La quiebra entre el gobierno de Pontecesures y el personal laboral ha ido un paso más allá. Los sindicatos CIG, UXT y Comisiones Obreras han anunciado que estudian un calendario de movilizaciones al entender que el alcalde Vidal Seage ya agotó el plazo para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo con medidas comprometidas hace cerca de un año.
Según manifiestan desde los sindicatos, el actual equipo de gobierno no aceptó la relación aprobada en 2017 en la mesa de negociación con el total consenso de todo el personal y de las organizaciones sindicales. El motivo aducido por Juan Manuel Vidal Seage era el de introducir una partida en el presupuesto municipal para elaborar una nueva RPT, presupuestos que no se han aprobado al igual que sucedió en 2017 y 2016 » si bien esto no le impidió contratar las obras, proyectos y asistencias técnicas que quiso».
El malestar del personal municipal, evidenciado con la no asistencia mayoritaria al pincho de Navidad en el concello, no solo se debe a la «falta de cumplimiento de la palabra del alcalde o a la inexistencia de RTP o de trabajo previos, sino también a la falta de organización y previsión en la gestión del personal, y mismo a la privación de derechos básicos como es el caso de las bajas».
A la espera de elaborar el calendario con medidas de presión, señalan desde los sindicatos que «el actual equipo de gobierno se valió del personal municipal para justificar una moción de censura, que tendrán que valorar los vecinos en las próximas elecciones. Nosotros no podemos hacer más que valoraciones negativas. En todo momento el personal municipal demostró su profesionalidad y vocación de servicio público facilitando el funcionamiento de los servicios municipales a pesar de la precariedad».
Añaden en el comunicado firmado por los representantes sindicales que «Vidal Seage es conocedor de que el personal del concello lleva muchos años a la espera de que se cumpla la legalidad y se apruebe una RPT que cumpla los mínimos para el consenso entre trabajadores y gobierno. Se demostró que lo que se afirma es cierto por lo que no queda ningún motivo para no elevar al pleno de la corporación la RPT que ya está elaborada y fue llevada a pleno hace tres años».
Señalan también que no se descarta entre las medidas la vía judicial, tanto para reclamar la exigencia del cumplimiento de la obligación de dotar al concello de la RPT o de la discriminación que supone para sus trabajadores.
Insisten que la solución a esta situación está en manos del equipo de gobierno y en esa línea reivindican «una administración pública moderna y eficiente, rechazamos las privatizaciones, no renunciamos a que se cuente en Pontecesures con unos servicios municipales públicos de calidad, eficientes y que se cumpla la legalidad. Exigimos que se nos trate con justicia y respeto».
La Voz de Galicia
