Los pisos de Mahía pagados en negro afectan también a Padrón.

Las viviendas de las promociones en las que la Agencia Tributaria ve indicio de delito corresponden a Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón, Sigüeiro y Compostela ·· El mayor de los pagos ilegales corresponde a un piso de más de 390.000 euros, escriturado en 228.000 ?

Los aproximadamente 7,6 millones de euros defraudados a Hacienda por el pago con dinero negro de parte de los pisos vendidos entre 2002 y 2003 por la inmobiliaria Mahía fueron construidos en distintas promociones llevadas a cabo en Santiago, Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón y Sigüeiro, según pudo saber ayer EL CORREO.

El fraude a la Agencia Tributaria se produjo durante la compraventa de 1.800 pisos que formaban parte de diversas urbanizaciones realizadas por algunas de las empresas del grupo constructor compostelano.

En los documentos que fueron remitidos por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, a la Delegación de Hacienda de A Coruña, aparecen algunas viviendas compradas íntegramente con dinero negro, como una de 84.742,71 euros de precio y del que no figura cantidad alguna en el precio registrado en la escritura pública, aunque sí un ingreso anotado en el apartado de «Cobros B» por la misma cantidad.

La cantidad mayor

Sin embargo, en los listados en los que la Agencia Tributaria encontró indicios de delito y tras lo cual respondió a la magistrada que investigara el presunto fraude, aparecen cantidades mucho mayores. Una de las viviendas, cuyo precio de venta era de 390.657,87 euros, aparece en la relación escriturada por 228.384,60 euros, cantidad que entró con dinero limpio en la «Cobros A», mientras que los 162.273,27 euros de diferencia tienen su correspondiente apunte en la denominada «Cobros B».

Desde los 300 euros

Y así continúa la larga lista de pisos pagados como estipula la legalidad y muchos otros cuya escritura pública está realizada por la cantidad que presumiblemente se pagó en dinero negro. Estas cantidades van desde los 300 euros a los referidos 162.273 euros, casi 30 millones de las antiguas pesetas.

La mayoría de las cantidades que figuran en los «Cobros B» rondan los 18.000 euros, aunque también hay numerosas anotaciones en ese apunte de 6.010,12 euros, que se corresponderían exactamente con el millón de las desaparecidas pesetas.

ANTE LA GUARDIA CIVIL Una denuncia de amenazas

Uno de los ex socios de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, denunció el pasado 27 de mayo ante el cuartel del puesto de la Guardia Civil de Padrón que según había tenido conocimiento por una tercera persona, alguien había contratado a un individuo para que buscara pruebas con las que extorsionarlo, presumiblemente con el fin de que este ex socio de la constructora e inmobiliaria retirara las denuncias penales y civiles que había abierto en los juzgados de Santiago contra otro de los accionistas.

La denuncia sobre el presunto delito de amenazas y extorsión llegó al Juzgado de Primera Instancia de Padrón, cuya jueza se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción Decano de Santiago, al que se le remitieron las actuaciones sobre estos presuntos hechos. En la actualidad se desconoce en qué trámite se encuentra esta denuncia y si se ha seguido investigando y la actual situación procesal .
LAS CLAVESAcusación de apropiación indebida

La división entre los socios del grupo Mahía surgió hace tres años, cuando Gómez Maroñas denunció a Ramón López Casal de apropiación indebida. La denuncia fue admitida a trámite y en el año 2006, hubo una vista preliminar en los Juzgados con toma de declaraciones.

La jueza remite papeles a Hacienda

En mayo, Gómez Maroñas entrega en el Juzgado de Instrucción número uno de Santiago diversos documentos sobre presuntos pagos en dinero negro de varias promociones. La magistrada remite los listados a Hacienda, que encuentra en los mismos indicios de delito.

Otra investigación en Valladolid

También el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid tiene un sumario abierto por el presunto intento de recalificar un suelo industrial en urbanizable para construir casi tres mil viviendas por parte de una de las firmas satélites de Maexpa, antigua Mahía. El juez quiso sobreseer el caso, pero la ­Audiencia Provincial lo obligó a retomarlo .

EL CORREO GALLEGO, 20/09/08

Un padre a 7.000 kilómetros.

Un cesureño tiene a su mujer e hija en colombia, y no las dejan salir del país.

