concello de Pontecesures durante la época en la que era alcalde Luis Álvarez Angueira. La jueza de Caldas decidió, el pasado mes de abril, archivar el caso, en el que declararon como imputados el ex regidor cesureño y el trabajador del Concello Xurxo Gerpe, que entonces era encargado de Obras y firmaba los tickets de los repostajes de combustibles.
A ambos se les imputa un presunto delito de malversación de fondos públicos. Tras oír sus declaraciones y la de José García Parafita, representante de la gasolinera Jers, y tras examinar los datos sobre el consumo que le hizo llegar la secretaria del Concello, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Caldas resolvió el sobreseimiento del caso, ante lo que Sabariz y Diz decidieron recurrir en apelación al considerar que no se habían practicado todas las pruebas necesarias. La Audiencia acaba de estimar en parte los argumentos de los ediles no adscritos y ordena al juzgado caldense que continúe con las investigaciones practicando nuevas pruebas testificales y periciales. Es la segunda vez que la Audiencia Provincial exige que se mantenga abierta la causa ­la primera fue en septiembre de 2008­, ante los indicios de un presunto delito que existen. Concretamente, señalaban los magistrados de la Audiencia en aquella primera resolución de hace dos años que ??a existencia de indicios dun consumo exorbitado e, incluso, imposible de combustible en relación coa quilometraxe percorrida? por el Nissan Patrol de Obras. En alguno de los períodos comprendidos entre 2003 y marzo de 2006, ??resultaría un consumo de máis de cen litros de combustible por cada cen quilómetros percorridos?, lo que ??constitúe un indicio dun gasto inxustificado e imposible na realización dos fins públicos asignados a dicho vehículo? y de un ??presunto delito de malversación?.

Las garrafas > La Fiscalía, que solicitó el archivo del caso, considera insuficientes las pruebas y apela a la existencia de un tractor con el que un particular realizaba trabajos para el Concello y que podría justificar el destino del combustible. A este vehículo agrícola se refirieron Angueira y Gerpe en sus declaraciones, asegurando que se llenaba gasoil en garrafas para cargar su depósito y también el de un Dumper. A este respecto Sabariz y Diz reclaman en su recurso la declaración del trabajador del Concello José Manuel Moreiras, ya que ??puede aclarar que el vehículo Dumper al que se refieren los querellados estaba averiado y sin funcionar durante el período al que hace referencia la querella? y que el tractor de titularidad particular trabajó para el Concello ??muy ocasionalmente y nunca cargando el depósito con garrafas fuera de la estación de servicio?. Moreiras Eitor también podría arrojar luz sobre los repostajes en fines de semana y festivos ya que ??nunca en sábados, domingos o festivos fueron suministradas garrafas y el Patrol no solía circular esos días?, sostienen los querellantes que se preguntan por qué, tras denunciarse los hechos en marzo de 2006, el Patrol paso de ocho a o nueve repostajes al mes a sólo uno o dos.

Los querellantes sostienen que en la instrucción ??se ha omitido la práctica de diligencias testificales y documentales fundamentales en la investigación?, por lo que reclaman también que se cite como testigo al que fue trabajador municipal, Manuel Valladolid, y que se reclama a José García Parafita, representante legal de la gasolinera Jers, un listado de trabajadores de la empresa entre 2003 y 2007 para poder llamarlos a declarar para ??aclarar el asunto de las garrafas?. Sostienen Sabariz y Diz que cuando se suministraban garragas con combustible en los tickets aparecía ese término, mientras que en los que son objeto de investigación siempre aparece la matrícula del Patrol.

El recurso insta a que se recaben más datos en la Secretaría del Concello, ya que inicialmente el juzgado sólo solicitó información relacionada con el Nissan Patrol con matrícula M-3287-LS, por lo que la funcionaria sólo envío los tíckets en los que aparecía esa matrícula, aunque hay otros muchos en los que únicamente pone ??Nissan Patrol? o ??Patrol?, que se refieren al mismo vehículo y que acrecientan el consumo.

DIARIO DE AROUSA, 03/07/10

La Audiencia de Pontevedra ordena que se reabra la cuasa del gasto de gasóleo en Cesures.

La Audiencia de Pontevedra tuvo en cuenta un recurso presentado por los concejales de Pontecesures Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz en relación al caso del consumo de gasóleo en el Concello, por el que estaba imputado, entre otros, el anterior regidor, el nacionalista Álvarez Angueira. Los recurrentes solicitaban la reapertura de la causa, archivada en abril por el juzgado número 2 de Caldas.
La Audiencia les da la razón porque considera que se debe realizar una pericial del consumo de combustible en el Concello, así como tener en cuenta testimonios que apuntan a que había otros vehículos municipales que usaban el gasóleo. Por eso solicita la reapertura de las diligencias.

LA VOZ DE GALICIA, 03/07/10