La plataforma Galicia Mellor Sen
Touradas y la Asociación Animalista Libera, que desde hace años
persiguen la erradicación de la suelta de vaquillas que se realizada
cada verano en el Concello de Valga,
aseguran que «puede convertirse en la primera administración denunciada
y sancionada por el artículo 16 de la Ley de Espectáculos Públicos de
Galicia».
En concreto,
sugieren que el Ayuntamiento se enfrenta a una sanción de hasta 30.000
euros por permitir la presencia de niños en las capeas que se
desarrollan en el coso taurino situado en la playa fluvial de Vilarello.
De
acuerdo con la citada legislación, la cual establece «medidas de
protección de las personas menores de edad», la jefatura territorial de
la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza parece
haber incoado un expediente sancionador por el festejo taurino
celebrado en julio.
Como parte
de la investigación previa dicho órgano habría solicitado tomar
declaración al propio Concello y a los encargados del festejo taurino,
así como al comandante de la Guardia Civil de Valga, determinando de
este modo la incoación del expediente sancionador por una posible
infracción grave de la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia.
Así
lo aseguran los animalistas antes de incidir en que «se soltaron varias
vaquillas de corta edad para disfrute del público, entre el que había
una importante presencia de niños, tanto en el graderío como en las
vallas que rodeaban el recinto taurino», lo cual motivó la denuncia
administrativa de animalistas y abolicionistas.
Insisten,
de este modo, en que «el acceso de personas menores de 12 años a
eventos taurinos de cualquier tipo en los considerados recintos
cerrados, excluyendo cualquier sanción por su presencia en actividades
como la ‘Festa do Boi’ de Allariz, puede dar lugar a sanciones de entre 301 y 30.000 euros, por considerarse una infracción de carácter grave».
De
igual manera, la plataforma Galicia Mellor Sen Touradas y la asociación
animalista Libera sostienen que «el catálogo de infracciones de la
normativa gallega faculta a la Xunta
para inhabilitar al Concello ‘para la organización o promoción de
espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de
un año’, o incluso para determinar una ‘suspensión o prohibición de la
actividad’ por el mismo periodo».
Visiblemente
satisfechos por la apertura de este expediente, los animalistas
aseguran que «en la propia localidad se restaba importancia al
cumplimiento de la norma autonómica, y según algunos rumores las
familias incluso habrían firmado un documento exculpando al propio
gobierno local».
Sin embargo,
advierten de que «es una práctica también irregular, pues la Ley de
Espectáculos Públicos está para cumplirse, no para ‘estirar’ su
articulado a gusto de una minoría taurina».
Hay que recordar que la suelta de vaquillas de Valga es un espectáculo en el que se «juega» con varios animales en el ruedo, donde también se ofrece un espectáculo equino. Los astados no son sacrificados en la plaza de Vilarello, sino que se les da muerte una vez finalizada la capea, vendiéndose su carne.
La plataforma Galicia Mellor Sen Touradas y la Asociación Animalista
Libera han anunciado su decisión de interponer una denuncia
administrativa contra los promotores de la capea celebrada el domingo en
Valga. Aseguran
que el evento incumplió la Ley de Espectáculos Públicos ya que, en el
tendido, había sentados rapaces de menos de doce años de edad, algo
prohibido por la normativa. Los denunciantes, que tramitarán su queja a
través de la Consellería de Presidencia, competente en esta materia,
responsabilizan al Concello de lo ocurrido, «como supuesto organizador
de las actividades que se realizaron este fin de semana». Lo acusan de
ineficiencia, «por la carencia, más que absoluta, del debido control de
acceso que se debe realizar en espectáculos taurinos para impedir la
presencia de menores de doce años en la convocatoria».
En la playa de Vilarello, donde cada año se instala el ruedo, había el domingo colocados numerosos carteles que anunciaban que los menores de doce años no podían acceder al recinto. También el Concello, en los comunicados remitidos a la prensa, hacía hincapié en que los niños debían permanecer fuera del tendido. Sin embargo, algunos entraron en el mismo acompañando a sus padres y familiares. Y eso es, precisamente, lo que denuncian tanto Galicia Mellor Sen Touradas como la asociación animalista Libera.
