Caldas y Portas se disputan el edificio de la fundación comarcal.

El alcalde de Portas y presidente de la Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do Ulla e Umia, Roberto Vázquez, iniciará mañana las gestiones para conseguir un local como sede del organismo. El regidor trasladará al director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, la posibilidad de que la Xunta ceda a la entidad el edificio de la antigua Fundación Comarcal de Caldas, ubicado en la finca municipal A Tafona.
En su encuentro, Vázquez Souto estará acompañado por el diputado del PPdeG y vocal en la ejecutiva de la Mancomunidade Jesús Goldar.

Intereses
El nuevo dirigente de la entidad que integran los municipios de Caldas, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga considera que ese inmueble es la mejor opción para centralizar su funcionamiento. No obstante, esa posibilidad coincide con los intereses del Concello de Caldas, quien en su día cedió gratuitamente a la Xunta una parcela en esa finca para la construcción del Centro Comarcal. El pasado marzo, el pleno había aprobado una moción del grupo de gobierno del PSOE en la que se solicitaba a la Xunta la reversión del edificio a la Administración local «por cese dos fins para o que foi destinada a cesión». El patronato de la Fundación había acordado el 23 de febrero su extinción.

LA VOZ DE GALICIA, 24/11/11

La rebelión por los recortes en el servicio del hogar llega al PP.

A la hora de hablar de dinero, las ideologías se difuminan. El recorte impuesto por la Consellería de Traballo e Benestar al Plan Concertado (que financia servicios como el de ayuda en el hogar y atención a los dependientes) ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Especialmente a los del PSOE y el BNG, pero no exclusivamente. El alcalde de Meaño y diputado provincial del PP, Jorge Domínguez, se ha sumado a quienes han presentado un recurso de reposición solicitando a la consellería que reconsidere su decisión. En este concello, el recorte es de un 75 %, lo que suponen 26.000 euros. Domínguez explica el recurso en el hecho de que el tijeretazo se anuncie casi a año vencido. «Se nos din que o ano que vén non van subvencionar xa teriamos que arranxarnos como fora, pero non teriamos motivo para protestar. Pero se nos din en novembro que non nos dan a subvención do 2011, non o vexo xusto», indicó el alcalde meañés.
De momento, es el único concello de la comarca gobernado por el PP que ha reclamado, pero no son los únicos populares que se quejan. Otros mandatarios, aunque no lo exteriorizan por escrito, sí reconocen que el recorte del Plan Concertado ha supuesto un varapalo importante.

Valga y Ribadumia
En Valga, por ejemplo, aún recibiendo este año 500 euros más respecto a lo percibido en el 2010, su alcalde se lamenta del déficit de 22.000 euros que acumula el servicio como consecuencia de las nuevas altas de dependientes que incorporó la Xunta de Galicia. Y la alcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña, también manifestó ayer su «malestar» por el hecho de que el recorte se haya comunicado en noviembre, sin tiempo para reaccionar.
Los concellos de Vilagarcía, Cambados, Meis y O Grove tampoco prevén de momento presentar recurso alguno y anuncian que seguirán prestando los servicios de ayuda en el hogar y apoyo a dependientes igualmente, aunque haya que retirar dinero de otras partidas. No será el caso en Vilagarcía. Según explicó la concejala delegada de esta área, Elena Suárez, la reducción es «pequeña» y, en todo caso, Ravella dispone de fondos para afrontar esta diferencia en virtud de la prórroga de los presupuestos municipales.
Por su parte, el PP de A Illa apoyó en pleno una iniciativa del PSOE para recurrir este recorte ante la Xunta, que supone pasar de 38.000 a 19.397 euros, solo en lo que respecta al servicio de ayuda en el hogar. Este ayuntamiento también se ha quedado sin la ayuda de 4.000 euros para la tercera edad y la del Plan sobre drogas.
El más contundente a la hora de afrontar la reducción de fondos del Plan Concertado ha sido el alcalde de Catoira. El socialista Alberto García no solo ha presentado el correspondiente recurso ante la Xunta sino que anuncia que está dispuesto a ir a los tribunales. De momento, ha enviado una carta a cada uno de los 19 beneficiarios de estas prestaciones para informarles de que a partir del 2012 tendrán que asumir de su bolsillo el coste de los servicios como consecuencia del recorte de las ayudas en un 80 %.
Pontecesures, gobernado por la coalición BNG-PSOE-Tega, está entre los que han pedido a la Xunta que reconsidere la financiación del Plan Concertado. En este concello, el recorte ronda el 90 % respecto a la ayuda obtenida en el 2010.

