Los pontevedreses dejaron de consumir casi diez millones de cajetillas de cigarrillos en tres años.

Los estanqueros achacan este descenso a un cóctel formado por las leyes antitabaco, la crisis pero sobre todo las importantes subidas impositivas » Alertan del auge del contrabando debido a los elevados impuestos

La venta de cajetillas de cigarrillos en la provincia de Pontevedra cae en picado desde hace aproximadamente una década. Sin ir más lejos, según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, solo en los últimos tres años el número de unidades vendidas (contabilizan cada cajetilla de 20 cigarrillos), los estancos de la provincia dejaron de vender casi diez millones de unidades. La caída es todavía mayor si se toma como referencia el año 2007, casi al inicio de la crisis económica y coincidiendo con la entrada en vigor de la primera ley antitabaco. Aquel ejercicio se cerraba con un total de 75 millones de cajetillas vendidas frente a los 43 del pasado año. La ley se endureció en 2011, año en el que el consumo en Pontevedra ya había descendido hasta los 52,5 millones de paquetes de 20 unidades vendidos.

¿Cuáles son las causas de este descenso? Todo hace indicar que las leyes antitabaco fueron clave para que muchos pontevedreses aprovechasen para dejar de fumar y optar por una vida más sana. También la crisis, dado al gasto que representa el tabaco, pero los estanqueros consideran que el principal responsable de este descenso en el consumo son las continuas subidas impositivas que está sufriendo este producto y que, a su juicio, es la principal razón para explicar el auge de un fenómeno prácticamente erradicado: el contrabando de tabaco.

Mario Espejo, presidente de la Unión de Estanqueros de España, explica que en su día esta organización encargó un exhaustivo informe para medir el impacto que pudiera tener el endurecimiento de la ley antitabaco de 2011 sobre el mercado. “Aquel informe señalaba que la entrada en vigor de la ley iba a suponer una reducción de en torno a un 10% en las ventas, unos pronósticos que en los siguientes meses se cumplieron casi a rajatabla, pero se trata de una reducción puntual, esto no explica el descenso que ha sido mucho mayor y que continúa en el tiempo, creemos que las subidas de impuestos y como consecuencia el contrabando de tabaco es lo que está produciendo más daño”, explica.

En cuanto a la crisis, reconoce que, junto con el endurecimiento de la legislación, también pudo influir en la caída de las ventas y el consumo pero insiste en los impuestos como el factor más determinante. “Yo creo que con la crisis, el fumador, más que dejarlo, lo que ha hecho ha sido cambiar de hábitos”, explica, señalando que en muchas ocasiones no se ha dejado de fumar sino que se ha pasado a productos como la picadura de liar o de pipa que “son mucho más baratos que las cajetillas de cigarrillos, entre otras cuestiones porque además tienen una fiscalidad mucho menor”. Las cifras en Pontevedra le dan la razón: De las 50 toneladas de papel de liar que se vendían en la provincia de Pontevedra en 2009 se ha pasado a un total de 117 toneladas el pasado año, se venden 57 millones de puros, frente a los 22 millones de hace cinco años e incluso la picadura para pipa subió de una tonelada y media a tres.

Según el presidente de los estanqueros, las fuertes subidas impositivas de los últimos años también explicarían que, pese a que las ventas cayeron casi a la mitad, el descenso en la facturación por la venta de cajetillas de cigarrillos es menor. Así, en diciembre de 2007 las ventas de estos paquetes suponían en la provincia un negocio de 186 millones de euros, en 2011 era de 197 millones de euros y en 2013 se cerró de nuevo en los 186 millones de euros. Pese a un menor número de ventas, similar recaudación. “Desde diciembre de 2010 hemos sufrido dos o tres tirones de impuestos bastante fuertes, lo que explica que no haya caído tanto la facturación como el número de unidades vendidas”, explica Mario Espejo. No obstante, esto no garantiza tampoco que Hacienda mantenga los ingresos que recibe por el tabaco pese a la subida de impuestos. Espejo insiste en que esta mayor carga fiscal y la consiguiente subida de precios es quizá la principal causa del descenso de las ventas de tabaco y “nuestro principal socio sigue siendo la Agencia Tributaria ya que como yo digo, ellos son los perceptores del 80% de lo que produce este negocio y por lo tanto, si las ventas van mal, a ellos también le va mal y ya han dejado de ingresar unos 1.200 millones en impuestos en el último año”.

