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La Diputación destaca el apoyo de Valga en el conflicto con Fomento por los castros.

El futuro de 18 castros de la provincia de Pontevedra está en el aire. Muchos de ellos fueron excavados y destapados gracias a campañas de excavación financiadas por la Diputación, que inició esos trabajos tras lograr el compromiso de que el Ministerio de Fomento se haría cargo de su consolidación y puesta en valor. Pero Fomento parece haber roto unilateralmente la baraja, aplazando la colaboración prometida hasta el año 2018, cuando se contratarían las obras a realizar. Eso ha llevado a la Diputación de Pontevedra a adoptar una serie de medidas. Se han remitido varios escritos a Fomento y se ha tomado el acuerdo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, de «non realizar novas escavacións ata que o ministerio comece a consolidar e musealizar os xa escavados».

Otros alcaldes.

En la adopción de esas medidas, el gobierno de la Diputación no se siente solo. «Alcaldes e alcaldesas dos concellos nos que se sitúan os 18 xacementos arqueolóxicos están a amosar o seu apoio á Deputación na súa reivindicación para que Fomento asuma as competencias que lle corresponden». En ese sentido, desde la Diputación señalan específicamente el caso de Valga, una localidad gobernada por el PP pero que «apoia á institución provincial nesta reivindicación e súmase á esixencia de que Fomento cumpra coa parte que lle corresponde».
Ejercicio de «responsabilidad»

De momento, y visto que ninguna de las acciones emprendidas ha generado reacción por parte del Gobierno central, la Diputación, «nun exercicio de responsabilidade, está a destinar xa todos os recursos económicos comprometidos para os traballos nos castros, tendentes á consolidación inmediata dos xacementos xa escavados, a pesar de ser unha obriga de Fomento, reservándose o dereito a estudar a responsabilidade do Ministerio e as reclamacións económicas».De todos estos asuntos habla, precisamente, una moción que sobre esta cuestión planteará el grupo socialista en la corporación provincial. El PSOE ha decidido presentar este asunto a pleno dado que «está en xogo o patrimonio arqueolóxico da provincia, e a inactividade do Goberno central o único que está a facer é atentar contra a nosa historia», según Santos Héctor.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

La gaviota que pesca en la ría arousana también remonta el Ulla.

Es cierto que el PP tiene un importante granero de votos en la huerta de la comarca. Pero el barco conservador también pesca y llena sus bodegas en aguas de la ría arousana, donde el partido de la gaviota realiza importantes capturas y goza de no menos considerables parques de cultivo que, llegado el momento, le permiten arrasar en las elecciones, como volvió a suceder el domingo.

Y es que la nave popular volvió a marcar su rumbo en Arousa Sur (O Salnés) y Arousa Norte (Barbanza), demostrando que esta ría es uno de los feudos más importantes en Galicia para el partido de la gaviota.

Pero no solo eso, pues como si de la traslación de los restos del apóstol Santiago se tratara, esa marea azul del PP -esta vez no se trataba de la marea roja que tantos problemas causa a los sectores productivos- también remonta el Ulla mirando por babor y estribor al viacrucis de piedra que jalona el cauce fluvial para instalarse cómodamente en Catoira, Valga y Pontecesures.

Siete de cada 100 votos

Para entender mejor lo mucho que política y electoralmente representan esta ría y su principal río para el PP gallego puede decirse que prácticamente siete de cada cien votos emitidos a favor de la formación en esta ocasión liderada por Alberto Núñez Feijóo proceden de los municipios arousanos y del bajo Ulla.

Y es que el PP no solo sumó los 27.285 votos de O Salnés, sino también 15.364 en Arousa Norte, es decir, Rianxo, A Pobra, Boiro y Ribeira. Se trata por tanto de 42.649 papeletas para los conservadores, y se elevan hasta las 46.356 si se incorporan los datos correspondientes a los Concello de Valga, Catoira y Pontecesures.

¿Qué quiere decir esto? Pues que en O Salnés y Ullán el PP logró casi 28.000 votos más que En Marea y saca una diferencia de más de 30.000 sufragios respecto a los socialistas. Y eso a pesar de que los conservadores no gobiernan en Catoira ni en Rianxo, como tampoco lo hacían en Pontecesures hasta hace solo unos meses.

Pero esto parecía no importar mucho el domingo, cuando arrasaron de un extremos a otro de la ría, como también a una y otra orilla del río.

En Pontecesures, como se avanzaba ya el domingo, en cuanto finalizó el escrutinio, el PP mejoró sus resultados de 2012. Logró 825 apoyos, frente a los 285 de En Marea, los 200 recibidos por el PSOE o los 124 pescados por el BNG tras perder cinco puntos porcentuales respecto a 2012.

En Catoira, sin miedo a los vikingos, la gaviota también demostró su poderío, de ahí que el PP lograra 815 sufragios -el 42% de los votos emitidos-, que es casi el doble de las 424 papeletas pescadas por el PSOE, que en este municipio relegó a En Marea (389) a la tercera posición. El BNG aumentó el número de votos, hasta los 230.

En Valga, municipio que también se deja bañar por el Ulla, el PP metió en la bodega de su barco el 62% de los votos (2.067 sufragios), dejando que se perdieran en el horizonte las estelas de En Marea (480), PSOE (424) y BNG (201).

Faro de Vigo

Por Redacción, fai

La Fiscalía investiga posible trato de favor del gobierno de Santiago por no multar a locales de copas.