Sin tiempo que perder. Tres días después de aprobar en el Parlamento
de Galicia -con los votos del PP y la abstención de la oposición- la ley
que permite a la Xunta invertir el superávit, y el mismo día que el Diario Oficial de Galicia
(DOG) hace oficial la norma con su publicación, se comienzan a saber
los nombres y apellidos del destino de algunos de los millones que la
Xunta prevé utilizar para reducir deuda y financiar inversiones.
El primer destino en conocerse ha sido el de casi 21,5
millones que le corresponden a la Consellería de Educación con la
licitación, ayer mismo, de la rehabilitación integral de 22 centros
educativos de Primaria y Secundatria de las cuatro provincias gallegas.
Así lo aseguró el secretario xeral técnico, Jesús Oitavén, en
una comparecencia en la Cámara gallega, donde explicó que se prevé que
las obras comiencen a mediados del mes de julio, circunstancia que será
posible porque el Gobierno gallego encargó los proyectos de estas
intervenciones en el mes de diciembre del año pasado. Además, subrayó
que dada la necesidad de contar para estas obras con el visto bueno de
los ayuntamientos, todos los proyectos de rehabilitación de los centros
educativos seleccionados fueron remitidos durante la segunda quincena
del mes de abril a los concellos y, en este momento, Educación está a la
espera de las pertinentes licencias municipales.
Ayer mismo, por tanto, la plataforma de Contratos de Galicia
publicaba las 22 licitaciones, lo que permitiría, según prevé la Xunta,
adjudicar los trabajos en junio y comenzarlos durante la segunda
quincena del mes de julio. Así, explicó Oitavén, las reformas de mayor
impacto y que generan más incomodidades estarían rematadas a comienzos
del curso próximo, el 2019/2020, y las restantes interferirían lo menos
posible en la actividad lectiva. Algunas de las obras previstas son la
mejora de la eficiencia energética, con cambios de calderas, sustitución
de ventanas y radiadores y cambio de luminarias, así como la reparación
de aseos, pulido o cambio de suelos, esmaltado de carpintería interior o
colocación de paneles acústicos, entre otros.
En relación a los centros elegidos para estas
rehabilitaciones, la Xunta explica que se decidieron sobre criterios
exclusivamente técnicos, atendiendo «a la antigüedad de los centros
(construidos entre 1970 y 1985), el grado de necesidad de las
intervenciones y el número de alumnos y alumnas (superior a 150),
excepto en dos caos, A Fonsagrada y Cervo.
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Tal
y como señaló ayer en la Cámara el secretario xeral técnico, estas
obras se enmarcan en el Plan de dotación de Infraestructuras educativas,
que amplía su vigencia hasta el año 2021.
Al amparo de este programa están también planificadas para este
año otras obras, tanto de nueva construcción como de reforma, ampliación
y mejora de ocho actuaciones de rehabilitación energética ya
adjudicadas, que también comienzan este verano. Son en el CEIP A
Ramallosa de Teo, el CEIP Felipe Castro de Noia, el CPI Ramón Piñeiro de
Láncara, el CEIP Luis Pimentel de Lugo, el CPI Terras de Maside, el
CIFP Portovello de Ourense, el CEIP Tenorio de Cerdedo-Cotobade y el
CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa. Para ello, se maneja «un
presupuesto de cerca de 200 millones en seis años», a los que hay que
añadir los 21,4 millones de euros del superávit del año 2019 y los
eventuales que se puedan derivar de 2020.
críticas de la oposición En
el turno de réplica, oposición criticó al representante de la Xunta que
acuda con una «política de hechos consumados» y sin posibilidad de
«negociación», indica Europa Press. En este sentido, la diputada
nacionalista Olalla Rodil acusó a la Xunta de «no buscar ningún debate»
sino venir a contar «planificaciones cerradas» y afeó a Educación la
tramitación «por vía de urgencia» del «plus» del superávit.
