Con toda la pompa de un acto institucional en el Ministerio de Fomento -y todas las reservas por el cariz electoral que adquiere cualquier iniciativa política en estas fechas- el ministro Ábalos ha forrado de millones de euros el demandado proyecto para enganchar el Corredor Atlántico a la red europea de mercancías ferroviarias, que tendrá un impulso decisivo en la próxima década y los consiguientes fondos comunitarios.
El máximo responsable de las infraestructuras en España ha confirmado la inversión de 2.820 millones de euros este mismo año para acometer mejoras en los distintos trazados del corredor, y 370 de ellos serán específicos para lo que ADIF denomina como cuadrante noroeste, en el que se integra Galicia. Se trata de casi un 17 % del montante total de 17.000 millones que todavía tiene que invertir España en la red ferroviaria para que estas conexiones se consideren integradas por sus características en el gran corredor transeuropeo, llamado a convertirse en una alternativa real a la invasión de camiones que inundan los entramados viarios continentales.
El eje del corredor atlántico
José Luis Ábalos habló en todo momento de «un proyecto de Estado», por cuanto beneficiará a Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia, y comprometió el respaldo del Ejecutivo, que debe complementarse «con la participación de la iniciativa privada para poder culminar la tarea». Se refería, sin entrar en más detalles, a la necesidad de que el sector público planifique y cree las infraestructuras, pero que también se encargue de generar el marco normativo que facilite la participación del capital privado. Además de la liberalización ferroviaria, citó la necesidad de que las empresas se impliquen en la gestión de las plataformas logísticas. ADIF, de hecho, propone un modelo colaborativo de explotación en nodos estratégicos como el de Monforte o León.
Una red «abandonada»
Las actuaciones pretenden mejorar los servicios logísticos para las empresas del sector industrial y los exportadores y mejorar una red «bastante abandonada y que corre el riesgo de quedarse obsoleta», reconoció el también dirigente socialista, que adelantó que tras su ejecución habrá una rebaja notable en los tiempos de tránsito, menos costes e incidencias y mayor fiabilidad para el transporte de mercancías desde los puertos atlánticos «hasta el núcleo de Europa».
En lo que respecta a Galicia, la luz verde prioritaria brilla especialmente en dos conexiones. Por un lado, el eje León-Vigo, de 420 kilómetros, que requiere una inversión hasta el 2025 de 650 millones de euros, necesarios para adaptar el trazado a los trenes de entre 600 y 750 metros, lo que implica la racionalización de las estaciones y la adecuación de gálibos e instalaciones de seguridad. Y, por otro, la línea Vigo-A Coruña, de 210 kilómetros, que necesita 70 millones de euros para la renovación y electrificación de los tramos del antiguo trazado que dan servicios de proximidad. A estas dos líneas estratégicas se sumarían actuaciones complementarias en 245 kilómetros de vías, incluyendo la conexión del puerto de Ferrol y el tramo que pasa por A Coruña-Betanzos-Lugo-Monforte de Lemos, que se conectaría a la línea Vigo-León. La factura de la modernización en este enlace suma cerca de trescientos millones de euros.
Según los cálculos de Fomento, la inversión en Galicia, Asturias y Castilla y León puede alcanzar los 3.558 millones de euros, de los que 1.300 son para renovación de infraestructuras y 2.265 millones para nueva construcción. Son 458 millones más que los que reclamaba la alianza de presidentes autonómicos, que junto al sector empresarial de las tres comunidades busca la implicación del Estado para que el noroeste no se quede desenganchado de las redes europeas. Para ello, también demandan la incorporación del norte de Portugal a este entramado.
La Voz de Galicia