LA VOZ DE GALICIA, 22/11/11

Multan con 60 euros a personal de recogida de basura de Padrón.

La jueza los condena por desobediencia tras la ocupación del Concello

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Padrón acaba de condenar a nueve trabajadores del servicio de recogida y transporte de basura de Padrón y a dos sindicalistas de UGT como autores de una falta de desobediencia, por encerrarse durante más de doce horas en el salón de plenos del Concello, como medida de presión en plena huelga en mayo pasado.
La jueza titular, Berta Vidal Gallego, le impone a todos ellos la pena mínima prevista para este tipo de falta, es decir, diez días de multa con una cuota diaria de seis euros, lo que supone la mitad de lo que solicitaba el Ministerio Fiscal.
La jueza también absuelve a estas mismas personas de la falta de perturbación del orden público, de la que estaban denunciados por dos agentes de la Guardia Civil, a requerimiento del entonces alcalde Camilo Forján, por las intervenciones ocurridas en el primer pleno que debatió la intervención del servicio de basura, celebrado al día siguiente del encierro en el Concello.

García Lapido, absuelto
En este punto, el Juzgado también absuelve al exconcejal del BNG Xosé García Lapido, denunciado por los mismos hechos. En cuanto al encierro en el salón de plenos del Concello, por el que ahora son condenados los trabajadores y los sindicalistas, para la jueza está probado que existió una «orden legítima» de la autoridad competente, en este caso el entonces alcalde Camilo Forján, para que estas personas abandonaran el salón de plenos, orden que, según la magistrada, «resultaba de obligado cumplimiento».
También queda probado, expone Berta Vidal, que esa orden era «conocida por sus destinatarios» y que «estos se negaron a cumplirla», según recoge la sentencia dictada el pasado día siete y entregada ayer a las partes del proceso.
Por ello, la jueza considera probado que los denunciados «incumplieron de forma consciente y voluntaria los requerimientos» realizados tanto por el alcalde como por la Policía Local y por ello considera procedente la condena de los trabajadores y sindicalistas. Por su parte, la asesoría jurídica del sindicato UGT estudia la posibilidad de recurrir la sentencia, que no es firme.
En cuanto al pleno, para la jueza «no queda acreditado» que los trabajadores y los sindicalistas «profirieran insultos contra la corporación municipal o impidieran el desarrollo normal del pleno», como sostenía el Ministerio Fiscal, por lo que los absuelve a todos, incluido el exconcejal nacionalista Xosé García Lapido. En este punto, ni siquiera la Fiscalía solicitó en el juicio condena alguna par los denunciados.
La jueza condena a los trabajadores y a los representantes sindicales a pagar la duodécima parte de las costas del procedimiento.

LA VOZ DE GALICIA, 17/11/11

Seis concellos adeudan 102.761 euros de las cuotas a la Mancomunidad Ulla-Umia.