BNG, PSdeG y En Marea denunciaron el «electoralismo» del anuncio del plan. El socialista Luis Álvarez reclamó tener acceso al plan general de actuaciones, prioridades y necesidades del conjunto de los centros gallegos, con el objetivo de saber si esta es «la planificación deseable» y Luca Chao, de En Marea, recordó el plan de 2017 de eliminación de amianto «del que no se sabe nada».
Autoridades y cientos de vecinos asistieron en Cesures a la concentración en recuerdo de los jóvenes fallecidos.
Hay silencios que hablan más que las palabras y así sucedía ayer en
Pontecesures. En las miradas de las cientos de personas que se agolparon
en A Plazuela, en la concentración convocada, había dolor y había
también mucha incredulidad. Un sentimiento que resumía el alcalde con
una frase inacabada: “Creemos que está a kilómetros pero…”.
El terrorismo azotó de lleno Arousa llevándose a dos jóvenes vecinos.
Las familias de María González y Alberto Chaves recibieron ayer el
apoyo, el calor y la solidaridad de sus vecinos. A la concentración de
la tarde en Pontecesures acudieron, además de toda la Corporación
encabezada por el alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, otros alcaldes y
ediles de la comarca, como Bello Maneiro, de Valga, pero también
diputados y la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, que horas antes
se había puesto a disposición de la familia.
Aseguró Larriba que el contacto del Estado con los familiares fue
directo desde el minuto uno. “La propia embajada derivó personal a Sri
Lanka para hacerse cargo de toda la contingencia con los españoles
afectados por el atentado”.
La responsable estatal explicó que la autopsia ya está realizada y que
también se completaron los trámites con las autoridades locales. En
cualquier caso, la repatriación de los cadáveres todavía se demorará
unos días más, las previsiones apuntan a que entre siete y nueve.
“Nos pusimos a disposición de los familiares para lo que necesiten”,
aseguró Larriba que, eso sí, pidió en nombre de las familias cuidado en
el tratamiento de la información.
Otro punto importante en el que el Estado está prestando auxilio a las
familais es en el apoyo psicológico, tan necesario en momentos de dolor y
espera. “La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo le
ofreció toda la ayuda que puedan necesitar” para afrontar “esta
fatalidad”, explicó Larriba.
Familiares cesureños de Alberto Chaves se encontraban ayer entre los
cientos de vecinos que acudieron a A Plazuela para mostrar su rechazo al
terrorismo y recordar a los jóvenes. “Este acto que congrega a tanta
xente reflexa o compromiso deste pobo co dor de tanta xente, a repulsa a
actos violentos”, leyó Vidal Seage, que ofreció el “calor” de los
cesureños a las familias de los jóvenes fallecidos.
María González Vicente y Alberto Chaves se encontraban de vacaciones en
Sri Lanka cuando la macabra oleada de terror los sorprendió desayunando
en el hotel. El joven trabajaba en la India, en una filial de una
empresa viguesa de congelados. Su novia fue a visitarlo y ambos
hicieron un viaje que acabó en tragedia.
Precisamente el domingo de Pascua, cuando se produjeron los atentados,
tenían previsto su regreso a casa. Ella tenía 32 años y trabajaba en la
empresa familiar en Padrón. Él, de 31, llevaba unos meses afincado en la
India. Sus compañeros de trabajo se desplazaron a Sri Lanka para
reconocer los cadáveres. Los tatuajes fueron clave, según explicó el
alcalde de Cesures.
Los atentados de Sri Lanka se cobraron un total de 300 vidas, número que va creciendo a medida que avanzan los días.
