la voz de galicia

Las partes negocian un acuerdo para que los heridos cobren la indemnización y se rebaje la pena a los siete acusados.

El juicio por el accidente pirotécnico que se produjo el 29 de marzo del 2008 en las fiestas de la Pascuilla de Padrón ha quedado aplazado hasta los días 11 y 12 de junio. El motivo ha sido un error a la hora de citar a los testigos, que motivó la incomparecencia en la vista que debía iniciarse hoy de los guardias civiles que redactaron el atestado de los hechos y que tenían que declarar como testigos.

En aquel accidente resultó gravemente herido en un pie David Cortizo Bouzas, un joven de Rois, así como su pareja, María Rossana Tarrío Senanade. Ambos habían acudido al atrio del convento del Carmen para ver los fuegos artificiales. La fiscal ha acusado a siete personas. Entre ellas, la que era concejala de Festas del Concello de Padrón, Concepción Carneiro Vicente, pero también al jefe de la Policía Local de este municipio, Francisco Javier Abeijón Brea, y al responsable de Protección Civil de Padrón, José Carlos Seco Santos. También a los representantes legales e intermediarios de las dos empresas pirotécnicas, Calo y Calvo, que se encargaron de los fuegos. Se trata de Alfonso Calo Rama, Iván Rodríguez Lago, José Luis Calvo Antelo y José Ángel Pérez Brandón.

Para los siete acusados la fiscal solicita tres años de prisión por dos delitos de lesiones imprudentes. Además, el ministerio público reclama que el Concello de Padrón y los acusados abonen conjunta y solidariamente las indemnizaciones para las víctimas del accidente. Solicita 260.000 euros para David Bouzas y 1.950 euros para María Rossana Tarrío, cuyas lesiones revistieron mucha menor gravedad. Las responsables directas del abono de las cantidades, en función de las pólizas contratadas, serían las compañías aseguradoras contratadas por el Ayuntamiento y por las empresas pirotécnicas.

Las acusaciones particulares, que representan a los dos perjudicados, coinciden en pedir penas de tres años de prisión para los acusados, pero elevan las indemnizaciones exigidas hasta los 500.000 euros en el caso de David Bouzas y a los 9.500 euros en los de la que era su pareja en el momento del accidente.

Pese al aplazamiento hasta junio de la vista oral, los abogados de las distintas partes y la fiscal del caso han comenzado ya a sondear la posibilidad de cerrar un acuerdo de conformidad que supondría que los acusados aceptasen una pena menor a cambio de pactar el pago de las indemnizaciones a los dos jóvenes afectados por la explosión pirotécnica.

Las acusaciones consideran que las empresas pirotécnicas no actuaron con diligencia porque no tomaron medidas para evitar que los fuegos artificiales se humedecieran con la lluvia, lo que hizo que aumentasen su volumen. Además, estiman que el cilindro de aluminio utilizado como cañón para la proyección de las bombas estaba «debilitado por el uso excesivo», señala el escrito de la fiscal.

En cuanto a la que era concejal de Festas y a los responsables de la Policía Local y de Protección Civil de Padrón, se les considera responsables de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias y de haber permitido la presencia de los dos jóvenes heridos y de otras personas no autorizadas en el perímetro de riesgo del recinto en el que se dispararon los fuegos. «Tampoco se colocó se colocó cordón de seguridad ni valla de ningún tipo que limitase y acotase el acceso a la plaza, ni señal de prohibición de paso o de peligro por presencia de manipulación de material explosivo, no había miembros de la Policía Local o de Protección Civil vigilando y controlando el recinto y las escaleras a la entrada del mismo», añade el ministerio público.

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