Valga aprobó una moción del gobierno local y el alcalde de Pontecesures enviará escritos a la subdelegación del Gobierno.
El lunes fue una tarde completa para la corporación de Valga, que
celebró tres plenos seguidos. En el ordinario, se aprobó una moción del
equipo de Bello Maneiro por la cual se insta al Ministerio del Interior a
que se proceda a «aumentar o número de efectivos no
cuartel da Garda Civil de Valga, e a dotar ao mesmo dos medios axeitados
para o desenvolvemento do seu labor». En ese sentido, el alcalde recordó que a las instalaciones del Instituto Armado solo acuden un sargento y un agente. «A presenza é so testemuñal e non se está a facer unha política disuasoria no noso termo municipal», donde muchos vecinos «optan
por non denunciar os roubos que sofren por non ter onde facelo, xa que
teñen que desplazarse ata Caldas, Vilagarcía ou Cambados».
La situación descrita por el alcalde de Valga no
le resulta ajena a su homólogo de Pontecesures. Juan Manuel Vidal Seage
explicaba ayer que también él tiene previsto enviar cartas a todas las
autoridades competentes para expresar su malestar por el recorte de
efectivos en el cuartel. «Neste asunto dos corpos de
seguridade deberían marcarse unhas isocronas como xa se fai no ámbito
das emerxencias, porque non son razoables os tempos que hai que agardar
pola patrulla. Pero claro, se cando chamas están na Illa, en chegar ata
aquí van tardar si ou si», explica el regidor cesureño.
Por su parte, el PSOE de Valga quiso aprovechar la moción presentada por el PP para poner sobre la mesa la posibilidad de crear un servicio municipal de policía local en este ayuntamiento, en el que ahora solo existe la figura de un vigilante. Según explicó María Ferreirós, la normativa permite, a un Concello como Valga, disponer de un servicio de estas características. Sería, obviamente, un cuerpo de policía local pequeño, pero que permitiría aumentar la presencia en la calle, realizando así una labor disuasoria, al tiempo que facilitaría agilizar otras muchas cuestiones, dado que «as súas funcións non se limitan a actuar en roubos». En todo caso, la propuesta hecha por el PSOE no obtuvo el menor eco en el gobierno local, que la ignoró.
La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Pontecesures
está a punto de cumplir 25 años. Un cuarto de siglo de trabajo
ejemplar, de compromiso constante, que ha sido reconocido, dicen sus
responsables, por todos aquellos que saben de la gestión de las
emergencias y por «los sucesivos alcaldes que han pasado por el
Concello». Hasta ahora. Al actual regidor cesureño, Juan Vidal Seage
(PP), lo acusan los voluntarios de ningunearlos, ignorarlos e incumplir,
sistemáticamente, los compromisos con ellos adquiridos. Como
consecuencia de esa situación, la agrupación ha acordado un cese
temporal de actividad. Así que, si está usted en Pontecesures y tiene
alguna emergencia, no intente contactar con ellos: no hay nadie al otro
lado de la línea. Con este parón, que «nos duele muchísimo a todos»,
pretenden los voluntarios llamar la atención del Concello y de los
vecinos sobre la importancia de su trabajo. Y, de esa forma, intentar
forzar al ejecutivo local a prestarles un mínimo de atención.
«Cuando entró este gobierno, después de
la moción de censura, decidimos darle un margen. El alcalde siempre
había tenido muy buenas palabras para nosotros, y consideramos que
merecían un tiempo para situarse». Y eso que pronto comenzaron a
producirse desajustes. «Cada año, con una subvención, el Concello
contrata a una persona para el servicio municipal de Emergencias. El
equipamiento para esa persona se lo compra Protección Civil. Llevamos
tres años así», se lamentan los voluntarios, que pagan ese equipaje con
sus medios mientras ellos no tienen «ropa para trabajar».PUBLICIDAD
Las
quejas siguen. Porque el gobierno local, dicen los voluntarios, está
siendo cicatero con ellos hasta el punto de que la base ha permanecido
sin agua caliente durante once meses, entre ellos los tres en los que
estuvo operativa la cuadrilla de lucha contra los incendios. La lista de
quejas de la agrupación aún va más allá: se les niegan medios y, los
pocos que tienen, se les usurpan en la práctica. Es el caso de uno de
los coches del servicio de emergencias, que está siendo utilizado por la
Policía Local. «Hay una subvención para comprar un coche para ellos,
pero no lo dan hecho y llevan desde septiembre de 2017 usando el
nuestro», cuentan.
