juzgado

La familia de la valguesa asesinada María Luz Posse pedirá la máxima pena para el ex agente Jaime Maiz.

Un hermano de la víctima solicita a la Justicia que acelere lo máximo posible las diligencias pendientes

Jaime Maiz Sanmartín ha sido suspendido de empleo y apartado del cuartel de Cambados. Iñaki Abella

La familia de María Luz Posse pedirá la máxima condena para el ex guardia civil Jaime Maiz Sanmartín, que lleva once meses en prisión, como presunto autor de la muerte de esta vecina de Valga residente en Cambados. Los allegados se han personado como acusación particular, y solicitará también que Jaime Maiz sea juzgado por asesinato, con lo que la pena sería más elevada que en el supuesto de que se le imputase un homicidio.
Un familiar de la víctima indicó ayer que por el momento no pueden formalizar la acusación, puesto que aún no se han completado todas las diligencias, pero manifestó su esperanza de que también la fiscal encargada del caso solicite la máxima condena para el ex guardia civil.
Por otra parte, la familia de la víctima ha pedido a las autoridades judiciales que en la medida de lo posible aceleren la instrucción del caso, pues recuerdan que a mediados de diciembre se cumplirá un año del brutal asesinato y que todavía quedan algunas diligencias pendientes. Así, pretenden conocer el protocolo de actuación de la Guardia Civil y los resultados de la prueba de alcohol en sangre que se le practicó al acusado.
Uno de los hermanos de María Luz Posse indicó que también está pendiente de que se le comunique el ofrecimiento de acciones (fue el primero en presentarse como acusación particular) y que además están esperando las diligencias realizadas al hijo mayor de la fallecida, quien denunció en su día que su madre era víctima habitual de malos tratos por parte del ex guardia civil.
Asimismo, los abogados de la acusación necesitan un disco en el que se recoge la grabación de lo sucedido en el vestíbulo del puesto de la Guardia Civil cuando se cometió el asesinato. Parece ser que el juzgado ya les envió una copia, pero que estaba guardada en un formato que no se podía leer, por lo que los letrados están esperando el envío de otra grabación.
«Seguro que en el juzgado están saturados de trabajo, y me temo que esto va para largo», manifestó Antonio Posse, a quien le gustaría que este tipo de delitos se juzgasen a la mayor brevedad posible, ya que se trata de hechos muy sensibles.
Por otra parte, la Dirección General de la Guardia Civil ya ha suspendido de sus funciones al presunto asesino, además de apartarlo de su trabajo en el cuartel de Cambados. Tras el asesinato, los máximos responsables del Instituto Armado indicaron que Maiz conservaría su empleo (es funcionario) hasta que hubiese una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, parece ser que al final aceleraron su decisión.
Esto ha supuesto un duro varapalo para Jaime Maiz, que solicitó hace unos meses la libertad bajo fianza ya que el juez que la concede suele valorar que el preso cuente con un trabajo e ingresos económicos que garanticen su inserción social.
Cuando Maiz solicitó la libertad, tanto la Fiscalía del Juzgado número 3 de Cambados como la acusación particular se opusieron a la medida, pues entienden que existe riesgo de fuga por parte del preso, y que el tipo de delito que se le imputa es demasiado grave como para beneficiarse de esa medida.

FARO DE VIGO, 05/11/08

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La Xunta «frena» la sanción a Picusa por verter fuel al río Ulla a la espera que se pronuncie la justicia.

La denuncia presentada por los valeiros tiene prioridad sobre el expediente administrativo

El expediente sancionador que el organismo Augas de Galicia abrió contra la empresa padronesa Picusa a raíz del vertido de fuel al río Ulla ocurrido en abril se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva la denuncia judicial presentada por la agrupación de valeiros de Pontecesures contra la industria de curtidos. La vía judicial tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Consellería de Medio Ambiente tendrá que esperar a que los juzgados se pronuncien para poder continuar con la tramitación del expediente, que, según indicó hace meses el director xeral de Conservación da Natureza, podría suponer una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros para la empresa del Grupo Cortizo.

El organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, paralizó la tramitación del expediente sancionador contra la empresa Picusa ­que en el mes de abril provocó un vertido de 2.000 litros fuel al río Ulla­ ya que, antes de resolverlo, tendrán que aguardar a que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el tema. La agrupación de valeiros de Pontecesures presentó en mayo una denuncia en el juzgado de Vilagarcía por un presunto delito ecológico del que culpa a la industria de curtidos padronesa, que pertenece al Grupo Cortizo. La demanda prevalece sobre el expediente administrativo iniciado por la Xunta de Galicia, de manera que éste no podrá continuarse hasta que exista una resolución judicial.
Precisamente hace unos días el presidente en funciones del colectivo de valeiros, Ramón Barreiro, acudió a los juzgados vilagarcianos a prestar declaración con el objetivo de completar la denuncia, en la que se reclaman a Picusa compensaciones por las pérdidas que para los pescadores se derivaron del vertido. El juez le preguntó si podía aportar facturas que acreditasen el volumen de los perjuicios, pero ??iso non se pode cuantificar porque o vertido o que causou foron danos no medio ambiente? y en especies como la anguila, la solla o la lamprea ­que en el momento de producirse el episodio contaminante estaba en época de ??desove?­, por lo que las pérdidas ??son incuantificables. O que está claro é que imos sufrir danos e ver mermados os nosos ingresos? en las próximas campañas de captura, comenta Barreiro.

