La Guardia Civil desmantela tres puntos de venta de drogas en Padrón y detiene a 19 personas.

La investigación comenzó a finales del 2008 y terminó hace unos días

Tras una investigación de meses, desarrollada entre finales de 2008 y principios de este año, agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, entre ellas la de Padrón, que prestaron su apoyo, culminaron con éxito un total tres operaciones distintas que permitieron «desmantelar» otros tantos puntos de venta localizados, principalmente, en la capital del Sar.
Como resultado, fueron detenidas varias personas, algunas de ellas de Padrón, al tiempo que las autoridades policiales se incautaron, según ha podido saber este periódico por fuentes de toda solvencia, de unos 700 gramos de cocaína y en torno a 3,5 kilogramos de heroína.
Los trabajos de investigación estuvieron apoyados, además, por intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Padrón, de modo que concluyeron con la detención de varias personas que llevaban «largo tempo distribuindo estupefacientes na comarca do Sar e na do Baixo Ulla», de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.
Así, la primera operación se saldó en la capital del Sar con la detención a mediados del mes de mayo de cuatro personas, tres de ellas jóvenes vecinos de Padrón de 38, 33 y 32 años, además de una cuarta persona de 40 años apresada en Vilagarcía y que reside en dicha localidad pontevedresa. En esta misma operación, los agentes de la Guardia Civil incautaron, además, en torno a 40.000 euros y dos vehículos que, supuestamente, eran utilizados en el transporte de la mercancía ilegal.
Una mujer y dos hombres
La segunda operación se cerró también con varias detenciones en Padrón a finales de mayo pasado, en concreto tres personas jóvenes de 32, 29 y 37 años. La primera es una mujer y es de la localidad padronesa, mientras que el segundo es natural de Vilagarcía aunque reside en la capital del Sar y el tercero es del municipio arousano. En total, entre ambas operaciones la Guardia Civil incautó en total de 700 gramos de cocaína, aproximadamente.
Finalmente, la tercera operación montada, desarrollada a caballo entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, concluyó semanas atrás con la detención de 13 personas, una de ellas del municipio de Padrón, concello que era uno de los «puntos álgidos de venta», en este caso de heroína, por parte de los detenidos, según fuentes cercanas a la investigación que, en todo momento, aseguran que las tres operaciones estuvieron muy bien «desarrolladas» y «trabajadas», con mucho tiempo de seguimiento por detrás.
Al parecer, Padrón era un «punto de enlace» para la venta de drogas, a camino entre la zona de Santiago y la de Vilagarcía.

LA VOZ DE GALICIA, 12/07/09

Las facturas de gasoil de Pontecesures dan un nuevo giro judicial.

El juzgado de Caldas acata el fallo de la Audiencia y abre diligencias

El Juzgado nº 1 de Instrucción de Caldas de Reis ha acatado el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, dictado en octubre pasado, que le obligaba a abrir diligencias por la denuncia formulada en 2006 por el PP (Rafael Randulfe, actual líder, y el ex portavoz José Manuel Cordo) y la querella criminal interpuesta por ACP (hoy grupo de no adscritos) contra el ex regidor (y actual líder nacionalista) Luis Álvarez Angueira, referente a un gasto excesivo de combustible por parte de vehículos municipales. Señalar que la reapertura de diligencias se produce 8 meses después del fallo de la Audiencia.

Este gasto hacía presuponer a los denunciantes que se desviaban fondos municipales, a través de las facturas del gasoil, para «fines privados» y que, presuntamente, «se distribuía combustible para coches ajenos al Concello con cargo a las arcas municipales». Pese a que inicialmente el Juzgado de Caldas archivó denuncia y querella, la Audiencia ordenó su reapertura al ver «claros indicios de malversación de fondos públicos».

Así las cosas, el Juzgado de Caldas ha citado para el 8 de septiembre, en calidad de imputados, a Álvarez Angueira, y al ex encargado de Obras y actual responsable del BNG Local, Xurxo Gerpe. La primera denuncia pública por parte de la entonces oposición pontecesureña tuvo lugar en junio de 2006 y las subidas exorbitadas de consumo se detectaron en las facturas de los periodos de 2004, 2005 y el primer trimestre de 2006. El PP y la entonces ACP forzaron un pleno para que el ex regidor pudiese explicar las facturas y los gastos desorbitados de combustible con cargo a las arcas. El debate no convenció a las dos formaciones denunciantes que decidieron entonces recurrir a los juzgados.

TIERRAS DE SANTIAGO, 07/07/09

El ex alcalde de Pontecesures, inculpado en el caso del gasoil, confía «na Xustiza».

«Non vou dicir nada. Que fale a Xustiza. confiamos nela». Con estas palabras reaccionó el ex alcalde de Pontecesures. Manuel Luis Álvarez Angueira, ante la noticia de que ha sido imputado por el caso del gasoil. La titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Caldas lo ha citado para prestar declaración el póximo 8 de septiembre. Lo acompañará el entonces encargado municipal de Obras y actual responsable local del BNG, Xurxo Gerpe Jamardo, mientras que en claidad de testigo acudirá un representante de la gasolinera Jers SL, la estación de servicio de Condide.
El proceso se halla en proceso de diligencias previas después de que la Audiencia Territorial de Pontevedra estimase «indicios de delito» en el caso denunciado por el PP y los concejales no adscritos y de que el Juzagado de Caldas sobreseyese el asunto en dos ocasiones. La oposición sacó a la luz en la pasada legislatura las elevadas facturas que se cargaban al Concello, haciendo hincapié en el «consumo desorbitado» del Patrol de Obras.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 01/07/09

El ex alcalde declarará como imputado en el caso del gasoil.