Todo este cúmulo de situaciones llevó a los
voluntarios a plantarse. «Nosotros ponemos nuestro cuerpo, nuestro
esfuerzo, nuestro trabajo», dicen. Y no piden más «que se nos den los
medios para que podamos trabajar». Pero sus quejas no les han reportado
más que disgustos. Acusan al alcalde de estar llevando a cabo una
«venganza contra nosotros», que se traduce en que ni siquiera se haya
pedido la subvención que permite contratar a un agente de emergencias.
¿Hay posibilidad de que las cosas se encaucen? «No lo parece; el alcalde
ni siquiera quiere hablar con nosotros».
«Non se están a pedir nin as subvencións para o material preciso»
El problema surgido de Protección Civil fue objeto de un intenso debate en el pleno de la corporación. La portavoz del BNG, Cecilia Tarela, interpeló al alcalde sobre esta cuestión. A su juicio, Vidal Seage «igual debería pasar un día de traballo para saber todo o que fan». La edila recordó que, además de atender emergencias «a calquera hora do día o u da noite», la agrupación se encargaba, también, de la retirada de nidos de velutina, más de doscientos el año pasado. «¿Quen vai facer agora todo ese traballo?», se pregunta, y no le vale «a resposta do alcalde de que se chame ao 112». Pide a Seage que abra un diálogo y que, por lo menos, pida las subvenciones para material. Ayer fue imposible conocer la postura del regidor sobre este asunto.
La noche del jueves, el fuego prendió en
Pontecesures, cerca de la depuradora. Con el servicio de protección
civil de esta localidad desmantelado, para apagar ese fuego se encontró
solo el único agente de guardia del GES de Valga. Si durante las noches
del mes de abril se produjesen nuevos incidentes, de nuevos contaría el
servicio de emergencias supramunicipal de un único agente, según los
turnos de trabajo que se han establecido desde la alcaldía que ocupa
Bello Maneiro (PP). Esa situación deja desprotegidos a los vecinos y,
también, a los propios agentes. Así lo dijo ayer el PSOE, que en rueda
de prensa ha denunciado la crítica situación que atraviesa este cuerpo. A
su juicio, el conflicto, que será objeto de un pleno extraordinario el
próximo lunes, deriva de la concepción que el alcalde de Valga tiene del
servicio de emergencias: una brigada más que lo mismo sirve para
atender un accidente de tráfico que para desbrozar montes y desatascar
tuberías.
Esa forma de trabajar parece haber cansado a los
agentes, que llevan meses intentando negociar con el Concello varias
cosas. La primera, que se retomen los turnos de 24 horas, que permitían
organizar el servicio con mayor fluidez y garantizando siempre un mínimo
de profesionales de guardia. La segunda, que se fijen con claridad sus
competencias y funciones. Pero las negociaciones no solo no han
fructificado, sino que a estas alturas el Concello parece haber roto
relaciones con los trabajadores del GES, con los que «mantén un pulso».
Sin coordinación alguna
El problema, dice el PSOE, es que «Maneiro pensa no GES como nun grupo de traballadores para todo». Eso explicaría que el servicio haya actuado en contadas ocasiones fuera del término municipal de Valga, pese a cubrir Catoira, Pontecesures, Caldas y Portas. «Nunca funcionou como supramunicipal; sempre foi un xoguete nas mans do alcalde de Valga, que nunca convocou unha reunión de coordinación do servizo, e iso ten provocado problemas coas agrupacións de voluntarios doutros concellos», afirma el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. La misma opinión manifestó el presidente de la agrupación de Protección Civil de Catoira, que también participó en el acto. Ambos recordaron que el GES es, en teoría, un servicio supramunicipal al que Valga optó de forma voluntaria, igual que otros concellos de la zona que mostraron interés por ser la sede del mismo. Pero el elegido fue Valga, que aporta 21.000 euros al mantenimiento del servicio -el resto es financiado por la Xunta y la Diputación-. «O negocio para Maneiro está claro: por eses cartos ten doce persoas traballando no que lle interesa a el», dijeron los socialistas, que recordaron, por boca de la valguesa María Ferreirós, que «Valga leva anos sen pedir a contratación de persoal nos plans da Deputación».