Reducción de personal

El resto de los implicados en el sector tabaquero se tienen que repartir el 20% restante del negocio y ahí asegura que los estanqueros están entre los más perjudicados hasta el punto en el que, si bien tan solo en algunos de los casos más graves y afectados por el contrabando ha habido cierres de expendedurías, los estancos sí que se están viendo obligados en muchos casos a reducir personal por la caída de los ingresos que perciben.

Faro de Vigo

“Hay que ser inflexible: si una obra es ilegal, a demolerla”.

El arquitecto Jorge Duarte, decano del COAG, fue técnico municipal en Pontecesures.

Los constructores gallegos sitúan 2012 como el peor año para el sector. ¿Cómo les está afectando la crisis del ladrillo?

-De construir unas 30.000 viviendas al año se llegó a 47.000 en 2007. Ahora estamos en un escenario que nos deja este año en 3.300, un 30% menos que las 4.700 de 21011. La situación para los arquitectos y el sector de la construcción en general es complicada. Estamos en una situación de supervivencia.

-¿Volverán los años dorados del boom urbanístico?

-No. Tampoco sería deseable. Vivimos en un mundo en que se ve la vivienda como un refugio seguro, incluso para la especulación. Todos pensaban que podían llegar a tener una segunda residencia, que el precio nunca iba a bajar y que había crédito para todo. Ese escenario no va a durar. Hay que vender los pisos vacíos y promover nueva vivienda sometida a algún régimen de protección donde hay demanda y apostar por la rehabilitación.

-¿No se está haciendo?

-Es necesario que haya incentivos por parte de la Administración para que el sector y la población apuesten por la rehabilitación.

-Pero en un contexto de crisis como el actual no se están dando estos incentivos…

-Efectivamente, pero no todo puede ser recortar. Hay medidas de inversión por parte de la Administración que suponen más mano de obra y, por tanto, generación de empleo. En una obra nueva, el 50% del coste es material y el 50% mano de obra; en la rehabilitación, la mano de obra es el 70% y el 30% material.

-En Galicia se llegaron a construir casi 50.000 viviendas al año pese a que no había demanda. ¿Es responsable la Administración de esta construcción desaforada?

-La legislación estatal y autonómica facilitó que se construyeran espacios que no eran los más aptos y que se construyese mucho. Parte de esa responsabilidad es de la Adminsitración autonómica porque el control de los planes generales está en sus manos y puede evitar esos excesos de urbanización en los concellos.

-¿Es preocupante el nivel de irregularidades urbanísticas en el territorio gallego?

-Venimos de un escenario muy malo.Hay que concienciar a la gente de que hay que velar por la legalidad urbanística. Para eso hay que ser inflexible. No podemos estar legislando y cada cierto tiempo aplicar moratorias de legalizaciones, sino al final la gente pensará “vamos haciendo” porque al final no se derrumbará nada. Hay que ser rígidos. No podemos ser permisivos y acabar legalizando actuaciones que incumplen la legislación.

-¿No es partidario, por tanto, de legalizar viviendas construidas hace años en suelo rústico en los concellos que están redactando sus PXOM?

-Hay que distinguir dos escenarios. Aquellos que construyeron en contra del planeamiento urbanístico. En esos casos creo que no hay que tener la más mínima condescendencia. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos y hay que ejecutar el derribo. Tanto si es un particular como una promotora. Por otro lado, hay muchas viviendas construidas hace 30 años al margen de la legalidad. Es distinto hacerlo en ausencia de planeamiento que ir en contra de lo que el PXOM dictaminaba. A aquel que lo incumplió, no podemos darle más moratorias, pero aquellas viviendas anteriores al planeamiento o a la legislación urbanística actual, anteriores a los años 80, se deben buscar medidas para legalizar su situación.

-¿Da por superada la política municipal del “vai facendo” o el camino por recorrer aún es largo?

