El PP pide que se reconsidere la supresión del tren de cercanías.

Entienden que todavía es viable el mantenimiento de las vías en el trazado sur

Los diputados gallegos del PP han presentado en el Congreso una proposición no de Ley para que se inste al Gobierno a realizar un plan que establezca las actuaciones precisas para mantener la línea de cercanías.Se trata de conservar las actuales infraestructuras y señalización del Eje Atlántico convencional que sirva para el transporte de pasajeros o de mercancías propio de Galicia.
Los populares defienden que el mantenimiento de servicios de la red ferroviaria preexistente permitiría garantizar un nivel de accesibilidad territorial muy importante en comunidades con dispersión poblacional como es el caso de Galicia.
Los diputados gallegos consideran que el Ministerio de Fomento «se ha equivocado durante los años 2007 y 2008 con su política de desmantelamiento de los tramos de vía convencional que se sustituían por las nuevas variantes en el Eje Atlántico de Alta Velocidad» y creen que se ha desoído el mandato unánime del Parlamento gallego en este sentido.
Pérez Arca, Ana Pastor y María Ramallo subrayan que atendiendo al volumen de población afectada y el hecho de que no se haya producido un desmantelamiento de la vía tan importante como en la zona norte, el Gobierno debería iniciar, de forma prioritaria y en una primera fase, las actuaciones necesarias para la recuperación de la continuidad de la línea tradicional, es decir, desde Pontevedra hasta Vigo, contemplando la extensión de los servicios a Portas.
Piden que se analice la viabilidad técnica y económica de la implantación de servicios de proximidad que unan las ciudades de Vilagarcía y Santiago a través de la línea ferroviaria que existe, considerando que ese tramo es el que mayor número de pasajeros aporta al servicio. Aseguran que la actual decisión deja sin este transporte a 75.000 vecinos de Catoira, Pontecesures, Padrón, A Escravitude y otros puntos del corredor.

FARO DE VIGO, 31/03/11

Los siete coros de Pontecesures.

Monumento al minifundismo electoral, Pontecesures es una especie de laboratorio en el que casi todo es posible cuando se trata de elegir alcalde y corporación. A poco que suene la flauta, el pequeño municipio arousano, cuyo censo anda por los 2.500 votantes, contará con un número de opciones políticas que para sí quisieran muchas de las grandes urbes del país. Nada menos que siete formaciones en liza el 22 de mayo.
A saber, los Independientes por Pontecesures de Maribel Castro, la regidora menos votada que se recuerda y única concejala de su partido; el BNG de Álvarez Angueira, destronado en el 2007 por una amalgamada alianza del resto de candidatos; el PSOE que esta vez lidera Roque Araújo; el Partido Popular con Vidal Seagre al volante; la Agrupación Cidadá de Pontecesures, que Sabariz y Diz desempolvan tras su fugaz y traumático paso por el puño y la rosa; Terra Galega, que solo una parte de los descontentos del PP, con el ex edil Ángel Souto como referente, están cocinando, porque otra fracción de conservadores escaldados, dirigidos en su caso por el portavoz próximamente defenestrado de la gaviota, Rafael Randulfe, acaricia su propia aventura.
Si este concurrido coro de aspirantes al bastón de mando se confirma, bastará que en Pontecesures se reúnan 96 votos (este será el umbral del 5% de sufragios que la ley exige para que una formación compute en la distribución de ediles si la abstención se mantiene, como hace cuatro años, en un 25%) para sentar a un concejal en el Ayuntamiento. Con estos números, cualquier grupo de amigos y sus familias bien podrían poner y quitar alcalde. Nada que objetar desde el punto de vista de la participación ciudadana. Al fin y al cabo esto es lo más cercano a la democracia directa a lo que hoy por hoy podemos aspirar. Pero algo sugiere que la ensalada va a resultar indigesta cuando cuatro de los ingredientes proceden de la misma leira.

Colummna «La cosa política», por Serxio González
LA VOZ DE GALICIA, 27/03/11

El BNG lleva al Parlamento el arreglo de la travesía de A Ponte.