Los nacionalistas Manuel Fariña y Antonio Rodríguez Touceda visitaron la base del GES de Valga, para comprobar las «pésimas condiciones» en las que están trabajando los profesionales de emergencias.
En el encuentro mantenido con los profesionales, Fariña y Touceda comprobaron como la Xunta
ha convertido este servicio «en un auténtico reino de Taifas que deja a
los vecinos totalmente desprotegidos por capricho y voluntad del
alcalde del PP de Valga, como está aconteciendo en la actualidad».
Los
trabajadores del GES de Valga denunciaron el cambio en la gestión del
personal por parte del gobierno de Bello Maneiro, lo que provoca que por
las noches esté operativo un único trabajador del GES, lo que hace, a
juicio del BNG,
«completamente inviable que pueda acudir a una emergencia en solitario,
lo cual supone en la práctica el desmantelamiento del servicio».
Subraya
esta fuerza política, que el alcalde de Valga parece entender el GES
como «una cuadrilla de obras y mantenimiento municipal, empleando a sus
trabajadores para realizar tareas impropias de un grupo de emergencias
como son por ejemplo la poda de árboles, la recogida de voluminosos o
tareas de limpieza. Tareas que provocan que la atención a las
emergencias pierda eficacia».
También denuncia el BNG que a día de hoy el GES de Valga no cuenta con el material acomodado para realizar su trabajo.
La falta de personal en el Grupo de Emerxencias (GES) de Valga obliga
a reajustar turnos durante todo el mes. Así lo informa el Concello en
un bando municipal en el que recoge también los motivos por los que la
plantilla se ha visto reducida.
Así, según señalan desde el ejecutivo que preside el conservador José
María Bello Maneiro, tres integrantes del GES se encuentran de baja,
uno se acogió al permiso de paternidad, otro está de vacaciones, otro se
encuentra realizando un curso y cuatro cogieron días de asuntos
propios.
Por ello, el turno de mañana del 21 al 24 de marzo contará con un
solo miembro de GES; al igual que el de noche durante las dos últimas
semanas del mes. Lo cierto es que las bajas afectan a once trabajadores,
lo que supondría un alto porcentaje teniendo en cuenta que, al menos
según las cifras disponibles en 2017, la plantilla está compuesta por
trece miembros.
El GES de Valga realiza toda serie de intervenciones relacionadas con
la seguridad ciudadana y con la prevención, colaborando en accidentes o
llevando a cabo, por ejemplo, campañas informativas.
Apoyo político Sin embargo, este bando sale después de que desde el propio servicio denunciasen falta de efectivos y que la guardia nocturna las realizaba un solo operario. De estas quejas se hizo eco el BNG de Caldas, ya que se trata de un servicio comarca. “A mala xestión da Xunta do PP provoca que as veciñas de Caldas nos atopemos nunha situación de completa desprotección”, asegura el portavoz, Manuel Fariña. El nacionalista acusa a la administración autonómica de convertir la gestión de las emergencias “nun reino de Taifas” y señala que el servicio no puede depender “do capricho ou do pe co que se levanta o alcalde de Valga”.
En Valga, Sanxenxo, Santiago, A Coruña y
otros muchos rincones de Galicia se organizaron ayer emotivas
concentraciones contra el machismo y se guardaron minutos de silencio
por la muerte de María
José Aboy Guimarey, la vecina valguesa que el domingo perdió la vida -a
los 43 años- tras ser presuntamente tiroteada por su esposo, Javier
Bello Ferreirós, de 46.
Muestras de dolor y consternación como las vividas en la sede de la Xunta,
Ayuntamientos, plazas e institutos se repetirán hoy, pues de nuevo se
convocan protestas contra la violencia de género y actos de apoyo a los
familiares de las víctimas, entre ellos un hijo varón, de 23 años, y una
hija, de 18.