La ley tiene más de una cara y, a veces, historias sencillas dejan grandes perjudicados en el camino. Andrés Portas González nación en Pontecesures hace casi 26 años, y ahora tiene ante sí un problema de dificil resolución. Los otros dos implicados en esta historia de jueces y papeleos son Sandra Muñoz Muñoz, una chica colombiana de 30 años, y la hija de ambos.
Sandra y Andrés se casaron al otro lado del Atlántico hace años y medio y, desde entonces, las autoridades españolas se resisten a dar el visto bueno a la unión. Detrás del recelo está la sospecha de que se pudiera tratar de un matrimonio de conveniencia, algo que se niega desde las partes. Mientras tanto recursos, protestas y viajes entre una y otra orilla.
Andrés acaba de denunciar al Consulado de España en Colombia por el trato recibido allí, cuando intentaba lograr permiso para traer a Galicia a la esposa y a su hija, pues esta última, al ser desdendiente de español, tiene derecho a la nacionalidad. Andrés solicitó información sobre la negativa a registrar el matrimonio, algo que fue denegado por una funcionaria del consulado.
El denunciante relata que «pedí entonces la hoja de reclamaciones o un justificante de haber estado allí, y un guardia civil me dijo que aquello no era España y que no se daba ninguna de las dos cosas». Andrés se negó a marcharse del consulado y, acto seguido, fue detenido por dos agentes «por orden del señor consul», según consta en la denuncia.
Sacándolo de la planta en la que se encontraba, el denunciante asegura que fue amenazado con ser entregado a la policía colombiana y tras tomarle los datos, fue expulsado del edificio. Andrés, sorprendido, acudió al Ministerio del Interior colombiano para informarse si era legal su entra a las fueerzas de seguridad de Colombia y allí le aseguraron que era un problema de soberanía española y que ellos no podían hacer nada.
La denuncia presentada el lunes en Vilagarcía es el último episodio de una carrera larga contra las trabas administrativas.
A principios de 2007 Andrés y Sandra se casaron en Colombia. Para validar la unión las autiridades españolas entrevistó a los cónyuges. Ella en junio de 2007. ?l en octubre.
El veredicto se retrasó hasta julio de este año, recalando en el Juzgado de Paz de Pontecesures. y se comunicó la negativa al «presumirse un matrimonio de complacencia a partir de las entrevistas».
Sandra apeló la sentencia ateniéndose a la legalidad del matrimonio y a la existencia de una hija en común. Además, al recurso se adjuntaron los informes que certifican la dependencia económica de Sandra y la niña del propio Andrés, quien cada mes envía, a través de giro postal, 500 ? a Colombia.
En los próximos días llegará la contestación final del consulado español. Mientras tanto, las autoridades deniegan cualquier tipo de visado para Sandra o para su hija (incluso el de turismo), manteniéndose bloqueadas en su país de origen.
Por el momento, todas las denuncias están cursadas y los trámites caminan, aunque despacio. Andrés sigue trabajando en Pontecesures a la espera de algo, y mientras tanto su mujer y su hija se encuentran a 7.000 kilómetros de distancia.

FARO DE VIGO, 11/09/08

Detienen a un cesureño por robar dinero en cinco supermercados y agredir a una cajera.

El detenido está en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra.
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Pontevedra detuvieron al cesureño Ramón E.G., de 41 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, además de varias faltas de hurto, al ser identificado como responsable de atracos a cinco supermercados de la ciudad del Lérez y Marín.

Durante el último robo, Ramón E.G. agredió supuestamente a una de las cajeras del establecimiento comercial. El suceso tuvo lugar el pasado 29 de agosto cuando, sobre las 13 horas del mediodía, la Policía Nacional recibió una llamada en la que se alertaba de que un supermercado de la calle pontevedresa Juan Bautista Andrade estaba sufriendo un atraco con violencia ya que el individuos había golpeado a la cajera para coger un fajo de billetes de la caja registradora.
La patrulla de la Policía que se desplazó al lugar pudo recabar datos entre varios testigos de los hechos y también de la víctima, lo que permitió reconstruir los hechos y también determinar que el ladrón había huido en un vehículo Renault Megane de color amarillo. Fue entonces cuando los agentes comenzaron a sospechar que el autor del robo podía ser el mismo que había cometido, desde el mes de julio, otras faltas de hurtos en diversos supermercados de Pontevedra y de Marín.

La Policía llegó a esa conclusión tras comprobar que el ??modus operandi? era el mismo en todos los robos: un hombre de unos 40 años de edad se apostaba en el exterior de las puertas del supermercado y esperaba a que la cajera abriese la caja registradora para realizar un cobro para, por sorpresa, entrar a la carrera y, con rapidez, sustraer dinero. Al parecer, en todas las ocasiones, las víctimas quedaban paralizadas y no lograban reaccionar ante la rapidez con la que actuaba este individuo, si bien en el caso del último establecimiento de la calle Juan Bautista Andrade la cajera trató de evitar el atraco, siendo empujada violentamente por el autor para poder coger los billetes.

Pesquisas > Con estos datos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a buscar al responsable de los robos, un hombre que respondiera a las características físicas y vestimenta que habían descrito los testigos. También contaban, como dato importante, con la marca, modelo y color del vehículo del ladrón, lo que les permitió llegar a identificar a Ramón E.G. como presunto autor de los atracos.

La Policía siguió su pista hasta proceder a su detención en Pontecesures, localidad en la que tiene fijada su residencia habitual. A Ramón E.G. se le imputan cinco faltas de hurto y un presunto delito de robo con violencia. Ayer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Pontevedra.

DIARIO DE AROUSA, 10/09/08