-Aún es largo. En los más pequeños suele ser más difícil el cumplimiento de la legalidad urbanística. Cuanto más se reduce el tamaño del concello, más fácil es que el alcalde vaya cayendo en el “vai facendo”. La creación de la Axencia de Protección da Legalidade urbanística (APLU), con la delegación de competencias en la administración autónomica, es un instrumento muy útil para combatir las irregularidades.

-Solo el 20% de los concellos tienen Plan Xeral. ¿Por que tánta existe lentitud a la hora de adaptar los planeamientos a la Lei do Solo?

-Es una ley excesivamente compleja. Intentó resolver en su propio texto todos los problemas del crecimiento desordenado de Galicia. Lo que debe marcar una ley son las pautas que hay que cumplir. Pero la Lei do Solo de 2002 intentaba atar y fijar todos los parámetros de edificiación. Debe ser más sencilla y apostar más por la calidad. La Lei do Solo tiene que marcar unos mínimos y luego cada plan deberá adaptarse a las necesidades de un concello. Esto reduciría mucho los plazos.

EL CORREO GALLEGO, 25/11/12

Persistirá el ente político municipio, no el ayuntamiento como prestador de servicios.

El proyecto legislativo al que el Consejo de Ministros dará luz verde en la segunda quincena del mes para iniciar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pivota sobre la premisa de diferenciar municipio y ayuntamiento. Es la clave de la reordenación del mapa municipal. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enfatizado en los últimos días ese discurso, sobre el que volvió ayer Hacienda. La reforma garantiza la continuidad del municipio como entidad de representación política, pero no del ayuntamiento como «prestador de servicios».

Solo fusión de competencias

Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro explican que «la reforma no quiere la fusión de municipios, sino de competencias». Con arreglo a ese criterio, resuelven en Hacienda, «no todos los municipios tendrán ayuntamiento», porque los que no sean solventes o cumplan los umbrales de calidad para prestar esos «servicios mínimos obligatorios» perderán esas competencias en favor de las diputaciones. Por tanto, la reforma legal en ciernes no discutirá la supervivencia de la representación política de los concellos, salvo de los que voluntariamente opten por fusionarse, como el caso de Cesuras y Oza dos Ríos.

La Federación Española de Municipios incluye entre las competencias que los ayuntamientos ejercen indebidamente servicios de cooperación al desarrollo, asistencia sanitaria, educación, igualdad, integración y cohesión social, juventud y colaboración con la justicia, cuerpos de seguridad y Administración electoral.

La Fegamp pide más debate

El municipalismo gallego reitera su defensa de la autonomía local y rechaza tutelas de otras administraciones. El presidente de la Fegamp recuerda que una ley ordinaria, como la de Bases de Régimen Local, «no tiene rango normativo para modificar una ley orgánica», como el Estatuto. Rey rebate la tesis de que retirar competencias pueda ser una vía para estimular fusiones. Alega que el origen del sobrecoste de servicios está en el elevado número de núcleos de población, «que seguirán siendo los mismos».

LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12

Sobrevivirán tan solo los municipios capaces de garantizar sus servicios.

La nueva ley que prepara el Gobierno diferencia ayuntamientos y municipios
Los primeros serán todos los catalogados como tales y los segundos sólo ??los capaces de gestionar competencias?// Aquellos que no puedan prestar servicios deberán unirse a otro

La actual planta municipal de España, con 8.116 ayuntamientos, entre los que se encuentran los 315 de Galicia, tiene los días contados. La severa crisis económica llevó al Gobierno a apostar por la racionalización a través de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El borrador del nuevo texto será presentado en “tres ou catro semanas”, adelantó ayer el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, el popular Rafael Louzán, que el día anterior se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

La nueva ley, desveló Louzán, “diferenciará ayuntamientos de municipios”. El presidente del organismo provincial explicó que seguirán siendo ayuntamientos “todos os que teñen esa catalogación”, en tanto que serán municipios “sólo os capaces de xestionar servicios e competencias”.

Dicho de otro modo, se mantendrá la actual división administrativa, pero los ayuntamientos únicamente harán referencia a un territorio, mientras que los municipios tendrán poder político para gestionar los gobiernos locales.