Por ello en la demanda no reclaman ninguna cantidad económica concreta a Picusa, sino que prefieren que sea el Ministerio Fiscal el que cuantifique a cuánto pueden ascender los daños provocados por el vertido. El tema está ahora pendiente de que se fije la fecha del juicio y Ramón Barreiro aguarda que, cuando se celebre la vista oral, ??volvan a chamarnos como testigos?.

En abril > El vertido de fuel al cauce del Ulla tuvo lugar a finales del mes de abril. Una fuga en un depósito en el que Picusa almacenaba fuel para el sistema de refrigeración de sus tanques provocó que el chapapote cayese en el río por una tubería de pluviales. Fueron unos 2.000 litros de hidrocarburos los que afectaron a unos seis kilómetros del río entre Padrón y Catoira, obligando incluso a Medio Ambiente a colocar barreras anticontaminación en varios puntos para evitar que el fuel afectase a la Ría de Arousa. La Consellería invirtió 70.000 euros en los trabajos de limpieza de las riberas del Ulla, para lo que montó un dispositivo formado por técnicos de Conservación da Natureza y Augas de Galicia, seis agentes, siete vigilantes, veinte obreros, personal de Picusa y varias embarcaciones. Durante diez días trabajaron en la retirada del chapapote del agua y la vegetación.

Inmediatamente después del vertido, Medio Ambiente abrió una investigación que derivó después en un expediente sancionador. Algunos de los detalles fueron revelados en el mes de mayo en el Parlamento de Galicia por el director xeral de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, quien indicó que Picusa podría enfrentarse a una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros. Además, la empresa tendría que invertir otros 10.000 euros para aumentar las medidas de seguridad en sus instalaciones, de cara a evitar que vuelvan a producirse fugas de hidrocarburos.

Sin embargo, esta propuesta de sanción está a hora paralizada hasta que el supuesto delito ecológico se resuelva en los juzgados.

DIARIO DE AROUSA, 04/11/08

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Libertad con cargos para un presunto violador de Pontecesures que acudió a la Guardia Civil.

Un acusado de agredir sexualmente a su ex pareja se presentó de forma voluntaria en el cuartelillo de Padrón cuando supo que lo estaban buscando

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago decretó libertad con cargos para un vecino de Pontecesures al que buscaba la Guardia Civil por un presunto delito de agresión sexual denunciado por su ex compañera sentimental en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que este joven no fue detenido, sino que se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil una vez tuvo conocimiento de que lo estaban buscando, y añadieron que se negó a prestar declaración ante los agentes, aunque sí lo hizo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, que ahora se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Padrón.

Los hechos que constan en la denuncia supuestamente tuvieron lugar el miércoles o jueves pasado, cuando, según la víctima, el imputado la violó en el domicilio que ambos habían compartido anteriormente.

Una vez formalizada la denuncia, el Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, cuyos efectivos, como ya quedó reflejado, no tuvieron que localizar y detener al presunto violador, que se perdonó voluntariamente en el cuartelillo de Padrón.

Aunque no ofrecieron detalles al respecto, fuentes consultadas por este diario matizaron que los agentes de las Fuerzas de Seguridad que asumieron la investigación de los hechos revisarán a fondo la denuncia y la presunta película de los hechos para intentar precisar una serie de detalles que, supuestamente, no están muy claros.

EL DATO Alejamiento

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago también dictó una orden de alejamiento para el padronés imputado, que tampoco puede establecer contacto con su supuesta víctima .

EL CORREO GALLEGO, 01/11/08. Edición digital.

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Una mujer de Cesures reclama sin éxito una deuda a su ex marido y a ella la condenan por insultarlo.