El diputado del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, registró una proposición no de ley y una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno del Estado a «licitar e executar coa máxima urxencia» el proyecto de acondicionamiento y mejora de la carretera N-550 a su paso por A Ponte, en el municipio de Padrón.
Francisco Jorquera solicita, además, que se reserve una partida de 4,5 millones de euros en los próximos presupuestos generales, así como que se acometa la construcción de un nuevo viaducto sobre el río Ulla que dé continuidad a la variante de Padrón de la N-550 y a la de Pontecesures-Valga de la misma vía.
El diputado nacionalista explica que, ya en junio de 2008, el BNG se dirigió al Gobierno estatal para preguntarle por el proyecto de acondicionamiento de la travesía N-550 en A Ponte.
Recuerda, además, que hace muchos años que los vecinos de esta zona están demandando la mejora y que no se acomete pese a que la inseguridad en la zona «empeorou». En la actualidad, está en marcha una recogida de firmas para conseguir esta demanda.
El diputado nacionalista visitó la zona hace unos días acompañado por el candidato local, Xoán Santaló, y vecinos de la travesía, a los que nunció ya esta iniciativa parlamentaria para que Fomento acometa de una vez esta reforma de la carretera nacional.

LA VOZ DE GALICIA, 26/03/11

Diez jueces de paz resuelven en la comarca los conflictos vecinales.

Llevan el registro civil, tramitan conciliaciones y celebran juicios de faltas

Los juzgados de la comarca, como casi todos los juzgados españoles, están colapsados. A estas alturas ya nadie se sorprende si tiene que esperar diez años por un juicio. Pero esa demora podría ser todavía mayor de no ser por los jueces de paz, una figura a medio camino entre el reconocimiento social y la carrera judicial que se encarga de todos los trámites del registro civil y los conflictos vecinales en aquellas localidades pequeñas que carecen de juzgados. Su labor, escasamente reconocida, impide que esa saturación de las salas ordinarias llegue a cifras insostenibles.
En la comarca hay diez jueces de paz. Ejercen esa labor vecinos o expertos en leyes que trabajan en dependencias municipales o en locales cedidos para esa función. Los hay en Vilanova, A Illa, O Grove, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo, Catoira, Valga y Pontecesures. El primero, a cargo en la actualidad de Pablo Ventoso, es el más antiguo de la comarca.
Su funcionamiento lo regula la Ley de Enjuiciamiento del año 1855. Desde esa fecha, con altibajos, hubo jueces de paz en muchos ayuntamientos gallegos. Las dificultades que antaño tenían los vecinos para desplazarse a los escasos juzgados y la necesidad, en el presente, de acercar la justicia al ciudadano, y a la vez quitar carga de trabajo a las salas ordinarias, justifican que siga en pie una institución que data de mediados del siglo XIX.

Elegidos por la corporación
Es la corporación municipal la que elige al juez de paz. Tradicionalmente era un vecino muy respetado, alguien que contaba con el reconocimiento de sus parroquianos. Ahora sigue siendo así en muchos casos, aunque cada vez más son personas con conocimientos en leyes, licenciados en Derecho, procuradores o abogados que adquieren así una valiosa experiencia para el posterior ejercicio de su profesión.
Su principal misión es el registro de los matrimonios, nacimientos y defunciones que se producen en el municipio en el que ejercen su labor. Pero también se encargan de actos de conciliación, es decir, de mediar entre los vecinos para evitar que sus diferencias acaben en los juzgados. No siempre lo logran, pero al menos en A Illa, donde Pablo Iglesias es juez de paz desde hace ocho años, el 65% de los casos se resuelven satisfactoriamente.
También se celebran juicios de faltas, aquellos estipulados por el Código Penal con sanciones que van de los 4 a los 400 euros por persona y día. Generalmente son por conflictos vecinales, casi siempre por calumnias e insultos, aunque también se pueden juzgar pequeños hurtos.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

Jorquera pedirá en el Congreso los 4,5 millones prometidos de A Ponte.

El diputado nacional mantuvo ayer un encuentro con los vecinos de la zona//El arreglo de la travesía es una reclamación de hace más de una década

Llevan más de una década reclamando el acondicionamiento del acceso a Padrón desde Pontecesures… Y todavía siguen esperando. Los vecinos de A Ponte siguen promoviendo diversas acciones para que, de una vez por todas, el Gobierno central acometa la prometida urbanización de la travesía de la N-550 a su paso por este lugar del Ayuntamiento padronés.

