No pasado pleno chamamos a atención sobre os vaos que ainda non están adaptados correctamente e supoñen unha barreira para persoas con mobilidade reducida, que necesitan cadeiras de rodas ou teñen problemas de visión. Agardamos que canto antes se leven a cabo as actuacións necesarias para mellorar a accesibilidade no noso concello.
A Corporación de Valga celebrou o martes o pleno ordinario no que se aprobou definitivamente a conta xeral de 2019, despois da súa exposición pública, e deuse luz verde á firma do convenio para a participación no obradoiro de emprego Ulla-Sar, no que se formarán cen desempregados destas comarcas.
A conta péchase cun remanente de 24.031,28 euros, un resultado orzamentario positivo de 58.394,94 euros e un aforro neto de 277.999,62 euros. O concelleiro de Facenda, José Ángel Souto, explicou que estes datos amosan que “a xestión é boa e o Concello está saneado”. Tal é así que o exercicio pechouse en números positivos a pesar de que algunhas partidas de ingresos, dixo, se viron reducidas con respecto ao presupostado pola non aportación da Deputación de cantidade algunha ao edificio administrativo.
O edil destacou, ademais, que nun orzamento de 5,4 millóns de euros a conta final desviouse unicamente 7.800 euros, o que reflexa que o presuposto elaborado polo goberno local foi preciso.
Na sesión ratificouse, por unanimidade, o convenio de colaboración entre os concellos de Valga, Pontecesures, Padrón, Rois, Dodro e Rianxo para a posta en marcha do Programa Integrado de Emprego Ulla-Sar, así como a solicitude dunha subvención de 245.000 euros á Consellería de Economía.
Este plan diríxese a un total de 100 persoas desempregadas dos seis municipios participantes, con especial atención a colectivos especialmente damnificados polo paro: menores de 30 anos, maiores de 45, perceptores de prestacións, parados de longa duración, mulleres e perceptores de prestacións, subsidios de desemprego ou renda activa de inserción. Terá unha duración de doce meses e o obxectivo é acadar un 35% de inserción laboral entre os participantes.
Outro dos asuntos da orde do día foron as expropiacións e indemnizacións para o proxecto de reconstrución da antiga liña de vagonetas de transporte de arxila dende a Mina Mercedes ata o río Ulla. O teleférico terá unha lonxitude aproximada de 1.100 metros e, no seu percorrido, veranse afectadas unha trintena de parcelas, das cales a maioría xa son de titularidade municipal.
El grupo municipal de Valga Viva, representado por Manuel Castiñeiras, pidió sin éxito en el último pleno la dimisión de la concejala María Magdalena Isorna Sumay, «condenada judicialmente por usar la violencia física contra otra persona»
Alega el independiente que según los estatutos del PP esta formación defiende el «compromiso de profesar un comportamiento honesto en la vida pública que refleje la imagen del partido» y que «todos los cargos públicos y orgánicos observarán la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desarrollo de sus funciones, velando siempre por los interese públicos y el servicio a la ciudadanía, absteniéndose de cualquier conducta que pueda dañar la imagen y honorabilidad de la organización».
Creen en Valga Viva que la concejala no respetó estos ni otros compromisos, siendo éste el motivo por el que pidieron su dimisión. Pero se encontraron con el voto en contra del grupo municipal del PP, cuya actitud condena Castiñeiras.
La Xunta está en pleno proceso de implantación de este plan. En ese contexto, hoy entrán en vigor algunos de los nuevos contratos que regirán el ir y venir de autobuses por las carreteras gallegas. Uno de ellos es el XG-830, firmado por la empresa Abalo, que se encargará de gestionar 87 líneas en la zona de Caldas y zona norte de O Salnés. En total son líneas que discurren por localidades como Valga, Pontecesures, Caldas, Portas, Moraña, Padrón, Cuntis, Barro, Vilanova, Meis, Campo Lameiro y Catoira.
Las instalaciones se encuentran al límite de su capacidad.
Campeones de jóvenes promesas en varias ocasiones tanto a nivel autonómico como nacional, unas 150 licencias federadas en activo y tres palistas en centros de alto rendimiento (Camila Morison en Sevilla y Aarón Giadás y Laura Ríos en Pontevedra). Esos son los datos de los que puede presumir el Náutico de Pontecesures, uno de los clubes de piragüismo de la ría de Arousa con mayor nivel de actividad. Sin embargo, esos datos no van acompañados por la calidad de las dependencias que tienen que utilizar sus palistas.
Situadas a orillas del río Ulla, donde acostumbran a entrenarse casi a diario muchos de los integrantes del Náutfico, el club lleva años aguardando a que se haga realidad una promesa personal del secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa, la de ampliar y mejorar sus instalaciones.