Aunque en un principio las autoridades del país aseguraron que no había víctimas españolas, el lunes se pudo conocer que dos jóvenes arousanos habían fallecido como consecuencia de la barbarie terrorista. Ayer, ambos recibieron el recuerdo de sus vecinos. Hasta Nestlé paró sus máquinas en señal de duelo.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, los candidatos arousanos a estas elecciones generales Jorge María, Diego Bravo, Gaspar González Somoza, David Torres, Modesto Pose, Daniel Chenlo, Elena Suárez y María Xosé Cacabelos, esta semana en Vilagarcía.
El paro, la
emigración de los jóvenes, los problemas de las cuotas pesqueras,
coeficientes reductores y enfermedades profesionales de trabajadores del
mar, el saneamiento de la ría de Arousa, la transferencia de la AP-9 a
Galicia o que Vilagarcía tenga una parada del AVE constituyen algunas de
las prioridades de los candidatos arousanos que se presentan a las
elecciones generales. Doce políticos de la comarca de siete partidos
diferentes (PP, PSOE, BNG, En Marea, En Común-Unidas Podemos, Ciudadanos
y Vox) integran las listas, entre titulares y suplentes. FARO ha
reunido a la mayoría de ellos en el ecuador de la campaña.
La campaña electoral del 28-A llegó anoche a su ecuador y FARO ha
reunido a los políticos arousanos que aspiran a hacerse un hueco en
Madrid, ya sea en el Congreso o en el Senado, para que la comarca tenga
voz propia en las instituciones en las que se toman las decisiones que
nos afectan a todos. Ocho candidatos de distinto color político
reflexionan sobre lo que se juega Arousa en estos comicios y sobre los principales problemas que se podrían solventar desde las Cortes.
| Modesto Pose (PSOE). El
cabeza de lista al Senado por Pontevedra prioriza para Arousa la
Autovía A-57, «que comunica Vilagarcía con la salida de Vigo y que
estuvo en un cajón en los gobiernos del PP». También se compromete a
defender en la Cámara alta mejoras marítima y de seguridad ciudadana.
Además, «Arousa, como toda España y toda Galicia, tiene pensionistas que
necesitan que sus pensiones sean dignas, tiene jóvenes que necesitan un
gobierno que piense en ellos y trabajadores que necesitan ver
defendidos sus derechos en una reforma laboral racional». Pose se
sentiría «satisfecho» si se consiguiese «dar un impulso económico
estable que redujese el paro en la comarca». Considera urgente «un liderazgo económico inversor que dinamice la iniciativa privada».
| Elena Suárez (PP). La
número 3 del PP al Congreso ensalza a su partido como el único «que
defiende los intereses de los arousanos» y arremete contra Pedro Sánchez
por «minusvalorar Galicia
al ser la única de las comunidades autónomas que no quiso pisar siendo
presidente y a la que ha castigado con 200 millones de euros menos de
inversión». «Cuatro años más de socialistas y sus socios serían muy
dañinos para esta comarca», espeta Suárez.
Los
principales problemas de Arousa que pueden encontrar solución en Madrid
son, en opinión de la candidata conservadora, que Vilagarcía tenga
parada del AVE «aunque el PSOE esté obsesionado en borrarnos de un
plumazo», desbloquear la segunda fase del paseo de la playa de A Compostela,
la regeneración de los arenales de bandera azul y hacer realidad el
nuevo cuartel de la Guardia Civil «en contra de las previsiones de
Sánchez, que lo mantiene en el fondo de su cajón», concluye la aspirante
a diputada.
| Daniel Chenlo (PSOE). El número 3 al Senado por el PSOE
está convencido de que «nos jugamos la posibilidad de que en los
próximos cuatro años los falsos ajustes presupuestarios de la derecha
dejen paso a las necesidades de las personas como eje de la acción
política». Como principales problemas que se pueden resolver desde
Madrid cita el paro juvenil, la ría y «en especial el río Ulla y sus
posibilidades de pesca y promoción turística, que van a tener un aliado
en el gobierno socialista con la ayuda de la Unión Europea», expone el
pontecesureño.