Los concellos tienen contraída una deuda de más de 100.000 euros con la Mancomunidad Ulla-Umia. Son en concreto seis los ayuntamientos que no están al día en el pago de las cuotas y las cantidades que adeudan a la entidad supramunicipal suman 102.761,4 euros. Valga es el único municipio que ha cumplido religiosamente con las aportaciones anuales. Es más, incluso la Mancomunidad le debe al Concello 1.742,94 euros correspondientes a varios proyectos de la época en la que el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, fue presidente. El resto de administraciones locales de la comarca no están al día en los pagos. La mayor deuda la acumula Cuntis, la localidad de la que hasta la pasada semana siguió siendo presidenta en funciones de la Mancomunidad, la socialista Fátima Monteagudo, a la que un pacto entre PSOE y BNG situó al frente de la entidad durante el mandato 2007-2011. El Concello cuntiense debe actualmente 44.284,22.
Catoira es otro de los ayuntamientos con mayor incumplimiento económico con la Mancomunidad Ulla-Umia, ascendiendo a 33.571,25 euros. Le siguen Moraña con 8.970,40 euros; Caldas, que adeuda las cuotas correspondientes a un año (8.819,06 euros); Cesures con 4.854,30 euros; y Portas, que debe a día de hoy 2.262,17 euros y cuyo alcalde, Roberto Vázquez, es el actual presidente de la entidad, cargo que asumió el pasado viernes tras ser elegido por los 21 integrantes de la Comisión Ejecutiva. La suya fue la única candidatura presentada y minutos después de su elección manifestaba su intención de diseñar un plan de pagos para que todos los concellos se pongan al día con las cuotas. Advertía, además, que los ayuntamientos que no cumplan con sus compromisos económicos con la Mancomunidad no podrán beneficiarse de los servicios que Vázquez intentará poner en marcha de forma inmediata, dándose él mismo un plazo de seis meses para que comiencen a verse los primeros resultados.

El nuevo presidente indicó que ya tiene varios proyectos en mente, aunque no quiso ofrecer detalles a la espera de que, a finales de noviembre, se celebre el primer Pleno de la nueva Comisión Ejecutiva en el que se fijarán los miembros de las comisiones permanentes y no permanentes y se establecerá la periodicidad de las sesiones. En esta cita, Vázquez tiene previsto informar a los integrantes de la comisión sobre las iniciativas que pretende poner en marcha. Aunque el presidente mantiene su mutismo al respecto, en las últimas semanas algunas de los planteamientos que salieron a la luz pública fueron la creación de un parque de maquinaria, mancomunar determinado servicios como puede ser la recogida de basuras o la perrera comarcal. Sobre esto último incluso se habló de la posibilidad de que los municipios del Ulla-Umia se beneficiasen también del refugio de animales mancomunado de O Salnés, que ya está construido pero que todavía no ha entrado en servicio.

DIARIO DE AROUSA, 16/11/11

La oposición arremete contra el alcalde por el acuerdo padronés de recogida de basura.

Los grupos de la oposición en el Concello de Padrón siguen pronunciándose sobre el conflicto de la basura y más todavía a raíz de las declaraciones del gobierno local, que los acusaba de querer llenar de nuevo las calles de desechos. Desde el grupo socialista instan al alcalde a que de una vez se dedique a gestionar «os intereses dos veciños» y se deje de «laios e de culpabilizar de todo ao anterior goberno». También le recuerda que, a día de hoy, no convocó el pleno que figura en el preacuerdo firmado con la empresa y que, por tanto, incumple. Además, de acuerdo con el PSOE, el alcalde debe explicar por qué «muda de opinión e xa non garante as demandas dos traballadores e reduce a plantilla», tal y como establece el preacuerdo firmado.
También debe explicar, en opinión del grupo socialista, por qué su grupo, el PP, se opuso en el primer pleno a la intervención del servicio de recogida de basura, «intervención que se tería que levantar ao rematar a folga e hoxe o servizo segue intervido».

«Desleal»
Para acabar, el partido socialista de Padrón acusa abiertamente al alcalde de ser «desleal» con el anterior gobierno municipal y ahora «intenta presentarse como vítima, intentando culpabilizar dos seus erros á oposición».
Por su parte, desde Cidadáns de Galicia se habla abiertamente de que el gobierno padronés quiere «contaminar a los vecinos con una información irreal y poco veraz». Cidega resalta que «no hemos podido aportar alternativas porque no hemos sido consultados ni antes ni después del preacuerdo». Asegura que la «incapacidad» del gobierno para dialogar se ve en un tema tan grave como el de la basura.

