El PSOE cesureño celebra el jueves una charla sobre la Lei de Augas.

La agrupación socialista de Pontecesures celebrará el próximo jueves, 2 de diciembre, una charla sobre la recientemente aprobada Lei de Aguas. El acto se desarrollará en el establecimiento de hostelería Casa Gómez a partir de las 20:30 horas. El PSOE cesureño hace un llamamiento a la asistencia, especialmente a los propietarios de pozos, comunidades de aguas y traídas vecinales. Los socialistas sostienen que esta nueva ley supondrá el cobro de un canon sin recibir «ningunha compensación».

DIARIO DE AROUSA, 28/11/10

ADIF dice que el cruce de la Vía Portuguesa en Iria no constituye paso a nivel.

Padrón Llevan más de diez años reclamando una solución al paso de personas sobre la vía ferroviaria en Iria, por donde pasa el Camino Portugués, sin lograr que las administraciones competentes hayan tomado hasta cartas en el asunto.

En julio pasado, a las reivindicaciones de los vecinos, representados por Lola Ramos, se sumaba la propuesta de la junta de gobierno local de Padrón, en la que se instaba al delegado del Gobierno en Galicia y al Adif, a colocar barreras automáticas en este punto. El objetivo sencillo: avisar de la llegada de trenes y evitar así el paso de los transeúntes, en su mayoría peregrinos que circulan por la Vía Portuguesa, salvaguardando su seguridad.

En su contestación remitida hace unos meses al Concello, el Adif recalca que sólo ostenta competencia de administración «cuando así se determina mediante encomienda de Fomento». Y señala que respecto al paso a nivel de Iria por donde cruzan los peatones sin ninguna seguridad, dicha encomienda «no se ha producido, no existiendo dotación presupuestaria prevista». También insiste Adif en que dicho cruce «no constituye un paso a nivel, por lo que el Adif no ostenta tampoco las competencias que , en cuanto a este tipo de pasos, pudiera corresponderle, de acuerdo con la normativa».

En el escrito remitido al Concello, la entidad pública empresarial advierte además que «el cruce de vías ferroviarias por lugares no autorizados, constituye una infracción». Por lo que emplaza a usar el paso superior existente y a poner en conocimiento de las autoridades competentes «cualquier conducta infractora.

No obstante, el Adif matiza que la documentación aportada por el Concello de Padrón será enviada al Ministerio de Fomento «con competencias en la materia para su conocimiento y efectos oportunos».

Una vez conocida la resolución del Adif, Lola Ramos, en representación de los vecinos de Iria, emplaza a las autoridades competentes a dejar «de pasarse la pelota» y actuar «de forma adecuada, haciendo cumplir el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres en Materia de Supresión y Protección de Pasos a Nivel», de lo contrario «estamos dispuestos a recurrir a medidas de presión».

LO MEJOR
El Camino Portugués a su paso por la capital del Sar registró este año un aumento considerable del número de caminantes. Esta vía, amén del Año Santo, se está convirtiendo en uno de los caminos más concurridos.

LO PEOR
Al llegar a Iria, la señalización de la Ruta lleva a los caminantes hasta el callejón sin salida donde se encuentra la casa de los Trulock. La ún¡ca alternativa es cruzar la vía ferroviaria, sin ningún tipo de seguridad y con riesgo.

EL CORREO GALLEGO, 25/11/10

Xaquín Álvarez Corbacho: «No debería haber municipios de menos de 10.000 habitantes».

Xaquín Álvarez Corbacho (O Grove, 1942; casado: tres hijas; catedrátrico de Economía Aplicada de la Universidade de A Coruña; ex conselleiro del Consello de Contas de Galicia) es un gran experto en economía pública que ha estudiado a fondo la situación interna los ayuntamientos gallegos desde las perspectiva fiscal.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de los municipios gallegos?

La situación está mal. Sobran municipios y ese problema no se afronta, porque dicen que es muy costoso políticamente, pero de alguna manera hay que afrontarlo, pues también es costosísimo mantener la situación actual. Hay que fusionar municipios. En Galicia tenemos en torno a quince o diecisiete municipios menores de 1.000 habitantes; en Castilla y León hay casi 1.000 municipios por debajo de los 1.000 habitantes. ¿Qué pueden gestionar esos municipios y qué puedes exigirle, si no pueden llevar la mayoría de las competencias que tienen asignadas? Se trata de estructuras del siglo XIX para cuando la población gallega vivía en el campo. Ahora estamos en un modelo de concentración de la población en las ciudades, y hay que hacer lo que hicieron otros países europeos, fijar el número de habitantes exigibles para ser un municipio.

¿En cuántos habitantes ha de estar ese mínimo?

Diez mil debe ser el mínimo. Los países nórdicos pusieron 10.000; en Gran Bretaña, un poco menos. Hay que tener una mínima máxima crítica para que con sus impuestos se puedan gestionar la mayor parte de los servicios locales. El coste de varios servicios puede minimizarse si se aumenta la población hasta un determinado nivel. Y también hay que clarificar las competencias municipales.

¿Cómo?

Con una nueva ley de bases que señale las competencias municipales, y acabar con los llamados gastos impropios y que nadie, a partir de ahí, se exceda. Porque de lo contrario esto seguirá siendo un pozo sin fondo. Los recursos de los municipios no son infinitos y hay cosas que tendrá que hacer otra administración o delegar las competencias con sus recursos en los municipios.

EL CORREO GALLEGO, 14/11/10

Los socialistas consideran decepcionantes los presupuestos de la Xunta, de dejan en Ulla-Umia 2,3 millones e euros.

El coordinador comarcal, Roque Araújo, y Carmen Cajide comparecieron ayer en la sede de Cuntis.

La diputada socialista Carmen Cajide y el coordinador comarcal de Ulla-Umia, Roque Araújo, calificaron ayer de «decepcionantes» los presupuestos de la Xunta para el año 2011. A excepción de la partida de 2.259.311 euros para la reforma de la carretera Caldas-Moraña (PO-221), el resto de los fondos previstos son «limosnas» o «migallas» que demuestran, para estos dirigentes, el abandono del PP con este territorio que conforman siete municipios (Caldas, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga).
Para contrarrestar esa situación, los socialistas ya trabajan en la recopilación de datos para la presentación de enmiendas. Carmen Cajide subrayó que se priorizarán dos propuestas, una ya conocida sobre el río Umia y otra que afecta al polígono industrial de A Ran, en Cuntis. La iniciativa del Umia comprende un plan integral de saneamiento de todo el cauce con doce medidas y dotado con al menos 6,7 millones de euros.
Fue registrado como una proposición no de ley y rechazada por el PPdeG en el Parlamento el pasado 27 de octubre. «Para o PP esta comarca non existe e cando existe é mellor que non se acheguen porque non hai máis que ver o grave problema que arrastra o encoro da Baxe», dijo Cajide.
Respecto al parque empresarial de A Ran, la parlamentaria consideró una «tomadura de pelo» y un «atentado á intelixencia da xente de Cuntis» los 22.744 euros que figuran en los presupuestos autonómicos. «Finalizado o plan sectorial é o momento de facer a parcelación e a urbanización, polo que é necesario un investimento importante -remachó la diputada-. Preguntámonos por que non aparecen as cantidades previstas nos orzamentos do bipartito e para qué son eses 22.744 euros».
Cajide mostró una gráfica para comparar el compromiso de la Xunta. Según sus cifras, en el año 2009, con Touriño en el Gobierno, había 8.260.931 euros para Ulla-Umia; en el 2010, se pasó a 4.800.000 euros, y en el 2011 se baja hasta los 2.348.017 euros. Ambos políticos criticaron la «falsa austeridade» de la que hace gala el presidente del Ejecutivo, Núñez Feijoo, y los «amplios recortes sociais» que implican los presupuestos. Araújo también censuró el olvido del proyecto para reordenar la fachada fluvial de Pontecesures.

LA VOZ DE GALICIA, 02/11/10

La Justicia requirió hace un mes la paralización de la planta de Servia, que trata la basura de Pontecesures.