Entierros esta tarde
Al igual que quedará patente el dolor de la sociedad
gallega durante el entierro de este matrimonio que supuestamente no
tenía problemas que pudieran hacer predecir un desenlace tan terrible.
Los cuerpos de ambos llegaron ayer al Tanatorio San Roque, en Bemil (Caldas),
y los dos serán enterrados hoy a partir de las seis de la tarde en el
mismo cementerio, el de Santa María de Carracedo, también en el
municipio caldense, del que era natural el presunto homicida.
A
la capilla ardiente se desplazaron muchos de los vecinos y políticos
que por la mañana y de nuevo por la tarde-noche protagonizaron las
diferentes concentraciones de repulsa, entre ellas la organizada por el
Concello y la del colectivo feminista «O Refaixo de Carolina», que contó
con la asistencia de Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra.
También acudieron al tanatorio algunos de los que acudían a mediodía al pleno extraordinario celebrado en el Concello de Valga,
en el que se decretaron tres días de luto oficial «en memoria de María
José Aboy Guimarey y de todas las víctimas de violencia de género».
De
forma consensuada entre los dos grupos que conforman la Corporación, PP
y PSOE, se decidió, igualmente, suspender todas las actividades
municipales previstas para estos tres días, «en señal de duelo». Al
tiempo que se condenaba enérgicamente «el terrible asesinato de nuestra
vecina», se ofrecía apoyo a la familia y se ponían a disposición de
todas las mujeres de Valga y municipios cercanos «los recursos del
Centro de Información á Muller (CIM), que ofrece asesoramiento
psicológico y jurídico gratuito a las víctimas de violencia de género».
Teléfono 016
La
Corporación no se olvidó de hacer un llamamiento a la sociedad para que
denuncie cualquier tipo de violencia de género «ante los departamentos
de Servicios Sociales, el CIM, los cuerpos policiales o el teléfono
contra el maltrato, el 016».
Se trata así de «evitar nuevas víctimas» y de «reafirmar el compromiso total del Concello contra la violencia machista».
En
este sentido, aunque no había evidencias de violencia de género previa
en el matrimonio valgués, hay que reseñar que once de las doce mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año no habían
presentado denuncia.
Esto
lleva a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, a
decir que «la víctima tiene que saber que en España existe un sistema de
recursos asistenciales, judiciales y policiales que están creados solo y
exclusivamente con la intención de proteger su vida y su integridad
física y psíquica».
A lo que
Teresa Peramato, la fiscal ante el Tribunal Constitucional, añade que
«hay que decirle a la sociedad y a las víctimas que si hay alguna manera
de frenar al agresor es a través del procedimiento judicial, con
medidas cautelares o con penas».
También
se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, quien
dijo sentir «inmensa rabia y dolor» y se mostró «desolada» tras conocer el crimen machista de Valga, ofreciendo «firmeza» para combatir esta lacra.
Abundando en ello, la Corporación condenó la muerte
de María José Aboy diciendo que era «una mujer joven, con toda la vida
por delante y con muchos sueños por cumplir que ya no podrá alcanzar».
Lo
hizo entre lágrimas, tanto las de miembros de la Corporación como del
público que asistía al pleno y después se concentraba en silencio a las
puertas del consistorio, con presencia de trabajores municipales y de
representantes de la Xunta y del municipio vecino de Pontecesures, con el alcalde Juan Manuel Vidal Seage a la cabeza.
En
esos actos el Concello de Valga expresaba su condena al «asesinato
machista» y mostraba su «absoluto rechazo a todas la formas de violencia
contra las mujeres, ya sea psicológica, económica, física o sexual»,
pues cualquiera de ellas constituye «un atentado contra la dignidad e
integridad».
Y desde la Administración local se dejaba claro, por último, que «la violencia de género no es un asunto privado, sino que se trata de un problema social que se combate con tolerancia cero frente a cualquier comportamiento machista», de ahí su intención de seguir «trabajando coordinadamente con otras instituciones y promoviendo actividades de prevención y sensibilización».