Los municipios que no sean capaces de gestionar competencias se integrarán en los de al lado, agregó.”Haberá unha redefinición clarísima do tema”, insistió el dirigente del PP.

Y para esa redefinición “a estamos na conta atrás”. “Nun primeiro paquete” el Gobierno de Rajoy abordará esta cuestión “marcando liñas” de los que serán ayuntamientos y los que serán municipios. Según dijo, la línea roja estará ligada al plan de ajuste que requiere el gobierno de las corporaciones locales. “Que vai pasar cos que non se lle aprobe o plan de axuste?” se preguntó Louzán. El dirigente insinuó que estos entes tendrían que fusionarse con los de al lado. En Pontevedra además de Agolada y A Lama a los que se los rechazó el Gobierno, está el de Ponteareas, que la oposición impidió su aprobación. Pero, no están todos valorados y la lista será mayor.

En un sentido igual a diferenciar ayuntaminetos y municipios ya se pronunció, en enero de 2011, el socialista Salvador Fernández Moreda. Al igual que Beteta el jueves, Moreda también había hablado en Madrid en la Fundación Democrática y Gobierno Local.

EL CORREO GALLEGO, 12/05/12

La familia: ??Cuando lo supimos, reímos y lloramos. Ojalá termine aquí?.

Pilar Posse es una de las hermanas de la víctima de Jaime Maiz y ayer manifestaba la alegría que reinó en el seno familiar cuando conocieron la decisión del Tribunal Supremo. ??Se rió, se lloró. Un poco de todo. Ojalá se acabe aquí?, manifestó. Y es que no las tienen todas consigo y sospechan que el exguardia civil decidirá seguir recurriendo hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
Los parientes de Mari Luz Posse están sumidos, literalmente, en ??un sinvivir? desde aquel diciembre de 2007 cuando la cambadesa accedió al Cuartel de Cambados para interponer una denuncia contra su expareja en compañía de una amiga. Es más, a la agonía de sufrir la muerte de un ser querido suman un proceso judicial que se ha prolongado en el tiempo, en su opinión, demasiado. De hecho, una hermana, Pilar Posse, hacía referencia a esto, manifestando: ??El asunto tenía que haberse zanjado como mucho en 2008 y ya estamos en 2011?. Y temen que aún se demore más porque, dice, no les extrañaría que apelara en Estrasburgo si le es posible. Y es que, ??si ya recurrió la sentencia de la Audiencia de Pontevedra ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ¿porqué no iba a seguir adelante??, preguntaba Pilar Posse.

Descanso > Con todo, explicó que toda la familia recibió la noticia del Supremo como un ??descanso muy grande?. Es más, ??se río, se lloró, un poco de todo? cuando la conocieron y sólo desean que ??todo se acabe aquí?.

Ha sido una familia que ha pasado momentos muy duros tras la pérdida de la cambadesa, como el vivido con la liberación de Maiz por un presunto error judicial.

Han protagonizado manifestaciones y protestas para exigir justicia para su hermana, así como para otras causas, recogiendo firmas para que se cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de evitar que asesinos confesos como Jaime Maiz puedan salir libres antes de ser juzgados, por ejemplo.

Ahora, una vez que un jurado popular ya lo condenó por asesinato a 19 años de cárcel, estos cambadeses sólo quieren poner un punto y final a todo esto. Poder continuar con sus vidas en la medida de lo posible, y que lo mismo suceda con los hijos de la víctima. Está claro que no descansarán, en la medida de lo posible, totalmente hasta que las resoluciones judiciales se dejen de suceder y no exista riesgo alguno de que el hombre que mató a Mari Luz no saldrá inmediatamente de la cárcel.

DIARIO DE AROUSA, 28/07/11

Políticos.

Sucede cada cuatro años. Los que gobernaban con anterioridad critican los sueldos de los que ocupan el poder. Y los nuevos regidores, que antes denunciaban el despilfarro de su ahora oposición, se embolsan lo que, en cada caso, estiman oportuno. Porque, y ese es el verdadero problema, nuestros políticos no quieren fijar por ley sus retribuciones. Si lo hacen, ya no tendrían de qué hablar.

LA VOZ DE GALICIA, 29/06/11