«Desde hace mucho tiempo, no contamos con el suficiente espacio para guardar las piraguas, por los que tenemos que recurrir a contenedores, y los palistas tienen que cambiarse en el pasillo muchas veces, ya que no hay capacidad en los vestuarios para ello, y en su interior, tan solo contamos con cuatro puntos de ducha», explica el presidente de la entidad, Ángel Barreiro. Insiste en que «en los últimos cinco años, el club no se ha bajado del podio en la Liga de Jóvenes Promesas a nivel estatal y todo ese esfuerzo y promoción que se hace necesita de un espacio digno para la práctica de este deporte».
Las últimas noticias sobre esa ampliación inducen a la esperanza, ya que responsables del club mantuvieron un encuentro recientemente con técnicos y el alcalde de Pontecesures para perfilar la actuación, pero queda la financiación, y en ese aspecto, Barreiro se agarra a las palabras de Lete Lasa que llegó a «reconocer que existía una deuda histórica con el club». No en vano, insiste Barreiro, «tenemos actividad y resultados para merecernos el cumplimiento de esa promesa».
En lo que respecta a los problemas que ha causado la Covid-19 el club apenas los ha notado. De hecho, apunta Barreiro, «incrementamos el número de licencias en 25». Es cierto que la entidad no pudo desarrollar su programa de captación, que acostumbra a celebrarse en los colegios de los municipios limítrofes entre abril y mayo. «Nos encontrábamos en pleno confinamiento y no pudimos acudir a los colegios, algo que se notó, ya que esperábamos crecer algo más, pero con todo lo que ha pasado, es para estar satisfechos».
María Magdalena Isorna es la concejala de Turismo y Novas Tecnologías.
El suceso, según afirma la sentencia del Juzgado de Instrucción número uno de Vilagarcía, tuvo lugar el 23 de marzo del 2019. El fallo considera como hechos probados lo siguiente: «Sobre las 17.40, María Magdalena Isorna se aproximó en su vehículo al lugar de Camino de Cachopeiras donde se encontraba Flora Castiñeiras con su hijo José Antonio cortando un seto, y salió del vehículo iniciando una fuerte discusión verbal con Flora Castiñeiras, durante la cual le propinó un puñetazo en el lado izquierdo de la cara, ocasionándole un eritema, para cuya curación precisó además de una primera asistencia facultativa, 4 días de perjuicio personal básico y 1 día de perjuicio personal moderado». Apunta también que dos días más tarde, María Magdalena Isorna denunció unas amenazas supuestamente proferidas por Flora Castiñeiras.
En la sentencia, afirma la jueza que lo declarado por ambos testigos no ofrece la misma objetividad porque, apunta, el del hijo de Flora constituye «un relato coherente, sin vacilaciones y plenamente coincidente con lo relatado por la madre», mientras que la versión de los hechos dio la testigo que aportó María Magdalena Isorna no presenta «la misma contundencia y ofreció detalles que causan cierta perplejidad». Había una tercer testigo que, según se explica en la sentencia, realizó unas manifestaciones que «concuerdan con la descripción de los hechos de la denunciante».
La jueza también da mayor credibilidad a la versión de Flora sobre la de María Magdalena por la llamada que su hijo hizo a la Guardia Civil y por el diagnóstico que se le hizo después de la agresión en el que se recoge el estado de ansiedad de la agredida. La acusación también presentó unas fotografías en color
El fallo condena a María Magdalena Isorna a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de tres euros y a indemnizar a Flora Castiñeiras Gens con 180 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta, a su vez, es absuelta del delito de amenazas que se le imputó.
El juicio, y el fallo, no pasarían de poco más de una anécdota si no tuvieran una connotación política, pero la condenada es concejala por el Partido Popular de Turismo, Novas Tecnoloxías y Escola de Música de la corporación valguesa, y Valga Viva ha salido a la palestra para pedir su dimisión. «Consideramos que na política non poder ter cabida este tipo de comportamentos e que as persoas que teñen cargos públicos deben ser exemplares», apunta su portavoz.
Valga Viva ha remitido una carta a la dirección provincial del Partido Popular, en la que le recuerda párrafos de los estatutos de la formación de la gaviota en los que se alude a la obligatoriedad de dar ejemplo en el cumplimiento de sus funciones y de abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la imagen de la organización a la que pertenecen.
El portavoz de Valga Viva adelanta que en el caso de que esta situación no se resuelva en los próximos días, su formación presentará en el pleno una moción de reprobación en la que el PP, asegura Manuel Castiñeiras, «terá que posicionarse a favor ou en contra do uso da violencia física por parte da concelleira contras as persoas en xeral, e contras as veciñas en particular».
El gobierno local
Esta Redacción se puso en contacto en la jornada de ayer con el gobierno local para que diera su versión de los hechos, pero el gabinete de comunicación del Concello de Valga apuntó que el alcalde afirmó que no se iban a efectuar ningún tipo de declaraciones sobre la sentencia.