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Llaman a declarar a altos funcionarios por la paralización de sanciones por parte del edil de Urbanismo.

La Fiscalía de Santiago ha abierto una investigación para esclarecer si el concejal de Espazos Cidadáns -con competencias en Urbanismo-, Jorge Duarte (Compostela Aberta), cometió trato de favor con algunos locales de copas de la ciudad que, pese a ser objeto de expedientes sancionadores por parte de la Policía Local o del propio Concello, no han llegado a ser multados porque, básicamente, los documentos no llegaron nunca a ser firmados por el edil del gobierno local santiagués, que preside Martiño Noriega.

La fiscala Arancha San José ya ha llamado a declarar a dos altos funcionarios del Concello compostelano y tiene previsto escuchar esta misma semana a otros cuatro. Sobre la mesa tiene una quincena de expedientes a locales de copas que no han llegado a concretarse porque nunca llegaron a ser firmados por la autoridad municipal que corresponde, que en este caso es el concejal Jorge Duarte.

En los expedientes a los locales de ocio hay de todo. Desde propuestas de sanción por exceso de aforo a otros que incumplieron el horario de cierre, las limitaciones de ruido o la normativa que impide el consumo de alcohol en la vía pública. En todos los casos que está investigando la Fiscalía compostelana se cumple el mismo patrón: los bares y discotecas fueron propuestos para sanción, pero el procedimiento quedó paralizado al no ser firmado por el edil que tiene atribuidas las competencias en Urbanismo.

Esta falta de firma por parte del concejal contrasta con la normalidad con la que fueron tramitados otros expedientes durante el mismo período de tiempo. Estas diferencias de criterio presuntamente injustificadas son las que han motivado la apertura de las diligencias informativas por parte de la fiscala San José.

Actuación «arbitraria»

Por el momento, han tenido que prestar declaración un miembro de la Policía Local compostelana y la jefa de servicio de Urbanismo, pero ya están llamados a declarar esta misma semana otros cuatro funcionarios pertenecientes a este mismo departamento.

La investigación abierta por la Fiscalía coincide con las quejas presentadas ayer por el Partido Popular, cuyo concejal Alejandro Sánchez Brunete acusó al edil del gobierno local Jorge Duarte de estar involucrado en una práctica «arbitraria e escura» porque considera que hay indicios de que «retén determinados expedientes» a locales de copas y de ocio, situación que califica como «consciente deixamento de funcións» que, a su juicio, exige explicaciones por parte del responsable de Compostela Aberta -grupo que está alineado con En Marea- «co fin de despexar todas as dúbidas dun presunto trato de favor a locais concretos», señala el PP.

Los populares consideran que Duarte, al negarse a firmar las resoluciones contra los locales de copas propuestos para sanción, ha incumplido con la ley pese a los requerimientos que le han hecho funcionarios del departamento municipal de Urbanismo. Por este motivo, el grupo municipal del PP de Santiago presentó ayer por la mañana una solicitud de acceso a toda la documentación existente «co fin de obter unha resolución detallada dos expedientes abertos polos departamentos de Disciplina e de Rehabilitación que están pendentes de resolución pola falta de sinatura do responsable do departamento, Jorge Duarte».

Para el edil Sánchez Brunete «sería escandaloso descubrir que unha Administración que tramita centos de sancións ao ano, tivese especial trato de favor con algúns administrados» y por eso instan al gobierno local a explicar a qué se debe la paralización de multas a determinados locales.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

Seage salva el pleno del viernes recurriendo al voto de calidad del alcalde.

El alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage (PP), tuvo que recurrir en todos los puntos a su voto de calidad durante el pleno celebrado el viernes a las nueve de la noche. La sesión, que inicialmente se había convocado para las mañana, hubo de celebrarse por la noche y por vía de urgencia, a fin de aprobar varias modificaciones de crédito precisas para poder garantizar la aportación municipal en varios proyectos. Ante la falta de uno de sus concejales, Seage tuvo que recurrir a su voto de calidad tanto para aprobar la urgencia del asunto, como para sacar adelante todos los puntos recogidos en el orden del día. La sesión fue tensa y bronca. La portavoz del BNG, Cecilia Tarela, reprochó al alcalde que se le pidiese su apoyo para modificar partidas sin tener aún claro para qué van a ser algunas de ellas y cuestionó el procedimiento.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

El PSOE cree que las comisiones de coordinación le costaron a Valga 500.000 euros.

El PSOE de Valga quiso aclarar ayer los motivos que lo llevaron a presentar una demanda por lo penal en relación con las comisiones de coordinación que celebraba el gobierno local. Explica que la denuncia «non supón revanchismo político», sino que obedece «á responsabilidade asumida como concelleiros». Considera que este es un asunto muy grave, pues podría tratarse de un delito continuado en el tiempo que le habría costado a las arcas municipales medio millón de euros.

Los socialistas aclaran que estas comisiones no existen en ningún otro concello y que, en su opinión, son simples «reunións do PP». Prueba de ello, añaden, es que a ellas no asiste ningún funcionario público. A pesar de eso, cada asistente percibe 60 euros, lo que supone un gasto de dos mil euros mensuales. «En ningún regulamento ou lei se recollen as comisións de coordinación creadas por Bello Maneiro, polo tanto o pago da asistencia non pode ser asumido polo Concello», añaden. Y concluyen que el regidor nunca tuvo a bien aclarar o justificar la legalidad de este órgano.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai