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A un trimestre de concluir el año 2016, dos de los concellos de la comarca de Arousa continúan sin tener los presupuestos aprobados. Pese a que deberían estar en vigor desde el uno de enero, tanto Vilanova como Pontecesures no han logrado todavía hacer números y llevarlos al pleno para su posterior aprobación. Trabajan así, con una prórroga de los presupuestos de 2015, aunque el objetivo de ambos municipios es llevar acabo una aprobación que podría producirse al mismo tiempo que la de los presupuestos de 2017. «Estamos trabajando en ellos», explican desde el gobierno municipal de Vilanova.

Desde Pontecesures, el alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, señala que tienen previsto aprobarlos antes de que concluya el año. «�? necesario facelo para traballar con orzamentos reais», indica. En este momento, están trabajando en la estructuración de los dos millones de euros de los que dispone el concello y, aunque no hay nada decido, serán infraestructuras y política social las partidas de gastos voluntarios a las que más recursos dirigirán. El retraso lo encuadra en las muchas tareas pendientes que se encontró cuando llegó al gobierno tras la moción de censura que se consumó el mayo pasado.

¿Un problema?

Consultado sobre la cuestión, el principal problema lo fija el exalcalde de Vilagarcía y actual secretario municipal de Catoira, Javier Gago, en los gastos de inversión porque no pueden prorrogarse. «Esto significa que, por ejemplo, solo pueden llevarse a cabo las obras que están subvencionadas al cien por cien por otras administraciones», explica. Es el caso de los planes provinciales de la Diputación, que tienen tres líneas (obras, empleo y servicios sociales), pero no el de la Xunta, que acostumbra a subvencionar entre el 60 % y el 70 %. Otras, directamente, exigen tener un presupuesto aprobado entre sus condiciones, algo que lleva a Gago a ser claro: «es mejor tener un mal presupuesto que no tenerlo».En los gastos corrientes, cuando el presupuesto no llega, las opciones se reducen a dos: partidas que se quedan en situación de déficit (como la dedicada a parques y jardines en Pontecesures, que se excede hasta el momento en 2.286 euros) o llevar a cabo modificaciones entre las de gastos voluntarios para pasarlos a obligatorios, algo para lo que se requieren los mismos trámites que supone la aprobación del presupuesto. Es habitual que sea necesario. «La tendencia es que los sueldos de los funcionarios y la energía eléctrica suban un poco cada año», recuerda Gago. Al tratarse de subidas recogidas por la ley o de compromisos con los contratistas, este experto en gestión local afirma que lo habitual es que se llegue a acuerdos para estas modificaciones en los gastos corrientes. «Es responsabilidad de toda la corporación», incide. En el caso de déficit, toca hacer un plan de ajuste económico.

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