Han tenido que pasar ocho meses para que se acatase el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra que instaba al Juzgado nº 1 de Caldas a instruir diligencias por la denuncia formulada en 2006 por el PP (Rafael Randulfe, actual líder, y el ex portavoz Ángel Manuel Cordo) y la querella criminal interpuesta por ACP (hoy grupo de no adscritos) contra el ex regidor (y actual líder nacionalista) Luis Álvarez Angueira, referente a un gasto excesivo de combustible por parte de vehículos municipales. Este gasto hacía presuponer a los denunciantes que se desviaban fondos municipales, a través de las facturas del gasoil, para «fines privados» y que, presuntamente, «se distribuía combustible para coches ajenos al Concello» con cargo a las arcas locales.

El Juzgado de Caldas no tomó en consideración la denuncia y la querella y las archivó, pero el recurso formulado por ambas formaciones políticas ante la Audiencia y el posicionamiento del Ministerio Fiscal dio una vuelta de tuerca al caso.

Es más. La Audiencia echó por tierra los argumentos del juzgado para archivar el asunto y le daba un buen tirón de orejas, al señalar que en los argumentos expuestos por PP y ACP había claros indicios de «malversación de fondos públicos».

El fallo de la Audiencia era claro: «Las alegaciones relativas a la existencia de un consumo, en principio, exorbitado (incluso imposible) a la luz de los cuadros de consumo en relación con el kilometraje recorrido por el vehículo (Nissan Patrol M-3287-LS de la brigada de Obras) en los diferentes periodos, y de los que, en algunos de esos periodos resultaría un consumo medio de más de 100 litros cada 100 kilómetros, constituyen indicios de un gasto injustificado por imposible en la realización de los fines públicos asignados a dicho gasto».

Así las cosas, el Juzgado de Caldas ha citado para el 8 de septiembre, en calidad de imputados, a Álvarez Angueira, y al ex encargado de Obras y actual responsable del BNG Local, Xurxo Gerpe. La primera denuncia pública tuvo lugar en junio de 2006 y las subidas exorbitadas de consumo se detectaron en los periodos de 2004, 2005 y el primer trimestre de 2006.

EL CORREO GALLEGO, 01/07/09

Álvarez Angueira declara en Caldas como imputado por el «caso del gasóleo»

El ex alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, debe responder ante la justicia por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Se trata del «caso del gasóleo», aquel que en el anterior mandato ?? verano de 2007 ?? sacó a relucir la oposición municipal pontecesureña y que guardaba relación con el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

El PP e independientes

Tras las denuncias que inicialmente habían presentado tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, el caso se archivó. Pero después de que los dos últimos concejales, ahora integrados en el gobierno tripartito, presentaran el correspondiente recurso ante la Audiencia, la sala provincial ordenó investigar los hechos en primera instancia, es decir, instó al Juzgado de Caldas de Reis a reabrir el caso y a instruir las diligencias correspondientes.

Tal y como se explicó en su día, lo que hizo la Audiencia fue admitir a trámite las denuncias presentadas por los independientes y el PP, refundirlas en una y transmitir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas las órdenes oportunas para llevar a cabo el proceso y dictar una sentencia.

Ahora, un año después de aquella resolución judicial, el Juzgado de Caldas cita a declarar como imputados al ex alcalde y al encargado del servicio de obras, que junto al representante de la gasolinera, que está citado como testigo, deben prestar declaración el 8 de septiembre para así dar comienzo a la fase instructora y tratar de arrojar luz, de una vez por todas, sobre este turbio asunto.
Motivo de numerosas denuncias públicas y judiciales, lo ocurrido con el uso supuestamente abusivo de gasóleo ocupó diversos plenos de la corporación municipal, marcados por la tensión entre gobierno y oposición ??por entonces gobernaba el BNG?? y cargados de graves acusaciones.

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La plantilla de Novo y Sierra recibe la carta de despido tras autorizarlo el Juzgado.

Los treinta y seis trabajadores que integraban la plantilla de la empresa de fabricación de ladrillo Novo y Sierra, de Valga, recibieron en la mañana de ayer la carta de despido, junto con el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra en el que autoriza la extinción de las relaciones laborales en base al entendimiento alcanzado hace unas semanas por sindicatos y empresarios. Este acuerdo, ratificado por los trabajadores en asamblea, supone que cobrarán una indemnización de 26 días por año trabajado, con un máximo de quince mensualidades y media.
Aunque la extinción de los contratos ya se haya hecho efectiva, el proceso ??non remata aquí nin moito menos?, comentó ayer el representante de Comisiones Obreras Juan Fajardo. Aunque queda por cerrar el concurso de acreedores y la liquidación de la empresa, un proceso en el que ??estaremos enriba para garantizar que os empregados cobren as indemnizacións?, parte de las cuales procederá del Fogasa ­Fondo de Garantía Salarial­ y el resto lo pagarán loa administradores concursales tras la liquidación. Además, en caso de que se retome la actividad en la fábrica en un futuro, pretenden que se contrate a integrantes de la actual plantilla.

DIARIO DE AROUSA, 18/06/09