La planta de Servia, que desde el concello de Lousame trata la basura de los ayuntamientos de la Mancomunidade Serra do Barbanza y Pontecesures, se ha convertido en un géiser de malas noticias que poco ayudan a mantener una postura optimista sobre su futuro. La última revelación que ha visto la luz procede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que remitió en septiembre al Concello de Lousame un requerimiento para que ejecute la sentencia de paralización de la planta, dictada en el 2006. En esta notificación, sellada con fecha de entrada en las oficinas municipales el día 8 de septiembre, se indicaba al grupo de gobierno su obligación de cumplirla e informaba de que el requerimiento vencía en un mes, es decir, el pasado viernes.
La sentencia que motivó este último aviso procedía también del TSXG -año 2006-, dejando a la planta de compostaje de Servia en una situación de ilegalidad urbanística al estar asentada demasiado cerca de un almacén de explosivos instalado en Rois. Ahora, apuntan fuentes cercanas a la planta de residuos «ya ha pasado el tiempo que la ley fija para que se cumpla la sentencia, por lo que los propietarios del polvorín han exigido su ejecución».
Desde el Concello de Lousame, su máximo representante, el regidor Santiago Freire, aseguró que «o Concello xa lle deu traslado ao xulgado as medidas adoptadas e designouse quen será o representante neste proceso, que serei eu mesmo como alcalde».
La petición de FCC
Sobre esta cuestión, el mismo Freire aseguró que ya pidieron amparo a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con la que asegura «temos asinado un convenio que nos permite delegar as competencias en materia urbanística». Para concluir el alcalde popular confirmó que se defenderán con todos los medios posibles tanto la planta como los puestos de trabajo.
La empresa concesionaria de la planta de Servia, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), solicitó en el 2001 por escrito al Concello de Lousame que no se paralizase la edificación de la planta, que en aquel momento se estaba construyendo.
La causa de este documento eran los problemas que ya entonces estaba creando la cercanía del polvorín de Rois, algo que para la firma no era desconocido en el momento de elaborar el proyecto ni alteraba ninguna de sus pretensiones para hacerse cargo de la planta de compostaje.

LA VOZ DE GALICIA, 15/10/10

La Justicia requirió la paralización de la planta donde se trata la basura de la Mancomunidad Barbanza Outes, y la de Pontecesures.

La presencia de un polvorín en las inmediaciones es la razón por la que los tribunales consideran ilegal la licencia.

La proximidad de un almacén de explosivos motivó en el 2006 la resolución del Tribunal Superior de Xustiza

El aviso llegó tras cumplirse cuatro años de la sentencia que declaró ilegal la licencia urbanística de la explotación

Decir que la planta de Servia es un polvorín resulta una expresión que según de qué sector vinculado a la explotación se trate puede encajar de maneras opuestas. Pero la verdad es que la realidad de esta planta de residuos asentada en terrenos del municipio lousamiano se ha convertido en un géiser de malas noticias que poco ayudan a mantener una postura optimista sobre su futuro. La última revelación que ha visto la luz procede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que remitió en septiembre al Concello de Lousame un requerimiento para que ejecute la sentencia de paralización de la planta, dictada en el 2006. En esta notificación, sellada con fecha de entrada en las oficinas municipales el día 8 de septiembre, se indicaba al grupo de gobierno su obligación de cumplirla e informaba de que el requerimiento vencía en un mes, es decir, el pasado viernes.
La sentencia que motivó este último aviso procedía también del TSXG (año 2006), dejando a la planta de compostaje de Servia en una situación de ilegalidad urbanística al estar asentada demasiado cerca de un almacén de explosivos instalado en Rois. Ahora, según apuntan fuentes cercanas a la planta de residuos «ya ha pasado el tiempo que la ley fija para que se cumpla la sentencia, por lo que los propietarios del polvorín han exigido su ejecución».
Desde la casa consistorial de Lousame, su máximo representante, el regidor Santiago Freire, aseguró que «o Concello xa lle deu traslado ao xulgado as medidas adoptadas e designouse quen será o representante neste proceso, que serei eu mesmo como alcalde».
Asesoramiento
Sobre esta cuestión, el mismo Freire aseguró que ya pidieron amparo a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con la que asegura «temos asinado un convenio que nos permite delegar as competencias en materia urbanística». Para concluir, el alcalde popular confirmó que se defenderán con todos los medios posibles tanto la planta como los puestos de trabajo.

LA VOZ DE GALICIA, 14/10/10