Vivienda de Pontecesures sobre la que pesaba una orden de derribo y que fue legalizada
La Xunta de Goberno Local de Pontecesures aprobó la legalización de la vivienda número 5 de O Rial sobre la que pesaba una orden de derribo del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra. El incumplimiento de este dictamen ya supuso al alcalde, Luis Álvarez Angueira, una multa de 1.200 euros y en el mes de julio la jueza Mª Dolores López advirtió al regidor con una segunda sanción y una posible imputación por desobediencia en caso de no ejecutar la demolición antes del 30 de septiembre. Apenas unos días antes de cumplirse este plazo, la vivienda fue legalizada al haberle concedido el Concello la perceptiva licencia. Así lo confirmó el propio alcalde en el Pleno del lunes, indicando, además, que se ha solicitado al juzgado que anule la orden de demolición.
La vivienda quedó fuera de ordenación al aprobarse el PXOM en 2003 y su licencia fue anulada por un juzgado por no alcanzar los 12 metros de frente a terreno público que exige la normativa urbanística. En los últimos años sus propietarios removieron cielo y tierra en busca de una solución que evitase el derribo. Recogieron firmas e intentaron negociar con vecinos la compra o cesión de terrenos colindantes. Todo sin éxito hasta que en mayo de 2011 presentaron en el Concello un proyecto de legalización acompañado de un documento que acreditaría que una parcela anexa es también de su propiedad, circunstancia que está actualmente pendiente de resolución por los Juzgados de Caldas al denunciar un vecino de la villa la supuesta ??usurpación? del polémico terreno.
Tras estudiar la documentación que obra en el expediente, el gobierno cesureño ha legalizado el inmueble al considerar que la vivienda ??cumpre cos requisitos técnicos e xurídicos?, indica el concejal de Obras y Urbanismo, Ángel Souto. Tanto el arquitecto municipal como los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieron ??informes favorables? por lo que ??a nosa obriga é legalizar a casa? ya que de lo contrario ??sería un caso de prevaricación?, recalca el edil. Entre los requisitos a los que alude Souto Cordo se encuentran tener un mínimo de 12 metros de fachada a terreno público (alcanza los 12,80), haber ejecutado obras de urbanización en el frente de la parcela y la cesión al Concello de esta zona, colindante con un vial y que pasa a formar parte del domino público.
En cuanto al conflicto por la propiedad de los terrenos, Ángel Souto explica que ??hai uns papeles que din que os terrenos son deles (de los propietarios de la vivienda). Coa documentación que temos sobre a mesa temos que dar a licenza, senón sería prevaricación?. En todo caso, la concesión de la licencia es ??sin perjuicio de terceros?, por lo que ??se alguén considera que esa percela non é desta xente terá que ir ao xulgado e o xuíz decidirá?. La cuestión ya está judicializada desde septiembre de 2011 y, de hecho, a finales del mes de octubre se celebrará en el juzgado de Caldas una vista para dirimir sobre la propiedad de los terrenos, cuya titularidad también reclama el cesureño Carlos Lorenzo.
DIARIO DE AROUSA, 26/09/12