Con este motivo, el diputado nacionalista en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, y el candidato a la alcaldía de Padrón por el BNG para las próximas elecciones, Xoán Santaló, mantuvieron ayer una reunión con los vecinos de A Ponte para buscar soluciones a esta problemática que se dilata, cada vez más, en el tiempo. El representante nacional anunció a los afectados que presentará una proposición no de ley en el Congreso para que se aborde con urgencia la urbanización de este tramo de la carretera nacional. Asimismo, y tal y como indican desde el BNG, Jorquera reclamará «que se reserve a partida orzamentaria de 4,49 millóns de euros que se cuantificou como necesaria para realizar as obras de humanización da travesía» y cuya promesa de ejecución por parte del Ministerio de Fomento se remonta al verano de 2008, cuando el Gobierno estatal presentaba el proyecto de mejora de la seguridad vial en la zona.

A pesar de haberse proyectado, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 no contemplaron la actuación, al igual que los siguientes. En vista de la situación, fueron numerosos los escritos enviados desde el Concello y las peticiones cursadas por diversos representantes políticos, que solo obtuvieron la callada por respuesta. Mientras tanto, los vecinos siguen viendo como peligra la seguridad vial en una travesía que registra una densidad de tráfico diaria de casi 20.000 vehículos y que ni siquiera cuenta con arcenes o aceras habilitados para el paso de peatones.

Las obras de la travesía de A Ponte comprenderían un tramo de un kilómetro de longitud y la petición de mejoras en el lugar se remonta, según indican desde el BNG, al año 1999, «desde a expropiación das vivendas situadas na súa marxe» y que, por cierto, se encuentran en un avanzado estado de deterioro. La puesta en marcha de la actuación (que sólo cabría incluir en los próximos PGE) acercaría a una población que actualmente se halla aislada de la capital del Sar y mejoraría considerablemente la seguridad de conductores y peatones.

Recogida de firmas

Una de las últimas iniciativas llevadas a cabo por los vecinos de A Ponte, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, fue la puesta en marcha de una recogida de firmas para reclamar al Ministerio de Fomento el arreglo urgente de la travesía en aras de mejorar la seguridad vial. El apoyo a la petición de los afectados fue de lo más evidente, ya que consiguieron mil rúbricas en tan solo dos fines de semana, aumentando éstas con el paso del tiempo. Los afectados aprovecharon el mercado dominical en la capital del Sar para instalar una mesa en el casco urbano donde vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad de mostrar su apoyo a la iniciativa mediante su rúbrica. Ya ha pasado más de una década desde que se realizaran las primeras reclamaciones al Gobierno para la puesta en marcha de unas obras cruciales en la zona.

EL CORREO GALLEGO, 20/03/11

El alcalde de Valga apela a la ley a la hora de exigir retranqueos en Coto.

En cuanto a las acusaciones vertidas por Elena López en relación a que el Concello no le dejaría construir un muro en su finca de Coto como «represalia» por el contexto de pleitos y desencuentros que mantienen ambas partes, Bello Maneiro reaccionó con otra acusación. «Esta persoa minte continuamente».
El alcalde afirma que el Concello le está exigiendo a esta vecina ni más ni menos que lo que exige la ley. «Pola parte de abaixo [la pista que llega a Extrugasa] é a lei a que di que hai que retranquear metro e medio. E na outra pista [la construida para dar acceso al paso elevado y a la que se refería Elena López el pasado viernes] o que se lle di é que ten que levantar o muro pola liña de expropiación pois pagóuselle por un terreo que agora hai que ocupar».
Elena López se opuso en su día al precio tasado por su finca en el proceso de ocupación de los terrenos para construir una carretera de acceso al paso elevado de Coto y consiguió que el jurado le pagase hasta el triple de la valoración inicial. Ahora quiere levantar un muro y denuncia que a ella se le exige retranquear y al resto de los propietarios no. «O que non se lle pode pedir aos propietarios que cederon voluntariamente os terreos é que retranqueen tamén. Ela si ten que facelo porque ten que respectar a línea de expropiación», apunta Bello Maneiro.
Esta vecina critica que no le otorguen licencia para levantar el cierre y, ante esta situación, optó por iniciar las obras sin el pertinente permiso municipal, obras que fueron paralizadas por el Concello. «Alí foi o asesor xurídico, o aparellador, o delineante, os topógrafos a falar con ela, e sempre botou a todo o mundo fóra», dice el regidor.

LA VOZ DE GALICIA, 16/03/11