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Marina Durán está decepcionada con la Justicia. Después de años peleando en los juzgados para que su ex marido le devuelva el dinero que dice que le debe, no ha visto un euro, pero a ella sí la han condenado diligentemente a pagar una multa por insultarlo.
El matrimonio vivía en un piso en Marín, y para salir adelante, pusieron un bar. El negocio no iba bien, y las relaciones matrimoniales, tampoco. Un día, la Guardia Civil tuvo que presentarse en el bar tras una fuerte discusión entre ambos. «A él tuvieron que sacarlo a la fuerza, y el juez dictó una orden de alejamiento por malos tratos continuos».
Roto definitivamente el matrimonio, Marina se fue a Barcelona, para trabajar en un hospital. Pero quedaban muchos asuntos judiciales pendientes, y tuvo que volver. Nunca le pagó los 300 euros que le tenía que pasar de pensión hasta que se divorciaron. Había un piso adquirido a medias que se quedó el marido, pero según su ex mujer, no pagó la hipoteca. Además, habían pedido un préstamo personal para pagar el cierre de una finca que era propiedad del cónyuge, «y tuve que pagar yo los 2.800 euros, porque me embargaron el coche. ?l se quedó con la finca y yo, sin mi dinero». Como la hipoteca del piso tampoco se pagaba, Marina Durán acabó firmando para que él pudiese venderlo. «Ni pagaba el piso ni la comunidad, y la seguridad social del bar la tuve que pagar yo, y eso ni siquiera se lo reclamé en el juicio».
A mayores, la mujer entregó los 1.685 euros que debían de una tarjeta de crédito, y todavía están pendientes de pago 9.000 euros más de un préstamo. «?l no lo quiere pagar, ni eso ni nada».
«Moroso»
Marina Durán, que ahora vive en Cesures, se cansó de esperar por la Justicia, y harta de todo, acabó contratando los servicios de una empresa de morosos. Pero ni siquiera los profesionales consiguieron que el hombre soltara un duro, así que un día ella, desesperada, lo insultó por teléfono. «Le llamé moroso y estafador y sinvergüenza, y lo reconocí en el juicio, porque eso es lo que es». ?l la denunció y no tardó mucho en llegarle una multa de 120 euros. «Para eso sí que fueron rápidos los jueces», se queja.
Marina quiere empezar su vida de nuevo, pero liquidar las cuentas del pasado parece misión imposible.

LA VOZ DE GALICIA, 24/10/08

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Reclaman la limpieza de la franja de protección en Pontecesures.

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Una de las casas afectadas por la arboleda en la zona de Pontecesures.

Dos familias llevan presentados escritos para que se eliminen maleza y árboles sobre sus viviendas desde hace años sin éxito

Dos familias de Pontecesures han presentado varios escritos al Concello ya desde hace más de dos años reclamando que se haga efectiva la limpieza de la franja de protección de los núcleos estipulada por ley, sin éxito alguno. Los afectados temen que algunos de los árboles que se sitúan en el perímetro caigan sobre sus tejados con los temporales del invierno. «Y en verano rezamos para que no haya incendios, porque esto es un peligro».
Los afectados recalcan que el Concello hace caso omiso a sus requerimientos. «Se limita a quitar la maleza de unos metros de la franja que dicen está en terreno municipal, pero no obliga a los propietarios a cumplir la ley». Los eucaliptos se encuentran, en uno de los casos casi sobre el tejado de una de las viviendas. «¿Si pasa algo a quién tenemos que reclamar?». A una de las dos familias afectadas le quemaron hace 12 años la casa por reclamar la limpieza de maleza y que se respetaran los lindes, «ya que el Concello dejó que unos particulares se apropiaran de terreno público. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos si después la Administración no toma cartas en el asunto y hace cumplir la ley? ¿Tenemos que volver al juzgado? Es injusto».

TIERRAS DE SANTIAGO, 21/10/08

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Alfonso Diz Villar y Luis Sabariz piden al BNG que asuma su responsabilidad.

Los ediles creen que el Bloque debe entender que se investigue lo ocurrido con el gasóleo.

Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, concejales no adscritos de Pontecesures e integrantes del gobierno tripartito, exigen al BNG local que empieze a asumir sus responsabilidades «y dejen de condenar al mensajero tratando de confundir a la opinión pública», pues es una estrategia «que ya está muy vista».
Guarda esto relación con las denuncias presentadas en su día contra el consumo presuntamente abusivo de carburante en vehículos municipales, de lo cual se responsabilizó políticamente al ex alcalde nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira.
Aquello está todavía pendiente de resolución judicial, pero el hecho de que la Audiencia Provincial ordenara la apertura de diligencias al Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis ha sembrado una nueva tormenta política que, en cierto modo, sirve a Luis Sabariz y a Alfonso Diz para vengarse, políticamente hablando, de todos los ataques de que fueron víctimas en los últimos años por parte de los dirigentes frentistas.
Es por ello que los concejales independientes piden al BNG «que se deje de hablar de obsesiones y persecuciones» y que «apague la música de siempre», pues de lo que se trata en este caso es de depurar responsabilidades por el uso abusivo del gasóleo.
Y es que, según Sabariz y Diz, los vecinos de Pontecesures desean conocer, entre otras cosas, «cómo es posible que un vehículo municipal llenara su depósito dos veces en la misma mañana» o cómo puede ser «que en recorridos determinados y acreditados» el coche consumiera «más de 100 litros a los 100 kilómetros».
Es algo «que resulta incomprensible» y que ahora la justicia tratará de esclarecer. Y para lograrlo, «naturalmente», los ediles no adscritos aportaron al juzgado «los documentos acreditativos de los consumos, desde albaranes firmados por los responsables municipales, hasta otros justificativos de los kilómetros que iba consumiendo el vehículo municipal» motivo de la polémica.

FARO DE VIGO, 19/10/08

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace