El juez falla a favor del Concello de Pontecesures el litigio por un terreno de 1.387 metros cuadrados.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra resolvió a favor del Concello el litigio impulsado por la promotora Constantino Taibo S.L. a cuenta de la cesión de un terreno de 1.387 metros para la creación de una zona verde.

La polémica se remonta al año 1994, cuando el gobierno local cesureño concedió a Taibo Tojo licencia para la construcción de un edificio de 22 viviendas de protección oficial en la Avenida de Vigo, un permiso que llevaba condicionada la cesión de un parcela de 1.387 metros cuadrados para la creación de una zona verde en el entorno del inmueble.
Constantino Taibo infringió esta premisa y no sólo eso, sino que el julio de 2006 permutó la parcela en litigio a un tercero. El Concello le abrió un expediente por incumplimiento de obligaciones urbanísticas y emitió varias resoluciones convocándolo para entregar el terreno. Contra ellas, y con la intención de dejarlas sin efecto, presentó recurso ante el Contencioso-administrativo, pero el juez rechazó sus argumentos. En los últimos días Taibo presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero a pesar de ello el Concello estudia ya emprender acciones judiciales en el ámbito civil contra la promotora y también contra la persona a la que esta permutó el terreno para que se anule dicha cesión y los 1.387 metros puedan pasar finalmente a ser públicos. El concejal Luis Sabariz sostiene que Taibo Tojo, ??obviamente, non podía dispoñer e enaxenar un terreo sobre o que tiña a obriga de cedelo ao Concello?.

El edil de Relacións Institucionais incide en la ??obriga? que tienen los representantes municipales ??para defender os intereses de todos? y explica que el terreno ??ten un valor moi importante para o Concello e seguiremos realizando todo tipo de xestións para incluílo no patrimonio municipal?.

diario de arousa, 07/06/09

Sindicato y empresas alcanzan un acuerdo para las indemnizaciones de Novo y Sierra.

La plantilla de Novo y Sierra se manifestó contra los despidos.

Sindicatos, representantes de personal, empresarios y administradores concursales de Novo y Sierra alcanzaron ayer un acuerdo sobre las indemnizaciones que recibirá la plantilla por sus despidos. Cobrarán 26 días por año trabajado, con un máximo de quince mensualidades y media.

El acuerdo se alcanzó pese a que no resulta nada satisfactorio ni para los trabajadores ­algunos de ellos votaron en contra de firmar el documento­ ni para los sindicatos, que pretendían lograr unas indemnizaciones algo más elevadas para los 36 empleados que serán despedidos, puesto que la empresa solicitó en el Juzgado de lo Mercantil un expediente de regulación de empleo para echar a toda la plantilla y cesar la actividad de la fábrica de ladrillo.
Juan Fajardo, de Comisiones Obreras, confirmaba que ??o acordo non satisface as nosas expectativas pero, ante a posibilidade de que o xuíz adoptase unha decisión unilateral que fose máis perxudicial para os traballadores, optouse por firmar. O risco era bastante grande en caso contrario?, sostiene. El sindicalista incide en que el acuerdo está ??condicionado por unha lei concursal inxusta, que deixa aos empregados con pouca capacidade de defensa cando unha empresa presenta un concurso de acreedores?.

Debido a estas dudas que suscitaba la oferta planteada por los administradores concursales de Novo y Sierra, durante la reunión se hicieron varios recesos para que los responsables sindicales se comunicaran con la plantilla ??e así debatir os pros e os contras? de aceptar o no la propuesta. Al final, la decisión no fue unánime pero eran mayoría los que respaldaban el ??sí?.

Con este acuerdo los trabajadores de más antigüedad en la empresa cobrarán alrededor de 5.000 euros por encima del mínimo legal. Además, en caso de que la empresa continuara con su actividad, quedó comprometido por escrito que se echará mano de la misma plantilla. Lo que no recoge el acuerdo es ningún plazo para que se haga efectivo el pago de las indemnizaciones, ya que ??iso está suxeito ao proceso de liquidación da empresa?, explica Fajardo.

DIARIO DE AROUSA, 06/06/09

Condenan al alcalde de Dodro por lesionar a un antiguo técnico deportivo.

El alcalde, Arturo Díaz Díaz.

La jueza considera probado que el regidor golpeó por la espalda y dañó a Alfonso Fernández ·· El mandatario local, Arturo Díaz, apela los 870 euros de sanción

Al Juzgado de Instrucción Número 2 de Padrón, y en particular a la jueza instructora María Jesús Sánchez, no le ha quedado duda alguna: el alcalde de Dodro, Arturo Díaz, es culpable de una falta de lesiones contra su ex técnico deportivo, Alfonso Fernández, por lo que se condena al regidor a indemnizar al antiguo trabajador municipal con 420 euros por «los perjuicios causados» y a abonar una multa de 450 euros (además de hacerse cargo de la costas procesales). Pero el mandatario local no lo tiene tan claro y acaba de apelar a la Audiencia.

La sentencia comienza, paradójicamente, por una denuncia del alcalde contra el técnico fechada el 19 de enero de este año, a la que siguió otra por el mismo incidente de Alfonso Fernández, fechada el 27 de enero.

Tras interrogar a las partes, tomar nota del reconocimiento forense al técnico y recabar las pruebas documentales, la jueza califica de hechos probados que ambas partes discutieron sobre el uso gratuito del pabellón municipal, caldeándose el ambiente hasta que, en repetidas ocasiones, el regidor instó a Alfonso Fernández a abandonar la casa consistorial.

A partir de ahí, intercambio de calificativos, hasta que el técnico optó por retirarse, dándole la espalda al alcalde. Y ahí reside, según la sentencia, buena parte de su error, al aseverar que «una vez de espaldas, Arturo Díaz le propinó un puñetazo a Alfonso alcanzándole en la parte posterior del pabellón auditivo izquierdo», lesiones que recoge el pertinente parte médico de Padrón.

Afán pugilístico

Los hechos, sobre todo los que se atribuyen a un alcalde con supuesto afán pugilístico, rayan a partir de entonces cotas surrealistas. Y es que la propia jueza destaca las contradicciones sucesivas que ofrecen los múltiples testimonios del regidor, porque con posterioridad a su primera denuncia, Arturo Díaz opta por ampliar las imputaciones y variar «ligeramente» su testimonio… tras conocer la denuncia del lesionado.

Entre ellas, el tribunal apunta que «sorprende»que de un relato «vago y genérico contenido en la primera denuncia» se pase a una narración «precisa y detallada» que incluye frases, puestas en boca del técnico, como «¡si aínda has de levar, que che pego unhas ostias, que che parto a cara!» con posterior abalanzamiento sobre la figura del munícipe incluida (no está claro porque parte del cuerpo le agarró). Además, la jueza destaca contradicciones en cuanto a si hubo testigos y no se toma muy en serio que el alcalde se limitase a empujar a un ex técnico, que acabó lesionado. La sentencia absuelve a ambas partes de injurias.

APELACI?N Consulta al letrado

En su apelación, Díaz precisa que amplió su testimonio tras consultar con su letrado, que no dijo que hubiera testigos y que su despacho está alejado para que se oyera gritar.

Sin hematomas

También precisa Díaz que en el escalón caben dos personas (por el lugar de la agresión) y, sobre todo, que nunca se detectaron hematomas en los partes médicos del lesionado .

EL CORREO GALLEGO, 06/06/09

Los trabajadores se movilizan para exigir la continuidad de Novo y Sierra.

La empresa valguense anunció un expediente de regulación que podría dejar en la calle a 36 empleados