| Jorge María López (PSOE). Este
vilanovés número 4 del Partido Socialista al Congreso, tiene claro que
están en juego «las políticas para las personas, tales como tener
garantizado el incremento de las pensiones,
darles más posibilidades y más medios a nuestros jóvenes,
extraordinariamente preparados, para que puedan desarrollar sus
capacidades y formar su proyecto de vida, o que no se produzca una
involución en temas de igualdad entre hombres y mujeres». En materia
medioambiental, aboga por lograr un desarrollo sostenible para la ría de
Arousa «y dejarle a nuestros hijos y nietos, sino un mundo mejor, al
menos igual que el que heredamos».
| Gaspar Somoza (En Marea). El
saneamiento de la ría de Arousa, la recuperación de sus sectores
productivos, la mejora de sus infraestructuras, la transferencia de
competencias, la gestión de Costas, las pensiones, los emigrantes
retornados y unos «presupuestos justos para que la gente no emigre y
tenga aquí un futuro» constituyen las principales preocupaciones del
número 5 de En Marea.
«Básicamente lo que esperamos de Madrid son unos presupuestos justos
para poder desarrollar la comarca y poder vivir donde realmente queremos
sin tener que emigrar», concluye el vilagarciano.
| María Xosé Cacabelos (BNG). El
principal objetivo de la número 6 del BNG al Congreso es «tener más
capacidad de decisión sobre nuestros problemas».Por ejemplo en el mar,
un sector «fundamental en la economía de la comarca y es Madrid quien
establece los criterios de reparto de cuotas, tipos de cotización y
coeficientes reductores». Cacabelos también menciona la Ley de Costas,
«que condiciona la ordenación de nuestro litoral», y Salvamento
Marítimo, una competencia del Estado: «Deciden y dirigen desde Madrid
algo tan fundamental como es la seguridad y protección de la gente del
mar». Ocurre lo mismo con los puertos de interés general, como el de
Vilagarcía, «competencia del Estado y por tanto es quien determina el
papel que juega y las prioridades».
En
sanidad y educación -continúa la candidata nacionalista-, también el
Gobierno central establece las tasas de reposición, decide el número y
ubicación de los juzgados y tiene competencia en infraestructuras como
la AP-9. «Si el BNG está en el Congreso, Galicia está», finaliza.
| David Torres (BNG). Suplente
en la lista que lleva el BNG al Congreso, este grovense defiende la
transferencia de la AP-9 a Galicia y dejar libre de peaje el tramo
Curro-Pontevedra.
«No pueden seguir sangrando nuestras nóminas con peajes por ir a
trabajar. Y sin peajes en este tramo, nuestras empresas serían más
competitivas al reducir costes de transporte, costes que también se
reducirían con una tarifa eléctrica gallega». David Torres también hace
alusión a la tasa de reposición de los empleados públicos, que depende
de Madrid, y a las decisiones sobre el sector del mar, cuyas normativas
«deberían diferenciar aguas del interior de la ría con mar abierto».
Apuesta por conseguir «un reparto justo de cuotas y Tacs para nuestra
flota» y por un tren de cercanías «acorde a las necesidades de nuestros
vecinos».
| Diego Bravo (Vox). Es el suplente segundo de la cabeza de lista de Vox al Senado por Pontevedra, María de los Ángeles Romero. Diego Bravo considera que Arousa se juega en estos comicios «que su voz y sus problemas reales sean escuchados y solucionados en el Congreso y en el Senado». Este joven vecino de Vilagarcía asegura haberse reunido con diversas asociaciones y colectivos para conocer de primera mano sus demandas y se compromete a seguir escuchándolos después de los comicios.
Pontecesures no cumple con la Ley de Morosidad por muy poco, ya que su PMP fue de 31,54 días, menos de dos días por encima del máximo legal. Este municipio abonó casi 300.000 euros en facturas en los últimos meses de 2018, y le quedaron sobre la mesa recibos por valor de menos de 11.600.
Valga paga a sus proveedores o prestadores de servicios a una media de 17,4 días vista. Entre octubre y diciembre pasados, abonaron 927.000 euros, y solo les quedaron pendientes 61.400.