LA VOZ DE GALICIA, 15/11/11

El gasto de 4,7 millones en Valga no evita que la gente cruce la vía.

Peatones y ciclistas siguen atravesando la vía en Campaña a pesar de haber a unos metros un paso elevado y otro subterráneo.

Campaña, donde murieron tres personas, es uno de los puntos conflictivos

En Valga llevan «toda la vida» conviviendo con el tren. La vía atraviesa el municipio y está sin vallar en todo el tramo. Durante años, conductores y peatones cruzaron los raíles sin apenas sistemas de alerta y, ante el peligro que ello comportaba, el Concello solicitó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que dotase de barreras y señales acústicas aquellos puntos en que la vía está al mismo nivel que la carretera.
El fatal accidente ocurrido en abril del 2007 en el paso a nivel de A Devesa, en el que fallecieron tres personas por un fallo en el sistema de barreras, favoreció que se agilizase la firma de un convenio de colaboración entre Adif y Concello para la mejora de la seguridad vial y ferroviaria en los pasos a nivel.
En virtud de este acuerdo se suprimieron una docena de puntos peligrosos, construyéndose dos pasos elevados, tres pasos inferiores, además de dotar de barreras y señalización varios tramos. La inversión total ascendió a 4,7 millones, según los datos ofrecidos desde el Concello, que se desglosan en varios protocolos y cuya financiación correspondió al Ministerio de Fomento. Con todo, el Ayuntamiento ha tenido que adelantar dinero y ahora está inmerso en un conflicto con el Adif, al que le reclama cerca de 800.000 euros que en Madrid se niegan a reconocer en su totalidad.

Los conductores, más seguros
La millonaria inversión sirvió para que los coches y motos dejasen de cruzar la vía en condiciones precarias «que era o principal obxectivo destas obras», apostillaba ayer el alcalde José María Bello Maneiro, pero no ocurre lo mismo con los peatones. Uno de los casos paradigmáticos es el de Campaña, donde tuvo lugar el accidente. Allí se construyeron un paso elevado y a unos cien metros otro de carácter subterráneo, pero son muchos los peatones que prefieren atajar y cruzan directamente la vía, aunque ya no existe ningún sistema, ni acústico ni sonoro, para avisar de que se acerca el tren. De momento no ha habido que lamentar ningún accidente, pero el riesgo es permanente y en el Concello ya han dado la voz de alarma. En el pleno celebrado el lunes, el PSOE presentó una moción por la que pedía que se gestionase ante el Adif la construcción de un paso peatonal a desnivel en el mismo lugar donde tuvo lugar el accidente mortal. El que hay implica dar un rodeo y tiene un gran desnivel, de modo que algunas personas, especialmente las de más edad, optan por la comodidad y lo evita. Este tramo es especialmente transitado pues a un lado y otro de la vía se sitúan la iglesia de Campaña y la zona deportiva del municipio. Inicialmente se preveía construir el paso elevado justo donde cruza ahora la gente, pero se descartó porque la obra afectaba a casas de la zona, según afirma Bello.
Para el regidor se trata de un problema de «concienciación» cuya solución es difícil de abordar. La moción del PSOE fue rechazada pero sí se aprobó una enmienda por la cual el Concello dará traslado de esta situación al Adif para que adopte medidas al respecto. Aun siendo el de Campaña el caso más sangrante, no es el único. Según informó el alcalde, hay otros lugares donde la población sigue cruzando la vía por donde no debe.
El alcalde estima que la única solución al problema pasa por la concienciación
Las obras realizadas por Fomento suprimieron doce puntos peligrosos
El PSOE alertó del riesgo que hay en Campaña y pidió en pleno un paso para peatones

LA VOZ DE GALICIAL, 13/11/11