A escasos kilómetros de Cedonosa el fantasma del paro se cierne de nuevo contra la totalidad de una plantilla del Baixo Ulla. La última firma acuciada por la crisis económica es Novo y Sierra, una empresa de construcción de ladrillos que en los 120 años que lleva en activo superó muchas crisis económicas, pero que ahora amenaza con echar el cierre y dejar en la calle a 36 trabajadores; algunos, llevan una treintena de años trabajando para la empresa.
Según indicaron ayer los trabajadores y sus representantes sindicales, que se reunieron al mediodía delante de la fábrica para manifestar su oposición total al cierre, la dirección de la empresa presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra un expediente de regulación de empleo que afectaría a la totalidad de la plantilla, así como la solicitud de cese total de la actividad, lo que supondría la desaparición de la firma.
Con pancartas en las que se leían lemas como «Queremos traballo, non o despido» y «Pola continuidade de Novo y Sierra, postos de traballo si, despidos non», los trabajadores se concentraron ayer en protesta de la pretensión de los empresarios. Por supuesto, no niegan que la firma está pasando por un mal momento, pero también creen que la situación no es tan dramática como para que el barco se tenga que hundir obligatoriamente. «Non é unha situación insalvable -dijo ayer Juan Fajardo, de CC.OO.-; pensamos que hai traballo e que se poden plantexar outras posibilidades, como un ERE temporal». Una opinión que comparte Rafael Iglesias, secretario comarcal de la CIG, quien reconoce que la firma tiene ahora mismo una deuda de un millón de euros, pero que no es como para cerrar. A entender de los sindicatos, ni la situación financiera ni las deudas con Hacienda lo justifican.
Especulación o venta
Lógicamente, una fábrica que depende por completo de la construcción está pasando por momentos difíciles, pero de momento sigue habiendo actividad, y aunque trabajadores y representantes sindicales reconocen que es necesario llevar a cabo algunos ajustes, también sospechan que la intención de cerrar sin más, sin plantearse otras alternativas, podría venir derivada de que la firma aprovecha la mala situación económica para cerrar sus puertas, «e unha decisión dese tipo non se toma sen ter en conta aos traballadores, que tamén forman parte da empresa e viven dela -aclaró Fajardo-. Sospeitamos que pode haber algunha operación especulativa ou que teñen intención de vender a fábrica».
En todo caso, la intención de la empresa se podrá saber en los próximos días, cuando a los delegados sindicales les llegue la notificación judicial y la oferta de la firma, que en principio pasaría por emprender un expediente de regulación de empleno que afectaría a la totalidad de la plantilla.
Pero los sindicatos ya avisan de que no se quedarán de brazos cruzados, y que la de ayer es solo la primera de las movilizaciones que piensan emprender en contra del cierre. Rafael Iglesias ya lo advirtió: «Que non veñan aproveitando a situación para dar 20 días de soldo por ano traballado, porque nós imos esixir os 45 días».
Ocho EREs en la comarca
Como indicaron los sindicatos hace solo dos semanas, coincidiendo con la Festa do Traballo del 1 de mayo, en la comarca hay en la actualidad ocho expedientes de regulación de empleo en marcha, aunque dos no fueron aceptados por la Administración, así como 10.500 trabajdores que se han quedado en la calle, lo que supone un 40,2% más que en las mismas fechas del año anterior.

LA VOZ DE GALICIA, 17/05/09

Novo y Sierra cesa la actividad en su fábrica y presenta un ERE para despedir a toda la plantilla.

Fábrica de la empresa Novo y Sierra, situada en el lugar de A Torre, en la parroquia valguesa de Campaña.

La crisis económica y el parón de la construcción se cobran una nueva víctima entre las empresas de la comarca del Ulla-Umia. La compañía Novo y Sierra pretende cesar su actividad productiva en la fábrica de Campaña (Valga) y para ello ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra y expediente de regulación de empleo (ERE) para rescindir el contrato a la totalidad de la plantilla, que llega a casi cuarenta trabajadores que ven como, casi con total probabilidad, se quedarán en la calle. Para denunciar la situación los empleados y representantes sindicales de Comisiones Obreras y la CIG se concentrarán esta mañana ante las instalaciones de la fábrica, en el lugar de A Torre.

La empresa Novo y Sierra, radicada en Campaña (Valga) inició un proceso para su liquidación y solicitó en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra el cese total de su actividad productiva, una medida que ha acompañado por un expediente de regulación de empleo (ERE) a través del cual pretende rescindir el contrato a toda la plantilla, formada actualmente por unos treinta y seis trabajadores que se ven amenazados con el despido y con acabar en el paro. Los empleados, en un intento por denunciar la situación que se les viene encima, convocaron para hoy una concentración ante las puertas de la fábrica, en el lugar de A Torre. En este acto de protesta estarán acompañados por representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y CIG.
La situación económica de la empresa de cerámica empeoró notablemente en el último año, debido a la crisis económica generalizada y, muy especialmente, al parón experimentado por el sector de la construcción, al que dirige sus productos. El mal estado de sus finanzas provocó que, en marzo de 2009, presentase en el Juzgado de lo Mercantil pontevedrés la documentación para solicitar un concurso de acreedores ­también conocido como suspensión de pagos­, una medida que inicialmente fue entendida por los sindicatos y la plantilla como un intento por salir de la crisis, acomodarse a la situación del mercado de la construcción y reducir su plantilla para ajustarse a sus necesidades productivas ya que el número de pedidos había sufrido un notable bajón.

El juzgado admitió la suspensión de pagos y nombró a los administradores concursales para hacerse cargo de la gestión de la empresa, pero la sorpresa llegó cuando, apenas dos meses después, decidieron liquidar la compañía y anunció la rescisión de los contratos de todos sus empleados, que estuvieron durante varias semanas de vacaciones. Tras su regreso apenas tienen trabajo que acometer, debido a la paralización de la producción, y se dedican a realizar trabajos de mantenimiento o limpieza.

La deuda que acumula la compañía de fabricación de ladrillo y otros productos cerámicos podría llegar a los 2,5 millones de euros, aunque los sindicatos consideran que la situación podría reconducirse de manera que la empresa volviera a ser viable.

En la última semana se sucedieron las reuniones entre sindicatos, trabajadores y directivos de Novo y Sierra para tratar de buscar alternativas al cierre de la fábrica. En una de ellas participó también el alcalde, José María Bello Maneiro, aunque parece que finalmente estos encuentros no han dado frutos y la dirección de la empresa mantiene su intención de liquidar la compañía y poner así punto y final a sus 134 años de historia. Novo y Sierra se creó en 1875 como almacén de coloniales y posteriormente diversificó su actividad. Fue en las primeras décadas del siglo XX cuando adquirió una ??telleira? en la zona y comenzó a fabricar materiales cerámicos y de construcción.

DIARIO DE AROUSA, 16/05/09

Diez años conviviendo con olores en Padrón.

Julio César Perda, izquierda y José Paz, los vecinos afectados.

Dos familias de la avenida Camilo José Cela exigen al Concello el cumplimiento de la sentencia que le obliga a clausurar la actividad hostelera a un establecimiento ·· Dicen que soportan a diario gases, humo y ruidos ··La alcaldía recalca que el denunciado puede recurrir, y éste que tiene licencia

Dos familias del edificio Mahía situado en la avenida Camilo José Cela de Padrón llevan lidiando contra gases, olores y ruidos procedentes de un local hostelero desde hace una década. Las reiteradas denuncias formuladas al Concello ya en 1999 no fueron escuchadas y los vecinos recurrieron a la justicia. Los afectados viven en una entreplanta y en un primer piso, y aseguran que los olores, humos y gases se cuelan en sus viviendas haciendo insoportable la habitabilidad. Los recursos interpuestos fueron escuchados y el juzgado les dio la razón en 2007, instando al Concello a clausurar de forma «inmediata y cautelar» la actividad de bar-restaurante «mientras no se resuelva el expediente de reposición de la legalidad urbanística».

Los afectados recalcan que el local «carece de licencia de restaurante, sólo tiene la de café-bar. Así lo recoge la sentencia». Sin embargo, el dueño del bar asegura que solicitó en su día la de restaurante y presentó un proyecto de ampliación. Su petición obtuvo -como las quejas de los denunciantes- el silencio administrativo del anterior gobierno del PP. El denunciado dice que el proyecto contó con el visto bueno del arquitecto.

Por su parte, las dos familias afectadas sostienen que recientemente, el TSXG ratificó la sentencia del 2007 que vuelve a instar al Concello a clausurar la actividad. «El pasado 30 de abril, la alcaldía emitió un decreto en el que acuerda la clausura cautelar e inmediata de la actividad de bar-restaurante, dando un plazo de veinticuatro horas. Pero a día de hoy no se ha hecho nada», recalcan los afectados, que muestran un expediente de denuncias, recursos y quejas de más setecientas páginas.

Desde el Concello, el alcalde, Camilo Forján, señala que el denunciado puede recurrir «y está en plazo». Recalca que el local tiene licencia de café-bar y tiene en trámites la de restaurante. «¿Cómo se clausura una actividad sin cerrar otra?», dice. Por su parte, el denunciado recalca que en 2000 presentó la solicitud para restaurante. «Se me fue dando largas desde el Concello, pero Turismo me dio la utilización provisional de restaurante. Luego vinieron las denuncias y el juicio. Durante el tiempo que duró éste no tuve restaurante, pero como café-bar puedo servir raciones, bocadillos, tapas y un plato del día. Al finalizar el juicio solicité nuevamente la licencia y la tengo desde el 16 de marzo por silencio administrativo».

Los vecinos lo tienen claro: «Queremos que se cumpla la ley. No pedimos que cierre el bar, sino que lo acondicione e insonorice para que nos deje vivir. Hemos pasado por depresiones y enfermedades con todo esto». Y el propietario apunta que «yo también soy un perjudicado. Se me hicieron todo tipo de inspecciones y las he pasado, de hecho en el juicio quedó probado que no había olores ni ruido. Aquí todos somos víctimas del dejar hacer».

EL CORREO GALLEGO, 14/05/09